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La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) contará en 2021 con 8,3 millones de euros (un 32 % más) para reforzar sus labores de control del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

La agencia realizó 320 inspecciones de oficio a lo largo de 2020, lo que supuso controlar 734 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria y la imposición, por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), de 580 sanciones por 879.000 euros

Del total de inspecciones, 168 se realizaron en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en el ámbito de las frutas y hortalizas y 16 en el del aceite de oliva.

Por su parte, de las 580 sanciones, 342 tuvieron como causa el incumplimiento de los plazos de pago; 129 se impusieron por no incluir en los contratos toda la información preceptiva; y 89 por no existir contrato. En los tres casos el comercio mayorista (en origen y destino) resultó el más sancionado, por delante de la industria y a mucha distancia del comercio minorista y de los productores.

En 2020, por otro lado, se presentaron 65 denuncias, el 44 % de ellas procedentes de organizaciones sectoriales y el 40 % de productores.

La directora de la AICA, Gema Hernández, ha facilitado hoy esta información al consejo asesor de la agencia, reunido para conocer el resultado final de un ejercicio marcado por el estado de alarma y la pandemia de la COVID-19 y la aprobación en febrero del real decreto ley 5/2020 que modificaba la ley de la cadena alimentaria, lo que supuso tener que adaptar la actividad diseñada a principios de año a las nuevas circunstancias.

En este sentido, ha destacado que 2020 supuso un trabajo intenso de reprogramación de inspecciones y de investigación de las denuncias y alertas que se presentaron por posibles incumplimientos de la ley de la cadena.

Hernández también ha facilitado cifras del acumulado de la actividad de la agencia desde su creación en 2014. Así, el número de inspecciones ha sido de 4.584, entre las que destacan las 1.472 en el sector de frutas y hortalizas, las 944 del lácteo, las 895 vinculadas al sector vitivinícola, las 595 al oleícola y las 417 del cárnico.

Estás inspecciones han dado lugar a 2.474 infracciones con sanción impuestas por el MAPA por un total de 11.858.185 euros. Los sectores con mayor número de incumplimientos han sido el sector de frutas y hortalizas (985), el lácteo (325), el vitivinícola (261) y el oleícola (201).

Desde la creación de AICA, el motivo más frecuente de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago (51,7 %). Y si atendemos al tipo de operador, el 44,2  % de las sanciones han recaído en la distribución comercial mayorista, seguido de la industria, con el 35,4 %.

En estos más de siete años, la Agencia ha recibido 358 denuncias, 138 relativas al sector lácteo, 97 a frutas y hortalizas, 45 del sector vitivinícola y 39 del oleícola.

Hernández ha señalado que la agencia seguirá siendo un organismo riguroso y eficaz y una herramienta útil para el sector alimentario que vela para que lo que dice la ley se cumpla.

CALIDAD DIFERENCIADA E INFORMACIÓN DE MERCADOS

En lo referente a los controles oficiales a las Denominaciones de Origen y de las Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito supraautonómico y que han elegido a AICA como organismo de control y certificación, se realizaron un total de 126 auditorías (85 a productores y 41 a operadores certificados).

Por otro lado, la AICA, que inicia e instruye el procedimiento sancionador en caso de incumplimientos a la ley 6/2015, de DOP e IGP de ámbito territorial supra-autonómico ante las denuncias presentadas por los consejos reguladores, ha incoado 22 expedientes en 2020 (266 desde 2014).

Como gestora de los sistemas de información de mercados de los sectores oleícola (SIMO) y vitivinícola (Infovi), la agencia recibió en el ejercicio pasado 62.083 declaraciones de operadores del sector de aceite de oliva y aceituna de mesa y 44.916 declaraciones de operadores del sector del vino. De ellas se han derivado más de 1.000 informes.

PAPEL CLAVE

La reunión del consejo asesor ha estado presidida por el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, quien ha recordado que las buenas relaciones de la cadena son un tema crucial para el futuro y la sostenibilidad del sector agroalimentario.

En una cadena de valor equilibrada, ha dicho, todos los agentes deben obtener un valor que remunere su aportación, particularmente los productores primarios a los que la ley reconoce como parte más débil. De ahí que la batería de modificaciones legislativas iniciadas en 2020 tenga como fin el establecimiento de relaciones comerciales verdaderamente equilibradas y creadoras de valor para todos los eslabones.

En este contexto, ha señalado que la AICA  juega un papel clave y que por eso es  una prioridad para el MAPA reforzar su funcionamiento con incremento el presupuestario aprobado para 2021 y con un plan de incorporación de personal técnico.

