Año: 2020

Pieralisi acaba de anunciar la muerte de Gennaro Pieralisi, debido a un empeoramiento de sus condiciones físicas, según señala en un comunicado la compañía.

“Gracias a su reconocida pasión, tenacidad y competencia, D. GennaroPieralisi ha sido capaz de guiar el desarrollo internacional de la compañía hasta un nivel de empresa líder en su sector y ha sido capaz de encarnar las mejores cualidades de la historia industrial italiana”, asegura la compañía italiana.

Y añade: “Todos los empleados de la compañía, después de haber compartido muchos desafíos y éxitos que han caracterizado la historia de la multinacional italiana, extienden sus más sinceras condolencias a la familia”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) apostará en 2021 por la modernización, el relevo generacional, la presencia de la mujer, un regadío eficiente y la pesca sostenible. Así se desprende de la propuesta de presupuestos explicada esta mañana por sus altos cargos en el Congreso de los Diputados

Se trata de una partida total de 8.496,2 millones de euros que supone un incremento del 10,47 % con respecto a los anteriores, incluidas las aportaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Unos presupuestos inaplazables e indispensables para la modernización y recuperación de nuestra economía y para la transformación, según el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Álvarez-Ossorio.

Tres son las principales líneas de actuación sobre las que pivota el incremento presupuestario: el aumento de la dotación al Plan Anual de Seguros Agrarios en 40 millones de euros (casi un 20 %, la cantidad más alta desde 2012), la aplicación de 406,5 millones de euros del mecanismo de recuperación y el aumento de los pagos derivados de los fondos europeos Feader y Feaga.

El detalle de estos presupuestos ha sido expuesto por el propio subsecretario, así como por la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda.

SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

En la primera de las comparecencias, Luis Álvarez-Ossorio ha desgranado las cuentas y ha explicado que el subsector Estado (sin organismos autónomos) tiene un presupuesto de 1.266,9 millones de euros, un 60 % más que en los PGE anteriores. Por su parte, el subsector organismos autónomos cuenta con 7593,6 millones, un 5,48 % más.

Por tipo de operación, las operaciones corrientes (capítulos 1 a 4) alcanzan los 6.621,3 millones (+ 2,69 %); las operaciones de capital (capítulos 6 y 7), los 2.213,9 millones, lo que supone un 45,53 % más; y las operaciones financieras, que crecen un 4,12 %, llegan a los 25,2 millones de euros.

En cuanto a las políticas de gasto (excluidos los gastos de personal), las de Agricultura, Pesca y Alimentación se incrementan en 819 millones y se sitúan en 8.318,6 millones, un 10,92 % más que en los presupuestos anteriores. En lo que respecta a la política de Servicios Sociales y Promoción Social, que cuenta con 91,11 millones, la partida se ha visto reducida un 14,43 %, lo que no implica reducción alguna en el volumen de alimentos a repartir en 2021.

Del total del presupuesto del ministerio, la propia Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación va a gestionar 1,2 millones de euros (+ 1,78 %) en el capítulo de personal; 21,5 millones (+12,65 %) en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios; 256,2 millones en el de transferencias corrientes; 17,9 en inversiones; y 6,73 en transferencias de capital.

En transferencias corrientes destaca el incremento del 19 % en la dotación para seguros agrarios, que contarán con 251,2 millones de euros. Otras partidas son la de 2,2 millones para contribuciones a organismos internacionales; la de 2,5 para las organizaciones profesionales agrarias; y la de 376.000 euros para los sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario.

Los cerca de 18 millones en inversiones tendrán como destino principal el mantenimiento y mejora de la infraestructura informática del ministerio, la realización de estadísticas agrarias y las obras de mantenimiento.

Álvarez-Ossorio ha querido destacar, en el ámbito de las transferencias de capital, la novedad que supondrá el apoyo financiero para la modernización de la maquinaria agrícola, que con un crédito de 3 millones de euros facilitará inversiones hasta un total de 65 millones.

SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

La Secretaría General de Agricultura y Alimentación (SGAA) es el órgano directivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación directamente responsable de la Política Agraria Común (PAC), la política de desarrollo rural y la política de regadíos, entre otras competencias.

De ahí que su dotación presupuestaria sea, con diferencia, la mayor y llegue a los 7.680.487.810 euros, prácticamente el 95 % del presupuesto del ministerio. A esta cantidad hay que sumar 388,6 millones del mecanismo de recuperación, lo que deja el presupuesto total a gestionar en 8.069.087.810 euros, un 10,1 % más que en la anualidad anterior.

