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Conocidos hoy los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), sobre la campaña oleícola 2019-2020, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía realiza una valoración positiva de los mismos. Por un lado, se confirma que la producción a nivel nacional, se situará en poco más de 1.100.000 toneladas, mientras en Andalucía no se superarán las 900.000, tal y como estimaba la federación en el mes de noviembre. Por otro, y a falta de consolidar cifras, las salidas al mercado durante el mes de marzo rondan las 141.000 toneladas, lo que supone uno de los mejores registros del histórico.

Según explica el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego Martínez, hay que esperar para conocer qué porcentaje se ha destinado a mercado nacional y cuál a exportación, “si bien se puede apuntar que el crecimiento de las ventas en el mercado interior va a ser muy significativo, como resultado del incremento de la demanda desde que se decretara el estado de alarma y el confinamiento”. “Podemos estar hablando de unas 65.000 toneladas comercializadas en España, cuando la media, en lo que va de campaña, ha superado escasamente las 43.000”, añade el responsable.

En cuanto a las exportaciones, Cristóbal Gallego Martínez, muestra su gran preocupación por la dramática caída de las ventas de aceite de oliva envasado a Estados Unidos, tras la imposición de aranceles del 25% el pasado mes de octubre. “Es algo que venimos alertando desde hace meses que iba a ocurrir, como así se está demostrando, y que pone en peligro el liderazgo oleícola español en aquel país, tirando por tierra años de esfuerzos en inversiones”, subraya.

En concreto, y durante el mes de febrero, Estados Unidos importó solo 830 toneladas de aceite de oliva envasado con origen español, lo que supone el peor dato desde 1996 y un 83% menos que el mismo mes de 2019. En cambio, otros países como Portugal marcaron, por tercer mes consecutivo, sus máximos históricos, con un volumen exportado de aceite de oliva envasado en torno a las 3.500 toneladas, 40 veces superior al registrado en el mismo mes del año anterior. También Túnez se ha visto beneficiado, multiplicando por 9 sus ventas al país norteamericano.

En consecuencia, Cristóbal Gallego Martínez, incide en que, a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España, se han enviado sendas cartas al ministro de Agricultura y a la ministra de Comercio, poniendo de manifiesto el grave impacto de los aranceles e instando una vez más a defender férreamente los intereses del sector en la Unión Europea y bilateralmente con Estados Unidos.

“Estamos hablando del segundo país comprador de aceite de oliva español, tras Italia, con 115.000 toneladas comercializadas en la campaña anterior, de las cuales unas 60.000 fueron envasadas”, recalca.

Por lo que respecta a lo que queda de campaña, el presidente sectorial indica que la producción “va a variar ya poco, a falta de algún ajuste” y que existe cierta incertidumbre en cómo la crisis del coronavirus va a marcar las próximas semanas tanto a nivel de mercado interior como exterior. “Por ahora, nos quedamos con dos datos positivos: menores disponibilidades totales frente a lo previsto por organismos oficiales y buena evolución de las salidas que, en seis meses, acumulan 782.000 toneladas”, concluye Cristóbal Gallego Martínez.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido distintas reuniones con entidades del sector agrario para informar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, así como de las acciones llevadas a cabo ante la Comisión Europea, para apoyar a agricultores y ganaderos en esta situación de crisis sanitaria originada por el COVID-19.

En las distintas reuniones, por videoconferencia, el ministro ha detallado las gestiones que está realizando ante la Comisión Europea y que pasan por activar las medidas de mercado como el almacenamiento privado para los sectores afectados por el cierre del canal Horeca que afecta especialmente algunos sectores ganaderos, así como a determinados productos como el vino.

Ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y su dotación presupuestaria y ha asegurado que esta política se está reivindicando en esta crisis por el papel clave que juegan agricultores y ganaderos europeos a la hora de asegurar el suministro alimentario.

También ha analizado junto al sector el reciente real decreto-ley para facilitar la contratación de mano de obra en el campo y su funcionamiento; “una medida innovadora importante para el medio rural” y que ha sido bien acogida por el sector. Ha apuntado que las comunidades autónomas cuentan con un gran margen de maniobra para su aplicación en el ámbito territorial y ha felicitado a Asaja, COAG y UPA por poner en marcha una bolsa de empleo para facilitar la contratación.

