El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha elevado hoy al Consejo de Ministros para su conocimiento sendos informes sobre el acuerdo, por unanimidad, entre el Gobierno y las comunidades autónomas para la modificación del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y sobre el estado de cumplimiento de las 43 medidas acordadas para responder a las preocupaciones del sector.

Tras la toma en consideración por parte del Consejo de Ministros del acuerdo sobre la modificación del plan estratégico, adoptado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del 4 de julio, este documento se enviará a la Comisión Europea para su aprobación definitiva.

El ministro ha hecho un “balance positivo de este primer año aplicación de la PAC, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo”. En este marco, ha destacado “dos acciones simbólicas”, como son la introducción del pago redistributivo, que beneficia a pequeños agricultores; y los nuevos ecorregímenes para incentivar prácticas agrarias que contribuyen a la preservación del medio ambiente. 

Planas ha insistido en que “el primer año siempre es complejo en cualquier periodo de la PAC”, que en esta ocasión ha coincidido con una importante sequía y las consecuencias de la guerra en Ucrania, “lo que ha obligado al Gobierno de España a actuar con generosidad y voluntad de apoyo al sector agrario”.

También ha valorado la unanimidad alcanzada para aprobar la modificación del Plan Estratégico de la PAC, “un acuerdo complejo que, más allá de las orientaciones políticas de las comunidades autónomas, da respuesta con una estrategia común a los diferentes retos productivos del conjunto de España”. 

Asimismo, Luis Planas ha presentado al Consejo de Ministros otro informe sobre el estado de cumplimiento de las 43 medidas acordadas con las organizaciones profesionales agrarias para responder a las reivindicaciones del sector agrario y que fue rubricado a principios de abril por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y por Unión de Uniones, “en un proceso de diálogo que continúa abierto”.  

El Gobierno constituyó, el 30 de abril, con las organizaciones agrarias firmantes Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Unión de Uniones, la mesa de seguimiento del cumplimiento de las medidas, cuya última reunión fue el pasado 16 de julio. En este encuentro se constató el buen estado de ejecución de dichas mismas, ya que más del 60% se están ejecutando o han sido concluidas (14 ya ejecutadas; 12, en estado avanzado; 15, en curso; y 2, iniciadas).

MODFICIACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC

Las propuestas recogidas en el documento conforman cambios de envergadura en el plan estratégico, con un gran número de modificaciones, que se elevan a 80 en el primer pilar (ayudas directas) y a 700 en el segundo (desarrollo rural). En conjunto, suponen una importante simplificación y flexibilización de la PAC en aspectos fundamentales, como la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y las intervenciones en desarrollo rural.

Estas propuestas de simplificación trasladadas a la Comisión Europea forman parte de las 43 medidas comprometidas por el Gobierno para dar respuesta a las preocupaciones de agricultores y ganaderos expresadas en las movilizaciones de los primeros meses del año y sobre las que el ministro también ha pasado revista al estado actual de ejecución.

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, celebrada en Pamplona el pasado 4 de julio acordó, de forma unánime, la modificación del plan estratégico para su posterior traslado a la Comisión Europea. Este documento se elaboró en línea con las demandas expresadas por agricultores y ganaderos -con propuestas de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agroalimentarias- y atendiendo a las aportaciones de las autoridades autonómicas de gestión de la PAC.

Los cambios acordados son fruto del “diálogo informal” llevado a cabo en los últimos meses entre las autoridades de gestión de la PAC (estatal y autonómicas) y que están representadas en el órgano de coordinación del plan estratégico de la Política Agraria Común.

El marco temporal del análisis y debate de su preparación hizo posible que se incluyeran también las principales reivindicaciones manifestadas por los agricultores y ganaderos, como es una apuesta firme por la simplificación de la política agraria comunitarias y la reducción de la carga burocrática para los agricultores y ganaderos.

Esta iniciativa también ha tenido en cuenta la experiencia adquirida durante el primer año de aplicación de la nueva PAC. Los datos de acogida de los ecorregimenes, con más de 19,1 millones de hectáreas solicitadas y un grado de acogida a nivel nacional del 87 %, muestran el éxito en el diseño y aplicabilidad de estas prácticas, realizadas por tres de cada cuatro titulares que ha presentado solicitud única de ayudas.