La AICA es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuya actividad de control de la cadena alimentaria se realiza cuando recibe una denuncia por incumplimientos a la ley y mediante inspecciones de oficio.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno de la solicitud al Gobierno de España de un tratamiento singular y específico en la escala Nutri-score para el aceite de oliva y otros productos, como los derivados del cerdo ibérico, por su demostrado valor saludable.

La Junta de Andalucía considera necesaria una revisión del sistema que utiliza Nutri-score para la categorización de algunos alimentos como el aceite de oliva, que debería contar con un reconocimiento del máximo nivel de calidad nutricional en esta escala (‘A’ de color verde oscuro) y, sin embargo, está incluido en el nivel intermedio (‘C’ de color amarillo). Esta disparidad en la categorización se debería a que el algoritmo empleado por Nutri-score contempla actualmente como parámetro principal el aporte calórico de los alimentos, sin tener en cuenta los beneficios, demostrados científicamente, que supone, por ejemplo, el consumo de aceite de oliva.

En una situación similar se encuentran los productos derivados del cerdo ibérico, cuya calificación merece también un tratamiento específico por tratarse de productos con propiedades saludables que tampoco se han tomado en consideración en el proceso de asignación de puntuación en esta herramienta de información nutricional.

La petición de Agricultura, a la que se suma también la Consejería de Salud y Familias, responde a que actualmente el Ministerio de Consumo está tramitando el proyecto de Real Decreto por el que se implementa la escala Nutri-score en España. Su objetivo es facilitar a los consumidores información clara sobre la calidad nutricional de los alimentos para que puedan elegir la opción más saludable.

Para ello, se propone la inclusión en la parte frontal de los envases alimentarios del correspondiente logotipo de la escala Nutri-score, que consta de cinco colores (de verde oscuro a naranja oscuro) asociados a cinco letras (de la ‘A’ a la ‘E’). Este método simplificado de identificación de los productos se basa en la presencia de determinados nutrientes por cada 100 gramos de alimento. Entre los componentes menos favorables desde el punto de vista nutricional, Nutriscore contempla las calorías, los azúcares, los ácidos grasos saturados y el sodio. Entre los nutrientes considerados más favorables se encuentran, por ejemplo, las proteínas, la fibra alimentaria o el porcentaje de frutas, hortalizas, legumbres y frutos secos.

Existen evidencias científicas, avaladas por numerosos estudios e investigaciones, que caracterizan al aceite de oliva virgen como la mejor grasa que puede consumir el ser humano dados sus efectos sobre la salud. De hecho, su composición de ácidos grasos y la presencia de polifenoles hacen que este alimento sea el único que cuenta con tres alegaciones saludables refrendadas por la European Food Safety Authority.

Estas cualidades se corresponden con su contribución a la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares, a la reducción del estrés oxidativo y a estar considerado como una fuente de vitamina D. En el caso de los productos derivados del cerdo ibérico, no se reconocen las cualidades intrínsecas derivadas de su procedencia.

Por su alimentación, el cerdo ibérico presenta, al igual que el aceite de oliva virgen, un alto contenido de ácido oleico, que contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares al incidir en el aumento del ‘colesterol bueno’ (HDL) y en la reducción del colesterol perjudicial. Asimismo, está demostrado científicamente que el consumo de jamón ibérico aporta vitaminas del grupo B (B1, B2, B6 y B12) y vitamina E, y que este alimento contiene diversos minerales como calcio, hierro, cinc, magnesio y selenio, considerándose los dos últimos como compuestos favorables para luchar contra el proceso de envejecimiento.

Las organizaciones agrarias UPA, ASAJA y COAG de la provincia de Jaén han lamentado el mantenimiento de los aranceles de EE UU al aceite de oliva envasado y han reclamado al Gobierno y a la UE un mayor esfuerzo diplomático para que se elimine esta traba que grava a este producto y a la aceituna de mesa.

«Mayor esfuerzo del Gobierno y de la Unión Europea. Es lo que pedimos desde UPA Jaén para eliminar, de una vez por todas, los aranceles de Estados Unidos al aceite de oliva envasado de origen España». El responsable de la Sectorial de Olivar y Aceite de UPA, y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, lamenta profundamente que en esta primera revisión de las trabas arancelarias, el Gobierno de Joe Biden no haya eliminado una traba comercial que nos perjudica notablemente. «Los aranceles que seguimos sufriendo son totalmente injustos para el sector del aceite de oliva envasado y de la aceituna de mesa. Seguimos inmersos en una guerra comercial en la que nada teníamos que ver y, sin embargo, hemos pagado los platos rotos de las ayudas aportadas al sector aeronáutico europeo. Y el nuevo escenario político en Estados Unidos no ha cambiado en nada esta situación”, lamenta Cristóbal Cano.

