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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha notificado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la erradicación de Xylella fastidiosa en Andalucía tras la detección aislada de esta bacteria registrada en 2018 sobre una especie ornamental presente en un vivero productor ubicado en El Ejido (Almería). Tras este hallazgo, se han llevado a cabo actuaciones de vigilancia cuyo resultado final ha sido la recogida de un total 1.677 muestras de material vegetal y de dos insectos vectores, que de haber sido portadores de la bacteria podrían  favorecer su dispersión en la zona. Sin embargo, todos los análisis realizados en el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Almería han sido negativos en cuanto a presencia de la bacteria.

Por tanto, se dan por concluidos los trabajos de vigilancia realizados durante los dos últimos años y que han permitido comprobar la ausencia de la bacteria en la zona y también cumplir con lo establecido al respecto por la regulación de aplicación.

La detección de este caso aislado en Andalucía supuso la inmediata puesta en marcha de las acciones previstas en el Plan Nacional de Contingencia, procediéndose a la inmovilización y posterior destrucción de todo el material vegetal sensible presente en el vivero donde tuvo lugar el hallazgo de la bacteria. Ante esta situación, el propietario recibió la indemnización correspondiente para ayudarle a superar las pérdidas que conllevaban estas medidas. 

Asimismo, los técnicos de la Consejería procedieron también a aislar y a retener el material vegetal sensible a Xylella fastidiosa presente en otros dos viveros que habían suministrado material vegetal a las instalaciones de El Ejido. De esta forma, el Gobierno andaluz llevó a cabo la inspección de todas las plantas y cultivos de los tres viveros procediendo a la recogida y análisis de 936 muestras.

Tras estas actuaciones urgentes, y con el objetivo de confirmar que no se había producido la dispersión del organismo nocivo, se estableció una zona de vigilancia de un kilómetro alrededor de las instalaciones en las que se detectó la bacteria. Este área, subdividida en 401 cuadrículas de 100×100 metros, se ha inspeccionado durante los dos años posteriores al hallazgo de la Xylella fastidiosa y se han recogido un total de 741 muestras de 28 especies vegetales diferentes entre las que destacan el olivo o el almendro y varias  especies silvestres.

Por otro lado, durante esta vigilancia de 24 meses, el personal de la Consejería ha estudiado también la posibilidad de que hubiera insectos vectores que pudiesen haber favorecido la dispersión de la bacteria en la zona. Sin embargo,  tan solo se han capturado dos ejemplares adultos de Neophilaenus campestris (posible transmisor de Xyella fastidiosa), lo que sugiere que su presencia en este área es escasa. Además, el posterior análisis en laboratorio permitió constatar la ausencia de la bacteria en ambos ejemplares de insecto.

Primer laboratorio acreditado en España

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible realiza de forma continuada una importante labor de control de material vegetal en todo el territorio andaluz con el fin de garantizar la sanidad vegetal en la Comunidad Autónoma.

En el caso concreto de Xylella fastidiosa, la Junta ha realizado hasta la fecha cerca de 6.000 inspecciones y se han tomado más de 33.700 muestras. Para ello, las ocho delegaciones territorial de este Departamento cuentan con personal específicamente entrenado para la detección de la bacteria a los que se suma, además, una potente red de laboratorios. 

De hecho, el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Sevilla es el único acreditado a nivel nacional por parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para el diagnóstico de este organismo, un reconocimiento que supone una garantía del cumplimiento del Reglamento de Control Oficial y de su competencia técnica para detectar esta bacteria sobre material vegetal mediante la técnica de PCR en tiempo real.

La Xylella fastidiosa es una bacteria con un enorme potencial patógeno sobre un gran número de plantas hospedantes y que puede producir graves daños en cultivos de gran importancia económica en Andalucía como el olivo, los cítricos, la vid, el almendro y los frutales de hueso, así como en numerosas especies ornamentales o forestales y otras especies silvestres. 

