El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha designado al Laboratorio Arbitral Agroalimentario como organismo nacional de referencia para el análisis del aceite de oliva con el objetivo de garantizar su calidad y su carácter genuino frente a otro tipo de aceites.
El sector oleícola ofrece a los consumidores el aceite de oliva como un producto de elevada calidad. Por ello, puesto que es el único que presenta características organolépticas que son presentadas al consumo como exponente de producto natural con personalidad propia, es necesario proceder a su control desde un punto de vista sensorial y físicoquímico.
El ministerio ha publicado hoy la orden en el Boletín Oficial del Estado para cumplir así con la normativa europea que determina que los Estados miembros deben designar uno o varios laboratorios nacionales de referencia por cada laboratorio en la Unión Europea (UE). De esta manera, el Laboratorio Arbitral Agroalimentario asumirá las responsabilidades y tareas de los laboratorios nacionales de referencia definidas por la UE.
El laboratorio realiza, desde hace años, numerosos análisis en aceite de oliva. En 2023 se llevaron a cabo más de 350 análisis organolépticos a través del panel de catadores y más de 8.000 determinaciones físicoquímicas por sus técnicos analíticos con el fin de garantizar la autenticidad del aceite de oliva en España. Esta labor es fundamental para la defensa del consumidor, así como para proteger y promocionar el aceite de oliva de España en los mercados de exportación.
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
El Laboratorio Arbitral Agroalimentario es una unidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuyos orígenes se remontan a la Ley de Defensa contra Fraudes y Ensayos y Análisis Agrícolas del año 1993.
Desde 1999 está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación para la realización de ensayos físicos-químicos, sensoriales, microbiológicos y biomoleculares de productos agroalimentarios y medios de la producción agraria en cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional.
Entre sus funciones también está la coordinación del control analítico oficial de calidad comercial de estos productos en colaboración con las comunidades autónomas, la colaboración con el sector agroalimentario en el control y desarrollo de sus productos, además, de la elaboración de estudios y análisis sobre el sector agroalimentario.