«En un primer momento, desde UPA Jaén entendíamos que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca abría una buena oportunidad para eliminar los aranceles y continuar con nuestras buenas cifras de exportaciones al país norteamericano, especialmente en una campaña donde se están produciendo unos aceites de oliva virgen extra de la máxima calidad que serían muy apreciados, a buen seguro, por los estadounidenses. Sin embargo, el mantenimiento de los aranceles hace que las exportaciones de aceite de oliva español sigan viéndose perjudicadas y mantengan su línea descendente». De ahí que Cristóbal Cano haga un llamamiento al Gobierno y a Bruselas para que “se adopten medidas valientes y contundentes que conlleven la eliminación de esta traba comercial de una vez por todas en la próxima revisión”.

“La Unión Europea ha tenido hasta el momento una actitud laxa. No ha impuesto aranceles a los productos norteamericanos lo suficientemente fuertes como para que revisaran su política comercial con respecto a nuestro aceite de oliva envasado de origen España y la aceituna de mesa. De esta forma, mantienen vigente los aranceles actuales, que están en el 25 por ciento. Bruselas tiene que defender, de forma decidida, el sector olivarero por el peso específico que tiene en la economía de España y también en la comunitaria”, reconoce Cristóbal Cano.

Y agrega: «Desde UPA Jaén entendemos que Estados Unidos sigue siendo un destino prioritario para el aceite de oliva español. A pesar de las trabas comerciales que suponen los aranceles, no podemos perder de vista las cifras totales de comercialización de aceite de oliva y también el hecho de que seguimos sufriendo una importante crisis de precios en origen, sobre todo en el olivar tradicional. Por eso reclamamos contundencia a la Unión Europea, porque estamos convencidos de que la eliminación definitiva de los aranceles facilitaría a nuestro sector la posibilidad de recuperar parte del camino perdido a base de exportaciones de un aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad y con valor», concluye el responsable sectorial de Olivar y Aceite de UPA y secretario general de UPA Jaén.

ASAJA-Jaén

«Un nuevo fracaso de la diplomacia europea y española». Así considera ASAJA-Jaén el hecho de que se haya publicado en el Federal Register (el equivalente al BOE estadounidense) la decisión de no revisar los aranceles actualmente en vigor, manteniéndose por tanto el 25% sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna verde hasta próximas revisiones.

El sector olivarero, eje de la economía de Jaén, padece desde que se impusieron los aranceles las consecuencias de un conflicto aeronáutico del que es ajeno, y que ni Europa ni el gobierno Español han sabido solucionar. De esta forma, y pese a las fuertes inversiones que el sector productor español ha realizado en ese país para convencer a los consumidores norteamericanos de las bondades del aceite de oliva, «esta diplomacia fracasada ha hecho que el aceite de oliva envasado origen Español haya caído un 80,9% respecto a los volúmenes registrados en 2019, según los datos de importaciones que ha publicado el departamento de Comercio americano».

Según la organización agraria, en el 2020, EE UU ha aumentado sus importaciones de aceite de oliva en un 19,1% alcanzando las 402.000 toneladas, de lo que no se ha beneficiado España por el injusto establecimiento de los aranceles. Las importación de producto origen España baja cerca del 42% destacando que, el que llega mensualmente envasado a EE UU no alcanza ni siquiera las 700 toneladas, cuando antes de la imposición de aranceles estos volúmenes eran entre a 6.000 y 8.000 Toneladas.

Según la administración americana, los aceites de otros orígenes, como Túnez o Portugal, han dado por el contrario un paso de gigante en poco tiempo. Las importaciones de producto envasado originario de ambos países se han visto incrementadas en un 700% y 850% respectivamente.

«Europa y el Gobierno Español no han sabido solucionar un conflicto que se alarga en el tiempo y a medida que pasan los meses nuestro protagonismo en EE UU se diluye. Los injustos aranceles a los que hacemos frente nos han sacado del mercado más importante fuera de la UE, tras haber realizado inversiones millonarias durante las últimas dos décadas», denuncian desde ASAJA.

«Desde Asaja exigimos a las administraciones, tanto nacionales como comunitarias, que intensifiquen las negociaciones al más alto nivel con la administración de EE UU una vez resuelto el cambio de presidencia en este país, de cara a poner fin a esta situación de una vez por todas, ya que el daño lo están soportando las empresas y productores españoles por un conflicto del que ello son ajenos», apostilla.