El ministro ha comentado que el mercado exterior, tanto intracomunitario como con terceros países, funciona con práctica normalidad. Respecto al mercado nacional, Planas ha señalado a las organizaciones que el Gobierno está vigilante ante cualquier situación anómala en la formación de precios. En este sentido, ha dicho que hace falta una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria para complementar el real decreto-ley de medidas urgentes en agricultura y alimentación.

Ha destacado que el proyecto de ley para la transposición de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, en estos momentos en consulta pública, trata de mejorar la posición de agricultores y ganaderos en su negociación, así como dotar de más transparencia y equilibrio al proceso de formación de precios a lo largo de la cadena.

También ha recordado que las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al impacto económico y social por la crisis sanitaria tienen carácter horizontal y aplicable al sector agrario y ganadero.

Entre ellas, la posibilidad de que empresas y trabajadores agrarios pueden acceder a moratorias o aplazamientos de las cotizaciones a la seguridad social, beneficiarse de líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pequeñas y medianas empresas para préstamos nuevos o para su renovación, además de poder optar a prestaciones extraordinarias por cese de actividad.

Esta mañana ha mantenido una reunión por videoconferencia con los integrantes del Comité Asesor Agrario, las organizaciones profesionales agrarias: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Por la tarde continuó el encuentro con representantes de Cooperativas Agro-alimentarias y, después, con Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Estas reuniones se enmarcan en los contactos habituales y permanentes que el ministro mantiene con los responsables del sector agrario.

España ha alcanzado 1.116.000 toneladas de aceite de oliva en esta campaña oleícola 2019/2020, en la que se han comercializado casi 785.000 toneladas en el primer semestre de la misma. Los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) hasta el ecuador de la campaña (de octubre a marzo) indican que las existencias hasta el 31 de marzo ascendían a 1.186.000 toneladas.

De la cantidad de aceite de oliva comercializado en estos seis primeros meses de la campaña, 500.0000 toneladas han sido exportaciones y 285.000 han ido al mercado interior.

Significativa ha sido el aumento en este mes de marzo de aceite de oliva en el mercado interior, en el que se han contabilizado 66.000 toneladas como consecuencia del mayor acopio en los hogares españoles tras decretarse el estado de alarma por el Covid-19, y eso pese al cierre del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) desde el pasado 14 de marzo.

En el pasado mes de marzo se destinaron 75.000 toneladas de aceite de oliva español a los mercados exteriores, en una campaña en la que las importaciones han acumulado un total de 98.000 toneladas de aceite de oliva en estos seis primeros meses tras las 14.000 de marzo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido una audioconferencia con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para informar de cómo está afrontando el sector agrario y, en su conjunto, el agroalimentario la crisis sanitaria originada por el COVID-19.

En la conversación, el ministro ha solicitado medidas de mercado eficaces y dotados financieramente, como el almacenamiento privado, para responder a la situación de los sectores afectados por esta crisis. El comisario ha informado al ministro de que la Comisión Europea (CE) está trabajando sobre ello.

El cierre del canal Horeca, unido a la paralización de la actividad turística como consecuencia de la limitación de movimientos para atajar y evitar la propagación del Covid-19, ha causado graves daños a algunos sectores como el sector del ovino y caprino, ha explicado el ministro.

A pesar de que la compra de alimentos en los hogares españoles ha aumentado en estas últimas semanas como consecuencia del confinamiento decretado desde el pasado 14 de marzo, este consumo no es capaz de absorber toda la producción que antes iba destinada a la hostelería y la restauración.

El ministro envió el pasado 19 de marzo una carta al comisario para solicitar una flexibilización de los reglamentos de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), así como la aplicación de las medidas de regulación de mercado como el almacenamiento privado o ayudas específicas para apoyar a algunos de los subsectores agrarios más afectados por la crisis.

El ministro ha recordado que en estos momentos difíciles la PAC se está reivindicando como esencial y fundamental no solo para asegurar el abastecimiento alimentario al conjunto de la población europea, sino como una política que impulsa la producción de alimentos sanos, seguros y sostenibles.