La propuesta de reforma busca aumentar el impacto de estas medidas y facilitar su aplicación y acogida por parte de los agricultores, así como mejorar la situación del sector ante la situación de cambio climático. Las prácticas de los ecorregímenes mejoran la estructura, fertilidad y capacidad de captura de carbono de los suelos, incrementan la diversidad de cultivos presentes y favorecen la biodiversidad ligada a los ecosistemas agrarios.

INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS 43 MEDIDAS

Respecto a las 43 medidas, Planas ha recordado que se estructuran en 7 bloques: simplificación y flexibilización de la PAC; cuestiones relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios; refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena; mejora del sistema de seguros agrarios; medidas fiscales, de financiación y laborales; apoyo a la sanidad animal y la ganadería extensiva; y reforzamiento de las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas.

El primer bloque (medidas 1 a 15) corresponde a la reivindicación del sector de simplificación y flexibilización de la PAC que supone un importante avance en esta línea en aspectos fundamentales como la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y las intervenciones en desarrollo rural. Algunas de ellas ya se han podido aplicar en la reciente campaña de solicitudes de la PAC y otras se aplicarán el próximo año.

Las relativas al comercio transfronterizo de productos agroalimentarios comprende las medidas 16 a 19 (segundo bloque). Una de ellas corresponde a los trabajos del Gobierno para la mejora de la coordinación en el control de las importaciones, en la que están implicados los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y de Política Territorial y de Memoria Democrática.

Esta mejora consiste en la unificación de los servicios de inspección sanitaria y fitosanitaria para equiparar el sistema de control de la administración pública de España a la de los países de su entorno en esta materia, así como en la necesidad de aprovechar todas las sinergias entre ministerios y las ventajas que proporciona la administración digital para modernizar la gestión.

De esta forma se ganará en eficacia, sin menoscabo de las garantías y manteniendo el capital humano, dotado con mejores herramientas de control para ampliar mercados en el exterior. Esta mejora redundará a su vez en una mayor competitividad del sector agroalimentario porque la agilización de estos servicios reducirá los costes de exportación e importación.

El tercer bloque, la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se desarrollará con las medidas 20 a 24, y entre ellas se encuentra el refuerzo de la capacidad inspectora de la actual Agencia de Información y Control Alimentaria al convertirla en agencia estatal. Contará con mayor estructura para incrementar el número de operaciones comerciales objeto de control.

Las medidas 25 a 30 (cuarto bloque) pretenden mejorar el sistema de seguros agrarios, una herramienta imprescindible para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias en un escenario de cambio climático con fenómenos climáticos cada vez más adversos y más frecuentes.

En este contexto, el Gobierno prestará un mayor apoyo a aquellos colectivos que considera prioritarios: agricultores jóvenes, profesionales y explotaciones prioritarias. Estos colectivos, que ya cuentan con diversas subvenciones adicionales, contarán con un mayor apoyo. Para ello el Gobierno que, en la mayoría de las autonomías realiza subvenciones cuantiosas a la prima del seguro, solicita el compromiso de las comunidades autónomas para que complementen esta ayuda hasta los umbrales máximos permitidos por la normativa comunitaria.

El quinto bloque lo conforman medidas fiscales, de financiación y laborales; (medidas 31 a 40). Aquí se encuadra el compromiso del Gobierno de mantener el actual esquema impositivo en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para el gasóleo agrícola. También se han materializado los compromisos acordados en relación con el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la actividad agraria, con la aplicación en 2023 de una reducción general de 15 % del rendimiento neto en el ejercicio 2023, así como una deducción de un 35 % de la factura del gasóleo agrícola y de un 15 % de la de fertilizantes.

Igualmente se ha dado cumplimiento al compromiso de mantener la exención de las ayudas a los ecorregímenes durante el vigente periodo de programación PAC tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades.

