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UPA Jaén da un paso al frente en la colaboración con el Banco de Alimentos y se compromete, en la campaña «Un productor, un litro», para recoger aceite de oliva de agricultores y cooperativas de la provincia. «¿Cómo? En primer lugar, haciendo un llamamiento a todo el sector para que colabore con esta iniciativa. En segundo lugar, poniendo a disposición de la Fundación y de los agricultores todas nuestras oficinas en la provincia como centro de recogida de las donaciones, ya sean individuales o colectivas», asegura la organización agraria. Ese es el acuerdo y el compromiso alcanzado por el secretario general de la UPA en Jaén, Cristóbal Cano, y el presidente de la Fundación, Francisco Luque, en la reunión que han mantenido esta mañana.

«Hemos querido dar un paso más en nuestro compromiso, no solo con el sector productor, con la diferenciación de los aceites de oliva, con la calidad y con la defensa de los agricultores de nuestra provincia, sino con toda la sociedad en general. Nuestra organización es ejemplo de responsabilidad social y fruto de ello es el acuerdo que hemos alcanzado con el Banco de Alimentos. Todas nuestras oficinas y nuestra infraestructura en la provincia están a su disposición y, así, las convertiremos en centros de recogida de aceite de oliva. Seremos los catalizadores de las donaciones altruistas de un sector olivarero que siempre demuestra su compromiso con nuestra tierra cuando más lo necesita», explica Cristóbal Cano.

UPA Jaén hace un llamamiento al sector olivarero, a los agricultores en particular y a las cooperativas en general, para que colaboren con la campaña «Un productor, un litro» del Banco de Alimentos. «Esta aportación, tanto individual como colectiva, es fundamental para llegar a las personas que más están sufriendo la crisis económica generada por la pandemia. Nuestro sector sabe mucho de eso, porque seguimos padeciendo una grave crisis de precios bajos en origen. Pero también sabemos de solidaridad, de compromiso social, de apoyo cuando más se necesita. Lo hemos demostrado desde los primeros meses de la pandemia, en 2019, y lo seguimos demostrando en este año 2020. Y ahora volveremos a convertirnos en un sector prioritario que tiene un objetivo claro: incrementar los 10.000 litros de aceite de oliva que recogió el Banco de Alimentos el pasado año», concreta Cristóbal Cano.

Por su parte, Francisco Luque, presidente del Banco de Alimentos, ha destacado el compromiso y la colaboración de UPA Jaén por cuanto «el sector olivarero representa un nicho de voluntariado muy importante para nosotros. Gracias a la ayuda de los agricultores y de las cooperativas, gracias a la colaboración de gente altruista como vosotros, conseguimos cubrir las necesidades de muchas personas en la provincia».

Recientemente, “Green Gold Olive Oil Company” ha obtenido la máxima certificación Kosher para la comercialización de su marca “Oh! Premium Olive Oil”, aceite amparado por la Denominación de Origen Sierra de Segura (Jaén), siendo pues la primera referencia que se comercializará con esta doble certificación. 

«El certificado Kosher es un justificante en el que un rabino certifica que los alimentos a que se refiere el mismo cumplen las exigencias de la Ley judía. Kosher es una palabra hebrea que significa apto, apropiado o correcto; es decir, que el alimento a que se refiere se ajusta a las exigencias dietéticas e higiénicas exigidas por la religión judía para ser consumido. Se trata de un certificado que se pide fundamentalmente para productos alimentarios (carne, pescado, leche, huevos, vinos, conservas, etc.), pero también para aditivos alimentarios, cosméticos y fibras textiles de origen animal», indica en un comunicado la DOp Sierra de Segura.

Juan Jimenez, CEO de esta empresa, se felicita por la certificación conseguida. “Es un reconocimiento más a los esfuerzos que venimos haciendo todas las personas que formamos parte de este proyecto por hacer aceites de oliva vírgenes extra de la máxima calidad posible y accesibles a todos los mercados. Con esta certificación impulsamos la apertura de nuevos mercados, reforzamos nuestro compromiso con la calidad y obtenemos un nuevo aval al producto que tanto amamos. Estamos orgullosos de nuestros campos, nuestra gente y de nuestro trabajo. Seguiremos haciéndolo para impulsar nuestra cultura, tradición y valores de esta increíble tierra que es la Sierra de Segura”, indica.

