Categoría: Sin categoría

«Sí a un sistema de certificación de calidad “único”, pero de carácter obligatorio, no voluntario, y tutelado bajo la batuta de la Administración de España». Así se pronuncian la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) y la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva). Las dos asociaciones representantes de la industria aceitera española y que aglutinan más del 65 por ciento de todo el volumen de aceite comercializado en España y en mercados exteriores, defienden la necesidad de implantar un certificado de calidad “obligatorio” para todas las operadoras del sector y no voluntario, «como está tratando de impulsar sin consenso la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero», según aseguran. 

Anierac y Asoliva no secundaron en su día la propuesta de esta Fundación al considerar que «no es suficientemente atrevida y que, al no ser de carácter obligatorio, podría generar dificultades y desigualdades en el mercado nacional, ya que no todas las marcas competirían en igualdad de condiciones en los lineales». 

La industria ha venido defendiendo la necesidad de modificar la normativa actual haciéndola más restrictiva para blindar la reputación del sector del aceite de oliva en España, velar por la transparencia y calidad de toda la cadena de suministro y dar seguridad jurídica a las empresas. De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas tienen sobre la mesa desde hace ya algún tiempo un proyecto de sistema de autocontrol reforzado, mucho más exigente que el que ahora se propone, que ha sido impulsado por la Interprofesional del Aceite de Oliva, a iniciativa de las asociaciones de envasadores y exportadores del sector, según subrayan.

Anierac y Asoliva seguirán participando en el impulso de este nuevo sello de calidad y apoyarán su desarrollo futuro, «si bien entendemos que es un proyecto que debe de ser tutelado directamente por la Administración y no quedar bajo la batuta de una organización privada que aparentemente no reconoce la representatividad de las asociaciones de la industria y que, con el propósito de dejar en evidencia a los que no se adhieran a su propuesta, está sembrando dudas sobre la honorabilidad y honestidad de un sector del que viven miles de agricultores». 

Aseguran en un comunicado que «la propagación de estas noticias sin fundamento, que persiguen poner en entredicho la reputación del sector del aceite de oliva español y crean confusión en el consumidor, se produce, además, en un preocupante escenario de retroceso importante del consumo nacional y de disminución de las exportaciones, que han caído un 10 y un 15 por ciento, respectivamente, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Agricultura la semana pasada».

Fundación PCO

Por su parte, el director gerente de la Fundación del Patrimonio Comunal Olivarero (PCO), Iñaki Benito, considera que este instrumento es beneficioso para el sector , es un paso más y elude entrar en polémica con otras asociaciones, según ha dicho a Oleum Xauen. Recuerda que esta iniciativa se retrotrae a hace tres años cuando se pretendía poner en marcha un proyecto relacionado con la trazabilidad y con la monitorización de todos los movimiento de los aceites de oliva, un proyecto que no terminó de ver la luz porque ya ha quedado recogido en el Decreto sobre la Norma de Calidad aprobado hace unos meses.

No obstante, desde el Patronato del Patrimonio Comunal Olivarero se consideró necesario impulsar desde el pasado año 2021 esta iniciativa sobre la certificación de calidad voluntaria con la idea de blindar la imagen de este producto y ejercer así el liderazgo que ostenta España en materia oleícola. Además, entiende que para que la certificación sea obligatoria necesita un cambio de normativa, circunstancia que considera que no es ágil por cuanto se ha tardado cuarenta años en cambiarla con la entrada en vigor de la norma de calidad.

El Centro de Excelencia para Aceite de Oliva (CEAO) de GEA, con sede en Úbeda, ha puesto en marcha la campaña de mantenimiento preventivo de líneas de extracción, una vez que la mayoría de almazaras han finalizado la campaña 2021/2022. El objetivo final es ayudar a los clientes a comenzar la siguiente campaña lo antes posible y en las mejores condiciones, a la vez que se alarga el rendimiento y la vida útil de los equipos de tecnología punta GEA. La realización de un buen mantenimiento preventivo ayuda a evitar las averías y paradas durante la campaña, por lo que es vital para producir más y mejor aceite de oliva.

GEA dispone en el CEAO de más de 40 técnicos con una alta especialización en aceite de oliva y bajos índices de rotación, con muchos años de experiencia al servicio de los clientes. Para realizar los mantenimientos preventivos, los técnicos se desplazan a la almazara del cliente para realizar una revisión completa de las líneas de extracción y desarrollar las operaciones de mantenimiento y reparación que sea posible llevar a cabo ‘in situ’. También desmontan las piezas que se deben trasladar al taller especializado de Úbeda, donde se reparan por especialistas y se vuelven a montar y enviar de forma rápida a la almazara.

Además, existe la opción de firmar un contrato de mantenimiento, que permite llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo que precisan los equipos con un precio fijo. GEA también ofrece el servicio de mejora de elementos auxiliares de las líneas de extracción de aceite de oliva, como bombas, batidoras, molinos). Otros servicios a disposición de las almazaras son la restauración estética de máquinas antiguas, con implementación de mejoras en pintura y acabados, y la implementación de software para la Industria 4.0.

