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Las asociaciones representativas de la industria de la aceituna de mesa en Europa —ASEMESA (España), ASSOM (Italia) y PEMETE (Grecia)— expresan su profunda preocupación y firme oposición al tratamiento del sector en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que supone una amenaza directa para la competitividad, el empleo y la sostenibilidad económica de un sector estratégico para numerosas regiones rurales de Europa, según señala un comunicado.

«Resulta especialmente grave que, en un momento en el que el sector europeo de la aceituna de mesa sigue afrontando importantes barreras y aranceles en mercados de terceros países, la Unión Europea haya aceptado un acuerdo que introduce un marco competitivo claramente desequilibrado en detrimento de los productores y transformadores europeos», sostiene.

El acuerdo UE–Mercosur contempla, por un lado, la eliminación progresiva de los aranceles a las aceitunas de mesa procedentes de países de Mercosur a lo largo de un período de siete años, partiendo de un arancel actual del 12,8 %. Este acceso preferencial permitirá la entrada gradual de aceitunas de mesa en el mercado de la UE en condiciones más favorables que las que afronta la producción europea. Por otro lado, el acuerdo mantiene de facto cerrados los mercados de Mercosur a las aceitunas de mesa europeas, que seguirán soportando aranceles en torno al 12,6 %, impidiendo una competencia justa y recíproca, según denuncia.

«Esta asimetría resulta especialmente preocupante en mercados estratégicos como Brasil, uno de los mayores consumidores mundiales de aceitunas de mesa, donde las aceitunas europeas permanecen prácticamente excluidas, mientras otros competidores internacionales se benefician de acuerdos comerciales preferenciales», agrega.

Y añade: «El impacto del acuerdo es, por tanto, doblemente negativo: limita estructuralmente las oportunidades reales de exportación de la aceituna de mesa europea en mercados clave y, al mismo tiempo, incrementa la presión competitiva dentro del propio mercado de la UE mediante la entrada preferencial de productos procedentes de terceros países».

ASEMESA, ASSOM y PEMETE advierten de que esta situación pone en riesgo la viabilidad de la industria transformadora, el empleo asociado, la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y la cohesión económica y social de amplias zonas rurales de la Unión Europea, dentro de un sector que ha demostrado de forma continuada liderazgo internacional, una sólida capacidad exportadora y un alto nivel de cumplimiento de las normas sociales, medioambientales y de seguridad alimentaria de la UE.

Las tres organizaciones representativas de la industria europea de la aceituna de mesa se encuentran actualmente en la fase final de constitución de una nueva Federación Europea del sector, con el objetivo de reforzar el diálogo con las instituciones comunitarias y defender de manera coordinada, a escala europea, los intereses comunes de la industria.

A la luz de todo lo anterior, ASEMESA, ASSOM y PEMETE instan a la Comisión Europea y a los Estados miembros a revisar con urgencia el tratamiento de la aceituna de mesa en el acuerdo UE–Mercosur, con el fin de corregir los desequilibrios existentes y evitar un mayor daño estructural a un sector estratégico para la economía europea, el empleo y el medio rural.

Las conclusiones del informe de la campaña de la aceituna de Jaén Acoge destacan que los puntos de información establecidos en los municipios estratégicos  de Alcalá la Real, Jaén, Martos, Úbeda y Villacarrillo han atendido a 547 personas temporeras. Una intervención que ha sido posible gracias a la coordinación entre administraciones públicas y entidades sociales, “si bien aún queda mucho que mejorar”, según asegura.

“El comienzo de un nuevo año también es buen momento para realizar un balance de lo acontecido durante el año anterior. Por ello, desde Jaén Acoge publicamos un nuevo “Informe Sobre la Campaña de la Aceituna 2025/26”, precisa.

“Y es que con la llegada de la cosecha de la aceituna, Jaén se convierte en epicentro que atrae a personas temporeras que se desplazan en busca de una oportunidad de empleo en el sector agrícola. Una oportunidad que a veces supone también una forma de “dignidad”, especialmente para quienes se encuentran en una situación vulnerable”, agrega.