“Green Gold Olive Oil” es una empresa con una clara orientación internacional que cuenta con una explotación oleícola en Beas de Segura, y cuya aceituna es molturada en Hornos de Segura. Comercializa bajo la marca  “Oh! Premium Olive Oil”, aceite de oliva virgen extra certificado por la DOP Sierra de Segura, cumpliendo estrictos controles de calidad y origen  a lo que hay sumar a partir de ahora la certificación Kosher.

«Grupo Interóleo avanza en seguridad alimentaria. La obtención de las certificaciones IFS Broker y BRC for Agents and Brokers genera una mayor confianza en nuestros clientes en la comercialización de aceite de oliva a granel y envasado. Dos nuevos reconocimientos que suponen un respaldo al innovador modelo de concentración puesto en marcha por la empresa y que refuerza nuestra presencia entre las primeras firmas comercializadoras de aceite de oliva a nivel mundial. Desde Grupo Interóleo fomentamos la cultura de la seguridad alimentaria a todos los niveles de empresa y esa apuesta la trasladamos también a cada uno de nuestros proveedores que, gracias a estas certificaciones, tendrán una mayor confianza en cuanto a nuestra seguridad alimentaria y responsabilidad social empresarial en las transacciones comerciales», asegura el grupo en un comunicado.

El gerente de Grupo Interóleo, Esteban Momblán, afirma que «nuestro objetivo es garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad para aumentar la seguridad de nuestro producto, además de tener un control más eficaz y eficiente del aceite que comercializamos y una mayor transparencia a lo largo de toda la cadena alimentaria. En definitiva, proporcionar a nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales, una mayor confianza en nuestros productos, ya sea aceite a granel o envasado».

Y añade: «La eficiencia y profesionalización en la gestión y lo novedoso del sistema al aglutinar la comercialización de todos nuestros socios hacen que Grupo Interóleo refuerce su posicionamiento entre las primeras empresas productoras de aceite de oliva del mundo en facturación y se haya asentado con magníficas cifras en la exportación. Una línea ascendente en la que se potencia la estructura de empresa en base a un modelo de concentración de la oferta profesionalizado, enfocado al mercado, y que año a año se refuerza como un Grupo con dimensión para mejorar la rentabilidad de nuestros socios. Y con estas dos nuevas certificaciones, que se unen a las obtenidas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la declaración de Entidad Asociativa Prioritaria en Andalucía, en Ecológico, Kosher, ISO 9001 e ISO 14001 de gestión medioambiental, Grupo Interóleo refuerza su compromiso con los mercados y con la comercialización del aceite de oliva, pero siempre con la vista puesta en nuestros socios y en el objetivo de mejorar su rentabilidad».

Porque en Grupo Interóleo «entendemos que ser una de las mayores empresas comercializadoras de aceite de oliva a nivel mundial no es algo casual, sino que es fruto de la profesionalización, de la responsabilidad social y de la defensa de los olivareros, ya que estamos formados por familias que persiguen sus sueños y trabajan diariamente en producir el mejor aceite de oliva del mundo, convirtiendo a Grupo Interóleo en una empresa auténtica, responsable y generadora de confianza en España y en terceros países».

La Universidad de Jaén participa, a través del Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva, en el proyecto europeo denominado «Artolio», que tiene como objetivo implementar innovación y medidas de desarrollo que conducirán a mejoras en la calidad de la producción. Asimismo, además de centrarse en la mejora de procesos, la sostenibilidad y la eficiencia energética, este proyecto contribuirá a establecer un nuevo nivel de calidad superior para los aceites de oliva vírgenes extra.

Estas medidas tienen como objetivo mejorar la economía local de los países participantes, así como dotar al mundo rural y al sector agrícola de herramientas que ayuden a situar el producto en el mercado, pero también a posicionar su calidad y darle visibilidad en otros espacios de alcance internacional.

