La Diputación Provincial de Jaén exigió hoy a la Junta de Andalucía que ponga en marcha un plan de choque contra el algodoncillo en la provincia, concretamente en las zonas más afectadas de Las Villas, Segura y el Condado. La moción no ha sido apoyada por el PP, que «una vez más le ha dado la espalda a los agricultores y agricultoras de estos municipios», asegura un comunicado.

El diputado socialista Javier Perales reclamó a la Junta que impulse un fondo de compensación con ayudas directas para los agricultores por esas pérdidas, que se han visto “agravadas por la inacción del Gobierno andaluz”. “Mientras miles de hectáreas son invadidas por el algodoncillo, la Junta no hace nada. Ya tardó semanas en activar medidas específicas o en coordinar un mínimo asesoramiento técnico a los ayuntamientos y agricultores. La realidad es que están dejando a cientos de agricultores abandonados a su suerte”, denunció.

Perales reprochó a la Junta que “no están los refuerzos técnicos que prometieron en sanidad vegetal, ni un solo recurso y ningún plan”. “Jaén y su olivar no puede ser ignorados como siempre por la Junta de Andalucía”, afeó. Además, recordó que el año pasado ya existía esta plaga y que a pesar de ello, a día de hoy, Juanma Moreno “sigue sin hacer nada”.

El diputado indicó que con esta moción se trata de decidir “si intentamos darle una solución real a esta plaga o si el año que viene tendremos el mismo problema”. Advirtió en este sentido que hay explotaciones “que han perdido el 100% de producción” y criticó por eso que el PP “se haya puesto de perfil”. “Los alcaldes y los pueblos se han levantado, porque la Junta no está dando una respuesta rápida y eficaz. Sólo aplica la máxima de a grandes problemas, grandes excusas”, censuró.

Con esta moción, la Diputación reclama a la Junta una doble línea de ayudas a los agricultores para compensar el gasto en fitosanitarios y las pérdidas de producción. También se pide que aumente los técnicos en sanidad vegetal, que demarque las zonas afectadas para hacerles control y seguimiento, que elabore una Guía de Gestión Integrada y Actuación y que incremente la información y transparencia a los ayuntamientos y agricultores afectados.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha reiterado el compromiso de la administración andaluza “con la reutilización de las aguas depuradas que permiten regar el campo andaluz y el campo jiennense de la mano de las comunidades de regantes de la provincia con el objetivo de que, paralelamente, también puedan mejorar sus instalaciones y puedan ser autosuficientes energéticamente”.

Así lo ha destacado en su visita a la Comunidad de Regantes (CR) ‘La Alameda’ de Villacarrillo donde ha estado acompañado por la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Soledad Aranda, el alcalde del municipio, Francisco Miralles, y el vicepresidente de esta agrupación de regantes, Eugenio Segovia. Allí, Jesús Estrella ha explicado que la Junta ha destinado 23 millones de euros en la provincia de Jaén para la mejora de las instalaciones y equipamientos de CR, de los que 1,4 han sido precisamente para Villacarrillo.

Las actuaciones ejecutadas en la Comunidad de Regantes ‘La Alameda’, que está formada por más de 450 agricultores con 40.000 olivos, va a permitir “que el olivar de los agricultores que lo conforman pueda tener agua permanente reutilizando las aguas depuradas”. La actuación ha supuesto una inversión total de 4,1 millones de euros.

Además, el delegado del Gobierno ha subrayado el nuevo compromiso de la Junta de Andalucía con la reutilización de aguas depuradas a través del Plan Parra, cuyo objetivo es llevar el agua regenerada del terciario a los regantes, con una financiación de 165 millones de euros que, como ha explicado Jesús Estrella, “va a posibilitar que 6 comunidades de regantes de la provincia puedan beneficiarse de este nuevo catálogo de ayudas y garantizar así de forma permanente el riego de sus campos con la ayuda del Gobierno de la Junta de Andalucía”.