En cuanto a los compromisos relativos a la mejora de la financiación del sector, están en avanzada fase de tramitación las convocatorias de dos líneas de ayudas por un total de 27 millones de euros, financiados al 100% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, destinadas a los jóvenes agricultores que obtengan la mayor parte de sus ingresos de la actividad agraria.

Las medidas (41 y 42) para apoyar la sanidad animal y la ganadería extensiva, conforman el sexto bloque, con el claro compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de aportar financiación para los gastos destinados a las campañas del plan de actuación contra la tuberculosis que no puedan ser cubiertos por fondos comunitarios y para los gastos veterinarios que se deriven de la lucha contra enfermedades animales emergentes, como la hemorrágica epizoótica.

Se ha avanzado respecto a la figura del veterinario oficial para que sea voluntario. Además, se revisará toda la normativa relativa a sus funciones para su simplificación, particularmente en lo relativo a la elaboración del plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas.

El séptimo bloque (medida 43) es el que pretende reforzar las políticas para facilitar el relevo generacional en coordinación con las comunidades autónomas. En la Conferencia Sectorial monográfica sobre relevo generacional el Gobierno y las comunidades autónomas adquirieron el compromiso de elaborar un catálogo de medidas y recomendaciones para dar soluciones e impulsar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria.

Con este conjunto de medidas se da respuesta a las principales preocupaciones expresadas por los agricultores y ganaderos en las movilizaciones celebradas durante el mes de marzo y demuestran el compromiso del Gobierno con un sector que es pilar fundamental de la economía española.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español acaban de firmar un nuevo convenio que permite continuar avanzando en la línea de innovación que persigue la optimización y verificación de la aplicación de tecnologías instrumentales para clasificar aceites vírgenes de oliva de forma automatizada. Equipos y procesos que puedan complementar al método oficial de panel test en vigor en Europa, y buena parte del mundo, conforme al método del Comité Oleícola Internacional. Un proyecto en el que la Interprofesional invertirá más de 400.000 euros.

Para entender la trascendencia de este acuerdo hay que tener en cuenta que el aceite de oliva llega al consumidor como una de estas tres categorías comerciales: “aceite de oliva virgen extra”, “aceite de oliva virgen” y “aceite de oliva — contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes”. Las diferencias entre una y otra categoría vienen definidas, en primer lugar, por parámetros fisicoquímicos que determinan la calidad y pureza del producto, a lo que hay sumar un análisis organoléptico mediante el método denominado panel test. De ello se encarga un grupo de entre 8 y 12 catadores formados y debidamente homologados. Son los que tienen que determinar cómo puede denominarse el producto comercialmente en función del aroma y sabor de las muestras anónimas catadas. Si determinan que un aceite se puede catalogar como virgen extra, este deberá presentar ausencia de defectos, siendo irreprochable en aroma y sabor, y contar con atributos positivos, como son el frutado de aceituna, así como la presencia, en mayor o menos medida, de amargor y picante. Los aceites de oliva son el único alimento en Europa que ha de someterse a controles de las propiedades organolépticas.

Este sistema de control se instauró hace mas de tres décadas y ha propiciado una sustancial mejora de la calidad del producto. No obstante, también cuenta con debilidades sobre las que se debe seguir trabajando. España cuenta con 12 paneles autorizados para control oficial y con 9 paneles privados acreditados por ENAC. Que estos paneles caten una parte importante de las casi 1.500.000 toneladas de aceites de oliva que se comercializan desde España requiere mucho tiempo, personal y un alto coste. Además, en ocasiones, se obtienen diferentes resultados entre paneles a la hora de clasificar una misma muestra.

