La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destinado el 16% del total de las subvenciones para productos de calidad diferenciada de Andalucía al sector del aceite de oliva de la provincia de Jaén en los últimos años. Un impulso dirigido a la protección de la calidad agroalimentaria andaluza que se ejecuta a través de la línea de ayudas a los Consejos Reguladores andaluces para el sostenimiento de su gestión y para la promoción y comercialización de los productos amparados.
Así lo ha destacado la delegada territorial del área, Soledad Aranda, en la inauguración del XXII Congreso de la Asociación Andaluza de Profesores de Derecho Mercantil ‘Sainz de Andino’, celebrado en la Universidad de Jaén este viernes. Un encuentro que, como ha señalado Aranda, sirve para “abordar las novedades normativas en cuanto a la protección de las figuras de calidad, tanto agroalimentarias como no agroalimentarias, la cadena de valor y las relaciones comerciales y de competencia”.
Una materia en la que la Consejería tiene competencias referidas al control de calidad y la protección de las figuras de calidad agroalimentaria, “velando por el estricto cumplimiento de las reglas que regulan el uso de las indicaciones geográficas protegidas en toda la cadena de producción”, ha resaltado. Así, la delegada territorial ha indicado que, a través de la labor desarrollada por Agricultura en la Inspección de Calidad, se han incoado alrededor de 30 expedientes sancionadores en el ámbito del aceite de oliva en la provincia en los últimos años; 13 de ellos por el uso del nombre protegido de una Denominación de Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) y más de 15 por la designación geográfica en el etiquetado de aceites no amparados por ninguna de estas figuras de calidad.
Por otro lado, Soledad Aranda ha puesto en valor el nuevo reglamento europeo que reúne en un único texto legal la regulación de las diferentes figuras de calidad, unifica los procesos administrativos para su tramitación y ofrece un mismo marco de protección a los nombres de las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agroalimentarios. “Estamos avanzando en esta materia, pero no podemos estar satisfechos todavía; debemos seguir trabajando para mejorar las estrategias de defensa de los nombres de nuestras IGP y DOP y mejorar su promoción y comercialización, haciendo llegar ese incremento de renta a agricultores, ganaderos y operadores de la cadena de transformación para contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y la fijación de la población al territorio”, ha concluido la delegada.