En este punto, también ha insistido en la importancia de la depuración de aguas residuales: “seguimos invirtiendo en la provincia de Jaén, más de 200 millones de euros en 100 actuaciones, invirtiendo en el 80% del total de los municipios de nuestro territorio”. Este impulso a las obras de infraestructuras de depuración ha permitido que Andalucía pase de un 4% de aguas regeneradas a un 17%, siendo la media española de un 11% y la europea de un 5%.

El Ateneo de Madrid acogió ayer un intenso debate sobre el presente y el futuro del sistema de producción de alimentos de Europa. La presentación del Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar –que UPA edita desde 1994– se ha convertido, un año más, en un acto de reivindicación y defensa de un modelo muy arraigado en Europa, pero que afronta grandes desafíos.

El secretario general de la UPA, Cristóbal Cano, ha reclamado que se agilice la tramitación de la Ley de Agricultura Familiar, que debe servir para proteger y fomentar a las explotaciones pequeñas y medianas. La agricultura familiar representa cerca del 80% de las explotaciones en España. Es un modelo profundamente arraigado en el territorio, generador de alimentos, empleo, cohesión social y equilibrio ambiental. Sin embargo, enfrenta desafíos estructurales, como reconoce en el Anuario el propio comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen: envejecimiento de la población agraria (con más del 40% de los titulares mayores de 65 años), escasa incorporación de jóvenes (menos del 12% menores de 40) y dificultades de acceso a tierra, crédito y servicios en el medio rural.

Evolución en 2024

Según los datos que recoge el Informe Socioeconómico incluido en el Anuario, la renta agraria aumentó un 11,2% en 2024, alcanzando los 36.760 millones de euros. La Producción Agraria subió un 2,9% en valor, impulsada por un aumento del volumen del 10,9%, aunque los precios bajaron un 7,3%. El PIB del sector primario creció un 8,5%, alcanzando los 40.491 millones de euros. Se produjo un ligero descenso de la población activa (-0,53%) y ocupados (-5,96%) y aumentó el paro agrícola un 1,6%. La afiliación a la Seguridad Social subió levemente, con 1.058.222 afiliados en el sector primario. Los precios percibidos cayeron un 12,73%, destacando el aceite de oliva (-40,47%). Se produjo en 2024 un récord en las exportaciones agroalimentarias, con 75.090 millones de euros (+5,8%), lo que supuso un superávit de 19.232 millones de euros.

El Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar

El Anuario 2025 de la Fundación de Estudios Rurales que se ha presentado sitúa a la agricultura y ganadería familiar en el centro del debate sobre el futuro del medio rural en España. A través de más de 350 páginas y con contribuciones de responsables políticos, líderes sindicales, expertos y agricultores y ganaderos, el documento traza un diagnóstico completo del sector y aboga por una transformación estructural que garantice su sostenibilidad económica, social y ambiental.

Hacia una Ley de Agricultura Familiar

El Gobierno ha iniciado la tramitación de una Ley de Agricultura Familiar que para UPA es “urgente e imprescindible” y que debe servir para reconocer, proteger y fortalecer este modelo productivo. Esta normativa pretende facilitar el relevo generacional, promover la titularidad compartida, apostar por la profesionalización del sector, garantizar precios justos y una posición equitativa en la cadena agroalimentaria y favorecer la transición ecológica y digital, entre otros retos.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha defendido que esta ley deberá estar en consonancia con la próxima reforma de la PAC (2028-2034), orientada a apoyar a quienes más lo necesitan.

El relevo generacional: un reto urgente

El anuario enfatiza que sin relevo generacional no hay futuro para la agricultura familiar. Como defienden Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, y Cristóbal Cano, secretario general de la UPA, es necesario facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres con medidas audaces: acceso a tierra, financiación, formación, simplificación burocrática y servicios dignos en las zonas rurales. “El campo no puede esperar”, proclaman.

El papel indispensable de las mujeres rurales

Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, resalta en su artículo que “sin mujeres no hay futuro rural”. Aunque ellas representan menos del 30% del empleo agrario y apenas un tercio de la titularidad de explotaciones, lideran muchos proyectos sostenibles e innovadores. FADEMUR, que ha sido reconocida con uno de los premios de la Fundación de Estudios Rurales entregados hoy, ha sido clave en visibilizar y empoderar a las mujeres rurales, pese a los persistentes obstáculos: brechas salariales, acceso desigual a recursos, infrarrepresentación y precariedad.

