La nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023 y finalizará en 2027. Para ello, antes habrá que despejar algunos flecos pendientes, como el del visto bueno en este primer semestre de 2022 de la Comisión Europea (CE) al plan estratégico presentado por España, que cuenta con la abierta oposición de la Junta de Andalucía y del sector productor andaluz por entender que es lesiva para los intereses de los agricultores y ganaderos de esta Comunidad Autónoma. Además, habrá que ver si el Ministerio de Agricultura atiende las alegaciones y observaciones que se hayan presentado en la fase de información pública y de evaluación ambiental para mejorar dicho documento final.
España remitió el pasado 29 de diciembre el plan estratégico a la Comisión Europea para la aplicación de la nueva PAC, que está dotada con 47.724 millones de euros, cantidad que superará los 50.000 cuando se computen las aportaciones estatal y autonómica para cofinanciar medidas de desarrollo rural.
Entre otras muchas medidas la nueva PAC incluye la limitación (“capping”) y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales; y, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.
Y la novedad de los ecoesquemas, el pago anual de una ayuda directa que se otorga al agricultor o al ganadero por su compromiso y defensa medioambiental. Algunos de estos objetivos son la reducción de emisiones, el incremento del papel de sumidero de carbono, el incremento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica y las reducciones del empleo de productos fitosanitarios, de la pérdida de nutrientes del suelo y del uso de fertilizantes y de antimicrobianos en la cría del ganado. En el caso concreto de España, la lucha contra la desertificación y la erosión, la mejora de la estructura de los suelos y su contenido en materia orgánica o el mantenimiento de la elevada biodiversidad ligada a hábitats agrarios, son necesidades que cobran una importancia relevante. La propuesta presentada a la Comisión Europea destina cerca del 43% del presupuesto total a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales.