«Artolio» cuenta como miembros participantes organizaciones de los países mediterráneos de Israel, Grecia, Francia, Chipre, Palestina, Jordania y España: ‘AgriculturalResearchOrganization’ (‘ARO Volcani Center’ y socios del ‘BeitHakeremCluster’), como coordinadores;  ‘Amman Center forPeace and Development’ (Jordania); ‘Palestinian Centre forAgricultureResearch and Development’ (Palestina);  ´American FarmSchool Post-SecondaryEducational and Training Association` (Grecia); ‘HellenicAgriculturalOrganization DEMETER’ (Grecia); ´Department of Agriculture – Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment` (Chipre), la Universidad de Córcega ‘Pasquale Paoli’ (Francia),  ‘KellenfolAdvertising S.L.’ (España) y el Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva de la Universidad de Jaén (España).

Entre los resultados del proyecto, se espera una mejora sustancial en la calidad de los aceites de oliva vírgenes extra. En línea con los compromisos de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO₂ y proteger el medio ambiente, también tiene como objetivo ayudar a los productores a implementar métodos de desarrollo sostenible y prácticas con la mejor eficiencia energética. Asimismo, el objetivo de «Artolio» es aplicar la metodología para que pueda ser replicada en otras regiones mediterráneas de la UE.

Además, el proyecto tiene como objetivo proporcionar conocimientos en marketing y ventas, así como suministrar tecnología que ayude a mejorar la visibilidad global del producto local. Para ello, «Artolio» ofrecerá un sistema digital en el que pretende acercar a productores, expertos, compradores y consumidores, con el objetivo de activar también el conocimiento y la cultura existente en torno al aceite de oliva virgen extra.

«Artolio» está financiado por la Unión Europea en el marco del Programa ENI CBC Med. Tiene un presupuesto total de 2,9 millones de euros, con el 90% de la financiación aportada por la Unión Europea (2,6 millones de euros). Su fecha de finalización es febrero de 2023.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunió ayer con el consejo rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España, con el que ha abordado las cuestiones más importantes del momento para el sector agroalimentario y cooperativo. En el transcurso del encuentro, ha reiterado la importancia de la modificación de la ley de la cadena alimentaria.

La PAC, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como temas de fiscalidad han sido otros de los asuntos analizados.

El ministro ha destacado a los representantes de las cooperativas españolas su compromiso con esta reforma legislativa, de la que ayer comenzaron las comparecencias ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso dentro del proceso de trasposición de la directiva europea sobre prácticas comerciales desleales, que debe realizarse antes del 1 de mayo.

Se trata de la segunda fase de la modificación de la ley que se inició el año pasado y que tiene como objetivo ofrecer mayor seguridad jurídica a los operadores, mejorar la transparencia, reequilibrar el poder en la misma y reforzar la posición de agricultores y ganaderos.

La realización de los contratos por escrito es una de los principales instrumentos para mejorar el equilibrio en las relaciones comerciales. La introducción de los costes de producción en la contratación se hizo para que los productos entren en la cadena de valor con precio, para que no se venda a resultas y se logre un mayor valor añadido, de forma que agricultores y ganaderos logren una retribución adecuada por sus productos. Se trata de un cambio cultural que llevará tiempo, pero que es necesario.

Por otro lado, el ministerio sigue avanzando en el Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Estado, en el que se enmarcan las medidas para el sector agroalimentario y pesquero. Planas ha remarcado que el objetivo de este plan son las pequeñas y medianas empresas.

Ha indicado que las inversiones destinadas a reforzar la bioseguridad en granjas y viveros, modernizar los invernaderos y fomentar la agricultura de precisión, la eficiencia energética y la economía circular se impulsarán mediante reales decretos que está previsto publicar el próximo verano.

Las destinadas a modernizar regadíos se llevarán a cabo a través de la sociedad estatal Seiasa. En este caso, las administraciones autonómicas recibirán los proyectos de las comunidades de regantes y las remitirán a la central para establecer las prioridades.

Con respecto a la PAC, tras los acuerdos en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, la reforma se negocia ahora en los trílogos (Parlamento, Comisión y Consejo). El debate político sobre este último con las comunidades autónomas ha tenido ya dos sesiones en las que se han puesto en común las posiciones de cada una de ellas, así como los planteamientos del Ministerio. En abril tendrá lugar el tercero y definitivo, tras el que se enviará un borrador informal del plan a Bruselas.

