El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido hoy en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado para exponer las líneas generales del MAPA para la XIV Legislatura y explicar las medidas adoptadas por su Departamento durante la crisis sanitaria de la COVID-19.
El ministro ha asegurado que su Departamento tiene por delante un plan de trabajo ambicioso, en cuyo desarrollo espera contar con la colaboración de todos los sectores. Entre los principales retos para los próximos meses de la legislatura ha citado completar la modificación de la ley de la cadena alimentaria y la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
PRINCIPALES INICIATIVAS
La situación vivida por la crisis sanitaria nos ha servido para reflexionar sobre el buen funcionamiento y la resistencia que ha demostrado el conjunto de la cadena alimentaria, que ha trabajado a pleno rendimiento para garantizar el suministro alimentario a la población, según el ministro.
A pesar de los dolorosos momentos vividos, ha quedado patente que la cadena de abastecimiento alimentario en España funciona bien, ya que cuenta con sectores punteros en su labor, desde la producción a la distribución, pasando por la industria agroalimentaria, algo que no es fruto de la casualidad, sino de la constante dedicación y del trabajo bien hecho. En este contexto, el Gobierno ha estado alerta en todo momento para dar respuestas a las distintas situaciones que se han ido planteando.
De cara a la presente legislatura, una de las principales preocupaciones y acciones más inmediatas del Ministerio será completar la modificación de la ley de la cadena alimentaria, una norma pionera en la Unión Europea que ha permitido avanzar en la regulación de las relaciones comerciales, pero que necesita ajustes. El objetivo es lograr que las explotaciones sean más rentables y sostenibles y garantizar así el futuro de un mundo rural vivo.
En la primera fase de esta modificación se ha introducido el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales, la obligatoriedad del contrato escrito y la prohibición de la venta a pérdidas. Y a finales del mes de octubre, en una segunda fase, se incorporará la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales a la legislación nacional. El ministro espera que se produzca un gran debate en las Cortes Generales sobre el conjunto del sector, los márgenes productivos y su futuro.
Por otra parte, el ministro ha destacado el valor de la PAC como una herramienta estructural para el desarrollo del sector agroalimentario. El Gobierno de España, de acuerdo con las comunidades autónomas y el sector agrario, defiende que la PAC para el periodo 2021-2027 cuente con una dotación presupuestaria suficiente, al menos la misma cantidad del periodo anterior, para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental.
En este contexto, Planas ha señalado que las últimas propuestas financieras presentadas por la Comisión Europea suman 26.434 millones de euros suplementarios respecto a la propuesta inicial de mayo de 2018. Para el ministro, se trata de un avance significativo y una buena base de negociación, aunque ha adelantado que se espera una negociación dura y compleja, en las que el Gobierno pondrá toda su energía para lograr el mejor resultado posible.
En este ámbito, el propósito del Gobierno es disponer del Plan Estratégico para su aplicación en España a lo largo del primer semestre de 2021 y ser así uno de los primeros países de la UE en presentarlo. El Gobierno trabajará para lograr un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado, intensificar el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, y fortalecer el tejido socioeconómico en las zonas rurales.
En las negociaciones para su aplicación en España, el ministro ha anunciado el inicio del debate político con las comunidades autónomas, en el que se abordará, entre otros aspectos, todas las cuestiones relativas a la ayuda básica a la renta, los ecoesquemas o la definición de quién debe ser el perceptor de las ayudas.
Planas ha aclarado que “no se trata de un debate territorial, sino sobre las personas, sobre lo que somos y queremos que sea la agricultura del futuro”. El ministro ha apostado por apoyar a la agricultura familiar y profesional, que sustenta gran parte del tejido socioeconómico y social de las zonas rurales.
MEDIDAS FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
El ministro, que ha expresado su solidaridad con las familias de las personas fallecidas a consecuencia de la COVID-19, ha asegurado que una de las prioridades del Gobierno es trabajar para que ninguna persona afectada por los efectos de esta crisis sanitaria se quede atrás.
Ha destacado el comportamiento ejemplar de agricultores, ganaderos, empresas agroalimentarias, pescadores y acuicultores para garantizar el suministro alimentario durante el confinamiento.
Se trata de un sector estratégico para la economía española, que sufre, desde hace años, una serie de problemas estructurales a los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ofrecido soluciones consensuadas, a través de un ejercicio de transparencia y diálogo continuo.