COAG-Jaén

Por otra parte, COAG Jaén pide contundencia a Bruselas ante la decisión de Estados Unidos de mantener unos aranceles injustos al aceite de oliva español, en una lucha que para nada tiene que ver con la industria agroalimentaria.

“Pedimos que se ponga en marcha una respuesta en sectores como el de frutos secos”, asegura el secretario general de COAG Jaén y responsable regional de olivar en COAG-Andalucía, Juan Luis Ávila.

Y añade que “ha llegado el momento de que Bruselas se deje de paños calientes y ponga un paquete de aranceles a los Estados Unidos potente, que le haga replantearse el que se mantengan los aranceles impuestos hasta ahora”. En este sentido, considera que la UE ha tenido hasta ahora “una actitud de complacencia que no nos va a llevar a ningún sitio”.

Desde COAG Jaén se mantenía la esperanza de que con el cambio de gobierno en Estados Unidos y la llegada a la presidencia de Joe Biden se podría producir una “eliminación de unos aranceles que han hecho que este sector haya pagado los platos rotos del sector aeronáutico a nivel de la UE”.

Sin embargo, el Federal Register (el equivalente al BOE estadounidense) ha publicado la decisión de no revisar los aranceles actualmente en vigor, manteniéndose por tanto el 25 % sobre el aceite de oliva envasado y la aceituna verde, hasta próximas revisiones.

Juan Luis Ávila, exige a la Unión Europea y al Gobierno central una defensa más contundente del olivar y del aceite de oliva teniendo en cuenta el peso que tiene en la economía y la sociedad española, ya que los Estados Unidos son un destino prioritario para el aceite de oliva español y puede suponer que haya un cambio de tendencia y una consolidación de los precios.

Los aranceles impuestos al aceite de oliva español han supuesto una piedra más en el camino de un sector inmerso ya en una crisis de precios, de la que no termina de salir, a pesar de la última subida de precios.

Del sector del olivar viven en Andalucía más de 250.000 familias andaluzas, y genera cada año, más de 16 millones de jornales, equivalentes a alrededor de 140.000 puestos de trabajo, sin contar los trabajadores fijos y los autónomos. Un sector que se ha visto amenazado a causa de las subvenciones recibidas por un consorcio aeronáutico con el que nada tiene que ver.

El Ministerio de Agricultura ha emitido hoy un comunicado en el que precisa siete puntos sobre la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) ante lo que considera «determinadas informaciones inexactas, difundidas sobre la negociación en curso de la Política Agraria Común (PAC) y su aplicación en España», por lo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) quiere hacer las siguientes precisiones:

Primera.- La discusión de los tres reglamentos europeos de la PAC entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y bajo la presidencia portuguesa de la Unión Europea, no ha concluido aún, y previsiblemente no lo hará hasta finales del mes de abril. Será en ese momento cuando se decidan los parámetros finales europeos de la futura PAC.

Segunda.- Consecuentemente, la previsión es que el Ministerio y las comunidades autónomas puedan reunirse en la segunda quincena del mes de mayo, para tomar las decisiones sobre su definición y aplicación en España, para el periodo 2023-2027.

Tercera.- Por tanto, cuestiones tales como la ayuda básica a la renta, la definición de quién deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la convergencia para cumplir con los compromisos europeos; así como los ecoesquemas y todos los restantes conceptos, permanecen en estos momentos en debate, y pendientes de decisión.

Cuarta.- Un intenso trabajo de análisis y concertación con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector ha tenido lugar desde principios del año 2019 en más de doscientas reuniones, lo que ha permitido avanzar con espíritu constructivo en los aspectos técnicos de la misma. Igualmente, sendas discusiones políticas han tenido lugar con idéntico propósito, para aproximar posiciones entre las comunidades autónomas.

Quinta.- Es rotundamente falsa y carente de cualquier fundamento, la afirmación de que el Ministerio pretenda excluir a un número elevado de perceptores actuales de la PAC en esta nueva reforma. Igualmente, la de que estén ya decididos importes y mecanismos de reparto de las futuras ayudas. Lamentamos profundamente estas afirmaciones que crean inquietud y zozobra en el sector agrario, y confunden a agricultores y ganaderos.

