El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha elevado hoy al Consejo de Ministros para su conocimiento sendos informes sobre el acuerdo, por unanimidad, entre el Gobierno y las comunidades autónomas para la modificación del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y sobre el estado de cumplimiento de las 43 medidas acordadas para responder a las preocupaciones del sector.
Tras la toma en consideración por parte del Consejo de Ministros del acuerdo sobre la modificación del plan estratégico, adoptado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del 4 de julio, este documento se enviará a la Comisión Europea para su aprobación definitiva.
El ministro ha hecho un “balance positivo de este primer año aplicación de la PAC, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo”. En este marco, ha destacado “dos acciones simbólicas”, como son la introducción del pago redistributivo, que beneficia a pequeños agricultores; y los nuevos ecorregímenes para incentivar prácticas agrarias que contribuyen a la preservación del medio ambiente.
Planas ha insistido en que “el primer año siempre es complejo en cualquier periodo de la PAC”, que en esta ocasión ha coincidido con una importante sequía y las consecuencias de la guerra en Ucrania, “lo que ha obligado al Gobierno de España a actuar con generosidad y voluntad de apoyo al sector agrario”.
También ha valorado la unanimidad alcanzada para aprobar la modificación del Plan Estratégico de la PAC, “un acuerdo complejo que, más allá de las orientaciones políticas de las comunidades autónomas, da respuesta con una estrategia común a los diferentes retos productivos del conjunto de España”.
Asimismo, Luis Planas ha presentado al Consejo de Ministros otro informe sobre el estado de cumplimiento de las 43 medidas acordadas con las organizaciones profesionales agrarias para responder a las reivindicaciones del sector agrario y que fue rubricado a principios de abril por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y por Unión de Uniones, “en un proceso de diálogo que continúa abierto”.
El Gobierno constituyó, el 30 de abril, con las organizaciones agrarias firmantes Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones, la mesa de seguimiento del cumplimiento de las medidas, cuya última reunión fue el pasado 16 de julio. En este encuentro se constató el buen estado de ejecución de dichas mismas, ya que más del 60% se están ejecutando o han sido concluidas (14 ya ejecutadas; 12, en estado avanzado; 15, en curso; y 2, iniciadas).
MODFICIACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC
Las propuestas recogidas en el documento conforman cambios de envergadura en el plan estratégico, con un gran número de modificaciones, que se elevan a 80 en el primer pilar (ayudas directas) y a 700 en el segundo (desarrollo rural). En conjunto, suponen una importante simplificación y flexibilización de la PAC en aspectos fundamentales, como la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y las intervenciones en desarrollo rural.
Estas propuestas de simplificación trasladadas a la Comisión Europea forman parte de las 43 medidas comprometidas por el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones de agricultores y ganaderos expresadas en las movilizaciones de los primeros meses del año y sobre las que el ministro también ha pasado revista al estado actual de ejecución.
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Pamplona el pasado 4 de julio acordó, de forma unánime, la modificación del plan estratégico para su posterior traslado a la Comisión Europea. Este documento se elaboró en línea con las demandas expresadas por agricultores y ganaderos -con propuestas de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias- y atendiendo a las aportaciones de las autoridades autonómicas de gestión de la PAC.
Los cambios acordados son fruto del “diálogo informal” llevado a cabo en los últimos meses entre las autoridades de gestión de la PAC (estatal y autonómicas) y que están representadas en el órgano de coordinación del plan estratégico de la Política Agraria Común.
El marco temporal del análisis y debate de su preparación hizo posible que se incluyeran también las principales reivindicaciones manifestadas por los agricultores y ganaderos, como es una apuesta firme por la simplificación de la política agraria comunitarias y la reducción de la carga burocrática para los agricultores y ganaderos.
Esta iniciativa también ha tenido en cuenta la experiencia adquirida durante el primer año de aplicación de la nueva PAC. Los datos de acogida de los ecorregimenes, con más de 19,1 millones de hectáreas solicitadas y un grado de acogida a nivel nacional del 87 %, muestran el éxito en el diseño y aplicabilidad de estas prácticas, realizadas por tres de cada cuatro titulares que ha presentado solicitud única de ayudas.
La propuesta de reforma busca aumentar el impacto de estas medidas y facilitar su aplicación y acogida por parte de los agricultores, así como mejorar la situación del sector ante la situación de cambio climático. Las prácticas de los ecorregímenes mejoran la estructura, fertilidad y capacidad de captura de carbono de los suelos, incrementan la diversidad de cultivos presentes y favorecen la biodiversidad ligada a los ecosistemas agrarios.
INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS 43 MEDIDAS
Respecto a las 43 medidas, Planas ha recordado que se estructuran en 7 bloques: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.
El primer bloque (medidas 1 a 15) corresponde a la reivindicación del sector de simplificación y flexibilización de la PAC que supone un importante avance en esta línea en aspectos fundamentales como la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y las intervenciones en desarrollo rural. Algunas de ellas ya se han podido aplicar en la reciente campaña de solicitudes de la PAC y otras se aplicarán el próximo año.
Las relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios comprende las medidas 16 a 19 (segundo bloque). Una de ellas corresponde a los trabajos del Gobierno para la mejora de la coordinación en el control de las importaciones, en la que están implicados los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y de Política Territorial y de Memoria Democrática.
Esta mejora consiste en la unificación de los servicios de inspección sanitaria y fitosanitaria para equiparar el sistema de control de la administración pública de España a la de los países de su entorno en esta materia, así como en la necesidad de aprovechar todas las sinergias entre ministerios y las ventajas que proporciona la administración digital para modernizar la gestión.
De esta forma se ganará en eficacia, sin menoscabo de las garantías y manteniendo el capital humano, dotado con mejores herramientas de control para ampliar mercados en el exterior. Esta mejora redundará a su vez en una mayor competitividad del sector agroalimentario porque la agilización de estos servicios reducirá los costes de exportación e importación.
El tercer bloque, la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se desarrollará con las medidas 20 a 24, y entre ellas se encuentra el refuerzo de la capacidad inspectora de la actual Agencia de Información y Control Alimentaria al convertirla en agencia estatal. Contará con mayor estructura para incrementar el número de operaciones comerciales objeto de control.
Las medidas 25 a 30 (cuarto bloque) pretenden mejorar el sistema de seguros agrarios, una herramienta imprescindible para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias en un escenario de cambio climático con fenómenos climáticos cada vez más adversos y más frecuentes.
En este contexto, el Gobierno prestará un mayor apoyo a aquellos colectivos que considera prioritarios: agricultores jóvenes, profesionales y explotaciones prioritarias. Estos colectivos, que ya cuentan con diversas subvenciones adicionales, contarán con un mayor apoyo. Para ello el Gobierno que, en la mayoría de las autonomías realiza subvenciones cuantiosas a la prima del seguro, solicita el compromiso de las comunidades autónomas para que complementen esta ayuda hasta los umbrales máximos permitidos por la normativa comunitaria.
El quinto bloque lo conforman medidas fiscales, de financiación y laborales; (medidas 31 a 40). Aquí se encuadra el compromiso del Gobierno de mantener el actual esquema impositivo en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para el gasóleo agrícola. También se han materializado los compromisos acordados en relación con el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la actividad agraria, con la aplicación en 2023 de una reducción general de 15 % del rendimiento neto en el ejercicio 2023, así como una deducción de un 35 % de la factura del gasóleo agrícola y de un 15 % de la de fertilizantes.
Igualmente se ha dado cumplimiento al compromiso de mantener la exención de las ayudas a los ecorregímenes durante el vigente periodo de programación PAC tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades.
En cuanto a los compromisos relativos a la mejora de la financiación del sector, están en avanzada fase de tramitación las convocatorias de dos líneas de ayudas por un total de 27 millones de euros, financiados al 100% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destinadas a los jóvenes agricultores que obtengan la mayor parte de sus ingresos de la actividad agraria.
Las medidas (41 y 42) para apoyar la sanidad animal y la ganadería extensiva, conforman el sexto bloque, con el claro compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de aportar financiación para los gastos destinados a las campañas del plan de actuación contra la tuberculosis que no puedan ser cubiertos por fondos comunitarios y para los gastos veterinarios que se deriven de la lucha contra enfermedades animales emergentes, como la hemorrágica epizoótica.
Se ha avanzado respecto a la figura del veterinario oficial para que sea voluntario. Además, se revisará toda la normativa relativa a sus funciones para su simplificación, particularmente en lo relativo a la elaboración del plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas.
El séptimo bloque (medida 43) es el que pretende reforzar las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas. En la Conferencia Sectorial monográfica sobre relevo generacional el Gobierno y las comunidades autónomas adquirieron el compromiso de elaborar un catálogo de medidas y recomendaciones para dar soluciones e impulsar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.
Con este conjunto de medidas se da respuesta a las principales preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las movilizaciones celebradas durante el mes de marzo y demuestran el compromiso del Gobierno con un sector que es pilar fundamental de la economía española.
