El director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, han expuesto hoy en Jaén al sector las principales modificaciones incluidas en el Real Decreto sobre la Ley de la Cadena Alimentaria. En una jornada unformativa celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Jaén, han desgranado los contenidos y las modificaciones producidas en dicha Ley, que tienen como objetivo hacerla “más eficaz y más ágil” al objeto de “blindar la cadena para que no se pierda valor”. Para ello, los agricultores tendrán que determinar los costes de producción de sus productos, que comercializarán desde el acuerdo con la parte compradora, para lo que las administraciones tendrán que actualizar el valor y el observatorio de precios, según han precisado.
COAG Jaén
El responsable del sector del olivar en COAG Andalucía y secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, considera que la puesta en marcha del Real Decreto que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria supone una oportunidad para el sector, y asegura que la organización estará vigilante para que se ponga en marcha.
Ávila, que ha estado presente en la jornada informativa sobre la modificación de la ley de la cadena alimentaria que ha impartido el director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández, cree en un comunicado que este Real Decreto responde a las peticiones que se hacían por parte de COAG en referencia a la cadena alimentaria.
Aunque considera que hace falta concretar un registro de contratos, una figura que actúe claramente de mediador y que el observatorio de precios elabore con claridad los costes de producción.
A la hora de la aplicación de las modificaciones de la Ley asegura, y así lo ha puesto de manifiesto durante la jornada, que hay dos situaciones distintas en el sector. Por un lado, en el ámbito cooperativo, que representa casi el 70 % del sector, donde sería una posibilidad aplicar unos costes medios de producción aprobados en asamblea general.
Por otro lado, se da la situación de las almazaras privadas, donde los costes de producción tendrían que tratarse de forma individual con sus clientes.
Asimismo, Ávila ha aclarado que el olivar tradicional de España, con casi un millón de toneladas de producción media de aceite, marca precios a nivel mundial y usando esta herramienta por primera vez se pueden reconocer al menos sus costes de producción.
Esto es posible en este sector porque tenemos un producto no perecedero, mayoritariamente en manos del sector cooperativo y en el que somos líderes a nivel mundial, según precisa.
“¿Quién ha dicho que iba a ser fácil?”, se ha preguntado Juan Luis Ávila en referencia a la puesta en marcha del decreto y ha asegurado que desde COAG van a exprimir las posibilidades que por primera vez nos da esta herramienta para marcar lo mínimo que recibe el olivarero en sus costes de producción. Y va a exigir valentía a las cooperativas y grupos cooperativos para la puesta en marcha del decreto.
“Siendo así, esto es una parte del plan de choque que necesita el sector para que más de 200.000 familias tengan viabilidad los próximos veinte años. Y exigimos que cuanto antes se pongan en marcha el resto de medidas que pedimos junto con el resto del sector”, subraya.
Igualmente, el secretario de la UPA en Jaén, Cristóbal Cano, entiende que el Real Decreto Ley que modifica la Ley de Cadena Alimentaria y sus efectos inmediatos es una medida que puede beneficiar al aceite de oliva. Mientras, el gerente y el portavoz de ASAJA en Jaén, Luis Carlos Valero, considera que dicha reunión ha sido “decepcionante por parte del Ministerio” por entender que persisten las dudas que tienen respecto a las modificaciones incluidas en el Real Decreto.
Infaoliva
Por otra parte, tras la exposición de los representantes del Ministerio de Agricultura, en el turno de intervenciones, ha pedido la palabra el presidente de Infaoliva en Jaén, quien ha planteado las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible que la Ley de la Cadena obligue a las almazaras industriales en contra de la voluntad del agricultor a vender y liquidar su aceituna a los 30 días de la recogida, o en el caso del aceite a los 60 días”, asegura un comunicado de esta organización, que considera que esta practica va “en contra del libre mercado, ya que los agricultores, siempre los más afectados, no podrán vender y liquidar sus cosechas cuando quieran, según sus criterios y necesidades, sino que el Estado, mediante ley, les obliga a cobrar en las fechas que fija la Administración”.
Respecto a la intervención de la directora general de la AICA sobre que todas las sanciones impuestas serán publicadas en la pagina de la AICA, el presidente ha preguntado por la Ley de Protección de Datos, la cual desde esta organización “creemos que se vulnera totalmente”. Asímismo se ha preguntado por la fijación de los costos de los agricultores, como comienzo de la cadena de valor, quién fija esos costos y cómo se controlan.
“Como consecuencia de esta ley los agricultores de las zonas menos productivas son los de mayores costos en recogida, al tener menos rendimiento sus parcelas, lo cual implicaría que cualquiera de los eslabones de la cadena compraría aceite antes a los olivares más productivos, antes que a los menos, una vez más se legisla a espaldas de los más débiles de la cadena, los agricultores con más dificultades”, señala. Y añade: “Siendo el final el encarecimiento del producto al consumidor final porque todos tienen que ir (por ley) repercutiendo sus costos hasta el final”.
Esta organización agrega que se le ha indicado a la Administración “el grave problema que crea el tener por ley que vender a los 30/60 días, ya que se pone un aceite en el mercado que de otra forma saldría de forma escalonada, y no por imperativo legal, sino según la voluntad del agricultor”. Afirma que se ha vuelto a insistir en que “se vulnera la libertad de la parte más débil obligándole a vender, no por voluntad sino por imperativo.
“Tras volver a retirarle la palabra al presidente de Infaoliva, tanto él como los demás miembros de la organización han tomado la determinación de abandonar la reunión y marcharse”, asegura el comunicado de Infaoliva.
Ante estos hechos, Infaoliva quiere informar a la opinión pública que “la legislación va en contra del olivarero con mayores costos, y que serán los más perjudicados. Que la obligatoriedad por parte del agricultor de vender a los 30/60 días rompe totalmente la estabilidad del mercado, y lo regulará siempre a la baja, ya que en los primeros meses del año se pondrán más recursos de los que este es capaz de absorber. Que por parte de la Administración nos parece, y así se ha constatado, un mero parche que no solo no beneficia a nadie, sino que lo perjudica”.
Recuerda que las almazaras industriales en España representan el 40% del colectivo y el 35% del aceite que se produce en España. “Este aceite saldrá, distorsionando el mercado en los primeros meses de campaña. Este decreto puede afectar a un colectivo del en torno de 250.000 olivareros, que por regla general son unos de los mas vulnerables dentro del colectivo total. Una vez mas la Administración legisla en contra del sector y en este caso del eslabón más débil”. Y concluye: “Ante estos despropósitos, desde Infaoliva se va a estar siempre, siempre de parte del agricultor y se recurrirá cualquier sanción que se imponga, de forma que no se vulnere la libertad del agricultor”.
