Mes: julio 2025

Los últimos datos obtenidos del Sistema Poolred de la Fundación del Olivar revela un repunte de los precios en las categorías de aceites de oliva virgen extra y del lampante mientras baja el virgen en el mercado de origen respecto a la semana anterior.

El precio en origen del aceite de oliva virgen extra en la semana actual, del 12 al 18 de julio, para la zona de origen España es de 3.748,07 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone un aumento en el precio de un 1,79% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva virgen extra de la semana anterior, que fue de 3.682,07 euros/tonelada (datos provisionales).

El precio en origen del aceite de oliva virgen en la semana actual, del 12 al 18 de julio, para la zona de origen España es de 3.200,41 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone una disminución en el precio de un 0,88% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva virgen de la semana anterior, que fue de 3.228,88 euros/tonelada (datos provisionales).

El precio en origen del aceite de oliva lampante base 1º en la semana actual, del 12 al 18 de julio, para la zona de origen España es de 2.947,05 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone un aumento en el precio de un 0,53% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva lampante base 1º de la semana anterior, que fue de 2.931,39 euros/tonelada (datos provisionales).

Con respecto al volumen, en la semana actual del 12 al 18 de julio, se han negociado 2.022,80 toneladas (datos provisionales).

UPA Jaén reclama al Ministerio de Agricultura que el mecanismo de adecuación de la oferta y demanda recogido en el artículo 167 bis del Reglamento 1308/2013 se encamine a revertir los precios ruinosos del aceite de oliva y no a regular las futuras cosechas. «Cada mes los agricultores de olivar tradicional perdemos dinero al no poder cubrir ni siquiera los costes de producción con la venta del producto», aseguran desde la organización agraria. De ahí que UPA Jaén demanda ya la activación de las medidas de mercado para revertir esta nueva crisis de precios en origen. El secretario general de UPA Jaén y Andalucía, Jesús Cózar Pérez, que ha presidido la primera Comisión Ejecutiva después del 11º Congreso celebrado a finales de junio en Martos, destaca también la preocupación de la organización por la futura PAC y por los aranceles que plantea la Administración Trump, aunque para ambos casos pide prudencia a la hora de hacer valoraciones, así como la falta de mano de obra y la necesidad de contratar inmigrantes, “porque sin inmigración no habría alimentación, ya que son los que sacan el trabajo en el campo”.

“Lo que más nos preocupa ahora mismo, sobre todo en el olivar tradicional, es cubrir al menos los costes de producción. Los agricultores seguimos perdiendo dinero cada mes en beneficio de otros intereses que nada tienen que ver con el olivar tradicional y la mayoría de los pequeños y medianos olivareros. Desde UPA defendemos que tiene que haber precios justos para todos los eslabones de la cadena, pero lo que no podemos permitir es que unos pocos sigan beneficiándose de nuestro trabajo. Por eso es urgente que el Ministerio de Agricultura ponga en marcha ya los mecanismos de mercado necesarios para conseguir el alza de los precios en origen, porque sufrimos una situación insostenible, forzada artificialmente para dejar en fuera de juego al olivar tradicional. Y también es clave que el propio sector olivarero sea consciente del valor de nuestro aceite de oliva y lo defienda para que los agricultores tengamos precios razonables por encima de los costes de producción”, explica Cózar Pérez.

El secretario general de la UPA en Jaén insiste en unas medidas de mercado relacionadas con el precio y no con las cosechas. “Este año hemos tenido una producción media después de dos campañas muy malas. Y la próxima no será tan buena como algunos quieren hacernos ver, porque utilizan el argumento de la gran campaña que viene para bajar los precios. La realidad del campo lo que nos indica, ahora mismo, es que la próxima cosecha, a partir de octubre, estará influida con distintos factores, como la vecería, las plagas, las elevadas temperaturas en momentos críticos de la floración y la sequía. Es cierto que todavía quedan unos meses importantes hasta que la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura informen de los aforos oficiales y podamos comprobar cómo será la siguiente campaña, pero lo que sí tenemos claro, a día de hoy, es que no habrá una gran cosecha y que vamos a llegar con el menor enlace de los últimos años, porque la comercialización lleva un ritmo muy fuerte. Sólo hay que ver que en los nueves meses que llevamos de campaña ya se ha vendido el 80% del aceite que hemos producido. Eso nos indica que no sobra aceite, sino que sobran especuladores, como siempre advertimos”, argumenta Cózar Pérez.