FISCALIDAD FAVORABLE

Luis Planas ha confirmado que durante el primer trimestre de 2021 el MAPA remitirá al Ministerio de Hacienda una propuesta de reducción de índices de rendimiento neto de las actividadesagrícolas y ganaderas que se hayan visto afectadas de manera importante por circunstancias de carácter excepcional, que serán aplicables para el ejercicio 2020. Para hacerlo, se apoyará en el informe emitido al respecto por las comunidades autónomas.

Por otra parte, el sector agrario ya se ha visto beneficiado por el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, que en materia tributaria recoge, en su artículo 9, una reducción del 20 % del rendimiento neto de la actividad aplicable en el sistema de módulos para 2020.

Una nueva reunión del convenio del aceite y sus derivados de la provincia Jaén ha finalizado hoy sin acuerdo entre las partes negociadoras al ofrecer la patronal una subida salarial de otra décima, con lo que propone un incremento total de un uno por ciento de mejora salarial.

Los sindicatos UGT y CC OO, que inicialmente habían propuesto rebajar de un 2 a un 1,8 por ciento de incremento salarial, han decidido finalmente mantener el dos por ciento de subida a la vista del «inmovilismo de la patronal, que con su estrategia sin sentido de ir subiendo décima a décima parece no importarle la huelga general», ha asegurado a Oleum Xauen Antonio Marcos, de UGT . Por tal motivo, los sindicatos mantienen los cinco días de huelga general, entre los próximos días 26 y 30 de enero en las almazaras, cooperativas, orujeras y centros de cogeneración. No obstante, las partes negociadores están convocadas a un nuevo encuentro el próximo jueves

Las dos partes mantienen posiciones todavía alejadas, pese al ligero acercamiento registrado en materia salarial. Valoran, sin embargo, el acercamiento en la reducción de la la jornada laboral anual y en la vigencia del convenio colectivo a cinco años, una negociación que afecta a unos 4.500 trabajadores de unos trescientos centros de trabajo cuya vigencia finalizó el 30 de septiembre de 2019.   

Ante esta situación UGT FICA y CC OO Industria han desarrollado ya varias concentraciones y  una asamblea provincial de delegados por un «convenio digno» del aceite y sus derivados en la provincia de Jaén. Pese a todo, han anunciado que acudirán a la nueva reunión de la mesa negociadora convocada para la tarde del próximo jueves.   

Un estudio realizado por Juan Vilar Consultores revela que la biotecnología aplicada al tratamiento de alpeorujo mediante insectos generaría al sector 600 millones de euros de ingresos adicionales.