Por está razón, la Consejería de Agricultura ha ido tomando una serie de medidas que, entre otros fines, contribuyen a conocer esta enfermedad e identificarla, así como a establecer acciones preventivas de control y de sensibilización.  

Los datos hechos públicos hoy por la AICA se pueden dar ya por definitivos en cuanto a producción y confirman que hay menos aceite de oliva en España. Un descenso que se suma a la menor producción mundial, que según el COI es un 3% menor que la pasada campaña. Marzo se ha cerrado con 1.116.166 toneladas, menos aceite debido a la importante disminución productiva en Jaén, donde se llegan a las 395.841 toneladas, muy por debajo de las 455.000 aforadas en octubre.

Pero el dato más significativo que señala la AICA es el de la comercialización estimada superior a las 135.000 toneladas en el mes de marzo frente a las 113.000 de febrero, lo que representa un incremento importante de más del 18,5 por ciento. En la actualidad, España cuenta con unas existencias de 1.186.799 toneladas. Datos que vienen reforzados por el incremento del consumo en los hogares de España, de media, más de un 25,5% en el último mes con respecto al mismo periodo de 2019, motivado por la mayor compra en los domicilios ante la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma, unido al aumento de las exportaciones. De seguir así la comercialización nos llevaría a situarnos en una campaña récord en cuanto a ventas de aceite.

El responsable nacional de la Sectorial de Aceite de UPA y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, destaca los datos de la AICA para reforzar nuestra exigencia de unos precios justos para el aceite de oliva por encima de los costes de producción, a la vez que constatan lo que ya veníamos anunciando desde el inicio de la campaña, que habría menos aceite del aforado en un primer momento por lo que podíamos ir comprobando a pie de campo.

“Estos datos son muy importantes porque reflejan dos cosas. Por un lado, que hay menos producción y por otro, quizá el más significativo, que aumentan considerablemente las salidas, lo que nos lleva a situarnos, de media, en una de las mejores campañas comercializadoras de los últimos años, tanto en el mercado nacional como en las exportaciones a terceros países. Y, mientras esto sucede, los precios en origen siguen siendo de ruina. Por eso insistimos en que no hay justificación alguna que valga para que no se revierta esta crítica situación que los productores no podemos aguantar más. Como se ha demostrado, no sobra aceite, sobran especuladores”, denuncia Cristóbal Cano.

Cierto es que el Canal Horeca (Hostelería, Restauración y Cátering) está cerrado por el estado de alarma generado ante esta pandemia mundial del virus Covid-19. Pero los datos de la AICA constatan ese importante incremento de la comercialización nacional, en los hogares españoles, e internacional. Además, hay que tener en cuenta que las existencias totales son de 1.186.799 toneladas, lo que supone aproximadamente un 20 por ciento menos que la pasada campaña, cuando había 1.474.000. Eso sí, seguimos teniendo un preocupante nivel de importaciones, nada comprensible ante los bajos precios del aceite en el mercado nacional.

El responsable sectorial de Aceite de UPA destaca que, a tenor de la menor producción, tanto en España como en el resto del mundo, así como el incremento del consumo, “no existe explicación lógica para que el aceite de oliva virgen extra se mantenga en el entorno de los 2,20 euros en origen. Y, aunque se ha constatado una ligerísima subida, sigue siendo una circunstancia anormal que perjudica notablemente al olivar tradicional. No obstante, confiamos en que, después de conocer los datos ya definitivos de la AICA, las cotizaciones comiencen a repuntar. Aún así, seguimos reclamando a las administraciones medidas estructurales para un problema que llevamos arrastrando ya más de dos años, ya que queda constatado que una vez más el libre mercado y la manida ley de la oferta y la demanda no se cumplen en nuestro sector, perjudicando siempre al primer eslabón de la cadena, que somos los agricultores”, concluye Cristóbal Cano.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha recordado la necesidad de reforzar “más que nunca” los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) ahora que arranca la campaña de primavera para proteger a los productores andaluces.