Mirada al futuro

El Anuario también aborda temas como el impacto de la PAC, la digitalización, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ganadera, la igualdad de género, el papel de los y las jóvenes, el crédito agrario y la lucha contra la despoblación. En su artículo, SAECA, por ejemplo, destaca un récord de avales y apoyo a jóvenes emprendedores.

En conjunto, el documento es una llamada a la acción para que las palabras se transformen en hechos y para que la agricultura familiar, con rostro humano y profundo arraigo, sea reconocida como motor de desarrollo rural, sostenibilidad y justicia social.

Premiando ejemplos de apoyo al medio rural desde el año 2000

La Fundación de Estudios Rurales ha entregado los premios con los que anualmente reconoce a personas e instituciones destacadas por su apoyo al medio rural. En este 2025, la FER ha premiado al periodista Xabier Fortes, al artista asturiano Rodrigo Cuevas y a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También ha concedido sus premios especiales a Lorenzo Ramos, Román Santalla, y FADEMUR, en su 20º Aniversario. Los premios Orgullo Rural han recaído en el líder tabaquero Teófilo Moreno, el representante de UPA en Sanabria, Pedro Fernández, la agricultora Magdalena Méndez y el fundador de la UPA en Murcia, Marcos Marín, estos tres últimos a título póstumo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que el Gobierno avanza y “va a acelerar todo lo que sea posible” en la elaboración y aprobación de la ley de agricultura familiar y profesional, que tiene como objetivo priorizar y proteger este modelo, que es clave para la cohesión social, la sostenibilidad y el mantenimiento del medio rural. 

Durante la clausura del acto de presentación del Anuario de la Agricultura Familiar de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Planas ha anunciado que después de verano el Ministerio convocará a todos los interlocutores del sector y las comunidades autónomas para avanzar en los contenidos del proyecto de ley, que es uno de los objetivos prioritarios de la legislatura. “Estamos absolutamente comprometidos con esta tarea”, ha reiterado.

En el proceso de consulta pública previa lanzada por el Ministerio en marzo se han recibido 67 aportaciones de entidades y organizaciones del sector y sociedad civil. La futura norma tiene ante sí el reto de actualizar la Ley de Modernización de Explotaciones de 1995 y abordar aspectos relevantes como la fiscalidad, el relevo generacional y la igualdad de género.

El ministro ha destacado que el modelo de agricultura familiar español está muy vinculado al territorio y se caracteriza por la convivencia entre productores a tiempo total, que tienen su renta exclusivamente dependiente de la agricultura y la ganadería, y otros a tiempo parcial o como actividad complementaria. Unos y otros, ha explicado, “dan vida a nuestros pueblos, al medio rural y eso no está retribuido ha dicho”.

Por ello ha explicado que uno de los objetivos de la ley y de la futura Política Agraria Común (PAC) será definir las entidades prioritarias hacia las que se tienen que volcar más las ayudas.

AGRICULTURA FAMILIAR Y RELEVO GENERACIONAL

Luis Planas ha subrayado que fortalecer la viabilidad de la agricultura familiar es esencial para garantizar el relevo generacional en el campo. Según la última encuesta sobre estructura de las explotaciones agrarias, el número de explotaciones en España ha descendido un 12,4 % desde 2020, y se sitúa en 784.140. Sin embargo, la superficie agrícola utilizada apenas ha caído un 1,6 %, lo que refleja un aumento del tamaño medio de las explotaciones.

El ministro ha señalado que más de las dos terceras partes de las personas que trabajan actualmente en el sector agrario, el 67 %, tiene más de 55 años, por lo que el relevo generacional es una necesidad y la única garantía de futuro para el campo.  