UPA Jaén entiende que son necesarios mecanismos de mercado para conseguir unos precios en origen justos para el olivar tradicional que no se regulan simplemente con la oferta y la demanda, tal y como comprobamos campaña tras campaña. “El precio del aceite de oliva tiene que ser el adecuado, tanto para el productor como para el consumidor. Y nosotros debemos defender un precio por encima de los costes de producción para el olivar tradicional, que todos sabemos que diversos informes los sitúan en el entorno de los 5 euros”, sentencia el secretario general de UPA en Jaén.

Por último, Jesús Cózar muestra la preocupación de la organización agraria por las noticias que nos están llegando desde Bruselas con respecto a la futura PAC. En cuanto a la inmigración, “en lugar de expulsar a migrantes lo que necesitamos es que vengan más, de manera controlada, para poder seguir teniendo un sector primario como el que tenemos, porque ellos son los que sacan nuestras cosechas adelante”, concluye Jesús Cózar.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Andalucía ha solicitado formalmente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el inicio del procedimiento para permitir la jubilación anticipada de los agricultores y ganaderos autónomos, tal y como contempla el nuevo Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo.

Para COAG Andalucía, esta no es una cuestión de privilegios, sino de justicia social y dignidad profesional. “La agricultura y la ganadería son oficios extremadamente duros, con jornadas interminables al aire libre, padeciendo el calor y el frío, demandando además un esfuerzo físico continuo y una presión constante. No es razonable exigir a un agricultor o ganadero que siga en activo hasta los 67 años”, subraya Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG Andalucía.

En Andalucía, la edad media de los agricultores y ganaderos supera los 61 años, y sólo el 7 % son menores de 40 años, lo que refleja un campo claramente envejecido. La falta de relevo generacional agrava aún más esta situación y hace urgente adaptar la edad de jubilación a la realidad del sector.

Las personas que trabajan en el campo afrontan durante décadas tareas físicas muy exigentes: manejo de maquinaria pesada, levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, largas exposiciones al sol y al frío, contacto directo con animales y productos fitosanitarios.

Como consecuencia son frecuentes lesiones y enfermedades que limitan gravemente su calidad de vida, entre ellas: enfermedades musculoesqueléticas crónicas, como artrosis y lumbalgias severas; trastornos osteoarticulares y lesiones degenerativas en rodillas, caderas y hombros; problemas respiratorios derivados del polvo y de temperaturas extremas; enfermedades cardiovasculares y un alto riesgo de infartos, fruto del sobreesfuerzo y el estrés constante, asegura la enfermedad agraria.

Además, muchas trabajadoras rurales presentan un nivel elevado de medicación en los últimos años de vida activa, enfrentando una doble carga física y mental.

“No podemos seguir obligando a personas de más de 60 años a subirse a un tractor de varias toneladas o a realizar labores agrícolas extenuantes. El campo exige mucho más que otros trabajos y durante toda la vida laboral”, destaca Góngora.

La organización reclama que se aplique de forma urgente el mecanismo de coeficientes reductores, ya previsto en la ley, para que los profesionales del campo puedan acceder a una jubilación anticipada sin penalización, conservando el 100 % de sus derechos y prestaciones.

“El campo no puede seguir pagando con la salud y la vida de sus trabajadores la falta de sensibilidad de la administración. Necesitamos un reconocimiento real y medidas concretas, no buenas palabras”, reclama Andrés Góngora.

COAG Andalucía espera que el Gobierno no demore este proceso y actúe con responsabilidad y justicia hacia un sector esencial para la sociedad y para la vida en los pueblos.