La crisis provocada por el coronavirus acarrea la limitación de los mercados en producciones como la sandía, el melón o la fresa, en las que Andalucía es líder a nivel nacional y europeo. “Con el cierre del canal Horeca (hostelería, restauración y catering) y con el motor económico que supone el turismo parado, la demanda se reduce de forma considerable”, ha explicado la consejera, quien ha destacado la conveniencia de incentivar la promoción con campañas como la que ha puesto en marcha Hortiespaña o la propia consejería bajo el hastag #ConsumeAndalucía. “Entre todos debemos reducir los efectos de esta crisis y lograr que producciones potentes como esta campaña con la de melón y la de sandía, en las que contamos con los principales productores y comercializadores, minimicen pérdidas”, ha añadido Crespo.

“Tenemos la oportunidad de destacar los valores saludables de nuestras producciones, la seguridad alimentaria que les caracteriza y exigir, como se hace aquí, controles exhaustivos de fitosanitarios de todos los productos que proceden de terceros países”, ha incidido Crespo. Por ello, la consejera insiste en recordar que es necesario aumentar el personal de los PIF, vigilar el volumen de las importaciones sujetas a contingentes y precios de entrada y denunciar ante la Unión Europea aquellos casos en que se superen las cantidades acordadas para evitar así una competencia desleal para nuestras producciones.

La Junta de Andalucía considera necesario que las administraciones y los agentes sociales tengan una información permanente y actualizada de los contingentes de importación de productos agrícolas establecidos en los acuerdos entre la Unión Europea (UE) y terceros países que han entrado en la Unión Europea en los últimos años y establecer, entre otros, un mecanismo de información normalizada de las inspecciones que se realizan en los PIF existentes en la comunidad autónoma.

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, valora el trabajo del Gobierno de España en apoyo del sector del aceite de oliva para conseguir precios justos y subraya que “ese compromiso no se va a frenar y se va a seguir avanzando en cuestiones tan importantes y necesarias como la reforma de la cadena alimentaria”.

De este y otros asuntos se ha hablado en la reunión que el PSOE de Jaén ha mantenido por vía telemática con responsables provinciales de UPA, entre ellos su secretario general, Cristóbal Cano. Con esta reunión, el PSOE reanuda una serie de contactos con las organizaciones agrarias para ir evaluando la situación del sector, analizando su evolución y valorando las acciones que pueden ponerse en marcha para mejorarla.

Reyes recuerda la “buena noticia” que el Gobierno de España daba hace unos días al publicar la rebaja de módulos del IRPF para olivareros, una sustancial reducción del 0,26 al 0,13 que supondrá “un notable ahorro y por tanto un alivio para los agricultores de la provincia de Jaén”. Por el contrario, lamenta que la Junta de Andalucía haya tenido la “insensibilidad y falta de compromiso” con el sector de excluir a los olivareros y también a los ganaderos de la provincia de las ayudas de 300 euros articuladas para los autónomos.

El responsable socialista afirma que “todavía hay mucho trabajo por hacer” para lograr que los productores de aceite de oliva tengan unos precios justos y subraya que este objetivo “es tarea de todos, del sector y de todas las administraciones, también de la Junta de Andalucía”.

Apunta que el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Agricultura, ya ha planteado importantes medidas, como la prohibición de la venta a pérdidas, la obligación de incluir el precio de producción en los contratos entre agricultores, industria y distribución, o la prohibición de prácticas de promoción desleales. Reyes también reitera la importancia significativa de contar con una oferta “lo más concentrada y fuerte posible” y de continuar profundizando en materia de promoción y apertura de nuevos mercados internacionales.

Conocidos hoy los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), sobre la campaña oleícola 2019-2020, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía realiza una valoración positiva de los mismos. Por un lado, se confirma que la producción a nivel nacional, se situará en poco más de 1.100.000 toneladas, mientras en Andalucía no se superarán las 900.000, tal y como estimaba la federación en el mes de noviembre. Por otro, y a falta de consolidar cifras, las salidas al mercado durante el mes de marzo rondan las 141.000 toneladas, lo que supone uno de los mejores registros del histórico.