La PAC, según ha explicado Fernando Miranda, supone un montante total de 7.159 millones de euros, de los que 5.794 corresponden al primer pilar (ayudas directas y mecanismos de mercado) y 1.365 al segundo (desarrollo rural).

A estas cantidades hay que sumar 221.781.260 euros de aportación nacional y que suponen un compromiso de carácter obligatorio. De ellos, 104,5 millones son aportaciones a los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas; 23,4 van al Programa Nacional de Desarrollo Rural; 56; 19,3 se dirigen al Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos; 15 apoyarán las producciones agrarias de Canarias; y 2,7 servirán para el fomento de la apicultura.

El presupuesto, de acuerdo con Miranda, tiene también otras prioridades, como reforzar los recursos de la Agencia de Información y Control Agroalimentarios (AICA), que aumentarán un 31,8 %, hasta llegar a los 8,3 millones de euros; mantener los destinados al Fondo Español de Garantía (FEGA), 33 millones; incrementar el presupuesto para la promoción alimentaria hasta los 12,5 millones de euros (+ 18,93 %); promocionar la PAC a través de la Red Rural Nacional, con cinco millones (+ 25 %); fomentar el papel de los jóvenes en el sector, con algo más de un millón y un incremento del 86,43 %; impulsar el papel de las mujeres rurales, lo que cuenta con un presupuesto similar y un aumento de casi el 100 %; apoyar la transformación digital: 16,9 millones (10,8 del mecanismo de recuperación); y transformar y modernizar regadíos, que contará con 306,1 millones (260 del mecanismo de recuperación). En este último caso, el programa de regadíos de mayor alcance de los habidos en el siglo actual, según ha remarcado el secretario general.

La SGAA también considera prioritarias la sanidad vegetal, a la que dota de 15,4 millones de euros, un 37,09 % más, y la sanidad animal, que prácticamente se mantiene en las mismas cifras, 23,7 millones.

Para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de la maquinaria agrícola hay un presupuesto de 10,5 millones, de los que 6,5 serán subvenciones, tres se desatinarán a financiar créditos para la compra y uno a otras medidas.

Por otro lado, 102,2 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia servirán para impulsar la transición ecológica de la agricultura y la ganadería; y 12,6 para mejorar la resiliencia del sistema agroalimentario.

Este presupuesto, según ha señalado Miranda, es una oportunidad como seguramente no la ha habido en la última década y hay que aprovecharla.

Dcoop ha reconocido los mejores aceites tempranos producidos por sus cooperativas con el Premio Maestro de la campaña 2020-2021. Es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todas aquellas personas que elaboran aceites al inicio de la campaña y una manera de involucrar, motivar y premiar a nuestros maestros y maestras de almazara, piezas clave en la elaboración de los mejores aoves, según señala en un comunicado el grupo. 

El martes 3 de noviembre de 2020 se reunió el jurado compuesto por catadores internos y externos para proceder al fallo de los ganadores del Premio Maestro de Dcoop en las cuatro modalidades: variedad arbequina, variedad hojiblanca, variedad picual y mejor coupage multivarietal. 
  
De los lotes presentados a fecha límite 31 de octubre de 2020 resultaron seleccionados:
   
Premio Maestro de Almazara al mejor aceite temprano variedad arbequina: 
SCA Nuestra Señora de Los Remedios de Antequera (Málaga). 
  
Premio Maestro de Almazara al mejor aceite temprano variedad hojiblanca:  
SCA Nuestra Señora de Los Remedios de Antequera (Málaga). 

  
Premio Maestro de Almazara al mejor aceite temprano variedad picual:
SCA Virgen del Campo de Cañete de la Torres (Córdoba).

 
  
Premio Maestro de Almazara al mejor aceite temprano coupage:
SCA Los Tajos de Alhama de Granada (Granada).

 
  
Los cuatro aceites galardonados se envasarán en una edición premium limitada, comercializada a través de las cooperativas de Dcoop y a través de la tienda on line.

 

Proyecto Maestro de Dcoop
Los premios son el broche al programa Proyecto Maestro que nace en respuesta a la inquietud de las cooperativas por gestionar aceites tempranos y de calidad con el objetivo de incentivar la producción de este tipo de aceites, optimizar la venta a granel y tener un referente de aceite verde envasado de Dcoop.