Ha valorado la aprobación de tres reglamentos importantes para los aproximadamente 700.000 beneficiarios de la PAC en España y que flexibilizan algunos aspectos de esta política.

El ministro ya había solicitado en su misiva de marzo la prórroga del plazo de presentación de las ayudas de la PAC hasta el 15 de junio; el incremento del anticipo de las ayudas de la PAC del 50 al 70 % en el caso de las ayudas directas y hasta el 85 % en las de desarrollo rural; y la flexibilización de controles, plazos y procedimientos, que “evitan la pérdida de fondos comunitarios” destinados a agricultores y ganaderos, según el ministro.

La Unión Europea tiene que actuar para que los Estados miembros, “unidos y coordinados”, salgan “juntos y reforzados de esta crisis y para que ningún agricultor ni ganadero se quede atrás”, ha enfatizado el ministro.

El ministro Planas ha insistido en que es necesario lanzar un mensaje contundente a agricultores y ganaderos: “Deben percibir que la UE responde ante esta crisis”.

El PSOE de Jaén denuncia que la Junta “no sólo deja fuera al 75% de los autónomos, sino que excluye a los olivareros y a los ganaderos, lo que supone un varapalo especial para la provincia de Jaén”. La orden de la Junta contempla la ayuda de 300 euros a autónomos de los sectores de cereales, leguminosas y semillas oleaginosas y deja fuera al resto del campo andaluz, según señala en un comunicado el PSOE.

“Nuevamente la Junta de derechas hace honor a su apelativo y se comporta como lo que es: un Gobierno de derechas, insensible con los más vulnerables y desentendido de las dificultades de los olivareros”, critica la parlamentaria Mercedes Gámez. La parlamentaria socialista exige a la Junta que “rectifique de inmediato” y amplíe los beneficiarios de la ayuda a otros sectores del campo. Sólo en la provincia de Jaén hay unos 6.000 autónomos del sector agrario y ganadero.

Gámez señala que “las derechas vuelven a demostrar una vez más su falta de compromiso con el olivar, al que han vapuleado siempre que han podido”. En este sentido, recuerda que “estamos finalizando un marco comunitario donde el olivar de Jaén ha perdido 272 millones de euros en ayudas directas por el reparto que hizo el PP”.

Añade que el Gobierno de España “representa la otra cara de la moneda” en la actual situación de crisis sanitaria que atravesamos, puesto que no sólo ha impulsado un ambicioso paquete de medidas para ayudar a los autónomos, sino que también ha aprobado una importantísima rebaja de los módulos del IRPF para los olivareros. “Estamos hablando de una medida que pone en evidencia la sensibilidad del Gobierno de España con el sector y que va a permitir un notable ahorro para nuestros olivareros en esta época de dificultad por la injusta situación de precios que sufren”, recalca.

Gámez recuerda que las ayudas de la Junta a los autónomos “son bastante pírricas, puesto que sólo pueden beneficiar al 25% de los autónomos y excluyen al 75% restante. Además, consiste en una paga de 300 euros, ayuda bastante insuficiente si se compara con el esfuerzo que han hecho otras comunidades autónomas, como Cataluña, que ofrece 2.000 euros; como Valencia, con ayudas entre 750 y 1.500 euros; o como Cantabria, que concede hasta 300 euros semanales. PP y Ciudadanos se llenaban la boca en Andalucía hablado de autónomos, pero a la hora de la verdad ya estamos viendo el escaso compromiso de la Junta con el sector”, apunta.

En este sentido, reitera que la Junta “mantiene paralizadas todas las líneas de ayudas que este sector tenía desde 2018”, con subvenciones al inicio de actividad, a la segunda oportunidad, a la formación, al estímulo de la innovación, al registro de patentes o a la cobertura de situaciones como una baja o una adopción. “Todas estas ayudas están desactivadas”, advierte Gámez.

