La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) ha aprobado en su última asamblea, celebrada en Lopera (Jaén), una resolución en defensa del olivar tradicional y de una ordenación territorial compatible”. La misma alude a que en España más de 250.000 familias dependen del cultivo del olivar tradicional para su sustento. El sector del olivar tradicional genera una cantidad significativa de empleo y jornales, representando un pilar fundamental para la economía y la fijación de la población a nuestros municipios, evitando su despoblamiento. Hoy se enfrenta a desafíos importantes como el cambio climático y la necesidad de mejorar la eficiencia y sostenibilidad.
A estos desafíos se une la creciente y desordenada proliferación de plantas fotovoltaicas en zonas de olivar tradicional que genera un conflicto entre la producción de energía renovable y la preservación del paisaje, la biodiversidad y la economía local basada en el olivar. Si bien la energía solar es crucial para la transición energética, es necesario
encontrar un equilibrio que minimice el impacto en el olivar. Una solución potencial es la agrivoltaica, que produce energía renovable sin sacrificar la producción agrícola y además puede generar beneficios adicionales como la protección de los cultivos frente a condiciones climáticas extremas, añade.
En este contexto urgen soluciones globales
Sirva de ejemplo de lo que no se debe hacer, la candidatura del «Paisaje del Olivar» a Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya retirada, que destacó la importancia de preservar este paisaje cultural, resultado del esfuerzo de generaciones de agricultores. La declaración de Paisaje Cultural buscaba proteger las características únicas del paisaje del olivar, incluyendo su biodiversidad, sistemas de cultivo y la relación con las comunidades locales y resultaba un instrumento fundamental para la protección del olivar tradicional, agrega la resolución.
«Debemos ser contundentes en no permitir que la instalación de fuentes de energía renovables se haga de cualquier manera y en cualquier zona. Por ello, una de las soluciones es la ordenación territorial. Se está dando la paradoja de que proyectos que buscan el desarrollo de la economía verde, la apuesta por la sostenibilidad y una transición ecológica justa, terminan teniendo un impacto negativo en el territorio. Y esto se debe generalmente a una localización inadecuada de los proyectos en zonas en las provocan una incompatibilidad con los usos y/o valores existentes como los paisajísticos,
los agrícolas y ganaderos, los forestales o los naturales. Mientras la legislación sectorial que regula las energías renovables se ha desarrollado suficientemente, creando un marco normativo adecuado, poco o nada se ha hecho desde
la política territorial, de la ordenación del territorio y del urbanismo, a la hora de identificar las áreas territoriales en los que resulte más conveniente la ubicación de estas instalaciones e infraestructuras, o aquellas que deben preservarse de este tipo de proyectos».
Y añade: Ante la ausencia de criterios, las empresas promotoras de proyectos de renovables están ubicando las instalaciones en aquellas zonas que más próximas se encuentran de los puntos de evacuación y conexión con las redes de distribución preexistentes, para minimizar costes y elevar la rentabilidad de las plantas de generación energética.
Las comunidades autónomas, tal y como recoge el artículo 148.1.3. de la CE, tienen las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”.
Un nuevo modelo de implantación de las energías renovables es necesario pero, para ello, hay que sustituir la actual dinámica de ubicaciones de grandes plantas de producción de energía renovable y sus infraestructuras asociadas, basada en criterios de proximidad a los puntos de evacuación y transporte, por otra multicriterio en la que se analicen los
usos del suelo y los valores económicos, sociales, ambientales y culturales del territorio y en función de éstos se zonifique y se identifiquen áreas de oportunidad asegurando la compatibilidad y sostenibilidad de los mismos. La generación de energía renovable debe ser un componente más del desarrollo rural, una fuente más de rentas e ingresos para las comunidades rurales donde se desarrollen estos proyectos. Hay que primar la participación de las comunidades rurales en los beneficios de la generación de estas energías. Para ello hay que desarrollar un marco normativo y de relaciones entre los distintos agentes que participan en estos proyectos: empresas promotoras, administraciones (estatal, autonómica y local) y comunidades rurales, asegura.
«Apostamos por las energías renovables e instamos al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a que, para su autorización, los nuevos proyectos deben incluir medidas compensatorias para las zonas rurales en las que se instalen. Reclamamos que las comunidades autónomas delimiten las áreas de oportunidad o zonas en la que deben localizarse de manera preferente las plantas de producción de energía renovable y sus infraestructuras de transporte, conexión y almacenamiento y que identifiquen zonas que por contar con especiales valores o características deben preservarse de la instalación de proyectos de energía renovable», concluye..
