La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado en el Congreso de los Diputados “Las 100 medidas agrarias” para la reconstrucción social y económica de España, tras los efectos de la pandemia global por el COVID19. El secretario general de la COAG, Miguel Blanco, ha comparecido en la Comisión creada a tal efecto en representación de los hombres y mujeres del campo que forman el modelo social de agricultura. “Modelo que está soportando una grave crisis, evidenciada en las protestas de enero y febrero, y agravada ahora por la pandemia”.
Durante su intervención, Blanco ha puesto de relieve el potencial agrario de nuestro país, “al que se le debe dotar de herramientas de futuro para afrontar el nuevo escenario post-covid y los retos del siglo XXI”. En este sentido, el responsable de la COAG ha precisado que el objetivo debe ser la sostenibilidad, social, económica y medioambiental. “Y esta sostenibilidad debe acompañar a cada uno de los retos de futuro a los que debe hacer frente el sector agrario. Retos como la seguridad y soberanía alimentarias; la preservación medioambiental, lucha contra el cambio climático y la resiliencia frente a sus efectos; la revolución tecnológica y digitalización o la transición energética hacia las energías renovables”.
Para afrontarlos, ha señalado, se necesita un fuerte apoyo político y económico a escala europea. “Hace falta desarrollar políticas de ordenación de mercados, revisando tratados comerciales, estableciendo un control de las importaciones exigiendo el cumplimiento de los altos estándares comunitarios. Este sería un principio básico de preferencia comunitaria”.
A nivel estatal, el secretario general de la COAG ha señalado las líneas prioritarias de actuación, que están desarrolladas en un amplio documento enviado a todos los grupos políticos: “reequilibrio de la cadena alimentaria frente al actual abuso de posición de dominio de las grandes cadenas de distribución”, dotación de tecnológica y democratización de la misma para la digitalización, relevo generacional con el impulso a la incorporación de jóvenes y mujeres, potenciación de las energías renovables, valorización de nuestra contribución a la descarbonización (sumideros de CO2) y reforzamiento del presupuesto comunitario para la nueva PAC en nuestro país.
“Más exigencias, es decir más costes, debe significar más presupuesto para garantizar la viabilidad de las explotaciones, y en todo caso estableciendo políticas de prioridad en defensa del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario, pero en situación más crítica”, ha remarcado Blanco.
A nivel concreto, el titular de la COAG ha pedido al Gobierno y a los diputados la puesta en marcha del Estatuto de la Agricultura Social y Profesional. “Necesitamos que nuestro país defienda el modelo de economía social agraria (profesionales autónomos, explotaciones familiares, cooperativas, pymes, hombres y mujeres del campo), estratégico para afrontar los grandes retos de la sociedad para las próximas décadas del siglo XXI, (seguridad Alimentaria y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (La Agenda ONU 2030), y amenazado por el proceso de “uberización del campo español”, ha alertado.
“Nuestro objetivo es contribuir a la reconstrucción social y económica de nuestro país, comprometiéndonos con un desarrollo sostenible en toda su amplitud, es decir social, económica y medioambiental. Por eso apostamos por un mercado más justo y equilibrado y un modelo social y profesional en la producción agraria. El contexto de grave crisis por la pandemia debe reafirmar una enseñanza; primero que la alimentación no puede ser considerada una mera mercancía para la especulación, sino un derecho preferente de la ciudadanía y segundo, en la base de esa alimentación estamos los hombres y mujeres del campo, cuya labor debe ser reconocida”, ha concluido.