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, Soledad Aranda, pide al Gobierno de España que aplique una reducción fiscal en los índices de rendimiento neto (módulos) dentro del régimen de estimación objetiva del IRPF o, lo que es lo mismo, que rebaje la fiscalidad a los agricultores y ganaderos de la provincia para corresponder con una situación excepcional, como es la crisis sanitaria generada por el Covid-19 y la consiguiente repercusión de los mercados. Soledad Aranda recuerda en un comunicado que “el campo jiennense lo estaba pasando mal” y pone como ejemplo que los agricultores ya estaban en la calle antes de que se decretara el estado de alarma. De ahí que la delegada territorial argumenta que “ha llegado el momento de que el Gobierno de España corresponda con apoyo al campo jiennense, como es una fiscalidad más liviana ante un escenario muy complicado”.

“Una vez más, lamentamos que el Gobierno de España se ponga de espaldas a los olivareros y con el campo jiennense en general. Tienen una última oportunidad, por lo que le exigimos que tengan en cuenta el informe de corrección de errores para que el Ministerio de Hacienda rectifique. Han de eliminar la presión fiscal o rebajarla al mínimo en el campo jiennense, que ya suficientemente castigado está”, afirma la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Soledad Aranda. Asimismo, señala que la Consejería está “en una labor de interlocución constante que los agricultores y ganaderos y ha entendido plenamente sus necesidades”. Por eso, Soledad Aranda añade: “La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tiene claro que los agricultores y ganaderos de la provincia deben de obtener una reducción fiscal ante esta situación tan complicada, que en el caso del olivar ha de eliminarse completamente para paliar la crisis del Covid-19, que no es más que otro problema más que se suma a la crisis de precios que ya padecían”.

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indica: “No es más que un ejercicio de solidaridad que tiene que hacer el Gobierno de España y que, por desgracia, no lo hace. Prefiere ponerse de espaldas a los agricultores, pese a los problemas que tienen y que han hecho que hayan tenido que salir a la calle para manifestarse. De nada vale estar con ellos en las protestas, como ha hecho el PSOE, pero luego darle la espalda cuando tienen una oportunidad real de ayudarlos, como es la eliminación de los tributos, que se muestra como una medida totalmente necesaria”.

Soledad Aranda afirma que la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía ha recordado que el nuevo informe remitido al Ministerio sobre las reducciones del IRPF en el sector agrario tiene como objetivo la corrección de errores por parte del Gobierno de España por no incluir, en la rebaja fiscal publicada el pasado 9 de abril, a todos los sectores afectados en 2019 por circunstancias excepcionales, como la crisis de precios, la imposición de vetos y aranceles o los daños causados por la DANA y temporales.

Con este nuevo documento, la administración autonómica insiste en apelar a la sensibilidad del Gobierno para que atienda la propuesta de reducción del IRPF remitida en febrero por la Consejería y que justificaba, con exhaustivos criterios técnicos, una rebaja fiscal a aquellos sectores que sufrieron significativas pérdidas en 2019. Es el caso, por ejemplo, del sector del olivar, para que el que se pide una eliminación total de la fiscalidad por la crisis de precios que sufre, o para la ganadería, que ha de situarse, como mínimo, en el 40%. Este nuevo informe de corrección de errores forma parte de la habitual comunicación entre administraciones públicas y así debería saberlo el PSOE-A después de casi cuatro décadas al frente de la Junta de Andalucía.

Por ello, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera incide en que este documento se basa en los mismos argumentos esgrimidos en febrero para solicitar al Gobierno de España la necesidad de una rebaja fiscal justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía que el año pasado sufrieron graves pérdidas. En este sentido, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta lamenta que “el PSOE-A intente encubrir la falta de sensibilidad del Gobierno de España con el campo andaluz, especialmente ahora que urge de toda la ayuda posible para afrontar una crítica situación a causa de la crisis sanitaria del coronavirus”. 


El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha firmado, junto a todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea, una declaración conjunta para reivindicar el papel clave de la Política Agraria Común (PAC) en el actual contexto de crisis por el COVID-19.

Esta declaración de los ministros de Agricultura de la UE-27, en la que se destaca que la prioridad inmediata es la protección de la vida y salud humana, realiza un reconocimiento unánime del papel vital de agricultores y ganaderos, así como del sector agroalimentario en general en mantener la seguridad alimentaria y asegurar el abastecimiento de alimentos en Europa durante esta crisis de salud pública.