Durante el encuentro, se han entregado también los Premios de la Fundación de Estudios Rurales, unos galardones que ponen en valor el trabajo de las personas que “contribuyen al desarrollo del sector agroalimentario y a darle la visibilidad y el prestigio que se merece”, según Planas

Luis Planas ha entregado del Premio de Cultura, Arte y Literatura al artista asturiano Rodrigo Cuevas, por su contribución a la difusión y visibilidad de la cultura rural.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha autorizado hoy cambios normativos para ofrecer más información sobre los sectores de aceite de oliva y las aceitunas de mesa, mejorar el seguimiento de los mismos y garantizar una mayor transparencia sobre el mercado oleícola.

El real decreto aprobado modifica la normativa sobre declaraciones obligatorias en ambos sectores y actualiza el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO). Esta herramienta, gestionada por el Ministerio y las comunidades autónomas, se refuerza para mejorar la calidad de la información y la trazabilidad del proceso productivo de aceite de oliva y aceituna de mesa.

Una de las novedades es que las almazaras deberán presentar anualmente, previa a la comercialización, una declaración de la producción de aceite de oliva de la campaña anterior, desglosada por categorías (virgen extra, virgen y lampante). Esta información adicional será clave para el análisis de mercado, sobre todo, porque España es el primer productor mundial de aceite de oliva.

Otra novedad es la sustitución de declaraciones mensuales de producciones ecológicas por anuales complementarias en el caso de almazaras e industrias de transformación de aceituna de mesa que operen con producciones eco. Una forma de simplificar el procedimiento y garantizar la fiabilidad de la información.

El nuevo real decreto incorpora también la evolución del sector hacia una mayor valorización de los subproductos. Así se cumple con la norma que reconoce como subproducto los orujos grasos procedentes de almazara destinados a la extracción de aceite de orujo de oliva crudo. Por este motivo, los secaderos de orujo pasan a estar obligados a presentar una declaración mensual de actividad, mientras que las almazaras y extractoras de orujo completarán las declaraciones sobre el destino de los subproductos sin necesidad de crear registros adicionales que generen más carga administrativa.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación de los modelos de formularios de datos, dado que la información requerida ya se encuentra disponible en los distintos sistemas y procedimientos utilizados por las autoridades competentes.

Asimismo, se actualizan las funciones de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) -conforme a lo establecido en las modificaciones de la Ley de la Cadena alimentaria- y de las comunidades autónomas en relación con el censo de instalaciones y operadores oleícolas del SIMO.

El real decreto aprobado hoy elimina las penalizaciones por la presentación fuera de plazo de la solicitud única de la Política Agraria Común (PAC) para 2025 en el periodo comprendido entre el 15 y el 31 de mayo, con efecto retroactivo, conforme a lo establecido ya en una resolución del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Desde su lanzamiento a principio del presente año, Squizz ha impactado de forma notable en el mercado del aceite de oliva, habiendo conseguido sus llamativos envases, con su cómodo vertedor y su lúdico universo de marca estar presente en más de 5.000 puntos de venta en toda España.

Coosur Squizz ecológico es un coupage, mezcla de diferentes variedades de aceitunas, todas ellas con certificación bio; es un producto de proximidad cuyo aceite de oliva obtienen de su almazara de Mora (Toledo). A diferencia de sus compañeros de gama: Salteo y Cosecha temprana, que están envasados en botellas de 620 ml, Squizz ecológico se puede encontrar en 500 ml.

Este aceite de oliva virgen extra ecológico trata de ser consecuente con su entorno tanto en el interior del envase (el aceite) como en el exterior con una Botella de PET (plástico) reciclado al 51%, una etiqueta de papel 100% reciclable y unos colores tanto en el envase como en la etiqueta que evocan recuerdos de naturaleza.

Squizz ha sido la marca pionera en traer este formato de fácil uso a España y lo ha hecho acompañado de una imagen de marca enl a que tiene un gran peso la comunicación digital, con perfile en Instagram y Tik Tokenlos que se apuesta por salirse de lo establecido, con publicaciones diferentes, disruptivas y con un lenguaje y estilo que conecta con los más jóvenes.

