La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha participado en la inauguración de la Jornada “Sostenibilidad en las cooperativas oleícolas”, en la Sociedad Cooperativa Andaluza San Vicente de Mogón, en la que ha resaltado el compromiso del Ministerio de Agricultura con las necesidades de transformación del medio rural. Ha afirmado que “el sector de agroalimentario es un sector que tiene futuro. Es necesario articular las medidas y los medios adecuados para garantizar la rentabilidad de las explotaciones”. En el acto de inauguración también han estado presentes el alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles; el diputado de Agricultura Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno; la delegada de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Soledad Aranda; y el presidente de la SCA San Vicente de Mogón, José Gilabert.
Al inicio de su intervención, Catalina Madueño ha explicado que el cooperativismo es “un modelo de empresa que busca crear valor, a la vez que mantiene un marcado carácter social y de dimensión humana”. En la misma línea, ha valorado el diálogo permanente que ha mantenido el Ministerio de Agricultura con el sector y ha apuntado a que este hecho ha permitido adoptar medidas “de gran calado que están teniendo una percusión positiva”. A modo de ejemplo, ha señalado la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria que, según Madueño,“garantiza que los agricultores reciban unos precios dignos por sus productos, y que los olivareros puedan tener una retribución justa por ese oro líquido que elaboran”.
Así, la representante del Ejecutivo en la provincia ha reivindicado la “gran oportunidad” que va a suponer la aprobación de la nueva Política Agraria Común, explicando que “representa una gran herramienta para el sector oleícola”.“La propuesta de Plan Estratégico, que se ha debatido esta semana en Bruselas, permite mucha flexibilidad para que el resultado sea siempre favorable a los agricultores y ganaderos. Por primera vez, el cultivo del olivar tradicional se va a beneficiar de un programa sectorial específico dotado con 30 millones de euros anuales”, ha especificado.
También, la subdelegada ha recordado las diez medidas impulsadas por el Gobierno de España, hace dos años, para dar una respuesta a la situación de bajos precios en el sector, de las que ha dicho “fueron medidas encaminadas a ordenar la oferta, la calidad y la trazabilidad, que favorecieron que el aceite de oliva esté en valoraciones significativamente mejores respecto de campañas anteriores”.
Por otro lado, Catalina Madueño ha hecho hincapié en la apuesta del Ejecutivo “por avanzar en la necesaria transición ecológica y digital del sector, en mejorar la competitividad y la sostenibilidad económica, social y medioambiental del campo”. Así, ha incidido en “las actuaciones transformadoras del Plan de Recuperación, dotado con 1.051 millones de euros, que va a concentrar sus líneas de financiación en iniciativas fundamentales en materia de modernización de regadíos, de impulso a la sostenibilidad y a la competitividad y de eficiencia energético”. También, ha explicado que el PERTE Agroalimentario, que dispone de una inversión pública de otros 1.003 millones de euros hasta 2023, creará cerca de 16.000 empleos y generará un impacto económico inicial de 3.000 millones. “La dotación presupuestaria del PERTE, unida a los más de 47.000 millones de la próxima PAC, así como a los fondos del Plan de Recuperación, permitirán una dotación pública hasta 2026 que es, probablemente la más alta que el sector haya tenido jamás en España”, ha destacado.
Finalmente, la subdelegada en la provincia ha señalado que “la apuesta del Gobierno de España por nuestro sector primario, por el campo y sus gentes es muy firme. Un compromiso que se sostiene con medidas de carácter estructural, pero también con iniciativas más coyunturales para hacer frente a situaciones de dificultad como las que no está tocando vivir en la actualidad”. Así, ha ejemplificado estas iniciativas con el Decreto-Ley, aprobado a principios de mes, que contempla un paquete de medidas de apoyo para hacer frente a la prolongada sequía en el ámbito fiscal, laboral, financiero e hidráulico, estimadas en 450 millones de euros.
