El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados, que la voluntad del Gobierno de España es seguir avanzando en su compromiso de modificar la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno va a trabajar en los próximos meses para lograr “una cadena alimentaria más justa, más equilibrada, y que forme valor en cada uno de sus elementos”. En definitiva, que sea el reflejo de lo que ha sido el sector agroalimentario español, que ha respondido a las necesidades de los ciudadanos durante la crisis del coronavirus.
Según ha recalcado, la ley y su cumplimiento “no es una opción, es una obligación legal”. Por lo tanto, que los costes de producción sean la base de la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario “no está sujeto a condición”.
Planas ha aclarado que, con esta reforma legislativa, el Gobierno busca corregir los desequilibrios de la cadena de valor, que desde el año 2013 hasta ahora se ha producido de una forma cada vez más significativa. Con esa nueva norma “se fomenta la transparencia en la formación de precios y se protege al eslabón más débil, es decir, nuestros agricultores y ganaderos”.
En su intervención, ha explicado que la reforma de la ley de la cadena alimentaria se está llevando a cabo en dos fases. En la primera, el Gobierno aprobó el pasado 25 de febrero, a petición de las organizaciones profesionales agrarias, un real decreto-ley (convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados), que por primera vez introduce que los costes de producción en la agricultura y ganadería deben ser inferiores al precio de venta de los productos.
En relación con la segunda fase, ha adelantado que en los próximos días el Consejo de Ministros efectuará la primera lectura del anteproyecto de ley que traspone la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario. El ministro ha apuntado que la elaboración del anteproyecto de ley, que se remitirá a las Cortes el próximo otoño, contará con un amplio debate con las comunidades autónomas y con el sector para contar con sus aportaciones.