Los representantes que forman parte de la mesa negociadora del convenio colectivo del aceite de la provincia de Jaén están citados en los próximos días a una nueva reunión tras no haberse producido avances significativos en los más de diez encuentros mantenidos hasta ahora. El principal escollo de la negociación está centrado en cuestiones salariales y en la eliminación del plus de profesionalidad que defiende la patronal, según ha podido saber Oleum Xauen.

Una negociación que se encuentra en una situación de cierta parálisis y lentitud para este sector estratégico para la economía jiennense, por lo que se espera que se acerquen posturas en el próximo encuentro negociador.  No obstante, las conversaciones que se mantienen desde hace casi diez meses avanzan a un ritmo muy lento debido a las diferencias existentes entre las partes.

El convenio colectivo para la industria del aceite y sus derivados, cuya mesa negociadora se constituyó el pasado 14 de octubre, afecta a unos 4.000 trabajadores y a unos 300 centros de trabajo en la provincia de Jaén. En la negociación del mismo participan representantes sindicales de UGT y CC OO; mientras que la patronal está representada por Infaoliva Jaén, Cooperativas Agro-Alimentarias de Jaén y la Asociación Profesional de Extractores de Aceite de Orujo de Jaén.

La Diputación de Jaén avanza en la profesionalización del oleoturismo en la provincia con la constitución de la mesa de impulso del Club de Producto OleotourJaén. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha destacado el modelo de gobernanza participativo que pretende esta figura de gestión para impulsar la competitividad de una oferta coordinada, auténtica y de calidad, que responda a las demandas del turista.

“La mesa que se constituye hoy es un fiel reflejo de las empresas que ya vienen participando en nuestra propia estrategia, con representación de las almazaras visitables –Aoveland y Picualia-; de la restauración y la gastronomía –El Bury y Don Sancho-; también tenemos artesanía y alojamientos –Modelando entre olivos y Hotel Puerta de la Luna-; vamos a trabajar también con espacios de belleza, salud y bienestar –Centro Nature Urban Spa-; empresas de servicios turísticos que concreten sus servicios en torno a la cultura del olivar –Oleorasa Tour, Sendatur, Artíficis y Pópulo-; museos y centros de interpretación –Centro del Olivar y Aceite de Úbeda-; las asociaciones de desarrollo rural –Adsur-, porque entendemos que constituyen la vertebración y canalizan la participación del territorio; y las figuras de calidad, como la IGP Aceite de Jaén”, ha detallado Lozano, que ha remarcado la “amplia representación, porque queremos que haya un proceso participativo en la toma de decisiones sobre qué dirección y qué rumbo debe de tomar esta planificación”.

El diputado de Promoción y Turismo se ha referido al momento clave para el desarrollo oleoturístico de la provincia de Jaén gracias al impulso que suponen los planes cofinanciados con los fondos europeos Next Generation EU, como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino OleotourJaén, dotado con un presupuesto de 4,5 millones de euros, y el programa Oleoturismo en España, que lidera la Diputación de Jaén junto a otras ocho diputaciones españolas y la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

En este sentido, ya son 54 las empresas y entidades oleoturísticas de la provincia de Jaén que cuentan con el reconocimiento de Oleoturismo en España, si bien se trabaja con más de un centenar de empresas y entidades para fomentar una hoja de ruta que facilite la promoción del oleoturismo de la provincia a nivel nacional e internacional. De hecho, el pasado 11 de junio se constituyó en Madrid el Comité Estratégico de Impulso del Oleoturismo a nivel nacional con el objetivo de coordinar, consensuar y alinear las estrategias y actuaciones que consoliden el oleoturismo como motor de desarrollo turístico, rural y económico en las zonas productoras de aceite de oliva, articulando a los principales agentes públicos y privados vinculados al sector.

Paralelamente, la Diputación de Jaén ha impulsado diferentes acciones de formación en las que han participado casi 580 personas, se han realizado más de un centenar de mentorizaciones para la implantación de criterios y estructuración de experiencias, y se ha generado una oferta con 60 experiencias oleoturísticas. Fruto de este trabajo, tal y como ha subrayado el diputado de Promoción y Turismo, “hoy nos congregamos en un punto de inflexión, porque después de una década de trabajo por parte de la Diputación con el sector privado y también público, hemos decidido constituir un club de producto que nos garantiza personalidad jurídica y capacidad de trabajo. El principio es la constitución de esta mesa de impulso, donde el diálogo sea continuado para decidir cuáles serán las metodologías de crecimiento y progreso, las prioridades y, sobre todo, para imprimir mayor competitividad y profesionalización”.