Sin embargo, “la campaña de la aceituna también vuelve a poner a prueba el sistema de acogida y protección de derechos de estas personas, que de manera recurrente se enfrentan a situaciones de precariedad habitacional, desinformación y riesgo de explotación laboral”. Con el fin de prevenir estas problemáticas, Jaén Acoge ha mantenido “Puntos de Información” en distintos municipios estratégicos (Alcalá la Real, Jaén, Martos, Úbeda y Villacarrillo) llegando a atender a 547 personas temporeras.  Por ello precisamente “resultan de especial interés público las conclusiones y recomendaciones emitidas en dicho informe, que de alguna forma apelan a la conciencia colectiva de nuestra ciudad”.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía lamenta que, tras casi 30 años de negociación, se haya alcanzado un acuerdo comercial entre los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) y la Unión Europea (UE) «de espalda a los intereses de agricultores, ganaderos e industrias cooperativas andaluzas».

Mientras que las protestas del sector se mantienen tanto en Europa como en España como rechazo a dicho acuerdo, la mayoría de los países del continente -con la excepción de Francia, Hungría, Austria, Irlanda y Polonia, y la abstención de Bélgica- votaban a favor de este tratado comercial, el más grande del mundo al abarcar el 20% del PIB mundial. Una negociación que comenzó en 1999, en un contexto geopolítico completamente distinto, y que ha finalizado recientemente, tras el voto favorable en el Consejo el pasado viernes, 9 de enero.

En materia agraria, la UE tiene un balance comercial negativo con Mercosur (es decir, importa más que exporta). Así, en 2018, la UE exportó productos agrarios a Mercosur por valor de 2.289 millones de euros (el 5,1% del total), mientras que Mercosur exportó a Europa 18.205 millones de euros, es decir, el 49% de sus exportaciones totales de productos, según expone Cooperativas.

Ahora, con el nuevo tratado y la liberalización de los aranceles, “el sector tiene que hacer frente a otra zancadilla más, como la apertura de puertas a alimentos con productos que llevan años prohibidos en la Unión Europea, provocando una competencia desleal, creando desconfianza en los consumidores, quienes tendrán que elegir entre alimentos producidos a costes muy distintos, haciendo menos competitiva la agricultura y la ganadería andaluzas y poniendo en riesgo muchas explotaciones que ya están al límite”, señala el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi. A este respecto, aclara que “las cooperativas somos eminentemente exportadoras, por tanto, no nos negamos a que lleguen productos de otros orígenes. Pero sí exigimos que cumplan la estricta normativa ambiental, social y laboral que cumplimos los productores de la UE”.

Entre estos productos agroalimentarios más exportados por los países del bloque sudamericano, destacan la carne de vacuno, carne de ave, carne de cerdo, arroz, zumo de naranja, soja, huevos, remolacha, miel, azúcar y ajos. «Productos a los que se les pone una alfombra roja y que, por sus ventajas competitivas, hundirán los precios de las producciones españolas y andaluzas y las desplazarán del mercado», subraya.

Además, «el acuerdo no es equitativo», según valora la federación regional, ya que otorga más ventajas a los productores del Mercosur. Entre ellas, se concede a los productores del bloque sudamericano una cuota de 60.000 toneladas de arroz libre de aranceles; de 99.000 toneladas de carne de vacuno, entre fresca y congelada; se liberaliza el zumo de naranja en un periodo de siete años -actualmente la UE ya importa el 90% del zumo de Brasil-; y se permitirá la entrada de 45.000 toneladas de miel ó 180.000 toneladas de azúcar al 0% de arancel.