Esa es la principal conclusión obtenida mediante un estudio de investigación realizado que ha tenido en cuenta a las casi 14 mil almazaras distribuidas por todo el planeta, y las 223 plantas de procesado de alpeorujo que existen en los 67 países productores de aceite de oliva. El estudio, que lleva por título «Incidencia de los sistemas de eliminación de alperujo mediante biodigestores aeróbicos de residuos orgánicos con biomasa larvaria de insectos en el sector de elaboración de aceite de oliva. Análisis de viabilidad económica, medioambiental y jurídica«, ha sido realizado durante los últimos meses por Juan Vilar Consultores Estratégicos, por iniciativa y a petición de la compañía Bioento. En tal estudio se analiza la actual situación del sector, evolución, y potencial futuro, poniendo de manifiesto la necesidad de mejora competitiva, así como el sostenible tratamiento de los subproductos, teniendo como objeto la valorización medioambientalmente condescendiente, rentable, eficiente y limpia de los mismos, a través de la transformación de este insumo, el alpeorujo, en proteína y fertilizante ecológico, asegura un comunicado. A tal fin se usan biodigestores aeróbicos con larvas de mosca soldado negra (hermetia illucens) que procesan el producto, siendo este transformado en fertilizante ecológico y proteína de origen animal, dos productos de elevada demanda y alto valor adquisitivo. La actual falta de fuente proteica mundial, unido a la expansión de la población, y las crecientes necesidades alimentarias, junto a las más que elevadas necesidades de fertilizante sostenible, lo hacen un negocio atractivo, en pleno crecimiento y estable en el tiempo a medio plazo, además, las fuentes alternativas de producción de los mismos; es decir, de fertilizante y proteína resultan ser más caras, y menos sostenibles, además de desarrollarse en otras latitudes. Si se tiene en cuenta que la producción mundial de alpeorujo podría rondar de entre los 17 y 22 millones de toneladas en el ámbito internacional, y que ello generaría a través de la digestión aeróbica un 6 por ciento de larva, y un 25 por ciento de fertilizante ecológico, con un valor conjunto incluyendo costes de oportunidad de entre 21 y 27 euros por tonelada, el incremento de renta neta dentro del sector podría llegar a los 600 millones de euros netos, con los consiguientes efectos positivos en la renta de los olivicultores y del impacto medioambiental. Igualmente ayudaría a concluir el ciclo bioeconómico circular de las plantas de procesado de aceituna y alpeorujo. Por lo tanto, atendiendo a dicho cálculo y concluyendo, en una almazara media, la generación de ingresos por el tratamiento de alpeorujo mediante digestión aeróbica, suponiendo que la cantidad de alpeorujo producida es de unas 20 mil toneladas oscilaría de entre 410 mil y 530 mil euros por campaña, mientras que para una planta de procesado de alpeorujo que transformara 100 mil toneladas de producto, le supondría casi 1,2 millones de euros de ingresos adicionales y complementarios. Es decir, la instauración de sistemas de biodigestión aeróbica de alpeorujo, a las vistas del estudio se constituye como un sistema de tratamiento de alpeorujo sostenible, limpio, rentable y eficiente, además de estar completamente alineado con el ordenamiento jurídico, tanto europeo, como español, en materia de tratamiento, funcionamiento y uso de outputs producidos; es decir, fertilizante ecológico y proteína de origen animal.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado este mediodía en el Congreso de los Diputados las 10 propuestas de mejora de la Ley de Cadena Alimentaria para reforzar la eficacia de la misma y conseguir así un reparto justo y equitativo del valor de los productos agroalimentarios entre los distintos eslabones que operan entre el campo y la mesa.

Durante su comparecencia en la comisión de Agricultura, con motivo del trámite parlamentario del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el secretario general de la COAG, Miguel Blanco, ha defendido las modificaciones de dicha Ley que recoge el Real Decreto 5/2020 aprobado en febrero del pasado año al hilo de las históricas movilizaciones y tractoradas por toda España. En este sentido, ha valorado el articulado que establece que, para la fijación de los precios en los contratos, uno de los factores objetivos a emplear deberá ser el coste de producción, en base a “criterios imparciales y que tengan como referencia datos de consulta pública” y que, para evitar la destrucción de valor en la cadena, “cada operador deberá pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto objeto de contrato”.

Sin embargo, Blanco ha señalado las “diversas lagunas” que aún existen en la presente normativa y ha propuesto un decálogo de actuaciones para subsanarlas:

• Regulación de la “venta a pérdidas” dentro de esta Ley. Esta práctica supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena. Y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta el más débil, que es el productor, asegura la organización agraria. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en octubre del 2017 llevó al Gobierno a modificar la LORCOMIN, haciendo inviable la penalización de la venta a pérdidas, capítulo este en el que se ha retrocedido y que se debe volver a afrontar en nuestro país y a nivel de normativa comunitaria.

• Inclusión del canal Horeca en el ámbito regulatorio de esta normativa, ya que tampoco se incluye en el actual Proyecto de Ley.

• Deben ampliarse las funciones del Observatorio de la Cadena y establecer un compromiso firme, en la nueva Ley, para la elaboración de índices de costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.

• Del mismo modo deben reconocerse todos los costes de producción, no sólo los costes “efectivos”.

• Puesta en marcha de un Registro oficial electrónico de contratos para poder ejercer un control administrativo por parte de la AICA.

• Consolidar y reforzar el concepto de productos perecederos, para el pago a los 30 días, frente a la pretensión de la industria de condicionar este pago al destino, en fresco o para transformado del producto.

• Clarificar y reforzar la figura del Mediador de la Cadena, apenas mencionado en una disposición adicional.

• Reforzamiento de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), en dotación económica y personal, para un mejor cumplimiento de sus funciones.