Como acciones a desarrollar en el corto y medio plazo, destacan la creación de un catálogo de empresas y de experiencias, la actualización de la web de OleotourJaén, un amplio programa de formación y digitalización de las empresas oleoturísticas y el desarrollo de diferentes acciones de promoción y comercialización que se reforzará con la constitución de un restyling de la marca y un ambicioso plan de marketing que será la punta de lanza que dará la visibilidad al Club de Producto OleotourJaén a nivel nacional e internacional y reforzará y sentará las bases del posicionamiento y la rentabilidad del sector oleoturístico de la provincia de Jaén. El diputado de Promoción y Turismo también ha avanzado que “tenemos que seguir mejorando en el apartado de internacionalización, profesionalizando a nuestras empresas para que sean capaces de recepcionar a los turistas internacionales, y con más presencia en esos espacios de comercialización internacional para lo que tendremos la colaboración de Turespaña”.

La Diputación Jaén promueve la creación del Club de Producto Turístico OleotourJaén, una alianza estratégica público privada que articule, coordine y potencie la oferta oleoturística en la provincia de Jaén. Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) OleotourJaén, dotado con 4,5 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos europeos Next Generation EU.

El PSOE solicitará a la Junta de Andalucía en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Jaén la elaboración de “un plan de choque” contra la plaga del algodoncillo en el olivar de los municipios de la comarca de Las Villas y en apoyo de los agricultores y agricultoras afectados.

El grupo socialista instará a la Junta de Andalucía a que se establezcan líneas de ayudas excepcionales a los agricultores y agricultoras afectados, que les permita compensar económicamente los sobrecostes provocados por la intensificación de las labores fitosanitarias necesarias para combatir la plaga y la pérdida de las cosechas por la plaga del algodoncillo.

La portavoz socialista, Pilar Parra, recuerda que “las únicas propuestas de la Junta de Andalucía han sido esperar y mantener la tranquilidad, escuchando la problemática, pero sin realizar nuevas actuaciones, sumado a la escasa dotación de plantilla en la provincia de Jaén para atender a todas las cuestiones relativas a la sanidad vegetal”.

Parra le urge a la Junta a que se dote a la Delegación Territorial del personal técnico suficiente en materia de sanidad vegetal para abordar la prevención, control y erradicación de la plaga de algodoncillo en la provincia de Jaén, a la vez que se controlan otras enfermedades y malezas que puedan afectar a la producción vegetal. La portavoz socialista también insta a que se elabore una Guía de Gestión Integrada y Actuación contra el algodoncillo dirigida a los agricultores y agricultoras afectados.

Los socialistas le piden a la Junta a que proceda a dar la mayor información y transparencia a los ayuntamientos de los municipios afectados y a su vez a los agricultores y agricultoras afectados en relación a las tareas de dirección, planificación y coordinación de actuaciones fitosanitarias, inspecciones y evaluaciones, así como sus informes y resultados en relación a la plaga del algodoncillo, y la puesta en marcha de todos los recursos disponibles.           

Por último, reclama que se proceda a la zonificación o demarcación de las zonas afectadas por el algodoncillo para la realización de un seguimiento y control, así como se realicen los estudios técnicos y científicos necesarios que den como resultado un estudio de costes por pérdidas debido a la plaga del algodoncillo.

La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha aprobado en su última asamblea, celebrada en Lopera (Jaén), una resolución en defensa del olivar tradicional y de una ordenación territorial compatible”. La misma alude a que en España más de 250.000 familias dependen del cultivo del olivar tradicional para su sustento. El sector del olivar tradicional genera una cantidad significativa de empleo y jornales, representando un pilar fundamental para la economía y la fijación de la población a nuestros municipios, evitando su despoblamiento. Hoy se enfrenta a desafíos importantes como el cambio climático y la necesidad de mejorar la eficiencia y sostenibilidad.