Con esta propuesta, que se suma a otras que ya lleva desarrollando el grupo en materia de formación profesional especializada, certificaciones de calidad internacionales en todas las plantas y procesos, refuerzo del laboratorio de aceites y aceituna, que ya es el más grande del sector, entre otras, se pretende posicionar la marca Dcoop entre los aceites de mayor calidad del mercado. 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mostrado hoy en el Parlamento de Andalucía su apoyo al mantenimiento del agricultor activo y pluriactivo y al actual régimen de pequeños agricultores, que considera compatible con el de los agricultores profesionales. La consejera ha recordado que gracias a estos agricultores y las ayudas de la PAC en Andalucía hay un modelo de desarrollo rural que evita el despoblamiento que sí se da en otras regiones.

Crespo, que se ha referido a la reciente reunión entre el presidente de la Junta y el ministro de Agricultura para abordar la nueva PAC, ha señalado que se va a buscar “las cosas que nos unen y no las que nos separan” pero ha querido dejar claro que existen líneas rojas para el Gobierno andaluz.

En este sentido, ha advertido sobre los riesgos de una tasa plana a través de una reducción del número de regiones productivas porque “afectará sobre todo a los pequeños agricultores de Andalucía, y en especial al sector del olivar tradicional”. Junto a ello ha querido mostrar su negativa a una convergencia rápida apostando porque ésta sea paulatina.

Finalmente Carmen Crespo se ha referido a la necesidad de mantener el sistema de derechos garantizando la incorporación de los jóvenes agricultores. En este sentido la consejera ha afirmado que “la eliminación de derechos supondría un trasvase de recursos y Europa está diciendo que esto no se debe hacer”.

La intervención de la titular de Agricultura ha concluido apelando a que en Andalucía “no haya ninguna flaqueza” en la defensa de los intereses, al respecto de lo cual ha vuelto a reclamar unidad, también de los distintos grupos políticos “de la misma manera que lo están los agricultores, las organizaciones agrarias y las cooperativas”. Ya en su intervención Crespo había enfatizado en la unidad gracias a la cual se llevó a cabo la declaración institucional, que es “el resultado del diálogo con el sector”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido hoy con Cooperativas Agro-alimentarias de España y las organizaciones profesionales agrarias Asaja y UPA para analizar los principales asuntos de interés para el sector agroalimentario, en especial, las oportunidades que se abren para el campo español en las negociaciones para la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027.

Acompañado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el presidente ha destacado el carácter estratégico del sector agroalimentario. Ha remarcado que España se encuentra en una excelente posición de partida con respecto a la PAC, ya que va a disponer de 47.724 millones de euros para hacer frente a los desafíos de la próxima década.

Tras el reciente acuerdo sobre la PAC alcanzado en el último Consejo de Ministros de la UE, que recoge el 95% de las propuestas españolas, comienza un periodo de negociación para la aprobación de los reglamentos de la PAC.

Mientras, el Gobierno de España trabaja ya con las comunidades autónomas, cooperativas y organizaciones profesionales agrarias para alcanzar un gran pacto de Estado para la aplicación de esta política comunitaria en España, mediante la elaboración de un Plan Estratégico que recoja la amplia y diversa realidad agronómica del país.

COAG-Jaén valora positivamente la respuesta que ha tenido la Consejería de Economía a las reclamaciones de los agricultores que no podían pasar la revisión de sus vehículos al estar las oficinas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia colapsadas.

Esta mañana ha tenido lugar una reunión, a petición de COAG Jaén, con el secretario general de Industria de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, y en la que han participado el resto de organizaciones agrarias, UPA y Asaja, en la que se han puesto de manifiesto las dificultades de los agricultores para tener al día sus inspecciones.

La Consejería se ha comprometido a que se van a doblar los turnos de las ITVs móviles, de forma que harán revisiones por la mañana y por la tarde, y se hará una planificación para dar salida a las revisiones de los lugares que se encuentren más colapsados.

La reunión se ha solicitado después de que numerosos agricultores hayan manifestado a COAG el problema al que se enfrentan al solicitar una cita para pasar la ITV tanto de los tractores como del resto de vehículos, una situación que se arrastra desde hace años y que se ha agravado con el estado de alarma y la pandemia.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, han mantenido hoy un encuentro por videoconferencia con el que han dado continuidad a la cumbre bilateral entre ambos países que se celebró el pasado 10 de octubre.