Por el contrario, para el aceite de oliva español, el acuerdo contempla la eliminación de aranceles de forma progresiva en 15 años (actualmente tiene un arancel del 10%) y en el caso de las dos principales partidas de aceitunas de mesa españolas más exportadas a Mercosur no se libran de pagar aranceles y seguirán gravadas. Al igual ocurre con el vino a granel. Por tanto, “aunque aún se desconoce mucha letra pequeña, a priori, no vemos motivos para celebrar el acuerdo ni para defenderlo en los términos que sostiene la Comisión Europea y que han llevado a España a votar favorablemente”, señala el director general.

Por todo ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ratifica que “no ve favorable el acuerdo” y lamenta “que el sector agrario vuelva a ser moneda de cambio para la UE”, ya que su principal ventaja será “la del acceso a materiales denominados ‘raros’, esenciales para la transición ecológica y para avanzar en la fabricación de los coches eléctricos, las placas solares, etc., donde Mercosur es un gran productor mundial”, explica el director general de la organización. En este sentido, denuncia que “se dé prioridad la industria automovilística frente a la soberanía alimentaria europea, cada vez más desprotegida y menospreciada”.

El programa conmemorativo del 75º aniversario del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) incluirá, entre otras actividades, catas de AOVE de las figuras de calidad diferenciada de la provincia (las tres DOP y la IGP Aceite de Jaén), conferencias sobre asuntos de interés informativo del sector oleícola, como la PAC, el olivar tradicional, la rentabilidad del cultivo e itinerarios geográficos, según ha podido saber Oleum Xauen.   

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido hoy un encuentro de trabajo con responsables de las distintas Asociaciones para el Desarrollo Rural (ADR) de la provincia para abordar el calendario de actividades conmemorativo del 75º aniversario del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Administración provincial, que se celebrará desde el próximo mes de abril hasta abril de 2027. En esta reunión, Reyes ha anunciado que “la planificación de las propuestas para celebrar esta efeméride queremos realizarla de la mano de los grupos de desarrollo que están en el territorio y que conocen los municipios, por lo que, sin lugar a dudas, su opinión es fundamental”.

En este calendario de actividades se contemplan conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, rutas culturales, concursos, proyecciones de cine, recitales poéticos o conciertos. Entre las iniciativas más destacadas estará la confección de una memoria gráfica de los 97 municipios de la provincia de Jaén, “un trabajo que queremos hacer pueblo a pueblo y que incluirá fotografías y documentos que forman parte de la historia de cada municipio”, ha avanzado el presidente de la Diputación, quien ha incidido en que “es bueno que la ciudadanía conozcaesto, entre otras cosas para poder comparar cómo eran nuestros pueblos, cómo estaba nuestra provincia hace 75 años y la evolución que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, proceso en el cual el Instituto de Estudios Giennenses ha jugado un papel fundamental”.

Este aniversario se ha planteado también como una oportunidad para “poner en valor la inmensa labor que ha venido realizando este centro de estudios, investigación y divulgación de toda la provincia a lo largo de sus más de siete décadas de vida”, ha apuntado Reyes. En este sentido, a lo largo de todo el año se llevarán a cabo propuestas con las que visibilizar el trabajo desarrollado por el IEG, poner en valor su contribución al desarrollo de la provincia, reivindicar su labor en la conservación y digitalización del patrimonio bibliográfico local y reconocer su función de cara a fomentar la investigación sobre temas jiennense y a la hora de difundir este conocimiento a través de sus publicaciones.

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén convocan, en unidad de acción, a los agricultores y ganaderos jiennenses a manifestarse, el próximo 29 de enero, ante la Subdelegación del Gobierno en Jaén. La concentración será a las 12:00 horas, y contará con tractores y todoterrenos llegados desde los municipios de los alrededores, secundando las protestas convocadas a nivel nacional.