A estos desafíos se une la creciente y desordenada proliferación de plantas fotovoltaicas en zonas de olivar tradicional que genera un conflicto entre la producción de energía renovable y la preservación del paisaje, la biodiversidad y la economía local basada en el olivar. Si bien la energía solar es crucial para la transición energética, es necesario
encontrar un equilibrio que minimice el impacto en el olivar. Una solución potencial es la agrivoltaica, que produce energía renovable sin sacrificar la producción agrícola y además puede generar beneficios adicionales como la protección de los cultivos frente a condiciones climáticas extremas, añade.

En este contexto urgen soluciones globales

Sirva de ejemplo de lo que no se debe hacer, la candidatura del «Paisaje del Olivar» a Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya retirada, que destacó la importancia de preservar este paisaje cultural, resultado del esfuerzo de generaciones de agricultores. La declaración de Paisaje Cultural buscaba proteger las características únicas del paisaje del olivar, incluyendo su biodiversidad, sistemas de cultivo y la relación con las comunidades locales y resultaba un instrumento fundamental para la protección del olivar tradicional, agrega la resolución.

«Debemos ser contundentes en no permitir que la instalación de fuentes de energía renovables se haga de cualquier manera y en cualquier zona. Por ello, una de las soluciones es la ordenación territorial. Se está dando la paradoja de que proyectos que buscan el desarrollo de la economía verde, la apuesta por la sostenibilidad y una transición ecológica justa, terminan teniendo un impacto negativo en el territorio. Y esto se debe generalmente a una localización inadecuada de los proyectos en zonas en las provocan una incompatibilidad con los usos y/o valores existentes como los paisajísticos,
los agrícolas y ganaderos, los forestales o los naturales. Mientras la legislación sectorial que regula las energías renovables se ha desarrollado suficientemente, creando un marco normativo adecuado, poco o nada se ha hecho desde
la política territorial, de la ordenación del territorio y del urbanismo, a la hora de identificar las áreas territoriales en los que resulte más conveniente la ubicación de estas instalaciones e infraestructuras, o aquellas que deben preservarse de este tipo de proyectos».

Y añade: Ante la ausencia de criterios, las empresas promotoras de proyectos de renovables están ubicando las instalaciones en aquellas zonas que más próximas se encuentran de los puntos de evacuación y conexión con las redes de distribución preexistentes, para minimizar costes y elevar la rentabilidad de las plantas de generación energética.
Las comunidades autónomas, tal y como recoge el artículo 148.1.3. de la CE, tienen las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.

Un nuevo modelo de implantación de las energías renovables es necesario pero, para ello, hay que sustituir la actual dinámica de ubicaciones de grandes plantas de producción de energía renovable y sus infraestructuras asociadas, basada en criterios de proximidad a los puntos de evacuación y transporte, por otra multicriterio en la que se analicen los
usos del suelo y los valores económicos, sociales, ambientales y culturales del territorio y en función de éstos se zonifique y se identifiquen áreas de oportunidad asegurando la compatibilidad y sostenibilidad de los mismos. La generación de energía renovable debe ser un componente más del desarrollo rural, una fuente más de rentas e ingresos para las comunidades rurales donde se desarrollen estos proyectos. Hay que primar la participación de las comunidades rurales en los beneficios de la generación de estas energías. Para ello hay que desarrollar un marco normativo y de relaciones entre los distintos agentes que participan en estos proyectos: empresas promotoras, administraciones (estatal, autonómica y local) y comunidades rurales, asegura.

«Apostamos por las energías renovables e instamos al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a que, para su autorización, los nuevos proyectos deben incluir medidas compensatorias para las zonas rurales en las que se instalen. Reclamamos que las comunidades autónomas delimiten las áreas de oportunidad o zonas en la que deben localizarse de manera preferente las plantas de producción de energía renovable y sus infraestructuras de transporte, conexión y almacenamiento y que identifiquen zonas que por contar con especiales valores o características deben preservarse de la instalación de proyectos de energía renovable», concluye..