Según explica el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego Martínez, hay que esperar para conocer qué porcentaje se ha destinado a mercado nacional y cuál a exportación, “si bien se puede apuntar que el crecimiento de las ventas en el mercado interior va a ser muy significativo, como resultado del incremento de la demanda desde que se decretara el estado de alarma y el confinamiento”. “Podemos estar hablando de unas 65.000 toneladas comercializadas en España, cuando la media, en lo que va de campaña, ha superado escasamente las 43.000”, añade el responsable.

En cuanto a las exportaciones, Cristóbal Gallego Martínez, muestra su gran preocupación por la dramática caída de las ventas de aceite de oliva envasado a Estados Unidos, tras la imposición de aranceles del 25% el pasado mes de octubre. “Es algo que venimos alertando desde hace meses que iba a ocurrir, como así se está demostrando, y que pone en peligro el liderazgo oleícola español en aquel país, tirando por tierra años de esfuerzos en inversiones”, subraya.

En concreto, y durante el mes de febrero, Estados Unidos importó solo 830 toneladas de aceite de oliva envasado con origen español, lo que supone el peor dato desde 1996 y un 83% menos que el mismo mes de 2019. En cambio, otros países como Portugal marcaron, por tercer mes consecutivo, sus máximos históricos, con un volumen exportado de aceite de oliva envasado en torno a las 3.500 toneladas, 40 veces superior al registrado en el mismo mes del año anterior. También Túnez se ha visto beneficiado, multiplicando por 9 sus ventas al país norteamericano.

En consecuencia, Cristóbal Gallego Martínez, incide en que, a través de Cooperativas Agro-alimentarias de España, se han enviado sendas cartas al ministro de Agricultura y a la ministra de Comercio, poniendo de manifiesto el grave impacto de los aranceles e instando una vez más a defender férreamente los intereses del sector en la Unión Europea y bilateralmente con Estados Unidos.

“Estamos hablando del segundo país comprador de aceite de oliva español, tras Italia, con 115.000 toneladas comercializadas en la campaña anterior, de las cuales unas 60.000 fueron envasadas”, recalca.

Por lo que respecta a lo que queda de campaña, el presidente sectorial indica que la producción “va a variar ya poco, a falta de algún ajuste” y que existe cierta incertidumbre en cómo la crisis del coronavirus va a marcar las próximas semanas tanto a nivel de mercado interior como exterior. “Por ahora, nos quedamos con dos datos positivos: menores disponibilidades totales frente a lo previsto por organismos oficiales y buena evolución de las salidas que, en seis meses, acumulan 782.000 toneladas”, concluye Cristóbal Gallego Martínez.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido distintas reuniones con entidades del sector agrario para informar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, así como de las acciones llevadas a cabo ante la Comisión Europea, para apoyar a agricultores y ganaderos en esta situación de crisis sanitaria originada por el COVID-19.

En las distintas reuniones, por videoconferencia, el ministro ha detallado las gestiones que está realizando ante la Comisión Europea y que pasan por activar las medidas de mercado como el almacenamiento privado para los sectores afectados por el cierre del canal Horeca que afecta especialmente algunos sectores ganaderos, así como a determinados productos como el vino.

Ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y su dotación presupuestaria y ha asegurado que esta política se está reivindicando en esta crisis por el papel clave que juegan agricultores y ganaderos europeos a la hora de asegurar el suministro alimentario.

También ha analizado junto al sector el reciente real decreto-ley para facilitar la contratación de mano de obra en el campo y su funcionamiento; “una medida innovadora importante para el medio rural” y que ha sido bien acogida por el sector. Ha apuntado que las comunidades autónomas cuentan con un gran margen de maniobra para su aplicación en el ámbito territorial y ha felicitado a Asaja, COAG y UPA por poner en marcha una bolsa de empleo para facilitar la contratación.