Sexta.- La voluntad del Gobierno es lograr el acuerdo más amplio posible, en forma de acuerdo nacional, para hacer del contenido de esta PAC, y de los 47.724 millones de euros obtenidos por España en el Consejo Europeo de julio de 2020, el mejor instrumento de apoyo a agricultores, ganaderos y medio rural, en función de las necesidades concretas y previamente identificadas, de cada uno de los sectores y subsectores.

Séptima.- La posición del Gobierno de España sobre la reforma en curso sobre la PAC es la contenida en el documento examinado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2018, que aparece ampliamente recogida en el acuerdo de los Ministros de Agricultura de la UE alcanzado en Luxemburgo en octubre del pasado año. Las decisiones de aplicación que procedan serán adoptadas en Conferencia sectorial por el Gobierno de España y las comunidades autónomas.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, mantuvo ayer una reunión en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga con representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), encabezada por su presidente Javier González de Lara, en la que han abordado «con preocupación el impacto que la convergencia acelerada en la Política Agraria Común (PAC) puede causar en el empleo y el tejido empresarial andaluz».

Crespo ha advertido de que el 60% de los agricultores y ganaderos andaluces verán recortadas sus ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en 2021 como consecuencia de la aplicación del Real Decreto aprobado por el Gobierno de España.

La titular del ramo ha explicado que estas importantes pérdidas afectarán tanto a pequeños como a medianos y grandes productores y ha concretado que, en el caso de Málaga, sufrirán los recortes más de 10.600 productores. De ellos, unos 4.300 verán reducidas sus subvenciones por encima del 10% y para algo más de 300 los incentivos bajarán más de un 25%. Crespo ha explicado que las cuatro principales comarcas de Málaga (Vélez-Málaga, Valle del Guadalhorce, Antequera y Serranía de Ronda) se verán afectadas directamente por la convergencia con recortes que van del 2% al 34%.

La consejera ha vuelto a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca celebrada ayer por la mañana que “los cambios que se produzcan en el futuro tienen que ser asumibles por el agricultor y que el Real Decreto apueste por una convergencia más suave y no haya trasvase de fondos”.

La consejera ha resaltado que la convergencia acelerada que propone el Gobierno central no reconoce los esfuerzos de los agricultores que ha invertido y apostado por un campo andaluz competitivo. Crespo ha apuntado que el Ejecutivo nacional está conduciendo a una tarifa plana en 2023 que, con la eliminación de regiones productivas, conllevaría a una reducción de las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos de Andalucía y a una bajada del potencial de esta Comunidad Autónoma.

“Andalucía, sus organizaciones agrarias y el Gobierno andaluz, apuesta por el diálogo. Nuestras enmiendas al Real Decreto no se han tenido en cuenta y se ha optado por una convergencia abrupta. Queremos que se apoye a un sector que están siendo ejemplo para todos a lo largo de esta pandemia. Ofrecerle certidumbre y liquidez es algo absolutamente necesario. Una convergencia abrupta significa incertidumbre y falta de recursos para nuestros agricultores y ganaderos”, ha concluido.

El experto en aceites de oliva, catedrático de la Universidad de Jaén y director de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola, Manuel Parras, alude a “la paradoja de las administraciones públicas en el mercado oleícola al invertir en promoción y no consumir aceites de oliva”, según ha subrayado a Oleum Xauen.

Parras recuerda que en un reciente artículo (Diario Jaén, de 5 de febrero), Manuel Parras Rosa, Juan Carlos Rodríguez Cohard y Juan Ramón Lanzas Molina, profesores de la Universidad de Jaén y miembros de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola, señalaban que “no es razonable que mientras las administraciones públicas invierten importantes cantidades de recursos en promocionar el consumo de aceites de oliva, a la vez, estas mismas administraciones no obliguen, en sus contratos de concesión a terceros, a que en la elaboración de sus menús y en sus cocinas se utilicen los aceites de oliva, en general, y el AOVE, en particular, sobre todo, en aquellas regiones eminentemente productoras, como son Andalucía y, por supuesto, Jaén”.

Continuaban poniendo de manifiesto que la mayor y mejor promoción de los aceites de oliva que las administraciones públicas pueden hacer es “obligar -si es posible por la Ley de Contratos y parece que lo es- a que las empresas concesionarias utilicen aceites de oliva y, si no es posible por la Ley de Contratos, impulsar un cambio normativo. En todo caso, mientras tanto, podría incluirse una cláusula donde se indique que el compromiso de usarlo se tendrá en cuenta como un factor para la adjudicación”.