Con el objetivo de mejorar las herramientas a disposición del sector y de las Administraciones Públicas, la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español lanzó un proyecto de innovación en 2013 con el objetivo de utilizar alguna de las tecnologías instrumentales existentes para agilizar procesos, descargando de parte del trabajo a los paneles. Una iniciativa que contó desde el principio con el apoyo del Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Los investigadores de la decena de centros, que han participado en esta línea de trabajo durante una década, identificaron las dos tecnologías instrumentales que ofrecían mejores resultados de cara a determinar las características de la fracción volátil de cada aceite, las múltiples sustancias responsables de su aroma y sabor: la cromatografía de gases acoplaba a espectrometría de masas y la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de movilidad iónica. Partiendo de las lecturas de esos equipos sobre muestras caracterizadas por paneles oficiales, se desarrollaron distintos modelos de clasificación, que se validan y optimizan. Ahora se trata de validar la eficacia de esos modelos. Cuanto mayor sea la base de datos de muestras caracterizadas, más podrán afinarse los modelos de clasificación desarrollados. Hasta el momento se han alcanzado niveles de acierto de hasta un 85% para alguno de estos modelos.

Pero, no sólo se trata de que los resultados sean buenos, sino que también sean reproducibles en cualquier lugar. Así, los tres equipos de análisis que opera la Interprofesional del Aceite de Oliva Español se han alojado en las instalaciones
del Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid y el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, en los que hasta el momento han analizado más de 2.000 muestras: 1.000 procedentes de paneles oficiales y otras tantas aportadas por el sector.

En virtud de este nuevo acuerdo, los equipos seguirán operando en esas instalaciones y, lo más importante, tanto el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía continuarán aportando muestras de aceites vírgenes de oliva caracterizados, para seguir optimizando los modelos estadísticos desarrollados para la clasificación, logrando cada vez resultados más precisos mejorando el porcentaje de acierto en la clasificación. Estas nuevas muestras se completarán con otras procedentes del sector y con las aportadas gracias a la cooperación con otros proyectos. Otro de los objetivos del nuevo periodo es ampliar el número de muestras de aceites llegados de otros países, lo que permitirá reforzar la validez de uso de los modelos en un mercado global.

La XXI edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra «Jaén, Paraíso Interior» volverá a celebrarse en San Sebastián Gastronómika, el gran encuentro de la alta gastronomía que tiene previsto su celebración en la ciudad donostiarra entre los próximos días 7 y 9 de octubre.

Este premio, creado en el año 2003 por la Diputación Provincial de Jaén, tiene como objetivo promocionar el aceite de oliva virgen extra de la provincia a nivel nacional e internacional así como incentivar su consumo, posicionando la provincia de Jaén como referente en AOVE de máxima calidad a nivel global. El empleo de los aceites Jaén Selección en las recetas supone, además, la puesta en valor de los que son los mejores aceites de la última cosecha.

El chef Juan José Mesa, del restaurante Radis de Jaén, fue el ganador del XX Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén, Paraíso Interior” con la receta: ”El pan, el aceite y el chocolate”, dotado con 8.000 euros y un trofeo obra del artista Antonio Blanca. Mesa estuvo acompañado en la final, celebrada en el marco del congreso San Sebastián Gastronomika, de otros dos jiennenses: Javier Jurado, del Malak, también de la capital, y Miguel Ángel Matiaci, del asador Juancaballo, de Úbeda.

Los criterios de valoración del jurado, formado por expertos gastronómicos, como los chefs Pedro Subijana (restaurante Akelarre), Benito Gómez (restaurante Bardal), Maca de Castro (restaurante Maca de Castro), la ganadora de la XIX edición del premio, Diana Díaz (jefa de cocina del restaurante El Invernadero) o la periodista gastronómica y directora de 7 Caníbales, Pilar Salas, fueron: el sabor, la textura, temperatura, el aspecto del plato elaborado y la destreza de los finalistas en su trabajo.

La Diputación de Jaén ha anunciado un tercer plan especial de empleo, dotado con tres millones de euros para jornales, pese a la mayor estimación de cosecha de aceituna que se espera en la próxima campaña oleícola, con lo que la cuantía económica total de los tres planes de empleo puestos en marcha en los tres últimos ejercicios asciende a 23 millones de euros.

El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, presidido por Francisco Reyes y celebrado hoy, ha abordado estas nuevas medidas, entre las que figura un Plan de Especial de Empleo dotado con 3 millones de euros para la generación de jornales o la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación para facilitar a los consistorios la mejora de infraestructuras hidráulicas, culturales y deportivas, así como la devolución del Premio de Cobranza de Recaudación. 