La Fundación JAV va a realizar la primera prueba piloto de aplicación aérea con drones agrícolas para el tratamiento contra la mosca del olivo en Jaén. En proyecto se llevará a cabo en colaboración con la Junta de Andalucía, la Denominación de Origen Protegida Sierra de Segura, la Denominación de origen Sierra Mágina, la asociación APROL Sierra de Segura y la cooperativa San Vicente de Mogón y se realizará el tratamiento en casi 200 hectáreas. Los resultados de esta iniciativa pretenden servir como precedente para lograr abrir la puerta a una integración más efectiva de los drones en las prácticas agrícolas.

Se trata de un ensayo en el que se pretende demostrar que el control de una plaga endémica del cultivo, como es la mosca del olivo, es posible a través de nuevas técnicas de tratamiento fitosanitario, que implican una mejora tanto de la competitividad, como de la sostenibilidad ambiental, social y económica del olivar tradicional, mayoritario en prácticamente la totalidad de la provincia de Jaén.

Para la implementación de esta prueba piloto, se han seleccionado parcelas en la Sierra de Segura, Mogón (Villacarrillo) y en Sierra Mágina. Se trata de zonas en las que la plaga se encuentra especialmente activa además de existir fincas en abandono o de difícil acceso, actuando cómo reservorios endémicos de la plaga, lo que facilita la reinfestación a las fincas ya tratadas

El tratamiento se realizará mediante la técnica de tratamiento cebo en bandas (parcheo) dirigida a los adultos de la mosca del olivo, utilizando un insecticida de origen natural certificado en cultivo ecológico como es el Spintor Cebo. Esta técnica consiste en pulverizar el caldo en el que se ha diluido previamente el producto fitosanitario autorizado en aproximadamente el 25 % de la superficie de cultivo a proteger. La aplicación se realiza en la copa del olivo, en bandas o filas de cultivo. Este tipo de aplicaciones resulta más recomendable que el tratamiento de la totalidad del cultivo, ya que permite emplear una menor cantidad de producto fitosanitario, reduciendo así el impacto ambiental del control de la plaga. Previo al tratamiento, se determinará la situación fitosanitaria mediante muestreos semanales, evaluando capturas de adultos en mosqueros (cebados con fosfato diamónico) y en placas cromotrópicas amarillas con feromona, así como los porcentajes de picada viva y total. Los índices obtenidos servirán para valorar la necesidad de intervención, siguiendo las pautas y umbrales establecidos en la Guía de Gestión Integrada de Plagas del Olivar.

El uso de drones agrícolas no solo es una herramienta apropiada para aumentar la competitividad del olivar tradicional en materia económica, sino que puede ser la clave para tratamientos en terrenos cuya orografía abrupta, y con pendientes pronunciadas, dificultan, e incluso imposibilitan, el acceso a maquinaria terrestre, más aún en épocas de mayor temperatura. Asímismo, la dispersión de parcelas de un mismo titular encarece y retrasa considerablemente los tratamientos terrestres, dificultando su realización en tiempo y forma.

En este contexto, la aplicación aérea con drones presenta multitud de ventajas cómo son los sensores que permiten una aplicación localizada y controlada, una mayor seguridad para el aplicador, un menor impacto ambiental, mayor rapidez y cobertura y una importante reducción de residuos tóxicos. Todas estas ventajas conllevan una evolución del cultivo hacia modelos más sostenibles medioambientalmente hablando, con los que la conservación de la biodiversidad, de la fauna y la flora auxiliar está más que asegurada.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de audiencia pública del proyecto de orden por el que se establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/26, una vez recabada la opinión del sector y todos los agentes interesados, tanto a través de la consulta previa como de reuniones celebradas al efecto.

El artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, establece la posibilidad de elaborar una norma de comercialización para el sector del aceite de oliva para mejorar y estabilizar el funcionamiento de su mercado.

En base a dicho reglamento, el Real Decreto 84/2021 de 9 de febrero contempla que, cuando las condiciones de mercado lo justifiquen y una vez consultadas las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector de ámbito nacional, podrán establecerse normas de comercialización para mejorar la estabilidad y funcionamiento del mercado para una campaña de comercialización determinada. Ello se realizará mediante la retirada de producto hasta la campaña siguiente y/o su destino a uso no alimentario.