En su opinión, el comportamiento de las administraciones públicas constituye “una paradoja difícil de entender por dos motivos: por el poco coste que supondría para el usuario final que en los establecimientos de la denominada “restauración colectiva, social e institucional” se utilizasen aceites de oliva, como ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y, en segundo lugar, porque lo que está en juego es mucho: la salud y la promoción de una dieta saludable”.

Y añade. “Esperemos que en nuestros hospitales, en nuestras escuelas infantiles, en nuestras universidades, en nuestras residencias de mayores, en el ejército y en los comedores escolares, solo se utilicen aceites de oliva. La Administración pública, si así lo hiciera, además de ofrecer unos productos saludables a la población podría de paso educar a los niños en una ingesta más equilibrada y saludable, gracias a la contribución que los aceites de oliva tienen en la dieta mediterránea. No olvidemos que una de las causas de la tendencia al descenso del consumo interno ha sido el alejamiento de los más jóvenes del consumo de aceites de oliva, con la preocupante tendencia que eso supone como indicador adelantado de reducciones futuras cuando el recambio generacional se consolide”.

Por todo ello, los autores proponen impulsar un estudio semejante al realizado por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que permita diseñar estrategias para su impulso.

Sostiene que durante la pandemia, durante el confinamiento, “el comer en casa ha supuesto pasajeramente aumentar el consumo de aceites de oliva, pero no olvidemos que, una vez superada la Covid-19, volveremos a la normalidad; esto es, a comer más fuera del hogar que en el hogar y, en consecuencia, a consumir menos aceites de oliva y más otros aceites de semillas”.

El artículo finaliza señalando que sería deseable y oportuno que Andalucía liderase este movimiento en pro del consumo de aceites de oliva, en general, y del AOVE, en particular, en la restauración colectiva, mediante el apoyo de las distintas administraciones andaluzas y, además, debería persuadir a las del resto del país del referido y necesario cambio de comportamiento. “Sería el mejor apoyo de promoción a la salud y al propio sector productor”, concluye.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el presidente del consejo de administración de la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía (Garántia), Javier González de Lara, han firmado en Málaga un protocolo de colaboración que, como ha apuntado Crespo, supone un “paso histórico en las posibilidades de liquidez de los agricultores y ganaderos de Andalucía”. La responsable del ramo ha apuntado que, gracias a este acuerdo, el aval necesario para percibir anticipos de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) “es accesible” para los productores agrarios mientras que, anteriormente, podía ser una dificultad.

En su discurso, Carmen Crespo ha recalcado que el objetivo del Gobierno andaluz es “afianzar y dar certidumbre a nuestros agricultores, que están siendo fundamentales en estos momentos para abastecer los mercados de medio mundo, y que tengan liquidez para seguir adelante”. “Este protocolo beneficia a los que tienen más dificultades, a los que quieren invertir en innovación y modernización”, ha apuntado la consejera, quien ha hecho especial hincapié en las ventajas que ofrece especialmente a “los jóvenes y las mujeres que se están incorporando a la agricultura y ganadería de la comunidad autónoma”.

El convenio suscrito entre la Junta y Garántia persigue facilitar la constitución de las garantías previas que exige la Unión Europea para que los beneficiarios de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) puedan tener acceso a anticipos de hasta el 50% las subvenciones que tienen concedidas. Dada la actual coyuntura económica, marcada por los efectos del Covid-19, esta inyección de liquidez anticipada puede ser especialmente importante para la ejecución de proyectos que conllevan una importante inversión. 

Al respecto de la pandemia, Javier González de Lara ha resaltado que “Garántia, desde el inicio de la crisis sanitaria, colabora con la Junta de Andalucía para ayudar al tejido empresarial andaluz a atravesar esta difícil situación, mediante la línea especial de liquidez Covid-19 puesta en marcha para Pymes y autónomos andaluces que han sufrido el impacto del coronavirus en sus actividades económicas”. 

El presidente de la sociedad de garantía recíproca se ha referido también en su discurso al “peso específico del sector agro en Garántia, que supone casi un 25% de nuestra cartera de riesgos” y que ha posicionado a la entidad desde hace dos años como “líderes en financiación agraria en el sistema nacional de garantías”. “El sector agro es preferencial para Garántia, especialmente los más dinámicos como pueden ser los cultivos de invernadero, cultivos de primor, tropicales, olivar intensivo y superintensivo, frutos secos, etcétera,” ha resaltado González de Lara, quien ha destacado también la forma preferente de financiación a cooperativas y sus socios.

En cuanto al futuro, el máximo representante de la sociedad de avales ha valorado que la “relación público-privada de Garántia se ha estrechado” y ha afirmado que espera “seguir trabajando en esta dirección, ante el crecimiento de la demanda de financiación durante este escenario de emergencia empresarial derivada de la larga duración de la crisis sanitaria”.