Unas medidas que “refrendan que la Diputación es la gran aliada de los ayuntamientos jiennenses, la que está ahí siempre, la que da respuesta, la que coopera, la que gestiona y la que hace”, además que se ponen en marcha gracias a “una gestión eficaz y eficiente y vienen a ser un presupuesto complementario, una inversión extraordinaria, con el foco puesto en los pequeños y medianos municipios, que centran la acción de Diputación”, ha remarcado el presidente de la Administración provincial.

Entre las principales iniciativas que se han abordado en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, Reyes ha puesto de relieve la puesta en marcha de un nuevo Plan Especial de Empleo para los municipios, que estará dotado con 3 millones de euros y que está dirigido a la generación de jornales. “Aunque la previsión de esta campaña de aceituna es, a priori, mejor que los dos años anteriores, hemos puesto en marcha este plan destinado a los municipios menores de 20.000 habitantes, haciendo un esfuerzo y anticipándonos y atendiendo la petición de alcaldes y alcaldesas”, ha explicado el presidente de la Diputación, que ha incidido que este plan responde a la demanda de los propios responsables municipales. “Buena parte de los alcaldes y alcaldesas han solicitado este plan, en primer lugar por la cuantía económica y, en segundo, porque las peonadas que se generen con este plan servirán para cobrar el subsidio agrario”.

Este nuevo plan, que podrán complementar los consistorios con recursos propios, es el tercero que impulsa la Diputación de forma consecutiva en los últimos tres años con el objetivo de “dar respuesta a un problema importante en nuestros municipios, destinando un total de 23 millones a generar jornales, en momentos especialmente difíciles para trabajadores eventuales del campo y para los ayuntamientos” a pesar de que “no es competencia nuestra, pero lo hacemos porque quien tiene la competencia y los recursos, como es la Junta de Andalucía, no es capaz de hacerlo a pesar de habérselo pedido en multitud de ocasiones”, ha remarcado Reyes.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que el Gobierno andaluz va a ampliar el presupuesto destinado a las ayudas que apoyan la implantación de infraestructuras bioindustriales sostenibles dedicadas al tratamiento y valorización del alperujo en la provincia de Jaén. A este respecto, ha subrayado “la importante apuesta de la Consejería por el aprovechamiento de este subproducto del olivar al poner al servicio del sector una nueva línea de ayudas, sin precedentes en Andalucía, dotada inicialmente con 13 millones de euros de presupuesto”.

Sobre la ampliación, el consejero ha apuntado que la Junta tiene previsto incrementar los fondos de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Jaén 2014-2022 destinados a estos incentivos hasta los 41 millones de euros para que “todos los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en las bases reguladoras puedan acceder a las ayudas”. Estas subvenciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía cuentan con recursos económicos del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), del Estado y de la Junta de Andalucía.

Gracias al incremento de los fondos, se impulsará en la provincia de Jaén una inversión público-privada de 137 millones de euros relativa a las cuatro iniciativas incluidas en la lista provisional de beneficiarios como receptores de las ayudas o suplentes. Concretamente, estos proyectos se ubican en las localidades jiennenses de Mancha Real (23,3M€), Martos (43,6M€), Castellar (28,6M€) y Guarromán (41,5M€). Con este montante, el sector oleícola jiennense tiene previsto poner en marcha actuaciones de economía circular que podrían generar más de 30 empleos y permitirían aprovechar 400.000 toneladas de alperujo como materia prima para la obtención de biometano.

Apuesta por la economía circular

Ramón Fernández-Pacheco ha recordado que “el sector agroalimentario andaluz destaca por su apuesta por la economía circular al recuperar como materia prima lo que hasta ahora venía siendo un residuo”. “Este es el caso del alperujo, un subproducto que tiene gran valor ambiental y económico porque puede emplearse para obtener biometano, permitiendo así a las industrias oleícolas contribuir al cuidado del medio ambiente aportando una alternativa más sostenible que el gas natural, al tiempo que obtienen beneficio económico”, ha explicado.