Después de dos campañas consecutivas de baja cosecha, en 2024/2025 los olivos han recuperado capacidad productiva. Además, las abundantes precipitaciones y las temperaturas suaves de la pasada primavera pueden producir una siguiente cosecha cuantiosa en 2025/2026, que dé lugar a una sobreoferta de aceite y disfunciones en el mercado, indica un comunicado del Ministerio. 

Aunque estas previsiones de elevada cosecha tendrán que verificarse en los próximos meses, dados los plazos administrativos, es necesario continuar los trámites del diseño concreto de la norma de comercialización que aborde de forma coyuntural para la siguiente campaña una retirada de producto del mercado, por si fuera necesaria su aplicación.

Tal y como establece el Real Decreto 84/2021, en su artículo 3, el mecanismo ha de estar aprobado a 31 de octubre de 2025, para su aplicación en la cosecha 2025/2026. Éste, sólo será aplicado si finalmente se constatan estimaciones de producción elevadas de aceite de oliva y posibles desajustes de mercado.

El proyecto de orden, de aplicación a nivel nacional, establece el criterio de activación para la retirada de aceite de oliva, que se produciría cuando el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción alcanzaran el 120% del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores.

 Recoge, igualmente, el criterio de determinación del porcentaje de retirada de aceite de cualquier categoría, a decidir por el operador, sobre el total de la producción de aceite de oliva. Las instalaciones concernidas serían las almazaras productoras.

Tras la aprobación de la orden, una vez conocidas las estimaciones de producción y las existencias iniciales se determinará, mediante Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, si se cumple el umbral de activación establecido y, por tanto, el porcentaje de producción a retirar. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elaborará, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan de control de la norma de comercialización. Los controles oficiales para comprobar el cumplimiento de la norma corresponderán a los órganos competentes de las comunidades autónomas.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía califica de «extremadamente grave, no sólo para el sector agrario, sino para la población en general», la propuesta de presupuesto 2028-2034 y de reforma de la Política Agraria Común (PAC) presentada por la Comisión Europea.

La organización denuncia que el recorte de más del 20% en los fondos agrarios, unido a la reestructuración del modelo de ayudas, pone en riesgo no sólo al campo andaluz, sino a la capacidad de Europa de alimentar a su propia población.

En este sentido, el secretario general de la COAG en Andalucía, Juan Luis Ávila, ha explicado que “la propuesta de presupuesto plurianual que hemos recibido de la Comisión Europea nos parece una tomadura de pelo. No se puede estar planteando en un mismo presupuesto incrementar tremendamente el presupuesto en Defensa para prepararnos para un posible conflicto bélico y, a la misma vez, reducir más de un 20% el presupuesto destinado a la producción de alimentos en la propia Unión Europea”.

“Lo primero que necesita una población -ha añadido-, en caso de sufrir una situación de dificultad, es poder comer tres veces al día. Nos podemos ver armados hasta los dientes, pero sin la posibilidad de que nuestra población se pueda alimentar”.

Para el responsable de la COAG en Andalucía, hay que tomar conciencia de que la propuesta de la Comisión no afecta únicamente a los agricultores y a los ganaderos. “No se trata sólo -ha apuntado Ávila- de un recorte de un 20% de ayudas, sino de poner en jaque y en mucha dificultad el que a las familias tengan asegurado con alimentos de la Unión Europea y, sin dependencia de terceros países poder, en cualquier situación de dificultad, poder alimentarse. Es muy grave y nos afecta a todos”.

Por ello, desde la COAG en Andalucía se hace un llamamiento a toda la población: “Tenemos que pararlo. El tejido productivo europeo está en peligro. Es un ataque directo al medio rural, a la seguridad alimentaria y a la soberanía de toda la Unión Europea. Y si no hay agricultores, no hay comida”, ha afirmado.

Asimismo, COAG Andalucía exige al Gobierno español que lidere un frente común con otros países europeos para frenar esta deriva. “No podemos aceptar que el campo europeo se convierta en un museo verde, pero lleno de armas, e importando la comida de fuera, dependiendo de los alimentos que traigan los barcos de los países de Mercosur, mientras que nuestros agricultores y ganaderos se arruinan y desaparecen. Necesitamos políticas que apuesten por un modelo productivo viable, justo y que garantice la soberanía alimentaria”.