La reunión se ha centrado en las prioridades en materia de agricultura de la próxima presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea. En este sentido, Planas, que ha trasladado a la ministra todo su apoyo durante el periodo de presidencia, le ha mostrado también el interés de España no solo por la negociación de la futura Política Agraria Común (PAC) en los denominados trílogos (Parlamento, Comisión y Consejo de Ministros), sino por otros asuntos de gran relevancia para el sector agroalimentario de ambos países.

Entre estos, la aplicación de la estrategia “De la granja a la mesa”, las recomendaciones de la Comisión Europea para la elaboración de los planes estratégicos nacionales, los acuerdos comerciales internacionales y la situación de los mercados agrarios con respecto a la pandemia de la COVID-19 y el brexit. Cuestiones todas estas en las que la Comisión debería ser proactiva, según ha expresado.

Sobre las negociaciones en los trílogos, el ministro ha señalado que el acuerdo previo logrado en el Consejo de Ministros de Agricultura es una buena base para comenzarlas, ya que se trata de un acuerdo equilibrado entre la sostenibilidad económica y la medioambiental.

Por lo que respecta a los planes nacionales, Planas ha propuesto a la ministra portuguesa una reunión técnica de los respectivos equipos ministeriales para compartir los avances y reducir lo que la ministra portuguesa considera “efecto frontera” en la aplicación de la PAC en ambos países. Ambos ministros han acordado la creación de un grupo de trabajo sobre los planes estratégicos de la PAC

SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL

Los ministros han destacado que reforzarán la colaboración sobre sanidad animal y vegetal, tal y como acordaron los jefes de Estado en la pasada cumbre de la localidad lusa de Guarda. Este grupo determinará qué cuestiones son relevantes y propiciará la creación de redes para compartir datos, realizar análisis de riesgos y proponer procedimientos de actuación conjunta.

España y Portugal se apoyan estrechamente desde hace décadas en este ámbito. De hecho, el primer acuerdo de entendimiento en materia veterinaria data de los años 50 y sobre él se ha construido un marco de colaboración que ha resultado de gran utilidad para controlar enfermedades como la peste porcina clásica, la peste equina, la tuberculosis, la lengua azul o la fiebre aftosa. La colaboración en sanidad vegetal permite luchar, por su parte, contra la Xylella fastidiosa o plagas como la avispilla del castaño o laTryoza eritreae de los cítricos.

Con respecto al programa de la Unión Europea de opciones específicas para la lejanía y la insularidad (Posei), que afecta a archipiélagos de los dos Estados, los dos ministros han confirmado su compromiso para que la financiación no se vea mermada.

La revisión de las tablas salariales del convenio del campo de la provincia de Jaén se ha firmado hoy entre la patronal y los representantes de los sindicatos UGT y CC OO con un incremento del 1% para esta campaña.

Los trabajadores tendrán salarios que oscilan entre los 54,50 euros y 56,93 euros, dependiendo de la categoría profesional  por jornada de 6 horas y 30 minutos, con 15 minutos de descanso retribuido.

“Desde CCOO valoramos positivamente que, dada la situación actual en que nos encontramos, el convenio del campo aumenta los niveles retributivos dando ejemplo de cómo los dos eslabones de la cadena, productores y trabajadores, siguen alcanzando acuerdos. Ejemplo que debería seguirse en el convenio del aceite y sus derivados de la provincia; donde, sin embargo, las propuestas de la patronal van encaminadas a recortar derechos y salario a los trabajadores”, señalan desde el sindicato. 

UPA-Jaén

UPA Jaén, en su calidad de miembro de la mesa negociadora como parte empresarial, ha firmado esta mañana la actualización de las tablas salariales del convenio del campo, el más importante de todos los que se negocian puesto que afecta a más de 100.000 empresarios y trabajadores, que supone, como estaba pactado, el incremento del salario en un 1%. Base mínima por la que se actualizan las tablas al tener, en la provincia de Jaén, un IPC negativo del -0,3%. Una cantidad que, de forma individual, significa un aumento de 54 céntimos de euro sobre el precio del jornal de la campaña pasada, hasta los 54,50 euros para una jornada de 6:30 horas, pero que a nivel general supondrá el movimiento de algo más de 3 millones de euros durante los meses de la cosecha.