La delegación del Gobierno de la Junta en Jaén ha acogido este lunes un encuentro entre el consejero y varios cooperativistas de aceite en cuyo marco se ha anunciado la ampliación de subvenciones. Acto al que han asistido también la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera; la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, Cristina de Toro; Jesús Manuel Estrella, delegado del Gobierno de la Junta en Jaén; y la delegada territorial de Agricultura en esta provincia, Soledad Aranda, entre otras personas.

El grupo agroalimentario MIGASA, que cuenta con un centro de producción en Mengíbar (Jaén), ha recibido este domingo el Premio Iliturgi del Ayuntamiento mengibareño a la Trayectoria Empresarial.

Este galardón supone un reconocimiento a la trayectoria de esta empresa de origen familiar que centra su actividad en el sector agroalimentario, mediante la elaboración y comercialización principalmente de aceite de oliva y otros productos complementarios. Es en este ámbito es en el que se sitúa la actividad de la planta de MIGASA en Mengíbar, especializada en la producción de ácidos grasos destilados, que forma parte de la contribución de la compañía a la economía circular como parte de su política de sostenibilidad medioambiental.

“Para todas las personas que formamos parte de MIGASA es un todo un orgullo y honor recibir este reconocimiento a nuestro trabajo diario, a nuestra pasión por el campo y a nuestro compromiso con las familias que hacen de él su modo de vida y hacerlo aquí en Mengíbar”, ha señalado Marta Amo, directora de la planta de MIGASA en Mengíbar al recibir el Premio Iliturgi a la Trayectoria Empresarial. “Nos enorgullece recibir este premio que visibiliza el compromiso social y los valores de nuestra empresa y de todas las personas que formamos parte de ella: estar muy cerca de nuestras raíces, dar lo mejor de nosotros cada día y apostar siempre por nuestra gente, por nuestra tierra, por Jaén y por Mengíbar”, concluía en el acto.

Desde que MIGASA comenzara su actividad a principios del siglo XX con un pequeño negocio de comercialización de aceites, ha experimentado un crecimiento que le ha llevado a convertirse en la primera empresa agroalimentaria de Andalucía por volumen de facturación y principal compañía exportadora de aceite de oliva de España, contando con más de 1.200 empleados, siendo la principal exportadora nacional de aceite de oliva con un 10% de la cuota mundial de este producto y contando con 18 centros de producción en España y Portugal, entre los que se encuentra el del municipio jiennense.

La Asociación Ibérica de Olivar en Seto, Olivérica, ha presentado sus objetivos al Consejo Oleícola Internacional. La junta directiva de la recientemente creada asociación ha mantenido una reunión con el director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional, Jaime Lillo, y parte de su equipo. Se trata de un primer contacto sobre el que desarrollar futuras
colaboraciones.

Para el presidente de Olivérica, Gregorio Álvarez, “es una satisfacción que la principal entidad intergubernamental dedicada a la promoción y regulación del mercado mundial de aceite de oliva haya podido escuchar los retos y objetivos de esta asociación de agricultores”. Entre ellos se encuentra “la difusión de los valores de excelencia y saludables del aceite de oliva virgen extra”, objetivo en el que Olivérica está alineada con el COI.

En un encuentro en la sede del COI en Madrid, ambas organizaciones han abordado cuestiones relacionadas con el sector oleícola como la innovación, el desarrollo y las nuevas tecnologías aplicadas al campo y al producto. Según ha manifestado el director ejecutivo del COI, Jaime Lillo, “Olivérica viene a sumar en los valores que compartimos:
hacer un producto de excelencia, que contribuya a la lucha contra el cambio climático y a alimentar a la población de una manera más saludable y sostenible”. En su exposición, Lillo ha destacado algunos vectores de trabajo estratégicos para fomentar la colaboración entre el COI y Olivérica. Se trataría de la puesta en valor de las características saludables del AOVE para avanzar hacia una mayor internacionalización del producto, la sostenibilidad de su producción para luchar contra el cambio climático, la calidad del aceite producido para la búsqueda de la excelencia del sector, y la digitalización
de los procesos para una mayor eficiencia en los sistemas productivos.