Durante el estado de alarma, el primer objetivo del Gobierno ha sido mantener la actividad para garantizar el abastecimiento de la población. Ha apuntado que se ha tratado de dar, al momento, soluciones a las dificultades que se iban presentando en ámbitos como la movilidad de los trabajadores, el suministro de insumos o la aclaración de instrucciones sobre las medidas sanitarias y de seguridad en los buques pesqueros para dar una respuesta al sector.
Asimismo, el Gobierno aprobó en el mes de abril un real decreto-ley de medidas urgentes en materia de empleo agrario, recientemente prorrogado, para ampliar su validez hasta el próximo 30 de septiembre, para que ninguna cosecha se quede sin recoger. “Un instrumento excepcional para dotar de mayor tranquilidad al sector, porque ninguna tarea agrícola o puesto de trabajo pendiente ha dejado de ser cubierto”, ha recalcado el ministro y “ese era el objetivo”.
Los subsectores agrarios más afectados por la crisis, como la flor cortada, el sector pesquero o algunas actividades ganaderas, se han podido acoger a lo dispuesto en el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
En lo que se refiere al ámbito agrario y pesquero, el MAPA ha ampliado el periodo de amortización de los créditos de sequía de 2017, ha establecido una exención a la tasa de buques cuando deban permanecer amarrados en aguas portuarias, ha autorizado moratorias de cotizaciones sociales y de alquileres y, en el caso concreto del sector vitivinícola español, ha flexibilizado las medidas contenidas en el Programa de apoyo 2019-2023 (PASVE) para optimizar el empleo de los fondos destinados a este sector.
El sector vitivinícola cuenta además con un paquete de medidas, dotado con 90,5 millones de euros, destinadas a la destilación de crisis, ayudas al almacenamiento privado y cosecha en verde, que tiene como objetivo paliar la difícil situación que atraviesa el sector por la COVID-19.
Por otra parte, el ministro ha hecho mención de las medidas acordadas para paliar la situación creada por el cierre del canal Horeca en determinados sectores. Así, se aumentó en 10 millones de euros el apoyo que recibe el sector ovino y caprino como compensación de las pérdidas. El ministro ha apuntado que el Ministerio estudia, en estos momentos, la posibilidad de contar con medidas también para otros sectores afectados por la COVID-19 como la flor cortada o el ibérico.
También se está implementando el paquete de medidas de mercado de la Comisión Europea, que contempla ayudas al almacenamiento de carne, leche y productos lácteos, medidas de mercado para el vino (destilación de crisis y ayudas al almacenamiento privado, entre otras).
De cara a los sectores exportadores, el ministro ha destacado el buen comportamiento de las exportaciones agroalimentarias en marzo –el 14 de marzo se decretó el estado de alarma-, con 5.084 millones de euros, el 7,4 % más respecto al mismo mes del año anterior. Ha mencionado la buena evolución de carne de porcino, sobre todo a China, y la apertura para el vacuno del mercado filipino y del ovino y caprino a países árabes.
De igual forma, se han aprobado una serie de medidas de flexibilización y simplificación de los Fondos Estructurales del FEADER, para poder reasignar el dinero disponible en los Programas de Desarrollo Rural que no se hayan utilizado.
El ministro ha apuntado que su Departamento está diseñando una serie de actuaciones para desarrollar un sector agroalimentario innovador, que genere valor añadido y empleo de calidad. El objetivo es conseguir explotaciones rentables y dignas que faciliten la incorporación de jóvenes y mujeres, verdaderos motores de impulso del relevo generacional en el campo.
En este sentido, ha mencionado las medidas impulsadas el pasado año para el sector de los cítricos. El Gobierno ha llevado a cabo todas las medidas, pero ha solicitado a la Interprofesional que dé respuesta al sector que necesita una organización que funcione.
También se ha referido a las 10 medidas anunciadas recientemente para asegurar la viabilidad y rentabilidad del sector del aceite de oliva.
Ha apelado a la necesaria colaboración de todos, porque en el sector agroalimentario queda mucho trabajo por delante y es importante valorizar los alimentos para una justa retribución de todos los eslabones de la cadena.
“Ahora que vamos dejando atrás esta difícil situación, debemos desplegar un intenso esfuerzo colectivo para conseguir la recuperación social y económica, y superar una de las situaciones económicas más difíciles” de los últimos años, según el ministro que se ha mostrado convencido de que “lo haremos, ya que somos un gran país que sabe dar respuesta en los grandes momentos”.