Reivindican el importante papel que juega la PAC y la necesidad de que esta política se mantenga “fuerte en el futuro”.

A pesar de que el conjunto de la cadena agroalimentaria funciona con práctica normalidad, en una circunstancia excepcional como la actual, los ministros observan con preocupación los impactos de la crisis en algunos subsectores. Advierten de que los impactos a medio y largo plazo podrían ser graves y duraderos para agricultores y ganaderos, para la industria alimentaria y para la economía rural.

Valoran la solidaridad demostrada en la respuesta europea hasta la fecha, a través de un nuevo marco temporal de ayudas estatales, las directrices para la gestión de fronteras y el libre movimiento de trabajadores, así como las flexibilidades en algunos reglamentos de la PAC.

No obstante, solicitan a la CE que adopte medidas adicionales urgentes, disponibles en la actual PAC y piden la activación de la ayuda para el almacenamiento privado, así como una ayuda excepcional para aquellos sectores más afectados.

La UE-27 aboga por la necesaria flexibilización de los reglamentos de aplicación de la PAC, tanto para las ayudas directas como de desarrollo rural, así como incrementar el anticipo de las ayudas.

En este sentido, reclaman una “respuesta europea continua, fuerte y coordinada” para demostrar a los ciudadanos europeos el importante papel que juegan agricultores y ganaderos, así como del conjunto del sector agroalimentario, frente al COVID-19.

La Comisión Europea (CE) debe apostar por fortalecer la PAC para apoyar la producción de alimentos seguros y sostenibles, como una muestra de implicación, también a futuro, con el mundo rural en un momento crítico como el actual.

Declaración conjunta de los 27 ministros europeos de Agricultura en relación con la respuesta necesaria a nivel europeo, enmarcada en la Política Agraria Común (PAC), a la crisis del COVID-19.

Los ministros de agricultura de Irlanda, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España y Suecia, y con el apoyo de Croacia:

Reconocen el impacto de la crisis COVID-19 sobre todos ciudadanos europeos.

Recalcan que nuestra prioridad inmediata compartida en esta emergencia de salud pública es la protección de la vida y la salud humana;

Enfatizan el rol vital de los agricultores y ganaderos y del sector agroalimentario en general, en el mantenimiento de la seguridad alimentaria y el suministro de alimentos en Europa durante esta crisis, el marco esencial proporcionado por la Política Agraria Común (PAC) a este respecto y la necesidad de una PAC fuerte en el futuro;

Piden a todos los Estados miembros que trabajen juntos en un espíritu de solidaridad europea;

Observan con creciente preocupación el creciente impacto en los mercados de la crisis de COVID-19 en el sector agroalimentario, que es ya significativo en el caso de algunos subsectores.

Consideran que el impacto a medio y largo plazo podría ser potencialmente severo y duradero para los agricultores y ganaderos europeos, para la industria alimentaria y para la economía rural;

Acogen con satisfacción la solidaridad demostrada en la respuesta europea hasta la fecha, inclusive a través de nuevo marco temporal de ayudas estatales, las directrices para la gestión de fronteras y la libre circulación de trabajadores, así como las dos etapas de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus, que incluye algunas flexibilidades respecto a la implementación del esquema de la PAC;

Consideran que, sin embargo, sigue existiendo la necesidad urgente de medidas adicionales, apropiadas y responsables a activar en relación a la PAC en este momento.

Como ministros de agricultura, pedimos a la Comisión que facilite:

·      La activación de medidas en el marco del Reglamento de la PAC de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCM) incluyendo en particular, ayudas al almacenamiento privado para apoyar a aquellos sectores que se han analizado como significativamente afectados por las perturbaciones del mercado y el impacto en los precios, así como una ayuda excepcional para los agricultores y ganaderos de los sectores más afectados en virtud de los artículos 219 y 221 del Reglamento de la OCM;

·      Revisión y seguimiento continuo de todos los sectores durante el próximo período, con disposición a introducir nuevas medidas de la OCM según sea necesario;