Para el presidente de Olivérica, Gregorio Álvarez Cabreros, “ir de la mano del COI en la defensa de las bondades del AOVE es una buena noticia que repercutirá en todo el sector”, según expone en un comunicado. Álvarez ha defendido la tecnificación de los sistemas de producción para un uso más eficiente de los recursos, para alcanzar una mayor producción de AOVE de calidad, y para mejorar la competitividad del sector oleícola. Olivérica es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a agricultores de olivar de alta densidad de España y Portugal. Entre sus objetivos se encuentra representar los intereses de los agricultores de olivar en seto ante las autoridades y la sociedad.

Los últimos datos obtenidos del Sistema Poolred de la Fundación del Olivar constatan un descenso esta semana del precio del virgen extra, categoría que ha bajado de los 7 euros el kilo, descenso que también se ha producido en el virgen mientras que el lampante repunta en el mercado de origen respecto a la pasada semana.

El precio en origen del aceite de oliva virgen extra en la semana actual, del 13 de julio al 19 de julio, es de 6.904,33 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone un descenso en el precio de un 1,76% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva virgen extra de la semana anterior, que fue de 7.027,85 euros/tonelada.

El precio en origen del aceite de oliva virgen en la semana actual, del 13 de julio al 19 de julio, es de 6.506,59 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone un descenso en el precio de un 2,94% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva virgen de la semana anterior, que fue de 6.703,76 euros/tonelada.

El precio en origen del aceite de oliva lampante base 1º en la semana actual, del 13 de julio al 19 de julio, es de 6.413,43 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone un aumento en el precio de un 1,02% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva lampante base 1º de la semana anterior, que fue de 6.293,00 euros/tonelada.

Con respecto al volumen, en la semana actual del 13 de julio al 19 de julio, se han negociado 1808,20 toneladas (datos provisionales).

La próxima campaña oleícola 2024-2025 será diferente a la actual, como distintas son todas las campañas, aunque algunas parezca que son semejantes. No hay dos iguales, como no hay dos gotas de agua idénticas, aunque lo puedan parecer. Ya mismo acaba un tiempo inédito y nos disponemos a vivir otro periodo que de momento es desconocido y esperemos que menos turbulento, aunque hay indicios que nos ayudan ya a descifrar el horizonte.

Tres gran desafíos, tres retos, tres objetivos son a mi juicio los asuntos en los que el sector tiene que centrar sus afanes y sus empeños. No son los únicos, pero creo que los más urgentes y relevantes en el corto plazo son la disponibilidad final de aceites de oliva que haya en su conjunto; la perentoria necesidad de estimular y aumentar el consumo de la mejor y más saludable grasa vegetal, y estar atentos al comportamiento que tendrán los precios de los aceites de oliva, si finalmente hay desescalada o si se producirán tensiones en los mercados.

Me atrevería a asegurar que la disponibilidad de aceites de oliva en la nueva campaña será superior a la precedente, la 2023-2024, en la que pese a la escasa cosecha que ha habido en España (1,3 millones de toneladas) si incluimos las 851.000 de producción, las 248.000 de enlace y algo más de 200.000 toneladas que habrá de importaciones. Está por ver aún cuál será la cosecha de la próxima campaña, así como la escasa cifra excedentaria de aceites y cómo será el comportamiento de las importaciones. Todo indica que Jaén aumentará sensiblemente la producción, aunque habrá que ver cómo cuelga la aceituna en los olivos de otros territorios, donde la cosecha es muy heterogénea y desigual, según me cuentan. Y eso sin entrar en detalles de cómo será la producción en otros países, pues no hace falta recordar que vivimos en un mundo globalizado.