Por todo lo dicho, COAG pide una rectificación inmediata de la propuesta y llama a toda la sociedad a entender que lo que está en juego no es sólo el futuro del campo, sino la capacidad de Europa de alimentarse por sí misma.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, anunció ayer «un golpe mortal a la línea de flotación de la Política Agraria Común (PAC) con un recorte del presupuesto del 22% (pasa de 387.000 millones de euros a 302.000 para el marco plurianual 2028-2034) frente a la multiplicación por cinco del gasto en Defensa», aseguran desde la UPA-Andalucía. Pero, además de que expuso menos fondos para los agricultores, los ganaderos y el medio rural europeo, el segundo problema es que la parte más conservadora de Europa sale a relucir destruyendo el modelo actual al desgajar las políticas de Desarrollo Rural incluyéndolas en un paquete único renacionalizado y cuyo reparto quedaría a criterio de los países miembros. “Con esta propuesta, Europa quiere que comamos armas en lugar de los alimentos que producimos. Es un golpe muy duro a la soberanía alimentaria en Europa. Es un mazazo para el futuro del sector primario que, por desgracia, ya ha dejado de ser considerado estratégico en beneficio de la Defensa”, critica el secretario general de la UPA wn Andalucía, Jesús Cózar Pérez.

“La Comisión Europea ya ha desvelado sus cartas y ha concretado lo que nos temíamos, una drástica reducción del presupuesto y la eliminación de la actual estructura de la PAC. Desde UPA Andalucía rechazamos de pleno esa propuesta presentada por la presidenta Von der Leyen, y esperamos que la negociación que ahora se abre, porque hay margen de algo más de un año para concretar definitivamente la futura PAC, revierta esta pésima noticia para los agricultores y los ganaderos andaluces. Es lamentable que la Comisión quintuplique el presupuesto para Defensa en contra de garantizar la soberanía alimentaria. Pero, insisto, todavía hay tiempo para revertir esta situación, por lo que esperamos que los europarlamentarios españoles se opongan frontalmente en bloque a esta propuesta y recuperemos la estructura de la PAC como la hemos tenido en los últimos años”, explica Cózar Pérez.

Para UPA Andalucía es “injusto” que desde Europa nos pidan a los agricultores y ganaderos que “nos enfrentaremos a los nuevos retos con menos recursos”. De ahí que el secretario general hace hincapié: “No se nos puede pedir más a los agricultores y ganaderos con menos dinero. Es complicado enfrentarnos a la crisis climática sin más recursos. Europa tiene que apostar fuertemente por el sector primario y no darnos la espalda como lo ha hecho con esta propuesta. El hecho de que se difumine la PAC y se pierda la estrategia comunitaria sólo servirá para generar desigualdad entre países y regiones. Esta propuesta tiene que tirarse a la papelera, porque al eliminar la estructura actual de la PAC, renacionalizándola en un fondo común, acabaría con muchas ayudas, como las de modernización de explotaciones, de regadíos, para la incorporación de jóvenes al campo, las ayudas al ecológico, y un largo etcétera, tan necesarias para el futuro de nuestros pueblos y nuestro sector. Y, ojo, los consumidores también se verían muy afectados con esta propuesta, ya que a menos presupuesto de la PAC más encarecimiento de los productos en los lineales, porque los fondos garantizan que haya unos precios asequibles”.

La única parte algo más positiva en esta propuesta, aunque todavía hay que mirar los números concretos, es el reforzamiento de medidas sociales ya conseguidas en la actual PAC, como potenciar la degresividad, los techos de ayuda, reforzar el capping, o la figura del agricultor pluriactivo. “Son medidas que no nos parecen mal, aunque hay otras ideas muy negativas que tampoco nos gustan, como que los jubilados dejen de percibir la ayuda a partir de 2032. Con todo, consideramos que el presupuesto y la arquitectura de la PAC hay que cambiarla, por lo que rechazamos de pleno esta propuesta”, concluye el secretario general de la UPA en Andalucía.

