Interóleo obtiene el certificado de responsabilidad social empresarial y refuerza su apuesta por la gestión profesionalizada en la comercialización del aceite de oliva

Grupo Interóleo ha obtenido el certificado de responsabilidad social empresarial. Un logro alcanzado que ratifica su apuesta por la gestión profesionalizada en la comercialización del aceite de oliva y por integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia de grupo. «Un distintivo que confirma el enfoque que nos diferencia de otros grupos comercializadores, puesto que fijamos nuestros objetivos en las personas. La auditoria en la norma SGE 21 por Bureau Veritas y certificada por Forética viene a reforzar el sistema de mejora continua en el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», aseguran desde el grupo aceitero.

El gerente del Grupo Interóleo, Esteban Momblán, explica que «llevamos trabajando desde el año 2019 en la implantación de políticas de ética y buen gobierno con todos sus grupos de interés. La responsabilidad social empresarial, como grupo perteneciente al sector oleícola, no solo se limita a los aspectos de la norma SGE 21 y las certificaciones ambientales, sociales y de buen gobierno, sino que desde el año 2020 nos encontramos adheridos al Pacto de Luxemburgo y hemos sido reconocidos con el Sello de Sostenibilidad Pymes y ODS de la Fundación Copade. Precisamente, desde su comité de ética se diseñan programas de formación para la incorporación de mujeres a los consejos rectores, así como para la mejora de las personas que trabajan en nuestro grupo y para todos nuestros accionistas», concreta Esteban Momblán.

Añade que en Grupo Interóleo «seguimos trabajando de forma activa en la generación de alianzas que repercutan de forma positiva en la sociedad y en el medio ambiente. En este sentido, destacamos la donación de aceite al Banco de Alimentos; acciones que estamos desarrollando en política de responsabilidad social empresarial; y en la obtención de otras certificaciones, como las IFS Broker y BRC for Agents and Brokers en seguridad alimentaria. La SGE 21 es la primera norma europea que permita, de forma voluntaria, implantar, auditar y certificar un sistema de gestión ética y socialmente responsable. Esta norma está desarrollada por Forética, una organización referente de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial».

Y concluye: «Tanto la obtención de ésta como de otras certificaciones genera una mayor confianza en nuestros clientes en la comercialización de aceite de oliva a granel y envasado y suponen un respaldo al innovador modelo de concentración puesto en marcha por la empresa. En Grupo Interóleo entendemos que ser una de las primeras empresas comercializadoras de aceite de oliva a nivel mundial no es algo casual, sino que es fruto de la profesionalización, de la responsabilidad social y de la defensa de los olivareros, ya que estamos formados por familias que persiguen sus sueños y trabajan diariamente en producir el mejor aceite de oliva del mundo, lo que nos lleva a ser un Grupo auténtico, responsable y generador de confianza dentro y fuera de nuestras fronteras».

El Curso de Formación en Proceso de Elaboración de Aceite de Oliva Virgen de la UJA, GEA y Aemoda se celebrará en formato online en 2021

GEA Iberia, la Universidad de Jaén y la Asociación de Maestros de Almazara (AEMODA) organizan la quinta edición del Curso de Formación en Proceso de Elaboración de Aceite de Oliva Virgen, que se celebrará en formato online. Ya está abierta la inscripción para este curso, que se ha consolidado como una acción formativa de primer nivel que tiene el objetivo de formar sobre todos los aspectos relacionados con el aceite de oliva de calidad y, especialmente, con su proceso de elaboración.

La actividad está dirigida tanto a profesionales que ya trabajan en empresas oleícolas y desean ampliar sus conocimientos, como a aquellas personas que deseen adquirir conocimientos de primer nivel sobre la elaboración de aceites de oliva. Debido a la crisis sanitaria, la quinta edición del curso de elaboración de aceite virgen se realizará en formato online, lo que supone una verdadera oportunidad para todas las personas de habla hispana alrededor del mundo interesadas en inscribirse.

El Curso de Formación en Proceso de Elaboración de Aceite de Oliva es una actividad semipresencial de 120 horas, con 72 horas de docencia online, y 48 horas virtuales de trabajo autónomo del alumno. Se celebrará en sesiones de lunes a viernes, en horario de tarde para facilitar la participación al mayor número de asistentes. La dirección corre a cargo de Manuel Moya, profesor del Área de Ingeniería Química de la Universidad de Jaén, mientras que los coordinadores son Francisco Plaza y Pilar Higueras por parte de GEA Iberia y Manuel Caravaca por parte de AEMODA.

El curso se ha organizado en diferentes sesiones, en las que se abordará el conocimiento del árbol y su fruto, pasando por las tareas de almazara (patio, molturación y extracción del aceite, segunda centrifugación, almacenado, filtración y envasado), la gestión de las almazaras, el derecho agrario, la valorización energética de los residuos del olivar y de la almazara y el proceso de comercialización de los aceites de oliva. Además, se hará especial hincapié en los beneficios gastronómicos y para la salud de los aceites de oliva vírgenes.

La actividad cuenta con profesorado de enorme prestigio como Manuel Caravaca (AEMODA), Fernando Martínez (Instituto de la Grasa del CSIC), Marta Amo (MIGASA), José María Penco (AEMO), el ex rector de la UJA Manuel Parras, el consultor internacional Juan Vilar, o los expertos Marino Uceda y José Alba, entre otros. Por parte de GEA participarán como ponentes Francisco Plaza y Jesús Javier Marcos y por la UJA intervendrán expertos en botánica del olivo, Juan Antonio Torres; en ingeniería de producción de aceites de oliva, Manuel Moya (director y coordinador del curso), en valorización de residuos, Eulogio Castro; y en didáctica de los aceites de oliva vírgenes y del proceso de elaboración, María Teresa Ocaña.

La preinscripción y matrícula pueden formalizarse entre el 15 de febrero y el 3 de mayo, mientras que las sesiones tendrán lugar entre los meses de mayo y junio. Toda la información se encuentra en la siguiente página web: https://www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/titulos-propios/actividades-formativas-especificas/cfv-curso-de-formacion-en-proceso-de-elaboracion#presentacion

Este curso forma parte de la importante apuesta que realiza GEA a lo largo de todo el año por mejorar la formación de los profesionales del sector oleícola para que puedan obtener un aceite de oliva de la mayor calidad posible. Francisco Plaza, responsable de la delegación de GEA en Úbeda, señala que esta formación se ha consolidado como un referente en España tras cuatro ediciones. “Hablamos de un curso que une la excelencia universitaria de la UJA con la apuesta por la innovación del Instituto de la Grasa y la experiencia práctica de profesionales de firmas punteras del sector oleícola. Una oportunidad única para profundizar de forma transversal en todo el proceso de producción del aceite de oliva”, explica.

La consejera de Agricultura pide el esfuerzo de todos para revertir los aranceles de EEUU al aceite y la aceituna de mesa

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha pedido hoy el esfuerzo de todos mediante “un trabajo proactivo para revertir la situación de los aranceles al aceite de oliva y la aceituna de mesa”, después de que la administración norteamericana los haya prorrogado nuevamente. Crespo ha recordado en el parlamento andaluz que estas tasas serán revisadas de nuevo en el mes de agosto, mostrando su deseo de que «todos trabajemos para cambiar esta coyuntura que tanto afecta al sector”.

La titular de Agricultura del Gobierno andaluz, que ha comparecido hoy en comisión parlamentaria, ha calificado el mantenimiento de estos aranceles de “mala noticia”, pues “están lastrando las posibilidades del aceite de oliva y la aceituna” en el mercado norteamericano, uno de los destinos más importantes de los productos agroalimentarios. Por ello ha instado a la Unión Europea y al Gobierno de España a «reuniones bilaterales con los EEUU porque estos aranceles no pueden seguir adelante».

Carmen Crespo ya se refirió a esta situación a raíz de los cambios experimentados al frente de la administración norteamericana reclamado entonces que se intensificasen los contactos por parte del Gobierno de España. Al mismo tiempo solicitaba la presencia de Andalucía en esa interlocución por entender que si bien el tema de los aranceles afecta a muchos productos, es esta comunidad una de las más afectadas por “ser la principal productora” de ambos productos, recalcando que Andalucía «es una potencia oleícola mundial».

La consejera ha advertido de forma reiterada que es necesaria una diplomacia proactiva para que se defiendan los intereses de estos productos y ha vuelto a manifestar la predisposición de su departamento en la búsqueda de soluciones siempre de la mano del sector.

La Junta pide una reducción de módulos de IRPF extraordinaria para el campo andaluz en 2020

El Consejo de Gobierno ha conocido el informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que recoge su propuesta de reducción de los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del IRPF. Estas propuestas son aplicables a aquellas actividades agrarias que durante el ejercicio 2020 sufrieron fuertes descensos en los rendimientos por causas extraordinarias.

El informe, remitido al Gobierno de España para su consideración, plantea una modificación en los módulos para determinados sectores, los más perjudicados por esas circunstancias extraordinarias. La petición responde a la preocupante situación del sector agrario andaluz y a partir de una interlocución permanente por parte de la Junta de Andalucía con este sector. Entre las distintas circunstancias, en función de producciones o cabañas ganaderas, se encuentran las adversidades climáticas de carácter extraordinario como tormentas, heladas o granizos, la sequía, los efectos de determinadas plagas, las crisis de precios, la imposición de aranceles por los Estados Unidos, la permanencia del veto ruso y, como principal factor para muchos de ellos, los efectos de la pandemia de la Covid-19 no ya solo en el propio sector sino como consecuencia del cierre del canal Horeca.

Precisamente, la incidencia de la Covid-19 es la principal causa por las que la Junta de Andalucía pide para determinados sectores una reducción de índices del 100%, hasta el 0,00. Es el caso del viñedo con y sin Denominación de Origen (DO) fijado en un principio en el 0,32 y 0,26, respectivamente. En el caso de viñedo y uva de mesa de la zona del Condado de Huelva, tanto con DO (fijado en el 0.32) como sin DO (índice de 0,26), se deben considerar, según recoge el informe, aspectos meteorológicos que ocasionaron la propagación de enfermedades fúngicas, como es el caso del mildiu de la vid.

Otros sectores especialmente afectados por la Covid-19 son los de la flor cortada y planta ornamental para el que se pide que se pase del 0,32 al 0,00, además de solicitarse la revisión de este módulo, pues se considera que se encuentra en una crisis estructural desde hace años. Junto a ello, para las producciones de Las Cabezas de San Juan, El Cuervo y Lebrija, en la provincia de Sevilla, y Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, en la de Cádiz, se pide que se considere también la importante incidencia del ataque de trips.

Finalmente, y respecto de la mayor incidencia de la Covid, el informe de la Consejería solicita una reducción al 0,0 para los productos de ovino y caprino, tanto de carne, como de leche, para el bovino de carne y para el porcino ibérico, en este caso para aquellas comarcas y municipios en los que exista más de un 30% de estas explotaciones debido a la fuerte influencia del cierre del canal Horeca.

El caso de los productos del olivo

La propuesta de la Consejería de Agricultura contempla para el olivar andaluz, incluida la aceituna de mesa, un descenso del 0,26 al 0,0. Con carácter general entiende el Gobierno andaluz que deben considerarse las adversidades meteorológicas durante la primavera, especialmente la falta de precipitaciones y su incidencia en la floración, el rendimiento graso y la calidad del aceite, la caída de precios, los altos costes de producción o el mantenimiento de aranceles por los EEUU.

Para la aceituna de mesa se consideran estos factores meteorológicos, así como la incidencia de los aranceles, por lo que la solicitud del 0,0 como índice aplicable se extiende para las producciones de un total de 19 comarcas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Huelva y Málaga.

Finalmente, y en otro orden de cosas, también se solicita una reducción del 0,26 al 0,0 para el sector de la apicultura como consecuencia de los problemas ocasionados en la floración por las circunstancias meteorológicas, las enfermedades o la alta incidencia de las importaciones de miel china.

Distintas circunstancias con significativas incidencias en los rendimientos de determinados productos determinan la petición de que el índice aplicable sea menor al que en principio se establece por el Gobierno. Es el caso de los productos hortícolas especialmente afectados por la borrasca Gloria, el viento, las heladas o el granizo, así como por determinados problemas de carácter fitosanitario. A ello se une la prolongación del veto ruso. Por todo ello, se pide pasar del 0,26 al 0,22, que es del 0,18 en el caso de las producciones de tomate de Almería, Granada y Cádiz por la incidencia de enfermedades y plagas, así como en el pepino de Almería y Granada por causas que determinaron un desplome de su precio.

En cuanto al resto de productos para los que se solicitan reducciones por distintas causas extraordinarias, se encuentran la patata de distintos municipios de Cádiz (del 0,26 al 0,13), los cereales (del 0,26 al 0,22), el almendro y el castaño, este último de las provincias de Málaga y Huelva (del 0,26 al 0,20 para ambos productos, siendo el 0,13 la petición para la castaña de Aracena, Castaño de Robledo, Fuenteheridos, Galaroza y Los Marines, en Huelva como consecuencia de los graves efectos de la borrasca Bárbara).

Para la producción de arroz en Sevilla, la petición pasa del 0,32 al 0,22 y en el caso del algodón de Córdoba se pide pasar del 0,37 al 0,26, al tiempo que se solicita una revisión del módulo de este último producto en general para que el índice pueda responder a la realidad actual del sector. Para las oleaginosas se solicita una rebaja del 0,32 al 0,26 y para el aguacate de distintas zonas de Málaga se pide que pase del 0,37 al 0,19.

En cuanto al sector ganadero, al margen de los ya comentados, la Consejería solicita que con carácter general se proceda a una reducción del 50% debido al importante aumento de los costes de producción. Finalmente, se piden también en este informe reducciones para productos del sector forestal. En concreto, se trata de los que se han visto afectados por el incendio de Almonaster y El Campillo el pasado verano. Así, para las producciones de pinus pinaster y pinus pinea se pide una rebaja del 0,13 al 0,09 y para el eucalipto del 0,26 al 0,18.

La AICA contará con 8,3 millones de euros, un 32 % más, para reforzar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria

La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contará en 2021 con 8,3 millones de euros (un 32 % más) para reforzar sus labores de control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La agencia realizó 320 inspecciones de oficio a lo largo de 2020, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de 580 sanciones por 879.000 euros

Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de las frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva.

Por su parte, de las 580 sanciones, 342 tuvieron como causa el incumplimiento de los plazos de pago; 129 se impusieron por no incluir en los contratos toda la información preceptiva; y 89 por no existir contrato. En los tres casos el comercio mayorista (en origen y destino) resultó el más sancionado, por delante de la industria y a mucha distancia del comercio minorista y de los productores.

En 2020, por otro lado, se presentaron 65 denuncias, el 44 % de ellas procedentes de organizaciones sectoriales y el 40 % de productores.

La directora de la AICA, Gema Hernández, ha facilitado hoy esta información al consejo asesor de la agencia, reunido para conocer el resultado final de un ejercicio marcado por el estado de alarma y la pandemia de la COVID-19 y la aprobación en febrero del real decreto ley 5/2020 que modificaba la ley de la cadena alimentaria, lo que supuso tener que adaptar la actividad diseñada a principios de año a las nuevas circunstancias.

En este sentido, ha destacado que 2020 supuso un trabajo intenso de reprogramación de inspecciones y de investigación de las denuncias y alertas que se presentaron por posibles incumplimientos de la ley de la cadena.

Hernández también ha facilitado cifras del acumulado de la actividad de la agencia desde su creación en 2014. Así, el número de inspecciones ha sido de 4.584, entre las que destacan las 1.472 en el sector de frutas y hortalizas, las 944 del lácteo, las 895 vinculadas al sector vitivinícola, las 595 al oleícola y las 417 del cárnico.

Estás inspecciones han dado lugar a 2.474 infracciones con sanción impuestas por el MAPA por un total de 11.858.185 euros. Los sectores con mayor número de incumplimientos han sido el sector de frutas y hortalizas (985), el lácteo (325), el vitivinícola (261) y el oleícola (201).

Desde la creación de AICA, el motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago (51,7 %). Y si atendemos al tipo de operador, el 44,2  % de las sanciones han recaído en la distribución comercial mayorista, seguido de la industria, con el 35,4 %.

En estos más de siete años, la Agencia ha recibido 358 denuncias, 138 relativas al sector lácteo, 97 a frutas y hortalizas, 45 del sector vitivinícola y 39 del oleícola.

Hernández ha señalado que la agencia seguirá siendo un organismo riguroso y eficaz y una herramienta útil para el sector alimentario que vela para que lo que dice la ley se cumpla.

CALIDAD DIFERENCIADA E INFORMACIÓN DE MERCADOS

En lo referente a los controles oficiales a las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito supraautonómico y que han elegido a AICA como organismo de control y certificación, se realizaron un total de 126 auditorías (85 a productores y 41 a operadores certificados).

Por otro lado, la AICA, que inicia e instruye el procedimiento sancionador en caso de incumplimientos a la ley 6/2015, de DOP e IGP de ámbito territorial supra-autonómico ante las denuncias presentadas por los consejos reguladores, ha incoado 22 expedientes en 2020 (266 desde 2014).

Como gestora de los sistemas de información de mercados de los sectores oleícola (SIMO) y vitivinícola (Infovi), la agencia recibió en el ejercicio pasado 62.083 declaraciones de operadores del sector de aceite de oliva y aceituna de mesa y 44.916 declaraciones de operadores del sector del vino. De ellas se han derivado más de 1.000 informes.

PAPEL CLAVE

La reunión del consejo asesor ha estado presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien ha recordado que las buenas relaciones de la cadena son un tema crucial para el futuro y la sostenibilidad del sector agroalimentario.

En una cadena de valor equilibrada, ha dicho, todos los agentes deben obtener un valor que remunere su aportación, particularmente los productores primarios a los que la ley reconoce como parte más débil. De ahí que la batería de modificaciones legislativas iniciadas en 2020 tenga como fin el establecimiento de relaciones comerciales verdaderamente equilibradas y creadoras de valor para todos los eslabones.

En este contexto, ha señalado que la AICA  juega un papel clave y que por eso es  una prioridad para el MAPA reforzar su funcionamiento con incremento el presupuestario aprobado para 2021 y con un plan de incorporación de personal técnico.

La AICA es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya actividad de control de la cadena alimentaria se realiza cuando recibe una denuncia por incumplimientos a la ley y mediante inspecciones de oficio.

Andalucía pide que la escala Nutri-score valore el carácter saludable del aceite de oliva

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de la solicitud al Gobierno de España de un tratamiento singular y específico en la escala Nutri-score para el aceite de oliva y otros productos, como los derivados del cerdo ibérico, por su demostrado valor saludable.

La Junta de Andalucía considera necesaria una revisión del sistema que utiliza Nutri-score para la categorización de algunos alimentos como el aceite de oliva, que debería contar con un reconocimiento del máximo nivel de calidad nutricional en esta escala (‘A’ de color verde oscuro) y, sin embargo, está incluido en el nivel intermedio (‘C’ de color amarillo). Esta disparidad en la categorización se debería a que el algoritmo empleado por Nutri-score contempla actualmente como parámetro principal el aporte calórico de los alimentos, sin tener en cuenta los beneficios, demostrados científicamente, que supone, por ejemplo, el consumo de aceite de oliva.

En una situación similar se encuentran los productos derivados del cerdo ibérico, cuya calificación merece también un tratamiento específico por tratarse de productos con propiedades saludables que tampoco se han tomado en consideración en el proceso de asignación de puntuación en esta herramienta de información nutricional.

La petición de Agricultura, a la que se suma también la Consejería de Salud y Familias, responde a que actualmente el Ministerio de Consumo está tramitando el proyecto de Real Decreto por el que se implementa la escala Nutri-score en España. Su objetivo es facilitar a los consumidores información clara sobre la calidad nutricional de los alimentos para que puedan elegir la opción más saludable.

Para ello, se propone la inclusión en la parte frontal de los envases alimentarios del correspondiente logotipo de la escala Nutri-score, que consta de cinco colores (de verde oscuro a naranja oscuro) asociados a cinco letras (de la ‘A’ a la ‘E’). Este método simplificado de identificación de los productos se basa en la presencia de determinados nutrientes por cada 100 gramos de alimento. Entre los componentes menos favorables desde el punto de vista nutricional, Nutriscore contempla las calorías, los azúcares, los ácidos grasos saturados y el sodio. Entre los nutrientes considerados más favorables se encuentran, por ejemplo, las proteínas, la fibra alimentaria o el porcentaje de frutas, hortalizas, legumbres y frutos secos.

Existen evidencias científicas, avaladas por numerosos estudios e investigaciones, que caracterizan al aceite de oliva virgen como la mejor grasa que puede consumir el ser humano dados sus efectos sobre la salud. De hecho, su composición de ácidos grasos y la presencia de polifenoles hacen que este alimento sea el único que cuenta con tres alegaciones saludables refrendadas por la European Food Safety Authority.

Estas cualidades se corresponden con su contribución a la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, a la reducción del estrés oxidativo y a estar considerado como una fuente de vitamina D. En el caso de los productos derivados del cerdo ibérico, no se reconocen las cualidades intrínsecas derivadas de su procedencia.

Por su alimentación, el cerdo ibérico presenta, al igual que el aceite de oliva virgen, un alto contenido de ácido oleico, que contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares al incidir en el aumento del ‘colesterol bueno’ (HDL) y en la reducción del colesterol perjudicial. Asimismo, está demostrado científicamente que el consumo de jamón ibérico aporta vitaminas del grupo B (B1, B2, B6 y B12) y vitamina E, y que este alimento contiene diversos minerales como calcio, hierro, cinc, magnesio y selenio, considerándose los dos últimos como compuestos favorables para luchar contra el proceso de envejecimiento.

UPA, ASAJA y COAG lamentan que EE UU mantenga los aranceles al aceite de oliva y piden al Gobierno y a la UE un mayor esfuerzo para que se retiren

Las organizaciones agrarias UPA, ASAJA y COAG de la provincia de Jaén han lamentado el mantenimiento de los aranceles de EE UU al aceite de oliva envasado y han reclamado al Gobierno y a la UE un mayor esfuerzo diplomático para que se elimine esta traba que grava a este producto y a la aceituna de mesa.

«Mayor esfuerzo del Gobierno y de la Unión Europea. Es lo que pedimos desde UPA Jaén para eliminar, de una vez por todas, los aranceles de Estados Unidos al aceite de oliva envasado de origen España». El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA, y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, lamenta profundamente que en esta primera revisión de las trabas arancelarias, el Gobierno de Joe Biden no haya eliminado una traba comercial que nos perjudica notablemente. «Los aranceles que seguimos sufriendo son totalmente injustos para el sector del aceite de oliva envasado y de la aceituna de mesa. Seguimos inmersos en una guerra comercial en la que nada teníamos que ver y, sin embargo, hemos pagado los platos rotos de las ayudas aportadas al sector aeronáutico europeo. Y el nuevo escenario político en Estados Unidos no ha cambiado en nada esta situación”, lamenta Cristóbal Cano.

«En un primer momento, desde UPA Jaén entendíamos que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca abría una buena oportunidad para eliminar los aranceles y continuar con nuestras buenas cifras de exportaciones al país norteamericano, especialmente en una campaña donde se están produciendo unos aceites de oliva virgen extra de la máxima calidad que serían muy apreciados, a buen seguro, por los estadounidenses. Sin embargo, el mantenimiento de los aranceles hace que las exportaciones de aceite de oliva español sigan viéndose perjudicadas y mantengan su línea descendente». De ahí que Cristóbal Cano haga un llamamiento al Gobierno y a Bruselas para que “se adopten medidas valientes y contundentes que conlleven la eliminación de esta traba comercial de una vez por todas en la próxima revisión”.

“La Unión Europea ha tenido hasta el momento una actitud laxa. No ha impuesto aranceles a los productos norteamericanos lo suficientemente fuertes como para que revisaran su política comercial con respecto a nuestro aceite de oliva envasado de origen España y la aceituna de mesa. De esta forma, mantienen vigente los aranceles actuales, que están en el 25 por ciento. Bruselas tiene que defender, de forma decidida, el sector olivarero por el peso específico que tiene en la economía de España y también en la comunitaria”, reconoce Cristóbal Cano.

Y agrega: «Desde UPA Jaén entendemos que Estados Unidos sigue siendo un destino prioritario para el aceite de oliva español. A pesar de las trabas comerciales que suponen los aranceles, no podemos perder de vista las cifras totales de comercialización de aceite de oliva y también el hecho de que seguimos sufriendo una importante crisis de precios en origen, sobre todo en el olivar tradicional. Por eso reclamamos contundencia a la Unión Europea, porque estamos convencidos de que la eliminación definitiva de los aranceles facilitaría a nuestro sector la posibilidad de recuperar parte del camino perdido a base de exportaciones de un aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad y con valor», concluye el responsable sectorial de Olivar y Aceite de UPA y secretario general de UPA Jaén.

ASAJA-Jaén

«Un nuevo fracaso de la diplomacia europea y española». Así considera ASAJA-Jaén el hecho de que se haya publicado en el Federal Register (el equivalente al BOE estadounidense) la decisión de no revisar los aranceles actualmente en vigor, manteniéndose por tanto el 25% sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna verde hasta próximas revisiones.

El sector olivarero, eje de la economía de Jaén, padece desde que se impusieron los aranceles las consecuencias de un conflicto aeronáutico del que es ajeno, y que ni Europa ni el gobierno Español han sabido solucionar. De esta forma, y pese a las fuertes inversiones que el sector productor español ha realizado en ese país para convencer a los consumidores norteamericanos de las bondades del aceite de oliva, «esta diplomacia fracasada ha hecho que el aceite de oliva envasado origen Español haya caído un 80,9% respecto a los volúmenes registrados en 2019, según los datos de importaciones que ha publicado el departamento de Comercio americano».

Según la organización agraria, en el 2020, EE UU ha aumentado sus importaciones de aceite de oliva en un 19,1% alcanzando las 402.000 toneladas, de lo que no se ha beneficiado España por el injusto establecimiento de los aranceles. Las importación de producto origen España baja cerca del 42% destacando que, el que llega mensualmente envasado a EE UU no alcanza ni siquiera las 700 toneladas, cuando antes de la imposición de aranceles estos volúmenes eran entre a 6.000 y 8.000 Toneladas.

Según la administración americana, los aceites de otros orígenes, como Túnez o Portugal, han dado por el contrario un paso de gigante en poco tiempo. Las importaciones de producto envasado originario de ambos países se han visto incrementadas en un 700% y 850% respectivamente.

«Europa y el Gobierno Español no han sabido solucionar un conflicto que se alarga en el tiempo y a medida que pasan los meses nuestro protagonismo en EE UU se diluye. Los injustos aranceles a los que hacemos frente nos han sacado del mercado más importante fuera de la UE, tras haber realizado inversiones millonarias durante las últimas dos décadas», denuncian desde ASAJA.

«Desde Asaja exigimos a las administraciones, tanto nacionales como comunitarias, que intensifiquen las negociaciones al más alto nivel con la administración de EE UU una vez resuelto el cambio de presidencia en este país, de cara a poner fin a esta situación de una vez por todas, ya que el daño lo están soportando las empresas y productores españoles por un conflicto del que ello son ajenos», apostilla.

COAG-Jaén

Por otra parte, COAG Jaén pide contundencia a Bruselas ante la decisión de Estados Unidos de mantener unos aranceles injustos al aceite de oliva español, en una lucha que para nada tiene que ver con la industria agroalimentaria.

“Pedimos que se ponga en marcha una respuesta en sectores como el de frutos secos”, asegura el secretario general de COAG Jaén y responsable regional de olivar en COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila.

Y añade que “ha llegado el momento de que Bruselas se deje de paños calientes y ponga un paquete de aranceles a los Estados Unidos potente, que le haga replantearse el que se mantengan los aranceles impuestos hasta ahora”. En este sentido, considera que la UE ha tenido hasta ahora “una actitud de complacencia que no nos va a llevar a ningún sitio”.

Desde COAG Jaén se mantenía la esperanza de que con el cambio de gobierno en Estados Unidos y la llegada a la presidencia de Joe Biden se podría producir una “eliminación de unos aranceles que han hecho que este sector haya pagado los platos rotos del sector aeronáutico a nivel de la UE”.

Sin embargo, el Federal Register (el equivalente al BOE estadounidense) ha publicado la decisión de no revisar los aranceles actualmente en vigor, manteniéndose por tanto el 25 % sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna verde, hasta próximas revisiones.

Juan Luis Ávila, exige a la Unión Europea y al Gobierno central una defensa más contundente del olivar y del aceite de oliva teniendo en cuenta el peso que tiene en la economía y la sociedad española, ya que los Estados Unidos son un destino prioritario para el aceite de oliva español y puede suponer que haya un cambio de tendencia y una consolidación de los precios.

Los aranceles impuestos al aceite de oliva español han supuesto una piedra más en el camino de un sector inmerso ya en una crisis de precios, de la que no termina de salir, a pesar de la última subida de precios.

Del sector del olivar viven en Andalucía más de 250.000 familias andaluzas, y genera cada año, más de 16 millones de jornales, equivalentes a alrededor de 140.000 puestos de trabajo, sin contar los trabajadores fijos y los autónomos. Un sector que se ha visto amenazado a causa de las subvenciones recibidas por un consorcio aeronáutico con el que nada tiene que ver.

El Ministerio de Agricultura difunde un comunicado en el que precisa siete puntos sobre la negociación de la PAC

El Ministerio de Agricultura ha emitido hoy un comunicado en el que precisa siete puntos sobre la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) ante lo que considera «determinadas informaciones inexactas, difundidas sobre la negociación en curso de la Política Agraria Común (PAC) y su aplicación en España», por lo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) quiere hacer las siguientes precisiones:

Primera.- La discusión de los tres reglamentos europeos de la PAC entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y bajo la presidencia portuguesa de la Unión Europea, no ha concluido aún, y previsiblemente no lo hará hasta finales del mes de abril. Será en ese momento cuando se decidan los parámetros finales europeos de la futura PAC.

Segunda.- Consecuentemente, la previsión es que el Ministerio y las comunidades autónomas puedan reunirse en la segunda quincena del mes de mayo, para tomar las decisiones sobre su definición y aplicación en España, para el periodo 2023-2027.

Tercera.- Por tanto, cuestiones tales como la ayuda básica a la renta, la definición de quién deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la convergencia para cumplir con los compromisos europeos; así como los ecoesquemas y todos los restantes conceptos, permanecen en estos momentos en debate, y pendientes de decisión.

Cuarta.- Un intenso trabajo de análisis y concertación con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector ha tenido lugar desde principios del año 2019 en más de doscientas reuniones, lo que ha permitido avanzar con espíritu constructivo en los aspectos técnicos de la misma. Igualmente, sendas discusiones políticas han tenido lugar con idéntico propósito, para aproximar posiciones entre las comunidades autónomas.

Quinta.- Es rotundamente falsa y carente de cualquier fundamento, la afirmación de que el Ministerio pretenda excluir a un número elevado de perceptores actuales de la PAC en esta nueva reforma. Igualmente, la de que estén ya decididos importes y mecanismos de reparto de las futuras ayudas. Lamentamos profundamente estas afirmaciones que crean inquietud y zozobra en el sector agrario, y confunden a agricultores y ganaderos.

Sexta.- La voluntad del Gobierno es lograr el acuerdo más amplio posible, en forma de acuerdo nacional, para hacer del contenido de esta PAC, y de los 47.724 millones de euros obtenidos por España en el Consejo Europeo de julio de 2020, el mejor instrumento de apoyo a agricultores, ganaderos y medio rural, en función de las necesidades concretas y previamente identificadas, de cada uno de los sectores y subsectores.

Séptima.- La posición del Gobierno de España sobre la reforma en curso sobre la PAC es la contenida en el documento examinado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2018, que aparece ampliamente recogida en el acuerdo de los Ministros de Agricultura de la UE alcanzado en Luxemburgo en octubre del pasado año. Las decisiones de aplicación que procedan serán adoptadas en Conferencia sectorial por el Gobierno de España y las comunidades autónomas.

Junta y CEA abordan “con preocupación el impacto que la convergencia abrupta” de la PAC puede causar en el empleo y el tejido empresarial

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, mantuvo ayer una reunión en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga con representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), encabezada por su presidente Javier González de Lara, en la que han abordado «con preocupación el impacto que la convergencia acelerada en la Política Agraria Común (PAC) puede causar en el empleo y el tejido empresarial andaluz».

Crespo ha advertido de que el 60% de los agricultores y ganaderos andaluces verán recortadas sus ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en 2021 como consecuencia de la aplicación del Real Decreto aprobado por el Gobierno de España.

La titular del ramo ha explicado que estas importantes pérdidas afectarán tanto a pequeños como a medianos y grandes productores y ha concretado que, en el caso de Málaga, sufrirán los recortes más de 10.600 productores. De ellos, unos 4.300 verán reducidas sus subvenciones por encima del 10% y para algo más de 300 los incentivos bajarán más de un 25%. Crespo ha explicado que las cuatro principales comarcas de Málaga (Vélez-Málaga, Valle del Guadalhorce, Antequera y Serranía de Ronda) se verán afectadas directamente por la convergencia con recortes que van del 2% al 34%.

La consejera ha vuelto a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca celebrada ayer por la mañana que “los cambios que se produzcan en el futuro tienen que ser asumibles por el agricultor y que el Real Decreto apueste por una convergencia más suave y no haya trasvase de fondos”.

La consejera ha resaltado que la convergencia acelerada que propone el Gobierno central no reconoce los esfuerzos de los agricultores que ha invertido y apostado por un campo andaluz competitivo. Crespo ha apuntado que el Ejecutivo nacional está conduciendo a una tarifa plana en 2023 que, con la eliminación de regiones productivas, conllevaría a una reducción de las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos de Andalucía y a una bajada del potencial de esta Comunidad Autónoma.

“Andalucía, sus organizaciones agrarias y el Gobierno andaluz, apuesta por el diálogo. Nuestras enmiendas al Real Decreto no se han tenido en cuenta y se ha optado por una convergencia abrupta. Queremos que se apoye a un sector que están siendo ejemplo para todos a lo largo de esta pandemia. Ofrecerle certidumbre y liquidez es algo absolutamente necesario. Una convergencia abrupta significa incertidumbre y falta de recursos para nuestros agricultores y ganaderos”, ha concluido.

Manuel Parras alude a “la paradoja de las administraciones públicas en el mercado oleícola: invertir en promoción y no consumir aceites de oliva”

El experto en aceites de oliva, catedrático de la Universidad de Jaén y director de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola, Manuel Parras, alude a “la paradoja de las administraciones públicas en el mercado oleícola al invertir en promoción y no consumir aceites de oliva”, según ha subrayado a Oleum Xauen.

Parras recuerda que en un reciente artículo (Diario Jaén, de 5 de febrero), Manuel Parras Rosa, Juan Carlos Rodríguez Cohard y Juan Ramón Lanzas Molina, profesores de la Universidad de Jaén y miembros de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola, señalaban que “no es razonable que mientras las administraciones públicas invierten importantes cantidades de recursos en promocionar el consumo de aceites de oliva, a la vez, estas mismas administraciones no obliguen, en sus contratos de concesión a terceros, a que en la elaboración de sus menús y en sus cocinas se utilicen los aceites de oliva, en general, y el AOVE, en particular, sobre todo, en aquellas regiones eminentemente productoras, como son Andalucía y, por supuesto, Jaén”.

Continuaban poniendo de manifiesto que la mayor y mejor promoción de los aceites de oliva que las administraciones públicas pueden hacer es “obligar -si es posible por la Ley de Contratos y parece que lo es- a que las empresas concesionarias utilicen aceites de oliva y, si no es posible por la Ley de Contratos, impulsar un cambio normativo. En todo caso, mientras tanto, podría incluirse una cláusula donde se indique que el compromiso de usarlo se tendrá en cuenta como un factor para la adjudicación”.

En su opinión, el comportamiento de las administraciones públicas constituye “una paradoja difícil de entender por dos motivos: por el poco coste que supondría para el usuario final que en los establecimientos de la denominada “restauración colectiva, social e institucional” se utilizasen aceites de oliva, como ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y, en segundo lugar, porque lo que está en juego es mucho: la salud y la promoción de una dieta saludable”.

Y añade. “Esperemos que en nuestros hospitales, en nuestras escuelas infantiles, en nuestras universidades, en nuestras residencias de mayores, en el ejército y en los comedores escolares, solo se utilicen aceites de oliva. La Administración pública, si así lo hiciera, además de ofrecer unos productos saludables a la población podría de paso educar a los niños en una ingesta más equilibrada y saludable, gracias a la contribución que los aceites de oliva tienen en la dieta mediterránea. No olvidemos que una de las causas de la tendencia al descenso del consumo interno ha sido el alejamiento de los más jóvenes del consumo de aceites de oliva, con la preocupante tendencia que eso supone como indicador adelantado de reducciones futuras cuando el recambio generacional se consolide”.

Por todo ello, los autores proponen impulsar un estudio semejante al realizado por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que permita diseñar estrategias para su impulso.

Sostiene que durante la pandemia, durante el confinamiento, “el comer en casa ha supuesto pasajeramente aumentar el consumo de aceites de oliva, pero no olvidemos que, una vez superada la Covid-19, volveremos a la normalidad; esto es, a comer más fuera del hogar que en el hogar y, en consecuencia, a consumir menos aceites de oliva y más otros aceites de semillas”.

El artículo finaliza señalando que sería deseable y oportuno que Andalucía liderase este movimiento en pro del consumo de aceites de oliva, en general, y del AOVE, en particular, en la restauración colectiva, mediante el apoyo de las distintas administraciones andaluzas y, además, debería persuadir a las del resto del país del referido y necesario cambio de comportamiento. “Sería el mejor apoyo de promoción a la salud y al propio sector productor”, concluye.