Protocolo Junta-Garántia

En base al protocolo, los agricultores y ganaderos andaluces podrán formalizar avales con Garántia en unas condiciones más favorables, ya que la comisión de estudio se fija en un 0,5%, la comisión anual en un 1,75% y el capital reembolsable al término de la operación podría alcanzar el 3%.

Para la consejera, “con esta firma, los agricultores y ganaderos en Andalucía,  tienen hoy más certidumbre y más liquidez para el presente y el futuro”, condiciones “vitales” en un momento como el actual, marcado por la crisis derivada de la pandemia por Covid-19. Carmen Crespo ha valorado que los adelantos de ayudas que podrán solicitar los agricultores y ganaderos les permitirán “seguir invirtiendo en su negocio” y ha comentado, a modo de ejemplo, la situación de un joven agricultor al que se le anticipe hasta el 50% de la subvención que tenga aprobada. En concreto, ha valorado que este incentivo podrían permitirle iniciar la actividad sin tener que afrontar una merma de los recursos financieros de su explotación familiar, contribuyendo así a “afianzar los negocios, la inversión y la innovación” en el sector agrario andaluz.

Por otro lado, la titular de Agricultura ha recordado la labor que está llevando a cabo la actual Junta de Andalucía “agilizando todos los procesos para que los recursos económicos lleguen lo antes posible a los agricultores y ganaderos, ya que antes, desgraciadamente, “llegaban demasiado tarde a manos de los beneficiarios».

El rendimiento medio graso de la aceituna (el porcentaje de aceite de oliva incluido en la aceituna) ha alcanzado el 18,39 por ciento hasta finales del pasado mes de enero en Jaén, provincia en la que se habían producido hasta el 31 del pasado mes 386.000 toneladas de aceite de oliva, según ha podido conocer Oleum Xauen.

Se trata de una cifra que supone más de tres puntos por debajo de lo pronosticado en octubre en la estimación (aforo) de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que lo elevaba al 21,6 por ciento en consonancia con el promedio de las últimas campañas. En el pasado mes de enero el rendimiento medio se situó en el 19,92 por ciento en Jaén, que contrasta con el 19,71 obtenido en Andalucía, comunidad en la que la media para toda la campaña ha sido hasta el 31 de enero del 17,7 por ciento.   

De acuerdo con estos datos, desde la Consejería Agricultura se ha ajustado a la baja sus previsiones de aceite de oliva para la actual campaña oleícola 2020/2021, rebajando la estimación de 1.348.000 toneladas de aceite de oliva que preveía en Andalucía a 1.050.000/1.100.000, mientras que en la provincia de Jaén se podría situar en el entorno de las 500.000 frente a las 670.000 toneladas aforadas inicialmente.

Histórico del rendimiento medio

El histórico de los datos del rendimiento medio graso de la aceituna en la provincia de Jaén sólo ha bajado por debajo del 20% en tres de las últimas 34 campañas, según ha podido conocer Oleum Xauen, aunque se quedaron en unas cifras cercanas al veinte por ciento; es decir, que para obtener un kilo de aceite de aceite de oliva se precisaron cinco de aceituna. De hecho, las cifras revelan que en la campaña 1987/88 el rendimiento medio fue del 19,93 por ciento en la provincia de Jaén, igual promedio que el conseguido en la 1997/98, mientras que en la campaña oleícola 1992/93 se alcanzó el 19,98 por ciento. En todas las demás campañas de este histórico se situó por encima del veinte por ciento. 

La asociación profesional española de la producción ecológica (Ecoliva) lanza una campaña divulgativa en la que recuerda que el olivar ecológico reduce en un 100% la huella de carbono. La entidad realizará cinco encuentros online gratuitos sobre el valor económico del sector, la producción, los mercados, el valor ambiental del producción del olivar ecológico y el cooperativismo.

El olivar ecológico es uno de los sectores con mayor crecimiento. Según datos oficiales, actualmente hay 209.288 hectáreas en España dedicadas al olivar ecológico. Andalucía es la comunidad donde se concentra la mayor parte, con 79.760 hectáreas.

Por ello, y con el objetivo de poner en valor este sector, Ecovalia ha lanzado la campaña «El olivar ecológico frena el cambio climático». Según ha destacado el secretario general de la entidad, Diego Granado, “está demostrado que el olivar ecológico reduce la huella de carbono en un 100%, una cifra avalada por el informe Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático. Por lo que podemos afirmar que estamos ante el cultivo que más y mejor contribuye a la lucha contra el cambio climático. Y Andalucía, con casi 80.000 hectáreas de este cultivo, tiene mucho que aportar a este gran reto”.