El ministro ha comentado que el mercado exterior, tanto intracomunitario como con terceros países, funciona con práctica normalidad. Respecto al mercado nacional, Planas ha señalado a las organizaciones que el Gobierno está vigilante ante cualquier situación anómala en la formación de precios. En este sentido, ha dicho que hace falta una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria para complementar el real decreto-ley de medidas urgentes en agricultura y alimentación.

Ha destacado que el proyecto de ley para la transposición de la Directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, en estos momentos en consulta pública, trata de mejorar la posición de agricultores y ganaderos en su negociación, así como dotar de más transparencia y equilibrio al proceso de formación de precios a lo largo de la cadena.

También ha recordado que las medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente al impacto económico y social por la crisis sanitaria tienen carácter horizontal y aplicable al sector agrario y ganadero.

Entre ellas, la posibilidad de que empresas y trabajadores agrarios pueden acceder a moratorias o aplazamientos de las cotizaciones a la seguridad social, beneficiarse de líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pequeñas y medianas empresas para préstamos nuevos o para su renovación, además de poder optar a prestaciones extraordinarias por cese de actividad.

Esta mañana ha mantenido una reunión por videoconferencia con los integrantes del Comité Asesor Agrario, las organizaciones profesionales agrarias: Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Por la tarde continuó el encuentro con representantes de Cooperativas Agro-alimentarias y, después, con Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Estas reuniones se enmarcan en los contactos habituales y permanentes que el ministro mantiene con los responsables del sector agrario.

España ha alcanzado 1.116.000 toneladas de aceite de oliva en esta campaña oleícola 2019/2020, en la que se han comercializado casi 785.000 toneladas en el primer semestre de la misma. Los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) hasta el ecuador de la campaña (de octubre a marzo) indican que las existencias hasta el 31 de marzo ascendían a 1.186.000 toneladas.

De la cantidad de aceite de oliva comercializado en estos seis primeros meses de la campaña, 500.0000 toneladas han sido exportaciones y 285.000 han ido al mercado interior.

Significativa ha sido el aumento en este mes de marzo de aceite de oliva en el mercado interior, en el que se han contabilizado 66.000 toneladas como consecuencia del mayor acopio en los hogares españoles tras decretarse el estado de alarma por el Covid-19, y eso pese al cierre del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) desde el pasado 14 de marzo.

En el pasado mes de marzo se destinaron 75.000 toneladas de aceite de oliva español a los mercados exteriores, en una campaña en la que las importaciones han acumulado un total de 98.000 toneladas de aceite de oliva en estos seis primeros meses tras las 14.000 de marzo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido una audioconferencia con el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, para informar de cómo está afrontando el sector agrario y, en su conjunto, el agroalimentario la crisis sanitaria originada por el COVID-19.

En la conversación, el ministro ha solicitado medidas de mercado eficaces y dotados financieramente, como el almacenamiento privado, para responder a la situación de los sectores afectados por esta crisis. El comisario ha informado al ministro de que la Comisión Europea (CE) está trabajando sobre ello.

El cierre del canal Horeca, unido a la paralización de la actividad turística como consecuencia de la limitación de movimientos para atajar y evitar la propagación del Covid-19, ha causado graves daños a algunos sectores como el sector del ovino y caprino, ha explicado el ministro.

A pesar de que la compra de alimentos en los hogares españoles ha aumentado en estas últimas semanas como consecuencia del confinamiento decretado desde el pasado 14 de marzo, este consumo no es capaz de absorber toda la producción que antes iba destinada a la hostelería y la restauración.

El ministro envió el pasado 19 de marzo una carta al comisario para solicitar una flexibilización de los reglamentos de aplicación de la Política Agraria Común (PAC), así como la aplicación de las medidas de regulación de mercado como el almacenamiento privado o ayudas específicas para apoyar a algunos de los subsectores agrarios más afectados por la crisis.

