Cerca del 7% (6,6%) de las grandes empresas agrarias obtienen ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español. Así lo recoge el estudio elaborado por la COAG sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bajo el título, “Esenciales. La agricultura española ante calamidades que afectan a la seguridad nacional”, los servicios técnicos de esta organización analizan las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el territorio para responder a crisis como la del COVID19, al tiempo que se advierte “de los peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa de la creciente concentración de la producción en manos de sociedades mercantiles multinacionales”.
Según los datos actualizados del MAPA, en España tenemos 1 millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con titular físico y el 6,6% son empresas, unas 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria. “No son tanto las producciones agrarias en sí las que están en peligro, sino los agricultores y ganaderos del modelo social y profesional de agricultura frente a la concentración de la producción y la creación de oligopolios, que estimulan la entrada de fondos de inversión. ¿Qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación estuvieran en manos ajenas (más en la situación actual) en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos sido esenciales para evitarlo. Claro ejemplo es el coste de vidas, pero también el coste económico y social derivado de la falta de elementos de protección sanitaria durante el inicio de la pandemia (mascarillas, EPIs, gel hidroalcóholico…)”, ha subrayado Miguel Blanco, secretario general de la COAG.
El propio Parlamento Europeo, en dos recientes documentos (julio y octubre, 2020), cuyo objeto es el análisis de los posibles riesgos estructurales y tendencias globales a medio y largo plazo que podría afrontar la UE, señala entre los elementos sobre los que hay que poner el foco como riesgos estructurales “ la creciente concentración de la producción agraria hacia oligopolios: desaparición del modelo europeo de agricultura que conduciría a la despoblación rural, a la degradación medioambiental y cultural y al aumento del desempleo rural”.
Además, el informe “Esenciales” recoge un análisis DAFO (debilidades y fortalezas) de la caracterización del sector agrario español, sobre la base de los trabajos realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la elaboración del Plan Estratégico de España para la futura PAC. Desde el punto de vista económico nuestro sector agroalimentario es vulnerable en su conjunto por sus propias características, según precisa:
- Escasa rentabilidad de las explotaciones de menor dimensión económica, acentuada en secano, y muy condicionada por su elevada atomización. Fuerte exposición a los riesgos del mercado.
- Los costes de producción se sitúan por encima de los de un importante número de terceros países, con una tendencia creciente, mientras que en los ingresos son decrecientes por la imposición de unos precios a la baja.
- Posición de debilidad del sector productor frente a los demás eslabones de la cadena, en capacidad de negociación. Desequilibrio en el reparto y en la transmisión de valor en la cadena que dificulta o impide la sostenibilidad económica del sector productor.
- Aumento de la brecha digital y falta de conectividad. Escasa digitalización en agricultura e industria agroalimentaria. Escasa implantación de canales cortos de comercialización y del comercio electrónico.
Además, en un marco de inestabilidad política en las relaciones comerciales (guerras comerciales, políticas proteccionistas derivadas, conflictos políticos o bélicos, Brexit…) y de inexistencia de reciprocidad en las exigencias del propio modelo de producción europeo (requisitos sanitarios, fitosanitarios, medioambientales entre otros) en los intercambios:
- Dependencia exterior para la importación de determinados inputs, especialmente significativa en las materias primas para alimentación animal, y alta concentración de los mercados de importación.
- Aumento de las importaciones con menores estándares de calidad que los del modelo productivo europeo y de menor coste, que reducen la rentabilidad de las explotaciones agrarias y amenazan la posición del agricultor, generando en algunos casos el abandono de la agricultura.
Asimismo, existe una elevada vulnerabilidad de determinados sistemas agrícolas, ganaderos y forestales a desastres naturales, de mayor frecuencia e intensidad y al cambio climático, que puede llevar incluso a su desaparición, en caso de que no se produzca una adecuada adaptación. También se advierte una gran desconexión del ciudadano con los sistemas alimentarios, particularmente, en relación a la importancia de la producción primaria agrícola y ganadera como proveedores de alimentos, y al modelo de producción europeo.
En el capítulo de propuestas, el informe elaborado por COAG señala la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la pandemia para que puedan seguir adelante, en el marco del modelo de agricultura social y profesional mayoritario en Europa.
En este sentido, y de manera paralela a los sistemas sanitarios, es necesario recalcar que los sistemas alimentarios son esenciales y demasiado importantes para dejarlos en manos de un libre mercado desregulado, que sólo busca la rentabilidad, en muchos casos a costa de los intereses de la ciudadanía.”De ahí, que sea necesario elevar la mirada y poner la vista en el medio y largo plazo, de manera que se diseñen mecanismos de regulación y protección, por ejemplo, reservas estratégicas o mejoras en los sistemas de gestión de riesgos y crisis frente a calamidades y situaciones catastróficas”, recoge el estudio de COAG.
Además, se aboga por una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan beneficiarse en igualdad de oportunidades. Se debe aprovechar el despegue del comercio electrónico en alimentación para establecer estrategias específicas y concretas para los sistemas alimentarios territorializados y para los canales cortos de comercialización en el marco de posibles calamidades.