Uno de los principales motivos de estas movilizaciones es el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur por la incertidumbre que genera en el campo jiennense. El sector considera que se trata de un acuerdo desequilibrado, sin reciprocidad, sin garantías de cumplimiento y que genera una clara competencia desleal, que pone en peligro a sectores clave como la carne de vacuno, la ganadería extensiva, porcino, carne aviar, apicultura, miel y cereales. Y, en cuanto al aceite de oliva, el cultivo mayoritario en la provincia, «vemos con recelo que este acuerdo pueda ser beneficioso a medio y largo plazo», aseguran.

Mientras, permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera. Al igual que el resto de acuerdos comerciales con terceros países, que utilizan al sector agrario como moneda de cambio, según precisan.

Las organizaciones agrarias y cooperativas también muestran su preocupación por el futuro presupuesto agrario europeo y denuncian la falta de claridad en las cifras, los recortes encubiertos y el riesgo de que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al mundo rural, además de suponer el fin de la singularidad presupuestaria de la PAC, lo que debilitará aún más al sector agrario europeo.

El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. A ello se suma una burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector. Además de que estas protestas no solo defienden al productor, sino también al consumidor. Permitir la entrada de alimentos producidos con normas menos exigentes pone en riesgo la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

Para CCOO el biogás y el biometano son una oportunidad, siempre que se desarrollen con criterios de transparencia, participación social y equilibrio territorial. El sindicato advierte de que la ausencia de una planificación estratégica que organice la implantación de los proyectos anunciados en la provincia, puede generar impactos negativos en el territorio y en las comunidades rurales.

CCOO Jaén, tras sendas reuniones para analizar el futuro del biogás en la provincia con expertos, administración de la Junta de Andalucía, sector agrario, asociaciones empresariales y plataformas ciudadanas, considera que hay toda una serie de riesgos asociados a su implantación. Estos riesgos emanan, principalmente, de la ausencia de planificación territorial e integración  estratégica que valore el impacto sinérgico del conjunto de proyectos de plantas de biogás y biometanización en el territorio.   Esto es, no se ha diseñado un Plan o Programa Estratégico sobre biogás/biometano, que debe someterse al correspondiente procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (requisito de la UE), siendo este previo e independiente a las autorizaciones ambientales integradas que deben solicitar cada uno de los promotores de los 23 proyectos de plantas de biogás/biometano que pretenden instalarse en la provincia de Jaén, según señala.

Para el sindicato es clave y decisiva una estrategia andaluza que establezca dónde y cómo deben instalarse las plantas, alineada con la Estrategia de Energía y Clima de España y de la Unión Europea. El modelo que pretende implementarse en la provincia no es sostenible ni energéticamente, ni socialmente, ni medioambientalmente, asevera Silvia de la Torre García,  secretaria general de CCOO- Jaén, que expone que el sobredimensionamiento de las plantas propuestas, consideradas macroplantas industriales por el gran tonelaje de residuo utilizado como dieta, generan una serie de impactos sociales y ambientales mayores a los que se pretendía solucionar o evitar.

La ubicación de estas macroplantas en las proximidades de viviendas y núcleos urbanos está generando un importante rechazo social. Para el sindicato CCOO de Jaén, además de considerarse los riesgos potenciales para la salud que supone la cercanía de estas industrias a las zonas urbanas, es fundamental que se articule y defina un mecanismo para otorgar la  licencia social operativa; estos proyectos deben ser respetuosos y transparentes con las comunidades locales, las cuales pueden verse afectadas por las externalidades y contaminación de estas instalaciones, tal como ha sucedido en otros territorios del Estado español.

El sindicato CCOO reconoce que las plantas de biogás/biometanización pueden ser una buena oportunidad para la gestión de los residuos orgánicos, tanto urbanos, agrícolas y ganaderos, como de la industria agroalimentaria. La comercialización del biometano puede incluso ser una fuente de ingreso adicional para explotaciones agrícolas y ganaderas. Si bien, para que el impacto social sea positivo, debe tratarse de pequeñas plantas, dimensionadas para el propio residuo generado. Por el contrario, CCOO advierte de que lo que se está planteando en la provincia son macroplantas destinadas a la producción de grandes volúmenes de gas que requieren, por consiguiente, de enormes cantidades de residuo (dieta), cantidades muy superiores a las actualmente disponibles en la provincia de Jaén.