El aumento y la promoción del consumo de aceites de oliva es otra de las grandes tareas a las que tiene que hacer frente el sector tras la bajada producida, primero con cambios de hábitos y luego con trasvase a otras grasas vegetales después de dispararse los precios. Todo esfuerzo que se haga en este apartado es poco, por lo que hay que redoblar el trabajo y multiplicar las energías y las estrategias con el fin conseguir incrementar la ingesta media de 6 litros per cápita de aceites de oliva (aceite de oliva, virgen y virgen extra) conseguida en los hogares españoles en el año 2023, una cifra que llega hasta los casi diez litros por persona y año si incluimos todas las grasas vegetales, con el girasol a la cabeza.

Y finalmente habrá que hacerle un seguimiento exhaustivo y estar expectante al siempre controvertido asunto de las cotizaciones de los aceites de oliva, primero en el mercado de origen, y luego en destino, para ver cómo será su trayectoria, si se produce una desescalada, si mantienen su fortaleza, si hay tensiones en los mercados, cuál será su suelo y su techo, o si se encaminan por una senda de equilibrio que cuenten con el beneplácito del mayor número de consumidores, que son los que finalmente dan y quitan razones, los que lo compran y lo consumen, sin desmerecer las rentas de los productores que tienen que vivir dignamente de este estratégico y saludable producto.

Y todo ello habría que hacerlo con sentido común, con los pies en el suelo, sin nervios, con la madurez y la experiencia del que debería tener la lección bien aprendida para que salgan los números.

*Asensio López, director de Oleum Xauen

La «situación crítica» que vive el campo andaluz y «la falta de soluciones por parte de las administraciones políticas» ha sentado en una misma mesa a medio centenar de representantes de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Asaja y COAG para acordar una estrategia común. «La intención es elevar todas las reivindicaciones, en unidad de acción, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha tomado decisiones de espalda a estas organizaciones mayoritarias que perjudican gravemente al sector», aseguran en un comunicado conjunto.

El encuentro, celebrado en la sede de la cooperativa Dcoop en Antequera, se enmarca dentro de la estrategia común que se viene desarrollando y que ha conllevado numerosas movilizaciones en toda la geografía nacional. Al mismo han asistido casi cincuenta representantes de todas las provincias, entre los que están el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres; el secretario general de COAG Andalucía, Miguel López y el director general de Asaja Andalucía, Félix García de Leyaristy.

Entre los puntos que se han debatido está «el déficit histórico de infraestructuras hidráulicas de la región y la falta de políticas que permitan el aprovechamiento del agua, los perjuicios que han supuesto los cambios en la PAC o en la Ley de la Cadena Alimentaria. Asimismo, se ha abordado el terrible daño que hace la falta de control de los productos procedentes de terceros países que no ofrecen las garantías sanitarias y la necesidad de ayudas directas para afrontar las pérdidas de renta y un relevo generacional cada vez más difícil».

La reunión ha servido, igualmente, para hacer balance de las 43 medidas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural acordó «con las organizaciones minoritarias el pasado mes de mayo y que, a día de hoy, no se está cumpliendo». Eso reafirma a las tres «organizaciones mayoritarias en su decisión de no suscribir tal documento que no está teniendo aplicación en unos casos y en otros casos, genera dudas a los productores”, como ha manifestado el director general de Asaja Andalucía, Félix García de Leyaristy, quien ha pedido al ministro Luis Planas, recuperar la interlocución con las entidades de mayor representación.

Esa ha sido también una propuesta del secretario general de COAG, Miguel López, quien ha insistido en que los órganos de interlocución tradicionales han funcionado bien en las últimas dos décadas, «pero lo que vemos ahora es que se están creando otros por la conveniencia polémica que no tienen peso en el sector. Ante eso, ha dejado claro que se va a plantar cara a este Ministerio” y valora un nuevo calendario de movilizaciones acordado por las tres organizaciones.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Fulgencio Torres, ha apostado por “mantener esta unidad de acción para trasladar un mensaje único del campo andaluz en el que se vean identificados todos los agricultores y ganaderos”, a los que ha pedido “dejar a un lado las particularidades y reivindicar soluciones a los problemas que son de todos”

La hoja de ruta sigue su curso con un nuevo encuentro en septiembre de estas entidades que no descartan «volver a las protestas si el Gobierno central sigue haciendo oídos sordos a la crisis que vive el sector agrario de la región».