En un contexto de cambio climático y creciente escasez de recursos hídricos, el Grupo Operativo Resioliva, al que pertenece Carboliva, impulsa una estrategia innovadora para transformar el cultivo del olivar de secano, apostando por la sostenibilidad, la eficiencia y la adaptación al clima mediterráneo.

España, como primer país productor y exportador mundial de aceite de oliva, cuenta con más de 2,7 millones de hectáreas dedicadas a este cultivo, de las cuales sólo el 28 % dispone de riego. En Andalucía, el olivar ocupa más de 1,5 millones de hectáreas, destacando especialmente en las provincias de Jaén, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, que conforman el denominado “eje del olivar”. Sin embargo, la dependencia del agua y la intensificación de las plantaciones plantean importantes desafíos en un territorio cada vez más afectado por sequías prolongadas.

Frente a este escenario, Resioliva propone un modelo transformador que mejora la productividad y la resiliencia del olivar sin requerir riego adicional. La iniciativa combina el uso de plantas certificadas con microorganismos beneficiosos (micorrizas y Trichoderma) y biochar obtenido a partir de alperujo, un subproducto del proceso de extracción del aceite. Esta combinación permite reducir el consumo de agua, fertilizantes minerales y fungicidas, a la vez que mejora la salud del suelo, incrementa su capacidad de secuestro de carbono y promueve una gestión circular de los residuos agrícolas.

El proyecto es fruto de una colaboración público-privada entre Plantas Continental, S.A., el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), Carboliva, Asoiaflor y Cambrico Biotech, con financiación de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Se han puesto en marcha ensayos pioneros en cultivo superintensivo de secano con dos variedades de olivo: arbosana y sikitita.

Las precipitaciones registradas entre febrero y abril fueron excepcionalmente elevadas, alcanzando valores acumulados cercanos a los 1.000 l/m² en la zona de estudio, muy por encima de la media histórica para ese periodo. Esta anomalía climática condicionó el desarrollo del ensayo, cuyo objetivo principal era evaluar estrategias para mejorar la retención hídrica del suelo. La saturación permanente del perfil edáfico impidió valorar adecuadamente la eficacia de las medidas aplicadas, ya que el contenido hídrico se mantuvo elevado de forma continua, anulando los posibles efectos diferenciadores entre las distintas prácticas ensayadas.

Durante los seis meses posteriores a la aplicación de la enmienda —compuesta por una mezcla de biochar de alperujo y compost vegetal— se observó una mejora significativa en las propiedades físicas del suelo, así como un incremento en la disponibilidad de nutrientes. En particular, destaca un aumento notable tanto en el contenido total de carbono orgánico como en el carbono estable en los suelos tratados, lo que indica una mayor capacidad de retención de materia orgánica y un potencial de fertilidad a largo plazo.

No obstante, a pesar de estas mejoras edáficas, se registró una elevada tasa de mortalidad en las variedades introducidas: un 60 % en sikitita y un 25 % en arbosana a los cinco meses de la plantación. Este nivel de pérdidas se atribuye principalmente al exceso de humedad durante el periodo del ensayo.

Las presentaciones realizadas en Expoliva 2025, la I Jornada Agrovalor y en dos congresos especializados en mejora sostenible de suelos han despertado un notable interés, destacando tanto la innovación del proyecto como los resultados obtenidos.

Resioliva representa un avance decisivo hacia un olivar de secano más sostenible, rentable y adaptado a los desafíos medioambientales del siglo XXI, en plena consonancia con las prioridades de la nueva Política Agraria Común (PAC) y la estrategia europea “De la Granja a la Mesa”.

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han reivindicado en Bruselas ante las puertas del parlamento europeo una Política Agraria Comunitaria (PAC) fuerte y con futuro en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 con un presupuesto garantizado por cuanto temen, a falta de conocer la letra pequeña de la propuesta de la Comisión Europea, recorte de fondos que consideran inaceptable, por lo que entienden que el Parlamento y los estados miembros deben decir no a la misma.