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, explica: “Hoy toca la revisión de la tabla salarial con una subida del 1%. Puede parecer poco, porque son 54 céntimos de incremento por jornal, pero el hecho de que la subida esté por encima de un IPC negativo demuestra la concienciación de todas las partes para que no se pierda poder adquisitivo. Además, en una campaña en la que se prevén 5,6 millones de jornales, según el aforo elaborado por la Junta de Andalucía, representa un movimiento de algo más de 3 millones de euros en la provincia de Jaén durante los meses de recolección”.

Igualmente, UPA Jaén hace un llamamiento a los empresarios agrarios para que contraten mujeres en esta campaña atípica condicionada por la pandemia de la Covid 19. “Las mujeres rurales están plenamente capacitadas para trabajar en los tajos como cualquier hombre. Por eso creemos importante que el empresario se conciencie de esa realidad y también hacemos hincapié en la necesidad de que las administraciones fomenten la formación de las mujeres para que estén más capacitadas en todas las tareas de la recolección de la aceituna”, aclara Cristóbal Cano.

UPA Jaén vuelve a hacer un llamamiento al Gobierno central para que permita la compatibilización del cobro de las ayudas por ERTE o por cese de actividad en las personas autónomas con el trabajo en la recolección de la aceituna con el objetivo de que no haya problemas de recogida ante las restricciones de movilidad que estamos sufriendo por la pandemia. Igualmente, insiste en la petición a la Junta de Andalucía de realizar test a los jornaleros, aumentar el presupuesto de albergues y reforzar la atención primaria en los centros de salud de nuestros municipios, para que no se produzcan brotes durante la campaña y la recogida del fruto se pueda hacer con la mayor normalidad posible dentro de las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos.

ASAJA-Jaén

ASAJA-Jaén y el resto de componentes de la mesa negociadora del convenio del campo han firmado este mediodía la actualización del convenio del campo firmado en 2018, que regula las relaciones laborales entre empresario y trabajador del sector agrario de la provincia hasta la próxima campaña 2021/2022. Se trata del tercer año de los cuatro acordados en el convenio, y lo que se estipula es una subida de un 1%. De esta forma, un vareador para seis horas y media de jornada percibirá 54,50 euros y un vareador de máquina 56,93. El próximo año continuarán los incrementos, puesto que se estipula una subida ligada al valor del IPC dentro de la horquilla de entre el uno y el dos por ciento. Así, se aplicará una subida máxima de un 2% y una subida mínima de un 1%. Es decir, que si el IPC sobrepasa el 2%, la subida será sólo del 2% y si baja del 1%, la subida será del 1%. En el caso de que el IPC esté en mitad de esa franja, se aplicará la subida del IPC.

“Con la firma de la actualización del convenio del campo hemos dado cumplimiento a un pacto que se hizo tres años, y que se prolongará hasta el próximo, aplicando lo convenido, una subida de un 1%, que supone un incremento de algo más de 50 céntimos por jornal para los vareadores”, explica el gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en segunda lectura, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Tras esta aprobación, inicia ahora su trámite parlamentario con intención de que entre en vigor el 1 de noviembre de 2021, con tiempo suficiente para que el sector se pueda adaptar, según ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales se avanza, de acuerdo con el ministro, en el firme compromiso del Ejecutivo de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para impulsar un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la misma.

Se fomenta, asimismo, la transparencia en la formación de precios y se protege a los eslabones más débiles por su posición en la cadena, al tiempo que se estimulan las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones.

El proyecto de ley amplía su ámbito de aplicación, generaliza los contratos por escrito, amplía la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas y actualiza las infracciones y sanciones.

La nueva norma completa los cambios inaplazables introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación y que constituyó el primer paso en la mejora de la ley de la cadena que ha iniciado el Gobierno este año.

En esta segunda fase, se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Las modificaciones que se introducen amplían el ámbito de aplicación de la vigente norma y establecen mecanismos que la refuerzan para incrementar su eficacia.

El problema del desequilibrio en la cadena agroalimentaria no es exclusivo de España, sino una realidad compartida por todos los Estados de la Unión Europea.

A este respecto, el Gobierno considera imprescindible y prioritario perseguir las prácticas desleales que generan situaciones de desequilibrio entre los operadores y que comprometen la capacidad de negociación de las partes más débiles. De esta manera se logrará dinamizar el mercado e impulsar el reparto equitativo del valor añadido.

Para el ministro, el proyecto de ley es un paso adelante para un sector, el agroalimentario, altamente competitivo y que ha hecho un trabajo excelente en los últimos siete meses para abastecer de alimentos a la población española y mantener el pulso exportador.

