El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha subrayado “la voluntad inequívoca” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la aplicación efectiva de la Ley de la cadena alimentaria, y lograr de esta forma un reparto más justo de los beneficios entre los distintos operadores. Miranda ha subrayado que la ley contiene novedades que afectan a todos los eslabones de la cadena, así como un sistema de control reforzado y un régimen sancionador más estricto.
Fernando Miranda inauguró ayer una jornada informativa sobre la Ley de la cadena alimentaria, organizada de manera telemática por la AICA. Con esta jornada, el Ministerio continúa con su labor divulgativa sobre las novedades de esta ley y su aplicación práctica, para que sus beneficios lleguen lo antes posible a todos los agentes de la cadena, particularmente al sector primario.
En su intervención, explicó que la modificación de la Ley de la Cadena de 2013, aprobada el pasado mes de diciembre, no solo ha traspuesto la directiva comunitaria de prácticas comerciales desleales, sino que ha ido más allá con la finalidad de solucionar los problemas de desequilibrio en el reparto de valor a lo largo de los distintos eslabones que la componen.
El secretario general se ha referido a la actual situación de agricultores y ganaderos, afectados por la subida de los costes de producción que ha reducido sus márgenes de beneficio. En este contexto, ha recordado que la Ley de la Cadena obliga a que los productores puedan ver reflejados sus costes de producción a través de los contratos.
Según ha precisado, la ausencia de contrato es ahora motivo de sanción grave, porque el contrato es la pieza a través de la cual se comienza a construir el valor a lo largo de la cadena y, particularmente, a partir del establecimiento del precio. La Ley, ha indicado el secretario general, ha clarificado todos los aspectos relativos al establecimiento del precio del contrato y, uno de ellos es el que se refiere a la necesidad de que dicho precio cubra, en todo caso, el coste de producción.
A este respecto, ha hecho hincapié en señalar que el precio del contrato no son los costes de producción, ya que el precio que deben percibir los agricultores tiene que ser superior a dichos costes y proporcionar un margen que permita una actividad agraria económicamente viable.
El secretario general ha asegurado que el Ministerio ya está dando los pasos necesarios para la implementación de esta ley. En concreto, ya han comenzado los trabajos para poner en marcha el registro de contratos, se ha iniciado el procedimiento para modificar el estatuto de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y su régimen de control, se ha constituido el órgano de coordinación de las autoridades de control de las comunidades autónomas y se está reforzando el contenido y la frecuencia de la información proporcionada por el Observatorio de la Cadena.
En este sentido, ha indicado que es necesario que todos los actores de la cadena asuman el cambio que supone la aplicación de la Ley de la Cadena, promoviendo su conocimiento y su aplicación, en todos los eslabones. También es fundamental que las comunidades autónomas, a través de las autoridades de control, coordinadas por la AICA, ejerzan su papel en el control de las obligaciones derivadas de la aplicación de la norma.