·      La extensión inmediata de nuevas flexibilidades para los Estados miembros en ambos pilares de la PAC, inclusive en relación con las fechas de pago previas, tasas más altas de los anticipos de las ya anunciadas, activación de medidas específicas dentro de los programas de desarrollo rural y la ejecución de controles sobre el terreno y controles administrativos sin reducción de la efectividad del sistema de control;

·      Una respuesta europea continua, fuerte y coordinada que demuestre a todos nuestros ciudadanos el papel vital que los agricultores y ganaderos europeos y el sector agroalimentario en general tienen que jugar en la respuesta a COVID-19, así como la fortaleza de la PAC en el apoyo a la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y de zonas rurales dinámicas en este momento crítico y en el futuro.

·      La disposición de las explotaciones europeas para hacer frente a la crisis COVID-19, así como para otros desafíos actuales y futuros, incluido el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

16 de Abril de 2020

Los presidentes de los grupos oleícolas Interóleo y Dcoop, Juan Gadeo y Antonio Luque, respectivamente, además del responsable de Oleoestepa, Alfredo García, han mantenido hoy un encuentro por vídeoconferencia con el Rey Felipe VI, a quien le han expuesto la situación actual del sector de los aceites de oliva tras la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus.

“Una interesante y productiva reunión por videoconferencia con Su Majestad el Rey Don Felipe VI”. El presidente de Grupo Interóleo, Juan Gadeo, ha analizado la situación del sector olivarero, sus problemas presentes y las soluciones de futuro, junto a los responsables de OleoEstepa (Alfredo García) y Dcoop (Antonio Luque). El Rey se ha interesado por los inconvenientes que la pandemia está generando en el aspecto laboral del campo y en las envasadoras de aceite.

En este sentido, Juan Gadeo le ha planteado la necesidad de que se pueda compatibilizar el trabajo agrícola con las ayudas aprobadas por el Gobierno, toda vez que en la próxima campaña de recolección, al ser un trabajo temporal, podría durar entre uno y dos meses como máximo. Gadeo también ha analizado “los problemas que tenemos con los bajos precios en origen. Así, le ha comentado a Su Majestad que, desde el año 2018, el precio ha descendido cerca de un 40% y que en todo el año 2019 ha estado por debajo de los costes de producción. Se trata de una situación insostenible que motivó las movilizaciones de las organizaciones agrarias al inicio de 2020”.

En cuanto a posibles soluciones, Juan Gadeo le ha expuesto a Don Felipe el aumento de la concentración de la oferta; la apuesta por la promoción para aumentar el consumo de aceite de oliva y su sustitución de otras grasas vegetales menos saludables; mayor inversión en I+D+i para buscar mayor calidad; la autorización para realizar almacenamiento privado obligatorio para todo el sector en campañas con una elevada producción, que se podría hacer como autoregulación a través de la Interprofesional del Aceite.

El Rey Felipe VI también se ha mostrado muy interesado en conocer aspectos más concretos como el panel test, los trabajos del COI, estrategias para aumentar la demanda en el exterior, etcétera. Don Felipe ha lanzado un mensaje de confianza y  ha transmitido que la Casa Real está muy pendiente del sector, al que le manda todo su apoyo.

Cooperativas

Por parte de las cooperativas federadas, sus presidentes, Antonio Luque Luque (Dcoop) y Alfredo García Raya (Oleoestepa),han explicado al monarca cómo está afectando el coronavirus a un sector productivo que acumulaba dos campañas en caída libre de precios y problemas para comercializar todo el volumen disponible. En este sentido, han transmitido cómo las primeras semanas del confinamiento tuvieron que reforzar y doblar turnos para hacer frente a la alta demanda de envasado por parte de consumidores españoles y cómo, paralelamente, el comercio de volúmenes, especialmente en el exterior, se encuentra muy paralizado.