El ministro ha recordado que en estos momentos difíciles la PAC se está reivindicando como esencial y fundamental no solo para asegurar el abastecimiento alimentario al conjunto de la población europea, sino como una política que impulsa la producción de alimentos sanos, seguros y sostenibles.

Ha valorado la aprobación de tres reglamentos importantes para los aproximadamente 700.000 beneficiarios de la PAC en España y que flexibilizan algunos aspectos de esta política.

El ministro ya había solicitado en su misiva de marzo la prórroga del plazo de presentación de las ayudas de la PAC hasta el 15 de junio; el incremento del anticipo de las ayudas de la PAC del 50 al 70 % en el caso de las ayudas directas y hasta el 85 % en las de desarrollo rural; y la flexibilización de controles, plazos y procedimientos, que “evitan la pérdida de fondos comunitarios” destinados a agricultores y ganaderos, según el ministro.

La Unión Europea tiene que actuar para que los Estados miembros, “unidos y coordinados”, salgan “juntos y reforzados de esta crisis y para que ningún agricultor ni ganadero se quede atrás”, ha enfatizado el ministro.

El ministro Planas ha insistido en que es necesario lanzar un mensaje contundente a agricultores y ganaderos: “Deben percibir que la UE responde ante esta crisis”.

El PSOE de Jaén denuncia que la Junta “no sólo deja fuera al 75% de los autónomos, sino que excluye a los olivareros y a los ganaderos, lo que supone un varapalo especial para la provincia de Jaén”. La orden de la Junta contempla la ayuda de 300 euros a autónomos de los sectores de cereales, leguminosas y semillas oleaginosas y deja fuera al resto del campo andaluz, según señala en un comunicado el PSOE.

“Nuevamente la Junta de derechas hace honor a su apelativo y se comporta como lo que es: un Gobierno de derechas, insensible con los más vulnerables y desentendido de las dificultades de los olivareros”, critica la parlamentaria Mercedes Gámez. La parlamentaria socialista exige a la Junta que “rectifique de inmediato” y amplíe los beneficiarios de la ayuda a otros sectores del campo. Sólo en la provincia de Jaén hay unos 6.000 autónomos del sector agrario y ganadero.

Gámez señala que “las derechas vuelven a demostrar una vez más su falta de compromiso con el olivar, al que han vapuleado siempre que han podido”. En este sentido, recuerda que “estamos finalizando un marco comunitario donde el olivar de Jaén ha perdido 272 millones de euros en ayudas directas por el reparto que hizo el PP”.

Añade que el Gobierno de España “representa la otra cara de la moneda” en la actual situación de crisis sanitaria que atravesamos, puesto que no sólo ha impulsado un ambicioso paquete de medidas para ayudar a los autónomos, sino que también ha aprobado una importantísima rebaja de los módulos del IRPF para los olivareros. “Estamos hablando de una medida que pone en evidencia la sensibilidad del Gobierno de España con el sector y que va a permitir un notable ahorro para nuestros olivareros en esta época de dificultad por la injusta situación de precios que sufren”, recalca.

Gámez recuerda que las ayudas de la Junta a los autónomos “son bastante pírricas, puesto que sólo pueden beneficiar al 25% de los autónomos y excluyen al 75% restante. Además, consiste en una paga de 300 euros, ayuda bastante insuficiente si se compara con el esfuerzo que han hecho otras comunidades autónomas, como Cataluña, que ofrece 2.000 euros; como Valencia, con ayudas entre 750 y 1.500 euros; o como Cantabria, que concede hasta 300 euros semanales. PP y Ciudadanos se llenaban la boca en Andalucía hablado de autónomos, pero a la hora de la verdad ya estamos viendo el escaso compromiso de la Junta con el sector”, apunta.

En este sentido, reitera que la Junta “mantiene paralizadas todas las líneas de ayudas que este sector tenía desde 2018”, con subvenciones al inicio de actividad, a la segunda oportunidad, a la formación, al estímulo de la innovación, al registro de patentes o a la cobertura de situaciones como una baja o una adopción. “Todas estas ayudas están desactivadas”, advierte Gámez.