“Queremos poner en valor la gran aportación del sector, pero también queremos que la sociedad en general sea consciente de los beneficios del olivar ecológico, no solo los que genera su consumo, sino también su cultivo”, añade Granado.

Para ello, Ecovalia ha editado un vídeo sobre el sector y ha organizado cinco encuentros online, cuya inscripción es gratuita. Las sesiones se celebrarán:  el miércoles, 17 de febrero, y en ella intervendrá José María Penco para hablar de «El valor del olivar ecológico andaluz»; el lunes, 22 de febrero, Vicente Rodríguez Niño lo hará sobre»La producción del olivar ecológico andaluz»; el miércoles, 24 de febrero, Juanma Luque con «Los mercados del aceite de oliva ecológico»; el martes, 2 de marzo, Juan Antonio Caballero hablará sobre «El valor ambiental del olivar ecológico»; y el lunes, 8 de marzo, cerrará el ciclo Álvaro Olavarría para exponer su visión sobre «El sector cooperativo del olivar ecológico andaluz». Las sesiones se llevarán a cabo de 19:00 a 19:30 horas, a través de Zoom. Para participar en las mismas es necesario inscripción (https://forms.gle/PMHTt4yXNEKS9HXe8).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ofrece desde este lunes más de 14.000 servicios de asesoramiento técnico gratuito a agricultores y ganaderos andaluces para la gestión de sus explotaciones. Un total de nueve entidades han sido seleccionadas para desarrollar esta labor, una vez resuelta la convocatoria publicada el pasado septiembre, que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros, de los cuales 1,7 millones van destinados específicamente a atender explotaciones del olivar.

Carmen Crespo, titular del ramo, ha resaltado la importancia de “estar al lado de los trabajadores del campo de Andalucía en un tiempo de incertidumbre como el actual” y ha lamentado que los cambios en la Política Agrícola Común (PAC) se hayan iniciado en el período transitorio (2021-2022) “de forma brusca, en lugar de una manera más paulatina como solicitamos desde Andalucía”. “Que nuestros agricultores y ganaderos estén bien informados es clave en estos momentos”, ha apuntado la consejera, haciendo hincapié en el beneficio que supondrá la activación de este servicio de asesoramiento.

A través de 9 entidades en toda la región

De este modo, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Agama, Federación de Arroceros de Sevilla, Surveco Veterinarios, Asociación de Agricultura Sostenible de la Comarca de Baena, Galpagro y Basallen serán las entidades encargadas de asesorar a productores andaluces sobre asuntos como buenas prácticas agrarias y medioambientales, así como las obligaciones derivadas de la directiva marco de aguas, la gestión integrada de plagas, medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 o cuestiones relacionadas con la seguridad laboral, entre otros aspectos.

Carmen Crespo ha hecho hincapié en que, si bien los destinatarios de las ayudas son las empresas que prestan el servicio, “los beneficiarios finales de estas subvenciones son los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad Autónoma, ya que serán ellos quienes obtendrán los beneficios de este asesoramiento técnico sin tener que realizar ningún desembolso”.

Por vez primera en el marco 2014-2020

Se trata de la primera vez que se convoca esta línea de ayudas en el marco del PDR 2014-2020 y los interesados podrán desde este lunes, 15 de febrero, presentar una petición de participación a través del servicio de “Solicitud de servicios de asesoramiento”, disponible en la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía, contando con un mes, o hasta que se alcance el máximo de asesoramientos ofertados (14.150), para hacerlo. Si lo prefieren, también podrán gestionarlo en las Oficinas Comarcales Agrarias o acudiendo directamente a cualquiera de las entidad seleccionadas para ofrecer el servicio. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de presentación, se asegura en un comunicado.

En total, las nueve empresas ofertan 14.150 servicios de asesoramiento en todas las provincias andaluzas y que comprenden cuestiones tanto relativas a la actividad agraria en general como al sector del olivar en particular. En concreto, los agricultores y ganaderos de Almería tendrán a su disposición un total de 1.336 servicios; los de Cádiz, 905; los de Córdoba, 2.844; y los de Granada, 732. Por su parte, los productores de Huelva podrán solicitar hasta 1.005 de estos servicios; los de Jaén, hasta 2.387; los de Málaga, hasta 1.514; y los de Sevilla, hasta 3.427.