Los presidentes han hecho especial énfasis en la debacle que está suponiendo para el sector los aranceles del 25% a la exportación, impuestos por Estados Unidos al aceite de oliva de origen español, recordando los esfuerzos e inversiones que durante años han realizado las empresas y la interprofesional española en aquel país para desbancar a Italia como principal vendedor. Fruto de todo ese trabajo, desde 2016, España era líder en el país norteamericano, con una comercialización anual en torno a las 115.000 toneladas de aceite de oliva –unas 60.000 envasadas- y en imparable crecimiento; pues bien, los datos de febrero de 2020 dicen que durante ese mes, antes de iniciarse la crisis del coronavirus, solo se vendieron 830 toneladas envasadas en Estados Unidos, lo que supone un descenso del 83% con respecto a la misma cantidad del año anterior y el peor dato desde 1996.

Las cooperativas han pedido a Felipe VI interceder por el sector ante Estados Unidos, al igual que desde la federación se viene requiriendo al Ministerio de Agricultura y de Comercio, de forma insistente, que negocien el fin de unos impuestos que rompen el mercado único europeo y beneficia, en cambio, a países competidores como Italia y Portugal. Sin ir más lejos, el país luso vendió, por el contrario, 3.500 toneladas en el mes de febrero, lo que supone multiplicar por 40 la cantidad de aceite de oliva comercializado en el mismo período de 2019.

Para Dcoop y Oleoestepa estos datos no solo reflejan que se está poniendo en peligro al sector, al tiempo que echando por tierra sus inversiones y esfuerzo humano, sino que también está en riesgo la Marca España, de la que el aceite de oliva es su gran embajador a nivel alimentario y gastronómico, por ser nuestro país el mayor productor del mundo con en torno a un 50% de la producción mundial.

En otro orden de cosas, cooperativas y monarca han hablado de la situación del coronavirus en Andalucía, donde las cooperativas están colaborando en todo lo que pueden. Así pues, han intensificado las medidas de protección e higiene en los centros de trabajo; hecho entrega de todo el material de protección individual de que disponían (EPIs) a fuerzas de seguridad y centros hospitalarios; intensificado la donación de productos a Bancos de Alimentos y Cáritas, entre otros destinos; y colaborado en las tareas de desinfección de calles y plazas en los pueblos, entre otras actuaciones.

En línea con lo anterior, han mostrado su preocupación por la dificultad de acceso a material de protección, que también se necesita en campo y las cooperativas, cuyo abastecimiento debe ser asegurado por todos los medios a ciudadanos y trabajadores.

Dcoop

El Rey Felipe VI también se ha interesado por la actividad de la cooperativa agroalimentaria Dcoop y ha intercambiado impresiones sobre el momento actual creado por el estado de alarma por el Covid19.

El Rey ha transmitido un mensaje de apoyo al sector agroalimentario, que hace marca España, forma  parte de nuestra cultura y que hay que potenciar. También se ha interesado por la investigación e innovación y la situación de mercado, preguntando por los nuevos mercados que habría que abordar e interesándose por las problemas de trabajo en el campo.

El presidente de Dcoop le ha trasladado que desde sus inicios, los agricultores, ganaderos, cooperativas y empleados del Grupo han trabajado para cumplir con su responsabilidad social que es ofrecer los productos agroalimentarios ahora más que nunca. Precisamente, como hecho destacado, le ha comentado al jefe del Estado la labor  que viene haciendo el Grupo Dcoop en las últimas semanas mediante teletrabajo o directamente en las plantas industriales de los diferentes sectores (aceite, vino, aceitunas, ganadería…)  en toda España. También le ha comentado las iniciativas de colaboración con alimentos y productos higiénico-sanitarios que está realizando el grupo en los diferentes territorios donde está implantado.

Antonio Luque le ha expuesto también al Rey que hay que solucionar el problema arancelario con Estados Unidos, potenciar el consumo y realizar una buena política de gestión del agua, que puede solventar problemas laborales, económicos y medioambientales a futuro. En definitiva, que España debe ejercer de líder del sector oleícola, donde es fundamental una mayor unión de los productores.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha rebajado a 70 millones de euros el valor de la producción comercializada mínima que debe alcanzar una cooperativa de aceituna de mesa para mantener la condición de Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía. Se trata de una medida de protección a un sector líder en exportaciones que se ha visto gravemente perjudicado por la subida de los aranceles impuesta por la Administración de EE UU, lo que ha influido en la facturación de empresas que son vitales para la economía del medio rural.