ASAJA asegura en un comunicado que la Comisión Europea presentará una propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) y con ella «la disolución de la Política Agraria Común (PAC) tal y como la conocemos. En lugar de una política común, con presupuesto propio y en la que el Parlamento Europeo tiene voz, la Comisión propone integrarla en un fondo único multisectorial, gestionado bilateralmente entre Bruselas y los Estados».

Von der Leyen, “quiere enterrar la PAC, una decisión política sin precedentes que pone en peligro la soberanía alimentaria de Europa y rompe el vínculo entre el campo y los ciudadanos. Los agricultores y ganaderos no somos el problema, sino la solución».

Por ello, ASAJA se ha manifestado hoy en Bruselas, frente al Parlamento Europeo, junto a miles de agricultores y representantes de toda Europa, en una movilización organizada por COPA- COGECA y FWA.

“La presidenta Von der Leyen ha decidido dejar al campo fuera del proyecto europeo. Convertir la PAC en un apéndice presupuestario es desarmar a la UE en uno de sus pilares: el de alimentarse a sí misma”, ha declarado Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA y vicepresidente del COPA.

Para el gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero, «parece increíble que la UE haga estos planteamientos: Su intención es rebajar el presupuesto de la Política Agraria Común, inclusive cargarse el sistema actual de la PAC, mientras que por otra parte nos citan a través del COPA-Cogeca a mantener un debate sobre los stocks estratégicos que hay que mantener de alimentación en Europa para un caso de conflicto. La guerra de Ucrania ha puesto de relieve que la estrategia alimentaria es un arma muy importante de defensa, el mantener o garantizar el autoabastecimiento a tu población, y encima Trump para rematar Europa con los aranceles enfrente, y resulta que el Parlamento Europeo no se entera de que la importancia de la agricultura es estratégica, y para tener garantizada la alimentación lo que hay que garantizar es la producción de alimentos. Si esa producción no está apoyada por el Parlamento Europeo, apaga y vámonos. Es un despropósito absoluto, craso error que están cometiendo los políticos en la UE”.

Sin presupuesto no hay seguridad

«Desde ASAJA suscribimos plenamente las dos grandes líneas de denuncia de COPA – COGECA: Por un lado, el recorte presupuestario es inaceptable. En un momento de inestabilidad geopolítica, presión arancelaria y creciente inseguridad alimentaria, la Comisión no puede recortar el presupuesto agrario. La PAC no es una ayuda al agricultor y al ganadero, es una garantía para el consumidor: alimentos seguros, sostenibles y asequibles. Y, por otra parte, la nueva estructura liquida la cohesión. Integrar la PAC en un fondo común rompe la unidad del modelo europeo y del mercado común. Ya no habrá política común, ni Parlamento como colegislador. Los agricultores pierden voz. El Parlamento Europeo pierde legitimidad. Y los ciudadanos, control democrático».

ASAJA denuncia que la Comisión ha tomado esta decisión sin escuchar al sector. «Von der Leyen repite así un patrón de gestión marcado por la unilateralidad y la desconexión con el territorio. Esta reforma, cocinada entre despachos, ignora décadas de trabajo conjunto entre agricultores, eurodiputados y Estados miembros.

«Esta no es solo una crisis agraria. Es una crisis que afectará a todos los consumidoresm con subida de precios; inflación alimentaria; pérdida de acceso a productos frescos, locales y de calidad

“La PAC es la herramienta que garantiza que los alimentos sigan siendo sanos, seguros y asequibles”, advierte el presidente de ASAJA, Pedro Barato.  Porque la seguridad alimentaria no se defiende solo con tratados, se defiende con agricultura viva y profesional.

Por otra parte, una delegación de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se ha desplazado a Bruselas para participar en la marcha simbólica en defensa de un presupuesto europeo sólido para la futura Política Agraria Común (PAC). Esta acción de protesta, a las que estaban convocados agricultores y ganaderos de toda la UE, pretende lanzar un mensaje claro y rotundo a las instituciones europeas: sin una PAC fuerte, común y bien financiada, no hay seguridad alimentaria en Europa.

