El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado hoy al Consejo de Ministros un informe sobre la Mesa de Diálogo Agrario constituida ayer con las organizaciones profesionales agrarias para dar respuesta a los problemas del sector agroalimentario. Según ha recalcado, el Gobierno comprende la preocupación de agricultores y ganaderos por la volatilidad de los precios y la disminución de los márgenes comerciales, situación que no solo está ocurriendo en España sino que también afecta a otros países comunitarios como Países Bajos, Francia o Alemania.
En rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro
ha asegurado que la constitución de esta mesa de diálogo demuestra que el
Gobierno está dispuesto a dialogar y trabajar de manera coordinada con todas
las partes implicadas: productores, industria, distribución e incluso los
ciudadanos, que con sus decisiones de compra marcan también el rumbo del conjunto
del sistema agroalimentario.
PRINCIPALES MEDIDAS
El ministro ha recalcado que el Gobierno de España
tiene claro que la actividad agroganadera es un sector con futuro. Por eso, el
Ministerio ha propuesto una serie de medidas enfocadas a mejorar la rentabilidad
de las explotaciones agrarias.
En relación con los precios,
la intención del Gobierno es la de incrementar la dotación en los Presupuestos
Generales del Estado para apoyar el sistema de seguros agrarios, “el mejor
elemento de defensa frente al riesgo climatológico” y una herramienta clave
para los productores en casos de pérdida de producción por las adversidades
climáticas.
Y, en relación con el mercado, se está elaborando una
propuesta de modificación de la ley de la cadena alimentaria, cuyos principales
aspectos son el establecimiento de una relación más precisa de las prácticas
comerciales prohibidas (con la trasposición de la directiva comunitaria sobre
prácticas comerciales desleales), la regulación contra la destrucción del valor
de los productos agrarios (conocido como venta a pérdidas), la obligatoriedad
de incluir el coste de producción como factor para el establecimiento de los
precios en los contratos agrarios, y la publicidad de las sanciones impuestas a
las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y
ganaderos.
El ministro ha señalado la convocatoria para la próxima semana del Observatorio de la Cadena Alimentaria, para llevar a cabo un examen pormenorizado de los precios, en especial de los sectores más afectados como el aceite de oliva y las frutas y hortalizas.
Será clave también, ha destacado el ministro, el
diálogo que va a mantener el con las grandes empresas de la distribución alimentaria, que pueden contribuir de manera significativa a
valorizar el trabajo de agricultores y ganaderos, tanto desde el punto de vista
económico como de reputación social.
También se trabajará para lograr una mejor
estructuración vertical y horizontal de la oferta, a través de la modificación de la ley de organizacionesinterprofesionales, con el objetivo de fomentar su presencia en los
diferentes sectores. Para el ministro, estas organizaciones pueden contribuir a
la mejora de la rentabilidad al contar, por ejemplo, con herramientas legales
para retiradas de mercado y medidas de promoción.
Y desde el punto de vista horizontal, las cooperativas
agroalimentarias deben ganar en dimensión para adaptarse a las nuevas
circunstancias del mercado y ser más competitivas. Según ha detallado, en
España hay unos 800.000 productores, unas 4.000 cooperativas agrarias y, siendo
el cuarto país en producción agroalimentaria de la Unión Europea, no hay
ninguna cooperativa española entre las 50 primeras de Europa. Estos datos
evidencian la necesidad de aumentar su dimensión y reforzar la organización de
la oferta del sector productor para fortalecer su posición negociadora.
REUNIÓN CON LOS SECTORES
En este contexto, el ministro tiene previsto reunirse
el próximo jueves con el sector del aceite de oliva para analizar su situación
actual, tanto en lo que se refiere a los precios como en materia de promoción
para la ampliación de las exportaciones a países terceros. En este ámbito,
Cooperativas está trabajando en una norma de autorregulación, con el apoyo del
Ministerio, que permitirá evitar las subidas y bajadas bruscas de los precios.
El ministro también tiene previsto reunirse
próximamente con el sector de frutas y hortalizas para analizar qué actuaciones
son necesarias, en particular, sobre temas de competencia con países terceros.
Por otro lado, Planas ha recalcado el compromiso del
Gobierno para defender el mantenimiento del presupuesto de la futura PAC, una política fundamental para el mantenimiento de
las rentas de agricultores y ganaderos, y para que puedan afrontar los nuevos
retos ambientales y de lucha contra el cambio climático.
El Gobierno defenderá que los productos importados de
países terceros cumplan los mismos estándares de calidad y sanidad que se
exigen en la Unión Europea, así como los precios de entrada.
Medidas encaminadas a apoyar a la “inmensa clase media” de agricultores y ganaderos que pasan un mal momento como consecuencia de la volatilidad de los precios y de una reducción de los márgenes comerciales y que están generando preocupación entre los productores y que comparte este Gobierno, según señala un comunicado.
