La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible asegura que ha impulsado los trabajos y estudios necesarios para que el seguro de olivar responda a las necesidades actuales del sector andaluz. Entre otras cuestiones, desde la Junta de Andalucía se ha trabajado para agilizar la contratación en un sector con gran valor social, ecológico y económico para Andalucía. En concreto, se acaba de aprobar la simplificación del acceso a la base de datos de asignación de rendimientos de la explotación, un requisito previo necesario para contratar los módulos de aseguramiento en los que se incluye la cobertura de la producción ante adversidades climáticas.

El Gobierno andaluz ha fomentado un análisis que ha sido determinante para lograr que estas modificaciones queden aprobadas por parte del Grupo de Normativa sobre seguros a nivel nacional. Este equipo está formado por representantes de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), de Agroseguro, del Consorcio de Compensación de Seguros, de las comunidades autónomas, de las Organizaciones Profesionales Agrarias y de Cooperativas Agro-alimentarias.

La consejera Carmen Crespo ha resaltado que los cambios planteados en la contratación de este seguro “persiguen responder a las demandas de los olivareros, que, entre otras cuestiones, habían trasladado a la Administración las dificultades que encontraban durante la tramitación del aseguramiento”.

La responsable de Agricultura en Andalucía se ha mostrado convencida de que “el seguro agrario combinado es uno de los instrumentos más eficaces para minorar los daños que sufren las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas, como consecuencia del clima, de accidentes, de plagas o de enfermedades”. Crespo ha explicado que “el sector primario tiene en sus manos esta herramienta que aporta seguridad ante situaciones imprevisibles que pueden llegar a tener grandes consecuencias en la rentabilidad de las explotaciones”. Dada su importancia, el Gobierno andaluz “intenta contribuir, en la medida de sus posibilidades a que cada día sean más los productores que tengan aseguradas sus producciones”, ha añadido. Para ello, como ha apuntado la consejera, la Junta de Andalucía concede una subvención a quienes contratan estas pólizas e interviene “activamente” en los órganos colegiados de participación dirigidos a mejorar “un sistema de seguros agrarios que actualmente es referente a nivel internacional”.

Más facilidades para los agricultores

Respecto a la agilización en el acceso a la base de datos de asignación de rendimientos de la explotación, la principal novedad es que los agricultores interesados en contratar este seguro para las dos próximas cosechas (2022-2023 y 2023-2024) únicamente tendrán que rellenar la solicitud disponible en la web de Agroseguro (https://agroseguro.es/atencion-al-cliente/rendimientos-de-olivar) y acompañar este documento de una fotocopia de la declaración de la Política Agrícola Común (PAC). En caso de no disponer de ella, los agricultores podrán aportar cualquier documento que pruebe, sin ningún tipo de duda, la base territorial de la explotación a la que hace referencia el seguro solicitado.

A esta documentación básica se podrá sumar información sobre la producción de los últimos años de la finca. Cuantos más datos aporte el agricultor, mejor adaptada a la realidad productiva de la explotación estará la póliza que finalmente se ofrezca para la contratación.

Hasta ahora, los olivareros tenían que presentar obligatoriamente a Agroseguro una documentación más extensa para poder acceder a este seguro y permitir el cálculo del rendimiento que se asigna de manera individual a cada profesional. A partir de ahora, sin embargo, este dato se fijará en base a la visita de un perito a cada explotación. Con esta novedad, que no supondrá ningún coste para el productor, se ofrece una mayor facilidad de acceso para los agricultores que deseen asegurar por primera vez su explotación de olivar.

Por otro lado, la modificación del seguro del olivar busca también solventar situaciones complejas observadas con anterioridad en la valoración de los daños en plantaciones debido a adversidades climáticas. La tramitación de los expedientes relativos a la borrasca Filomena, acaecida a principios de 2021, puso de relieve la necesidad de actuar en este sentido.

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