• Reforzamiento del compromiso y coordinación de las comunidades autónomas. Una parte importante de las mismas no han ejercido sus competencias, como es el caso del control y sanción de las ventas a pérdida, que se han producido de forma flagrante en los últimos años, particularmente en el sector lácteo, aceite de oliva y frutas y hortalizas, añade la COA en un comunicado.

• Clarificar que los productos importados de países terceros se encuentran incluidos en la aplicación de todo el cuerpo de la Ley, no sólo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.

“La pandemia ha puesto en valor el carácter esencial del sector agrario. Pero esto no se ha traducido en una mejor posición de los agricultores y ganaderos en los mercados. Los precios en origen siguen en una tendencia a la baja, al tiempo que se incrementan los costes de producción. Y en esta tendencia, la posición de abuso de posición dominante de las grandes cadenas de distribución tiene mucho que ver. La salud y también la alimentación son lo primero y ahí la regulación es necesaria para consolidar un tejido productivo agrario fuerte y sostenible en nuestro territorio, capaz de dar respuesta a la demanda alimentaria en situaciones de crisis”, ha subrayado el secretario general de la COAG.

El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha abierto, esta mañana, la ronda de comparecencias en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados con motivo de la incorporación a la normativa española de la Directiva 633/2019, de 17 de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. “Tenemos que introducir los costes de producción en la dinámica de la negociación contractual y profundizar en un cambio de mentalidad, para competir en valor y no sólo en precio”, ha explicado Miranda en su intervención.

Se trata de la segunda fase de la modificación de la Ley de la Cadena, puesto que el Gobierno ya reformó los aspectos más urgentes e inaplazables de la norma, como el establecimiento del precio en la negociación contractual a partir de los costes de producción, a través del Real Decreto Ley 5/2020, ratificado por la cámara baja mediante la Ley 8/2020, de 16 de diciembre.

Se trata de una modificación normativa que tiene por objeto un cambio de cultura en las relaciones comerciales, para que las cadenas sean auténticas cadenas creadoras de valor y, consiguientemente, todos los eslabones obtengan una remuneración equilibrada por su actividad. Con ello, el Gobierno desea incrementar la transparencia en la formación de precios, protegiendo al eslabón más débil –los agricultores y ganaderos-, consiguiendo un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria y eliminando las situaciones de desequilibrio en la negociación contractual.

Por su parte, la trasposición de la Directiva va a suponer la introducción de medidas más ambiciosas, y comunes a escala europea, que persiguen esa misma finalidad de reequilibrar el reparto de valor a lo largo de toda la cadena alimentaria. Este enfoque es especialmente positivo para España, ya que el carácter exportador del sector agroalimentario se va a ver beneficiado con una protección reforzada en sus transacciones comerciales en toda la Unión Europea (UE), principal mercado español.

Esta nueva reforma va a introducir transformaciones en el ámbito de aplicación de la Ley que se ampliará tanto desde el punto de vista territorial, pues será de aplicación en toda la UE, como desde el punto de vista material, pues se extiende a todos los productos alimentarios, sean transformados o no. Asimismo, se incrementan los supuestos para la obligatoriedad del contrato, preceptivo para relaciones comerciales a partir de 2.500 euros, y se añaden nuevos conceptos a sus contenidos, como las penalizaciones o las excepciones.

Además, se incluyen nuevas prácticas comerciales desleales que actualmente no recoge la normativa española y que, por tanto, van a suponer un avance capital en la lucha contra los elementos más distorsionadores de la cadena agroalimentaria, como la morosidad o los aplazamientos en los pagos o las cancelaciones de pedidos, entre otras.

Habrá novedades también en el aspecto sancionador y la Ley reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como la autoridad de ejecución nacional encargada de establecer y desarrollar el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de la Ley en el ámbito nacional.

Esta batería de modificaciones legislativas tiene como fin el establecimiento de relaciones comerciales verdaderamente equilibradas y creadoras de valor para todos los eslabones de la cadena. La eficacia de la norma depende de las administraciones y su potestad sancionadora, pero también de la concienciación de todos los agentes para cambiar los usos de las relaciones comerciales.

A lo largo de la mañana también han comparecido el presidente de Mercasa, José Ramón Sempere, y la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández.