La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha pedido a la Junta de Andalucía que cumpla con el compromiso adquirido de acoger en sus centros de evacuación a todos los temporeros y transeúntes que den positivo en Covid-19 y que, por lo tanto, tengan que superar un periodo de cuarentena. Así se lo ha reclamado durante la reunión de Centro de Coordinación (CECOR) provincial, celebrada esta mañana y por carta dirigida a propia Administración autonómica. La petición se produce después de que la delegada territorial de Salud y Familias, Trinidad Rus, remitiera dos escritos en los que informaba sobre la realización de cribados a los usuarios de los comedores sociales regentados por ONG,s en Jaén, Alcalá y Alcaudete y en los que solicitaba al Gobierno de España que indicara un espacio al que trasladar “a los transeúntes sin domicilio y sin documentación acreditativa de su estancia en territorio español, que resulten positivos, así como a sus contactos estrechos que se encuentren en las mismas condiciones”, según señala en un comunicado la Subdelegación del Gobierno.
La subdelegada ha asegurado que se trata de una cuestión “eminentemente sanitaria y de salud pública”. “Lo que no es admisible, bajo ningún concepto, es establecer diferenciación alguna en esta asunción de competencias por el mero hecho de tratarse de población transeúnte”, ha remarcado Catalina Madueño, durante su intervención.
La subdelegada ha explicado, igualmente, que la delegada de Salud parece no conocer su propio mecanismo de actuación para estos casos. Al respecto, ha recordado que la Junta publicó el “Protocolo para la detección precoz, la vigilancia, control y asistencia sanitaria por Covid-19, desde los Distritos-Áreas de Gestión Sanitaria de Atención Primaria a los trabajadores agrícolas temporales y transeúntes desplazados en la provincia de Jaén. “En ese documento, la propia Delegación de Salud establecía que serían los servicios sociales comunitarios los que facilitarían una solución habitacional para la cuarentena a los temporeros que no tuvieran documentación para la permanencia legal en el país y que dieran positivo”, ha señalado Catalina Madueño. “De forma unilateral y sin contar para nada con los ayuntamientos, la Junta estableció que esta cuestión correspondía al ámbito de las distintas administraciones locales”, ha afirmado.
La subdelegada, igualmente, ha aclarado que la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Lozano, dejó claro en la reunión del CECOR celebrada el 26 de noviembre que los centros de evacuación de Villacarrillo y Jaén capital acogerían a todos los temporeros que dieran positivo, y no solo a aquellos que no pudieran realizar el aislamiento debido a que en la explotación agraria o en el albergue en el que se encuentran no se pueda efectuar dicho confinamiento por sobrepasar la capacidad prevista en su plan de contingencia. “La delegada nos explicó que el objetivo era descargar a los albergues y a los propios empresarios. Fue un cambio de criterio que se vio con buenos ojos por parte de todas las administraciones que formamos parte del CECOR”, ha remarcado para insistir: “Lo que no entendemos es cómo la Delegación de Salud nos remite ahora estas cartas, porque se trata de una cuestión sanitaria y de salud pública”.
Catalina Madueño ha recordado que son las comunidades autónomas las responsables en materia sanitaria sobre el Covid-19, “sin que pueda o deba hacerse ningún tipo de distinción entre inmigrantes y el resto de la población”.
En la reunión del CECOR provincial, la octava desde que se decretó el segundo estado de alarma, se ha revisado la situación de la provincia desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Del mismo modo, también se ha realizado un análisis de los procedimientos policiales establecidos para dar cumplimiento al Decreto de Estado de Alarma y a la normativa de la Junta de Andalucía en relación a las restricciones de movilidad ciudadana, con el cierre perimetral de la provincia y de cada uno de sus 97 municipios.
Finalmente, en la reunión del CECOR, también se ha analizado el trabajo de los distintos cuerpos policiales para hacer cumplir las normas y restricciones de la movilidad establecidas por la Junta de Andalucía como autoridad sanitaria con el objetivo de frenar la expansión del virus. La subdelegada ha reiterado que las medidas adoptadas necesitan, para su puesta en práctica, la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que fue solicitada por la comunidad autónoma, así como su coordinación con las distintas policías locales de los municipios.