La UPA, por su parte, reclama una PAC con presupuesto adecuado y reparto justo en el próximo marco minanciero plurianual y de los reglamentos de la Política Agraria Común para el próximo sexenio 2028-2034. Y en ningún modo muestra su acuerdo con el recorte de fondos de la propuesta de 386.000 a 300.000 millones de euros.

UPA reclama un presupuesto suficiente para los retos que tendrán que afrontar los agricultores y ganaderos en los próximos años, como la situación geopolítica, dificultades comerciales o la crisis climática. La PAC ha ido perdiendo presupuesto en cada una de las sucesivas reformas que se han producido en las últimas décadas. “Ya es hora de que se incremente el presupuesto de la PAC, ajustándolo además a la inflación”, aseguran desde UPA.

La organización demanda que la próxima PAC no se disgregue en sobres nacionales, lo que a su juicio “difuminaría la estrategia común europea” y traería “más desigualdad”. UPA aboga por un reparto más justo y más social de los apoyos, para que la PAC no sea «una fuente de desigualdad, como lo ha venido siendo hasta ahora». La organización agraria apuesta por medidas como los techos máximos de ayudas, el pago redistributivo, las ayudas asociadas a más sectores en crisis o unos ecorregímenes que tienen que ser eficaces y flexibles.

Los agricultores reclaman que las nuevas prioridades de la Unión en materia de defensa o reto migratorio no resten “ni un ápice de importancia ni un euro de presupuesto” a la PAC. Por eso defiende «un reparto diferente, más justo y más social, y enfocado a las explotaciones familiares, que somos las que tenemos más dificultades».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado hoy el apoyo de España a la Comisión Europea en su negociación con Estados Unidos en la confianza de que se pueda alcanzar un acuerdo satisfactorio que evite la imposición de unos aranceles “injustos” a las exportaciones agroalimentarias europeos.

El ministro ha señalado que los aranceles del 30 % a los productos importados de la UE a partir del 1 de agosto anunciados por la administración estadounidense supondrían prácticamente vetar el acceso a ese mercado. “Esperamos que esa situación no se produzca, hay una negociación en marcha, apostamos por ella y apoyamos a la Comisión Europea para que se alcance un buen resultado”, ha reiterado.

España exporta actualmente a Estados Unidos productos agroalimentarios por valor de 3.200 millones de euros, principalmente aceite, vino, quesos y frutas y hortalizas tratadas, volumen que supone el 4,7 % del total de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas. El ministro Planas ha reiterado la conveniencia de ampliar y diversificar mercados en otras zonas del mundo, y se ha referido en concreto a las propuestas que debe realizar la Comisión para ratificar el acuerdo firmado en diciembre pasado con Mercosur.

La cuestión arancelaria ha acaparado la atención del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea celebrado hoy en Bruselas junto a otro asunto crucial para el futuro del sector agroalimentario, el nuevo Marco Financiero Plurianual sobre el que, pasado mañana, día 16, realizará su propuesta la Comisión.

Luis Planas ha reiterado la posición de España y de otros 19 Estados miembros, reflejada en un escrito remitido por sus ministros de Agricultura hace seis semanas en el que reivindican una Política Agraria Común (PAC) suficientemente dotada económicamente, diferenciada de otras políticas, y que mantenga los dos pilares actuales, ayudas directas y medidas de desarrollo rural. El ministro ha señalado que hay al menos otros dos Estados no firmantes que también apoyan esta postura.

En el Consejo de Ministros se han revisado las cifras correspondientes al nuevo acuerdo de cooperación con Ucrania, que prevé la convergencia regulatoria en 2028. Luis Planas ha señalado que se han establecido clausulas de salvaguarda muy potentes para proteger a los productos de la UE más sensibles. Se trata de un acuerdo muy especial, ha recordado el ministro, porque además de su dimensión comercial tiene también una vertiente política muy importante de apoyo a Ucrania en la guerra contra su invasor, Rusia.

Se han abordado en el Consejo de Ministros otros asuntos como la estrategia europea de proteínas o las prioridades de la presidencia semestral danesa de turno.