El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy la reunión de Comité Asesor Agrario para explicar los resultados del pasado Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) en el que se cerró el acuerdo político entre los 27 Estados miembros para reformar la Política Agraria Común (PAC).
El ministro ha resaltado a las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA, que el acuerdo recoge los objetivos planteados por el Gobierno para desarrollar en España una PAC capaz de dar respuestas a las necesidades del sector agrario.
El consenso alcanzado sobre los 3 textos de reglamento en debate -planes estratégicos, financiación y organización común de mercados agrarios- permitirá al Consejo empezar la negociación con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, en los trílogos, que comenzarán en noviembre y que se prolongarán al principio de la presidencia portuguesa de la UE en 2021.
El ministro ha expresado su satisfacción por el acuerdo que permitirá orientar la estrategia agraria nacional hacia las necesidades y prioridades del sector, que contará con un presupuesto de 47.724 millones de euros para 2021-2027, más las aportaciones del Estado, de las comunidades autónomas y de los planes de recuperación, con las que se acercará a los 53.000 millones.
Luis Planas ha remarcado que esta nueva PAC supone un cambio profundo con respecto a la PAC actual, por su fuerte componente medioambiental, el 40 % del gasto de esta política se destinará a la mitigación de los efectos del cambio climático. Además, por primera vez, los Estados miembros podrán elaborar su propio plan estratégico nacional, adaptado a su realidad agraria, sin las rigideces que supone un modelo de talla única a nivel europeo y en el que se incardina la denominada “arquitectura verde”.
Planas ha resaltado también que la próxima PAC contemplará la perspectiva de género en su política y dará un mayor protagonismo a los jóvenes a través de la obligación de destinar al menos el 2 % de los fondos a estos. Ambas cuestiones defendidas por España. Luis Planas considera vital la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria y el incremento de la presencia femenina no solo en las labores del campo, sino también en las de representación del sector.
El ministro ha destacado que ahora continuará también la negociación entre Estado y comunidades autónomas, que supondrá realizar un esfuerzo sin precedentes de coordinación y cooperación, para lograr el modelo de aplicación de la PAC
España, ha asegurado el ministro, elaborará un plan estratégico nacional que tenga en cuenta los diferentes modelos y particularidades agrarias del país, que se centre en la explotación familiar y profesional, que facilite la evolución hacia una agricultura más resistente al cambio climático y que prepare al sector para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones.
Entre estas demandas se encuentra la de construir un modelo productivo más sostenible medioambientalmente enmarcado en la “arquitectura verde”, que tiene como eje principal los denominados ecoesquemas, ayudas complementarias para cumplir con prácticas beneficiosas para el medio ambiente y que supondrán el 20 % del presupuesto de las ayudas directas.
Luis Planas ha señalado que es una oportunidad que va a permitir a los agricultores y ganaderos explorar nuevos nichos de mercado y abrir nuevas expectativas comerciales. Además, ha resaltado que las nuevas orientaciones medioambientales y se aplicarán paulatinamente, tras dos años de “periodo de aprendizaje”, para permitir una adaptación gradual.
Así, durante los años 2023 y 2024, todos los fondos no gastados enecoesquemas, se podrán transferir íntegramente a otras intervenciones. España pasará el dinero no gastado a la ayuda básica a la renta en aras a la flexibilidad lograda y defendida por el ministro durante las negociaciones.
Además de la sostenibilidad medioambiental, la económica y la social de agricultores y ganaderos también están garantizadas, ya que el 60 % de los importes de los pagos directos se destinará a la ayuda básica a la renta, al que es posible sumar el 20 % de los ecoesquemas.
Respecto a la limitación de la cuantía máxima que un perceptor puede recibir de la ayuda básica a la renta, denominado también “capping”, los Estados pueden limitarla en 100.000 euros, si bien teniendo en cuenta los gastos de empleo.
En lo que se refiere a los pagos redistributivos (procedentes de la limitación) para hacer un uso más eficiente y más enfocado a los agricultores profesionales, España ha logrado introducir criterios de elegibilidad adicionales al tamaño de la explotación. De esta forma, se podrán concentrar en aquellas personas cuyos ingresos agrarios suponen una parte significativa sobre los ingresos totales en aras de una mayor eficacia de este pago.
La disciplina financiera no afectará a los pagos de menos de 2.000 euros, como solicitaba España para una mayor simplificación de la gestión de la PAC.
Para España ha sido también importante poder incluir el sector de la aceituna de mesa como sector elegible para las ayudas acopladas o vinculadas a la producción, la posible creación de programas sectoriales nuevos, como el que propone el MAPA, para el olivar, el mantenimiento de los que existen para el vino, la apicultura y las frutas y hortalizas (este último sin techo de gasto), así como los programas escolares de distribución de leche y fruta.
