El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se ha reunido hoy por videoconferencia con sus homólogos de las comunidades autónomas para analizar la carta de la Comisión Europea con las observaciones sobre el Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC)  presentado por España. 

Se trata de la primera de una serie de reuniones técnicas que mantendrá el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con todos los agentes que participaron en la elaboración del Plan Estratégico para completar la información solicitada por la Comisión Europea y realizar las adaptaciones necesarias que permitan la aprobación del mismo en el plazo más breve posible, con el objetivo de que los agricultores y ganaderos conozcan cuanto antes las nuevas reglas de la PAC que serán aplicables  a partir de enero de 2023.

Dentro de este cronograma de trabajo, el secretario general se reunirá el próximo lunes día 11 con representantes de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias para analizar la carta de observaciones de la Comisión Europea.

Con estas reuniones se van a concretar las labores necesarias de adaptación del Plan Estratégico para su aprobación definitiva dentro del proceso de diálogo estructurado que las autoridades españolas han tenido con la Comisión Europea.

En la reunión de hoy también se han abordado cuestiones relativas a la aplicación de las medidas de apoyo al sector agrario aprobadas por el Consejo de Ministros hace una semana para hacer frente al incremento de los costes de producción desencadenados como consecuencia de la guerra en Ucrania. Las comunidades autónomas y el Ministerio han trabajado en la búsqueda de los sectores más afectados por esta crisis, con el fin de que tengan prioridad en la distribución de las ayudas arbitradas de acuerdo al mecanismo de crisis recogido en el artículo  219 de la Organización Común de Mercados Agrarios.

El paquete de 193,47 millones de euros para la agricultura y la ganadería deriva de la activación de este mecanismo de crisis aprobado por la Unión Europea para hacer frente a las dificultades del sector. A los 64,5 millones de este fondo comunitario asignados a España –el segundo país con mayor cuantía-, el Gobierno suma 129 millones de euros más de fondos de los Presupuestos Generales del Estado, completando así el máximo del 200 % que autoriza la Comisión Europea a cada país.

La distribución territorial de estos fondos, que también será abordada en las reuniones con las organizaciones profesionales y cooperativas agroalimentarias, tendrá que ser aprobada en Conferencia Sectorial.

Durante la reunión, también se ha tratado sobre la instrumentalización del sistema de gestión y de las solitudes y pago del paquete de 169 millones de euros en ayudas directas aprobadas igualmente por el Gobierno para los productores de leche. 

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