La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha criticado el comunicado emitido el pasado 1 de octubre por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que establece criterios para la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado y/o destinarlo a uso no alimentario en caso de exceso de oferta.
Según la CNMC, esta norma podría “perjudicar a consumidores y operadores, especialmente a los de rentas más bajas, así como a distribuidores y exportadores”. Para COAG, estas afirmaciones «desvirtúan el verdadero objetivo de la medida y revelan la alineación del organismo con los intereses de la industria y del comercio frente a productores y consumidores».
Respecto a estas afirmaciones, el responsable estatal de Olivar de COAG, Juan Luis Ávila, considera que “dejan en evidencia a quién sirve realmente la CNMC. Se trata de un organismo público que debería velar por la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado. Con este comunicado, no sólo incumple su cometido, sino que lo pervierte: desprotege a los consumidores y da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva”.
Una norma respaldada por la normativa europea y nacional
La medida de retirada de aceite está contemplada tanto en la normativa comunitaria como en la nacional (Real Decreto 84/2021), que se desarrollará con la nueva norma, y se activará únicamente en situaciones de sobreoferta, cuando el volumen de existencias iniciales más la producción alcance al menos el 120% de la media de las seis campañas anteriores, y sin que la retirada supere el 20% de la producción estimada.
Desde COAG se destaca que el objetivo no es encarecer el producto, como sostiene la CNMC, sino dotar de estabilidad al mercado, garantizando precios razonables para los consumidores y un mínimo de viabilidad para los productores.
Asimismo, y en contra de lo manifestado por la CNMC, señala la COAG que un estudio del Instituto de Estudios Giennenses y la Diputación de Jaén sobre la autorregulación del aceite de oliva –“Regulación de la oferta en el mercado oleícola. Estudio de las variables de influencia para proponer una norma de comercialización con la finalidad de mejorar y estabilizar su funcionamiento, al amparo del Real Decreto 84/2021”– demuestra que los principales beneficiados serán los consumidores.
Este estudio, elaborado por investigadores de las Universidades de Jaén, Córdoba y el IFAPA, indica que, aunque a corto plazo pueda haber un ligero aumento de precios en destino, a medio y largo plazo la norma contribuirá a rebajar y estabilizar los precios, evitando situaciones como las vividas en las dos últimas campañas, en las que la escasez disparó los precios hasta niveles prohibitivos.
“Muchos hogares se han visto obligados a dejar de consumir aceite de oliva por sus precios inasumibles. Esta renuncia no sólo afecta a la economía familiar, sino también a la salud pública, porque los consumidores han sustituido un producto básico y saludable por otros de menor calidad nutricional”, destaca Ávila.
Asimismo, y respecto al sospechoso comportamiento de la CNMC, COAG recuerda que el pasado 13 de mayo presentó una denuncia formal ante este organismo por una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, que podría suponer «una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, con el objetivo de que en pro del cumplimiento de sus funciones se iniciase una investigación, encomienda que el CNMC eludió solicitando datos de imposible acceso para la organización».
«El silencio de la CNMC ante los márgenes abusivos«
No queda ahí el asunto. COAG denuncia además que la CNMC «nunca se pronuncia ni actúa frente a los desorbitados márgenes comerciales que se dan en el mercado, agravados en los últimos años. Cada mes, el Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) elaborado por COAG muestra diferenciales de más de un 500% entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el lineal.
“Es vergonzoso que la CNMC arremeta contra una norma necesaria y beneficiosa, mientras guarda silencio ante los abusos que sí perjudican directamente a los consumidores. Con su postura, este organismo se quita la careta y evidencia que defiende intereses ajenos al bien común”, concluyó Ávila.