La consejera Carmen Crespo ha firmado la orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para la modificación del Anexo I del Decreto 188/2017, de 21 de noviembre, por el que se regulan las Entidades Asociativas Prioritarias de Andalucía y se crea su registro. Dicho decreto establece los requisitos y el procedimiento que deben cumplir las entidades para adquirir esta condición. Según la publicación que permanecía vigente, el valor de la producción comercializada mínima que debe alcanzar una entidad para obtener el reconocimiento para la aceituna de mesa (elaborada) era 92 millones de euros, cifra que en la nueva redacción descenderá hasta los 70 millones de euros.

El sector de la aceituna de mesa se ha visto perturbado por la subida de los aranceles aduaneros de países importadores. En el caso de la aceituna negra se ha visto especialmente perjudicado con la imposición de un arancel en torno al 35% por parte de EE UU. Este nuevo gravamen ha ocasionado pérdidas no solo en la aceituna negra, sino también en el mercado de la aceituna verde, para la que han aumentado también los aranceles, aunque en menor medida.

La Consejería estima oportuno establecer un nuevo valor de la producción comercializada modificándose en consonancia con las nuevas circunstancias a las que se enfrenta el sector, como medida paliativa a la disminución del volumen de negocio sufrida por el mismo. La titular de la Consejería tiene la competencia para realizar esta modificación en función de la evolución del proceso de integración sectorial y del valor de las producciones comercializadas Esta orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOJA.

La denominación como Entidad Asociativa Prioritaria de Andalucía (EAPA) es una figura por la que se reconoce a una determinada entidad asociativa como agente dinamizador del sector agroalimentario, contribuyendo con ello a incentivar la competitividad del sector, fundamentalmente mediante su aumento de dimensión. Esta condición le da prioridad en la obtención de ayudas y subvenciones.

Entre los requisitos se fija tener un ámbito de actuación de carácter autonómico al que se da cumplimiento cuando más del 90% de las personas productoras individuales que forman parte de la EAPA tienen la mayor parte de la superficie de sus explotaciones ubicadas en Andalucía y más del 90% de su actividad económica, referida a los procesos productivos y de transformación agroalimentaria, se desarrolle en dicha comunidad.

Actualmente, Agro Sevilla Aceitunas, S.Coop. And. 2º Grado, es una de las entidades así reconocidas y la única vinculada directamente a la aceituna de mesa (elaborada) y está conformada por 12 sociedades cooperativas, que representan a más de 5.000 agricultores socios. Con una capacidad de producción anual de más de 80.000 toneladas, exporta aceitunas a más de 70 países de todo el mundo.

Acesur trabajará a lo largo de 2020 en el proyecto Phenoils, en el que se va a estudiar la implementación de nuevas tecnologías en almazaras para una extracción de aceite de oliva virgen más saludable. Este proyecto de I+D ha sido otorgado por EIT Food, la comunidad de innovación europea de alimentación, del que forma parte Acesur, el Instituto de la Grasa (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), el Centro Tecnológico Fraunhofer, la Universidad de Turín y la empresa Sistemas Energy Pulses.

Uno de los principales objetivos de este proyecto es aumentar la presencia de compuestos como tocoferoles, polifenoles y otros compuestos bioactivos en el aceite de oliva virgen que tienen un efecto positivo comprobado sobre las enfermedades cardiovasculares y el síndrome metabólico, utilizando nuevas tecnologías de extracción en almazara (cavitación hidrodinámica, ultrasonido y tecnología de campos electrónicos pulsados (PEF)).

Se estudiarán también la influencia de estas nuevas tecnologías y la evolución del contenido de compuestos menores durante la vida útil de los aceites de oliva vírgenes. Para ello, se han involucrado varias PYME de Portugal, España, Italia y Grecia, donde la producción de aceite de oliva virgen es muy relevante para sus economías. Este es un proyecto de dos años de duración y Acesur y el resto del consorcio esperan obtener conclusiones interesantes durante esta primera anualidad. Además, se llevarán a cabo programas educativos que beneficien a los productores y estudiantes de los países participantes.