La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, se ha reunido por videoconferencia con miembros de la Mesa de Interlocución Agraria, quienes han acordado que la Junta de Andalucía solicite al Gobierno de España que agilice la publicación de los módulos del IRPF, como una medida que permita rebajar la presión fiscal del sector.
La propuesta andaluza para la reducción de los índices de rendimiento neto en régimen de estimación objetiva del IRPF, aplicables a las actividades agrarias que durante 2019 sufrieron fuertes descensos en la producción por causas extraordinarias, contempla entre otras circunstancias la posibilidad de reducir al 50% los módulos del IRPF para las frutas y hortalizas y el 100% al olivar.
Por otro lado, la consejera ha analizado con las organizaciones agrarias y cooperativas la viabilidad de establecer rutas comarcales para el traslado en autobuses de los trabajadores del campo a sus explotaciones y a la industria agroalimentaria.
Asegura que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno está buscando fórmulas para resolver el problema de estos desplazamientos, condicionados a raíz de la declaración del estado de alarma en el país y supeditados al cumplimiento de las recomendaciones higiénico-sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 entre la población. El sector primario y la agroindustria, así como todos quienes forman parte de la cadena alimentaria, son agentes clave para la economía y el suministro de productos de primera necesidad debe estar garantizado a la población en cualquier circunstancia.
Así, la consejera ha expuesto a los representantes de Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y la industria agroalimentaria la posibilidad de “utilizar los autobuses de transporte escolar que la administración sigue costeando, pero ahora mismo sin uso al estar cerrados los colegios, para trasladar a los agricultores mientras se prolonga esta situación excepcional”. En todo momento, “se respetarían las normas de transporte y seguridad establecidas tras la declaración del estado de alerta para el transporte público”.
En esta iniciativa participarían también las consejerías de Educación y Deporte y la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, pues la misma conllevaría el diseño de una red de vías y puntos de parada para dar servicio a las principales zonas agrarias de Andalucía.
En la actualidad, las provincias de Almería y Huelva son las más afectadas por el tipo de cosechas, frutas y hortalizas, y el periodo del año. El servicio se ofrecería a todas las comarcas andaluzas que estén en plena producción y lo necesiten.
El establecimiento de rutas por comarcas permitiría agilizar los traslados y evitar que la falta de personal suponga el abandono de la producción en un momento de máxima demanda. Hasta el momento, la directriz del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es la adopción de las medidas de distancia de seguridad previstas por el Ministerio de Sanidad. El conductor puede ir acompañado de una persona y en el caso de las furgonetas de nueve plazas pueden desplazarse un máximo de tres con la distancia de metro y medio aconsejada.
En la situación actual de emergencia sanitaria es necesario establecer protocolos que permitan a los agricultores y trabajadores de la industria agroalimentaria continuar operando con la mayor garantía. El objetivo es proteger a los profesionales y facilitarles la adaptación de las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias.
Servicio esencial
El transporte supone un problema porque muchos trabajadores no disponen de automóvil propio o de carné de conducir. A petición de la Mesa de Interlocución Agraria, la consejería ha venido realizando al Ministerio la petición de instrucciones claras y la flexibilización de la norma del transporte para este sector. Por ello, se insiste en reclamar que los vehículos de los agricultores y ganaderos o cualquier persona cuando se desplacen a sus explotaciones para realizar las tareas propias de las mismas se considere un servicio esencial.
Por último, los representantes de las organizaciones agrarias han agradecido la ampliación del plazo de la entrada en vigor del Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) hasta el 15 de octubre que ha concedido la Consejería atendiendo a las circunstancias excepcionales. Como se recordará, se había establecido un periodo transitorio de seis meses de duración en la aplicación del régimen sancionador que terminaba a mediados de abril.