Silvia de la Torre puntualiza que, si bien las plantas de biogás son una buena solución para gestionar los residuos, en la provincia no existe actualmente un problema con los mismos y, por lo tanto, no tiene sentido este volumen de proyectos y su excesiva magnitud. La mayor parte de los proyectos que se están proponiendo utilizarían como dieta el alperujo que se genera en las almazaras, y que actualmente es la materia prima de las orujeras. En este sentido, la sindicalista puntualiza que el alperujo no es un residuo, sino un subproducto. Actualmente, las 13 orujeras que existen en la provincia  gestionan prácticamente la totalidad del alperujo producido, que en el último año fue de 1.654.800 tm. Se trata de un sector que paga precios muy interesantes por los orujos, por la venta del aceite crudo de orujo y por las biomasas renovables de amplio uso como el hueso y el orujillo, según afirma. Es cierto, que las orujeras deben renovarse para cumplir las exigencias de la UE sobre emisiones y adaptar los hornos tradicionales por el horno de pirólisis; pero también es justo señalar, que mantienen un volumen de empleo muy superior al que se generaría en una planta de biogás, añade.

No se entiende desde el sindicato la gran cantidad de proyectos de biometano que se plantean ubicar en una provincia donde apenas hay ganadería y donde, incluso en ausencia de orujeras, no se producen las enormes cantidades de alperujo requeridas. En este sentido, de la Torre advierte de que recientemente se ha publicado una sentencia italiana, al respecto de la implantación de estos proyectos de biogás, que deja muy claro el principio de “Foodfirst”, que prioriza el uso del alperujo para la industria alimentaria sobre su uso energético. Es un debate, que sin duda afectará a los proyectos que los grandes productores de biometano tienen  previstos en la provincia, puntualiza la sindicalista.

«Además, dado que sólo el 10% del alperujo se convierte en gas, nos queda el 90% de alperujo restante (digestato) como un nuevo residuo que tratar», subraya. Por tanto, en palabras de la secretaria general, se trata de “desvestir un santo, para vestir otro” y, «en el peor de los casos, traer residuos de fuera o generar expresamente nuevos residuos para alimentar la dieta de estas plantas de biogás/biometanización».

El sindicato tampoco considera viable la gestión y valorización del digestato propuesta por los promotores. La sindicalista señala que, según los expertos en la materia, «los digestatos son la principal fuente de emisión de sustancias nocivas para la salud, por lo que deben ser correctamente almacenados en silos cerrados (los proyectos en trámite de exposición pública los presentan en silos abiertos). Los promotores proponen que este residuo se utilice como fertilizante, si bien, para ello se requiere de un tratamiento o procesamiento adicional que encarece el proceso. Además, las grandes cantidades de fertilizante generado con este digestato no podrían ser asimiladas por los cultivos de la provincia, por lo que se rompería el principio de economía circular que tanto enarbolan los defensores de este modelo basado en macroplantas. No existe suelo suficiente en la provincia para tanto digestato”, afirma Silvia de la Torre.

El sindicato va a solicitar a la Consejería de Industria, y paralelamente a través del portal de transparencia de la Junta de Andalucía, información precisa y concreta sobre los proyectos presentados en la provincia, puesto que, a pesar de formar parte de la Hoja de Ruta del Biogás en Andalucía, «no hemos recibido información que nos permita valorar y, sobre todo, asegurar que Jaén no es un territorio de sacrificio, asegura Silvia de la Torre.

