El Gobierno andaluz ha rechazado el acuerdo adoptado el mes pasado por el Consejo Europeo acerca del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2021, que incluye un presupuesto para la PAC de 343.944 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,2% respecto al periodo anterior 2014-2020. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha trasladado un informe al Consejo de Gobierno con los argumentos sobre los que se sustenta el rechazo de Andalucía al presupuesto de la nueva Política Agrícola Común (PAC).
La Junta ha calculado que este presupuesto supone para Andalucía una pérdida de 1.287 millones de euros de la PAC como consecuencia de dicha reducción del 10,2%, y que conllevaría graves perjuicios para el sector agrario andaluz y, muy especialmente, para el olivar. Esta reducción planteada se prevé mayor para el segundo pilar (desarrollo rural), con un descenso del 11,7%, que para el primer pilar (ayudas directas y mecanismos de gestión de mercados), con un 9,6% de descenso. La Junta de Andalucía considera que el sector agroalimentario ha demostrado su papel crucial para garantizar el acceso de la ciudadanía a alimentos seguros, asequibles, nutritivos y en cantidades suficientes.
En este sentido, entiende que la agricultura y ganadería conforman un sector estratégico y esencial para el futuro de la Unión Europea. Además, considera que ahora debe afrontar también importantes retos como el incremento de la sostenibilidad o su transformación digital. Por todo ello, concluye que no se puede exigir más al sector recortando al mismo tiempo el presupuesto.
La Junta de Andalucía advierte de la importancia del sector agrario para la región, pues supone el 6,3% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía, doblando el peso del sector agrario nacional, en el que el VAB supone el 2,9%. Por todo ello, desde el Gobierno andaluz se ha traslado al Ministerio la preocupación por la pérdida de unos fondos que han permitido la transformación de una actividad estratégica.
El informe trasladado al Consejo de Gobierno incide en la importancia de este sector y en la necesidad de que no se proceda a recortes en los presupuestos asignados. Al mismo tiempo, el documento aborda las distintas cuestiones que van a determinar la Política Agrícola Común en el próximo período.
Definición del agricultor genuino
En la propuesta de la Comisión para la nueva PAC se establece que solo los agricultores genuinos podrán percibir pagos directos, dejando a los estados miembros la definición de éstos. No obstante, se señala que no podrá excluir a los agricultores pluriactivos. Ante esto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha propuesto la definición de agricultor genuino utilizando la ratio ingresos agrarios/ingresos totales, excluyendo de esta manera en su definición a los beneficiarios del régimen de pequeños agricultores. La posición de la Junta de Andalucía en esta cuestión difiere de forma tajante. La Junta considera que la figura del agricultor genuino debe estar asociada a una actividad real y efectiva.
Andalucía entiende que la propuesta del Ministerio supondría la exclusión de las ayudas de muchos pequeños y medianos agricultores que juegan un papel muy importante en el desarrollo de las zonas rurales y en el mantenimiento de los ecosistemas agrarios, y que sería la mayor parte de los actuales beneficiarios de la PAC. Respecto al régimen de pequeños agricultores, la Junta de Andalucía propone que se mantenga en unas condiciones similares a la actual PAC, corrigiendo las deficiencias que se hayan detectado, como una mayor flexibilidad en cuanto a la superficie admisible que debe mantenerse.
Ayuda básica a la renta y ayuda redistributiva
Uno de los aspectos fundamentales de la próxima reforma de la PAC es el apoyo a la renta. La propuesta de la Comisión consiste en sustituir el actual pago básico por una ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, incluyendo en parte el anterior pago por prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (greening). Para el diseño de esta ayuda hay tres aspectos que resultan clave: la permanencia o no del sistema de derechos de pago, la convergencia en el valor de los derechos (en caso de mantenerse) y la regionalización de las ayudas (con o sin derechos). Respecto a la regionalización, la ayuda básica a la renta puede diferenciarse según regiones atendiendo a criterios objetivos como las condiciones socioeconómicas y agronómicas.
La postura de Andalucía en esta cuestión es que cualquier cambio de criterios podría provocar importantes redistribuciones de ayudas entre sectores y territorios, y la Junta entiende que el sector lo que necesita en estos momentos es estabilidad. El Gobierno regional considera que no se pueden cambiar continuamente las reglas de juego y más cuando el actual modelo solo lleva implantado cinco años y está funcionando bien. De otro lado, la Comisión propone que los Estados miembros proporcionen una ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad, propiciando una redistribución de las ayudas desde explotaciones más grandes a otras más pequeñas o medianas. La ayuda se concedería en forma de un pago anual disociado, por hectárea admisible, a los agricultores que tengan derecho a un pago con arreglo a la ayuda básica a la renta.
Andalucía considera que la introducción de esta ayuda puede provocar una importante redistribución de las ayudas directas entre territorios y sectores, lo que dependerá de su diseño. Ante esto, la Junta de Andalucía considera que cualquier decisión sobre su aplicación o no y la elección de sus características, deben ir precedidas de estudios de impacto que permitan una valoración adecuada.
Finalmente, dentro del plan estratégico de la PAC, pueden definirse ayudas asociadas para ayudar a sectores y producciones que experimenten dificultades. Esta ayuda será en forma de pago anual por hectárea o animal. El debate en torno a las ayudas asociadas en la PAC posterior a 2020 no se ha iniciado, por lo que no existe una propuesta sobre los sectores o tipos de producciones que podrían beneficiarse de estas ayudas. En cualquier caso, desde Andalucía se estará vigilante en esta cuestión para que no se produzca ninguna pérdida neta de fondos para Andalucía.
Ecoesquema y condicionalidad
La actual arquitectura ‘verde’ de la PAC será reemplazada y todas las operaciones serán integradas en un enfoque más dirigido y flexible. Este enfoque permitirá a los estados miembros planificar medidas obligatorias y voluntarias del primer y del segundo pilar para alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos dentro del plan estratégico de la PAC. Los estados miembros tendrán que definir sus metas para alcanzar los objetivos ambientales y climáticos acordados en la UE. El apoyo a la renta estará condicionado a la adopción de prácticas medioambientales y climáticas, que se convertirán en la línea base para prácticas voluntarias más ambiciosas (condicionalidad reforzada). Estas prácticas serán definidas en mayor medida por los estados, que tendrán que asegurar que se cumplan las metas acordadas.
En este sentido, la Junta de Andalucía ya ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que el presupuesto y la forma de concesión de la ayuda lleven finalmente a una pérdida importante de lo que perciben muchos beneficiarios andaluces. En cuanto el segundo pilar, cuyas ayudas se implementan a través del Programa de Desarrollo Rural, quedan aún muchas cuestiones por conocer. Sin embargo, Andalucía pretende que se consideren variables como el mayor VAB o renta agraria, el empleo agrario, los jóvenes titulares de explotaciones, la superficie ecológica o integrada o la superficie de cultivos permanentes.