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, Soledad Aranda, pide al Gobierno de España que aplique una reducción fiscal en los índices de rendimiento neto (módulos) dentro del régimen de estimación objetiva del IRPF o, lo que es lo mismo, que rebaje la fiscalidad a los agricultores y ganaderos de la provincia para corresponder con una situación excepcional, como es la crisis sanitaria generada por el Covid-19 y la consiguiente repercusión de los mercados. Soledad Aranda recuerda en un comunicado que “el campo jiennense lo estaba pasando mal” y pone como ejemplo que los agricultores ya estaban en la calle antes de que se decretara el estado de alarma. De ahí que la delegada territorial argumenta que “ha llegado el momento de que el Gobierno de España corresponda con apoyo al campo jiennense, como es una fiscalidad más liviana ante un escenario muy complicado”.

“Una vez más, lamentamos que el Gobierno de España se ponga de espaldas a los olivareros y con el campo jiennense en general. Tienen una última oportunidad, por lo que le exigimos que tengan en cuenta el informe de corrección de errores para que el Ministerio de Hacienda rectifique. Han de eliminar la presión fiscal o rebajarla al mínimo en el campo jiennense, que ya suficientemente castigado está”, afirma la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Soledad Aranda. Asimismo, señala que la Consejería está “en una labor de interlocución constante que los agricultores y ganaderos y ha entendido plenamente sus necesidades”. Por eso, Soledad Aranda añade: “La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tiene claro que los agricultores y ganaderos de la provincia deben de obtener una reducción fiscal ante esta situación tan complicada, que en el caso del olivar ha de eliminarse completamente para paliar la crisis del Covid-19, que no es más que otro problema más que se suma a la crisis de precios que ya padecían”.

La delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible indica: “No es más que un ejercicio de solidaridad que tiene que hacer el Gobierno de España y que, por desgracia, no lo hace. Prefiere ponerse de espaldas a los agricultores, pese a los problemas que tienen y que han hecho que hayan tenido que salir a la calle para manifestarse. De nada vale estar con ellos en las protestas, como ha hecho el PSOE, pero luego darle la espalda cuando tienen una oportunidad real de ayudarlos, como es la eliminación de los tributos, que se muestra como una medida totalmente necesaria”.

Soledad Aranda afirma que la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía ha recordado que el nuevo informe remitido al Ministerio sobre las reducciones del IRPF en el sector agrario tiene como objetivo la corrección de errores por parte del Gobierno de España por no incluir, en la rebaja fiscal publicada el pasado 9 de abril, a todos los sectores afectados en 2019 por circunstancias excepcionales, como la crisis de precios, la imposición de vetos y aranceles o los daños causados por la DANA y temporales.

Con este nuevo documento, la administración autonómica insiste en apelar a la sensibilidad del Gobierno para que atienda la propuesta de reducción del IRPF remitida en febrero por la Consejería y que justificaba, con exhaustivos criterios técnicos, una rebaja fiscal a aquellos sectores que sufrieron significativas pérdidas en 2019. Es el caso, por ejemplo, del sector del olivar, para que el que se pide una eliminación total de la fiscalidad por la crisis de precios que sufre, o para la ganadería, que ha de situarse, como mínimo, en el 40%. Este nuevo informe de corrección de errores forma parte de la habitual comunicación entre administraciones públicas y así debería saberlo el PSOE-A después de casi cuatro décadas al frente de la Junta de Andalucía.

Por ello, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera incide en que este documento se basa en los mismos argumentos esgrimidos en febrero para solicitar al Gobierno de España la necesidad de una rebaja fiscal justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía que el año pasado sufrieron graves pérdidas. En este sentido, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta lamenta que “el PSOE-A intente encubrir la falta de sensibilidad del Gobierno de España con el campo andaluz, especialmente ahora que urge de toda la ayuda posible para afrontar una crítica situación a causa de la crisis sanitaria del coronavirus”.