En definitiva, «CCOO de Jaén apuesta por un modelo donde el beneficio redunde en la comunidad, basado en pequeños proyectos autónomos y auto sostenidos, vinculados al territorio, cuya rentabilidad o rendimiento no sea sólo por un trasvase de fondos públicos a este tipo de proyectos. CCOO de Jaén demanda que la Junta de Andalucía cumpla con su papel de director de orquesta y escriba la partitura (plan o programa estratégico) que dé lugar a una música (modelo) social que favorezca a los ciudadanos y ciudadanas, empresas locales y agricultores, corrigiendo el libre albedrío que actualmente impera».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado el papel estratégico del regadío sostenible como elemento esencial para garantizar la seguridad alimentaria en un contexto de creciente escasez de agua y crisis climática. Según Planas, “el cultivo en regadío multiplica por seis la producción agrícola, cuadruplica la renta de los agricultores y triplica el empleo agrario”.

Planas ha participado hoy en un evento de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrado en Berlín en el marco del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA), sobre la gestión del agua.

Como ha señalado el ministro, España cuenta actualmente con cerca de 3,8 millones de hectáreas de regadío, lo que representa el 22 % de la superficie cultivada, pero aporta el 70 % del valor total de la producción vegetal, una cifra que sitúa al país como primer Estado miembro de la Unión Europea en superficie regada y referente a nivel mundial. Además, dos terceras partes del regadío español ya están modernizadas, lo que refuerza su eficiencia y sostenibilidad.

El ministro ha advertido de que los recursos hídricos disponibles en España podrían reducirse entre un 12 % y un 40 % a finales de siglo, y de que el aumento de las sequías está provocando graves pérdidas económicas y productivas. Por ello, el Gobierno impulsa una inversión público-privada superior a 2.500 millones de euros entre 2022 y 2027 para la modernización de los regadíos, centrada en riego de precisión, automatización y reducción del consumo de agua y energía.

También se avanza en el uso de recursos hídricos no convencionales, como las aguas regeneradas y desaladas y en el desarrollo de variedades de cultivos que requieran menos recursos hídricos a partir de nuevas técnicas genómicas. Según Planas, “un regadío eficiente y sostenible forma parte del triángulo mágico del futuro de la agricultura, junto con la digitalización y el relevo generacional”.

Como ejemplo de buenas prácticas, el ministro ha citado el proyecto desarrollado en Lanzarote, donde se utiliza agua del mar y energía eólica, con todos los procesos de bombeo, riego y control del consumo completamente digitalizados.

En relación con los usos conflictivos del agua, el ministro ha subrayado la necesidad de priorizar el consumo humano, sin perder de vista “la importancia del agua en la agricultura para la seguridad alimentaria, especialmente en regiones de clima seco”. Planas ha puesto en valor el modelo español de gobernanza del agua, basado en una larga tradición normativa y en la gestión por cuencas a través de las Confederaciones Hidrográficas, y ha destacado la importancia de la financiación pública y la cooperación internacional para impulsar soluciones eficientes.

Luis Planas participa en el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA), la principal conferencia internacional sobre el futuro del sector agroalimentario, que se celebra en el marco de la Semana Verde de Berlín. El GFFA reúne a cerca de 70 delegaciones internacionales, con la participación de ministros y secretarios de Estado de numerosos países, así como de altos representantes de organizaciones internacionales.

El ministro participará mañana en los grupos de trabajo y en la reunión plenaria en la que se aprobará una declaración ministerial que abordará el uso sostenible del agua y el futuro de la producción agraria.

Los últimos datos obtenidos del Sistema Poolred de la Fundación del Olivar registran esta semana subidas en el precio de los aceites de oliva en el mercado de origen respecto a la anterior semana.

El precio en origen del aceite de oliva virgen extra en la semana actual, del 10 al 16 de enero, para la zona de origen España es de 4.267,70 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone un aumento en el precio de un 1,97% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva virgen extra de la semana anterior, que fue de 4.185,41 euros/tonelada (datos provisionales).

El precio en origen del aceite de oliva virgen en la semana actual, del 10 al 16 de enero, para la zona de origen España es de 3.820,65 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone un aumento en el precio de un 1,26% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva virgen de la semana anterior, que fue de 3.773,08 euros/tonelada (datos provisionales).