Planas ha indicado que el sector agrario ha sido el único en el que el PIB ha crecido en los últimos 12 meses (6,9 %). En este periodo, por otra parte, las exportaciones han aumentado un 5,5 % y han alcanzado los 54.600 millones de euros, lo que ha dejado un saldo positivo en la balanza comercial agroalimentaria de 16.900 millones de euros.

Por otro lado, en el mes de septiembre la inscripción de maquinaria agrícola nueva ha crecido un 20 %, hasta alcanzar las 3199 unidades.

Todo ello, ha resumido, es “una buena muestra de que el sector está funcionando bien”, lo que no quiere decir que no existan algunos desequilibrios estructurales que corregir.

Y ahí es donde se enmarca la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en su triple objetivo: dotarla de más transparencia, mejorar el equilibrio entre sus eslabones y proteger al eslabón más débil, los agricultores y ganaderos.

La Ley de la Cadena Alimentaria ha desempeñado, desde su promulgación, un servicio esencial en el proceso de paulatino reequilibrio de las relaciones comerciales agroalimentarias. Bajo la premisa de mejorar su eficiencia y darle un decidido impulso, el proyecto de ley aprobado hoy incluye mejoras entre las que destacan:

·   Se amplía el ámbito de aplicación espacial y material de la norma.

En el primer caso, la ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro. También aplicarán sus prohibiciones y sanciones en las relaciones de un operador establecido en España y otro de un tercer país.

En cuanto al ámbito material, además de los alimentos y productos alimenticios, se contemplan las materias primas y otros productos contemplados en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

·   Se amplían los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones.

·   Se incorporan prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española, fruto de la trasposición de la directiva europea. La modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso) son algunos ejemplos.

·   Se incorporan nuevas infracciones o se recalifican otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Entre ellas, cabe señalar la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave). Exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado que pasa de leve a grave.

·   Se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional. Será, además, punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea.

Estas novedades se suman a las introducidas a inicios de 2020 como respuesta urgente a la grave situación en que se encontraba el sector primario y que supusieron algunos cambios fundamentales:

·   Cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción, lo que implica de facto que los precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea más justo.

·   Los costes de producción tienen que ser la base de la negociación de los contratos escritos y se obliga a incluir en los contratos alimentarios la indicación de que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.

·   En ese mismo sentido, en la determinación del precio en cuantía variable uno de los factores a utilizar para su determinación serán, en todo caso, los costes efectivos de producción.

·   Las actividades promocionales no pueden inducir a error sobre el precio e imagen de los productos.

·   La tipificación de las infracciones en materia de contratación alimentaria se recalifica en cuanto a su gravedad.

·   Se prevé la publicidad de determinadas sanciones con motivo de estas infracciones.

El Proyecto de Ley que ahora entra en el Congreso de los Diputados inició su tramitación el 1 de abril de este año mediante la consulta pública previa. Desde entonces se ha debatido con todos los operadores de la cadena y el resto de administraciones afectadas bajo un espíritu de colaboración y diálogo.

Tras su paso, en primera lectura, por el Consejo de Ministros, se ha procedido a la realización del trámite de información pública y consulta a las comunidades autónomas y el sector, y a recabar los informes necesarios. Entre estos, cabe destacar, además de los de otros departamentos, el del Consejo Económico y Social, el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el dictamen del Consejo de Estado. El texto final, perfeccionado por estas aportaciones, es el que ha sido aprobado hoy en segunda lectura por el Consejo de Ministros.

El precio medio del aceite de oliva en el mercado de origen oscila entre los dos euros el kilo (casi 1,98) para la calidad lampante y los 2,63 para el virgen extra, mientras que para el virgen la cotización alcanza los 2,04. Este repunte sostenido y paulatino comenzó a finales de la pasada campaña oleícola 2019/2020 y continúa en la actual 2020/2021 en todas las categorías, aunque mantiene escasos diferenciales de precios entre calidades, según constata el Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (Poolred), consultado por Oleum Xauen, sistema que obtiene la media ponderada de las operaciones de compraventa de aceite de oliva en el mercado de origen.

Esta situación se produce después de una campaña, la 2019/2020, que ha mantenido, como en la anterior, la atonía en los precios bajos en el mercado de origen, por debajo incluso de los costes de producción. Una campaña en la que se ha batido el récord de comercialización y de importaciones de aceites de oliva.