El precio en origen del aceite de oliva lampante base 1º en la semana actual, del 10 al 16 de enero, para la zona de origen España es de 3.579,07 euros/tonelada (datos provisionales), lo que supone un aumento en el precio de un 1,82% semanal, si lo comparamos con el precio del aceite de oliva lampante base 1º de la semana anterior, que fue de 3.515,11 euros/tonelada (datos provisionales).

Con respecto al volumen, en la semana actual del 10 al 16 de enero, se han negociado 6.871,00 toneladas (datos provisionales).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de la 38.ª edición del Premio Alimentos de España 2026. Un galardón que desde 1987 distingue la excelencia y el compromiso del sector alimentario español en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad, la internacionalización y la calidad en la producción y promoción de alimentos.

La edición de este año contempla las modalidades: Industria Alimentaria, Innovación, Iniciativa Emprendedora, Producción Ecológica, Internacionalización Alimentaria, Producción de la Pesca y la Acuicultura, Comunicación, Restauración, Promoción, Iniciativa para la reducción del desperdicio alimentario, así como el Premio Extraordinario Alimentos de España.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde mañana, 17 de enero, hasta el próximo 3 de marzo. Las candidaturas deberán presentarse a través de la sede electrónica del Ministerio, mediante certificado digital, o presencialmente en el caso de personas físicas.

La evaluación de las candidaturas correrá a cargo de un jurado compuesto por entre cinco y diez miembros, que valorará las memorias y la documentación complementaria presentada.

El Premio Extraordinario Alimentos de España distingue, de manera excepcional, a personas, empresas o entidades cuya contribución a la producción, comercialización y promoción de los alimentos españoles haya sido especialmente relevante y continuada. En este caso, las candidaturas serán propuestas exclusivamente por la presidencia del jurado, fuera del plazo general, y deberán quedar debidamente documentadas antes de la resolución del premio.

Los premios consistirán en un distintivo de excelencia y/o un diploma acreditativo. Los ganadores podrán usar el logotipo oficial del premio en sus actividades y productos, previa autorización del Ministerio, y colaborar en acciones de promoción alimentaria.

Los Premios Alimentos de España se enmarcan en la estrategia del Ministerio para reforzar el posicionamiento de España como potencia alimentaria y gastronómica, subrayando el papel estratégico del sector en la economía, la sostenibilidad y la identidad gastronómica del país.

Las organizaciones profesionales agrarias españolas ASAJA, COAG y UPA han anunciado un proceso de movilización por todo el territorio nacional para mejorar la “complicada situación que atraviesa el sector”. Los líderes de ASAJA, COAG y UPA, Pedro Barato, Miguel Padilla y Cristóbal Cano, respectivamente, han enmarcado las protestas en el proceso de movilización permanente que llevan a cabo las organizaciones profesionales agrarias para conseguir mejoras que redunden en la vida y el trabajo de los agricultores y ganaderos.

Estas movilizaciones, que de hecho han comenzado con una protesta de las organizaciones vascas y navarras en la frontera entre España y Francia en Irún, continuarán hoy en Extremadura y se concentrarán en la semana del 26 al 30 de enero con protestas que se irán conociendo en los próximos días. Las OPAs señalan al día 29 de enero como un súper-jueves de protestas de agricultores y ganaderos en todo el territorio nacional.

ASAJA, COAG y UPA aseguran que “sobran los motivos” para la movilización y apuntan a los acuerdos comerciales –especialmente a Mercosur–, a las propuestas de presupuesto europeo y Política Agrícola Común (PAC), a la falta de rentabilidad por los elevados costes de producción y al exceso de burocracia como los principales motivos de las anunciadas protestas.

Las OPAS han dado flexibilidad a sus delegaciones regionales para que convoquen acciones dentro de sus territorios y no cierran la puerta abierta a que el calendario de protestas pueda culminar en una manifestación estatal más adelante.