3.000 repuestos

El Centro de Excelencia para Aceite de Oliva de GEA cuenta con un gran almacén que alberga un stock de repuestos de más de 3.000 referencias, lo que permite que haya una disponibilidad inmediata de las piezas necesarias y agiliza las reparaciones. Unas instalaciones en el corazón de la mayor zona productora de aceite de oliva del mundo que ofrecen soporte tanto a los equipos que se desplazan a las almazaras como a los especialistas del taller de reparaciones, que reciben equipos de los cinco continentes.

Los técnicos y responsables de GEA Service también ofrecen formación ‘in house’ a los técnicos y maestros de almazara, además de participar en formaciones en cursos y jornadas que se celebran en España y otros países. Un apoyo fundamental para que los profesionales que elaboran el aceite de oliva mejoren la eficiencia y prolonguen la vida útil de los equipos de tecnología alemana GEA.

Francisco Plaza, responsable de Servicio para Aceite de Oliva de GEA, explica que un correcto mantenimiento preventivo “contribuye a reducir notablemente los mantenimientos correctivos durante la campaña, de forma que evitamos que las almazaras tengan que detener la molturación”. También pone de relieve que el servicio técnico de GEA cuenta con una excelente reputación en el sector gracias a la gran experiencia de los técnicos, su baja rotación y el gran conocimiento de los equipos. “Nos caracterizamos por adaptarnos siempre a lo que nos piden los clientes, la rapidez y alta calidad en las reparaciones, en las que siempre usamos repuestos originales, y por un plazo de entrega de los equipos optimizado. Esto es cada vez más importante, pues las almazaras necesitan disponer de su parque de maquinaria listo lo antes posible para comenzar la elaboración de los aceites tempranos”, señala.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía, tras la reunión de la Comisión de Desembalse celebrada ayer, pide a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) concreción en los desembalses anunciados en la actual situación de sequía y que se incluya a las organizaciones profesionales agrarias tener representación en la Comisión Permanente de Sequía, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

La Comisión de Desembalse ha anunciado en la reunión que, en el peor de los escenarios, en el que se contemple una ausencia total de precipitaciones, se maneja un desembalse de 450 hm³ para el sistema de regulación general. En el mismo contexto, la previsión de dotación se encontraría en torno a 1.000 m³/ha, un 83% menos de la dotación máxima cifrada en 6.000 m³/ha.

En este sentido, COAG-A pide a la CHG que concrete y que aclare si esos 1.000 m³/ha de dotación serían de forma lineal o dependiendo del cultivo. Especificar en qué momento se podría empezar a coger agua, y cómo se van a hacer esos desembalses para que se pueda prever el uso del agua de la forma más eficiente posible.

Por otro lado, desde la organización agraria se insiste en que a futuros es fundamental, especialmente en un escenario de sequía y cambio climático que tenemos, un canon volumétrico del agua. Para que se haga un uso lo más eficientemente posible del agua, y tal y como lo viene exigiendo Bruselas desde hace años: que se pague en función de lo que se consume.

Con la dotación prevista para este año, situándonos en el peor de los escenarios, que es que no lloviese nada en primavera, tendríamos el 50 % de la dotación de agua que hubo el año pasado. Sin embargo, «si lloviera esta primavera, exigiríamos a la CHG disponer de más agua».

En cuanto a la Comisión Permanente de Sequía, COAG Andalucía exige que las organizaciones profesionales agrarias tengan representación en ese órgano, como ya ha ocurrido en otras ocasiones similares. Y que en ella no solo estén los usuarios directos del aprovechamiento, sino también las organizaciones agrarias que están formadas en su mayoría por agricultores de regadío.

Además, es necesario seguir invirtiendo en una mayor regulación y exigir a la Confederación más vigilancia y control de los regadíos sin dotaciones, tanto en aguas superficiales como subterráneas. Especialmente las de las grandes macro fincas, detrás de las cuales están los fondos de inversión.

La provincia de Jaén tendrá un destacado protagonismo en la próxima feria World Olive Oil Exhibition (WOOE), que se volverá a celebrar en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) los próximos días 8 y 9 de marzo tras haber sido suspendida en las dos últimas ediciones como consecuencia de la pandemia. 

La WOOE es un encuentro mundial del aceite de oliva que congrega a operadores y empresas del sector oleícola y que se convierte en un espacio para el debate y el análisis de dicho sector del olivar y de los aceites de oliva a través de un amplio programa de actividades.

Está prevista la presencia de una decena de empresas aceiteras de la provincia de Jaén. La Diputación de Jaén también estará presente con su estand institucional, en el que se mostrarán y catarán los ocho aceites de oliva virgen extra Jaén Selección 2022. Junto a ello, la jefa de panel de la Cata-Concurso Jaén Selección, Brígida Jiménez, llevará a cabo una sesión de análisis sensorial de dichos zumos de aceituna. Y además, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite de Jaén se presentará en este encuentro, según ha podido conocer Oleum Xauen.

El número de maquinaria agrícola nueva registrada en el año 2021 creció un 10,46 % con respecto a 2020 y alcanzó una cifra global de 35.505 unidades. La inversión realizada fue de 1.209,7 millones de euros, según constata el informe anual de los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los datos de 2021 muestran un ascenso en la inscripción de todos los tipos de máquinas nuevas, a excepción de la maquinaria automotriz, en la que se produjo un ligero descenso de 3,48 %.

Los tractores ofrecen una subida anual del 9,57 % y, aunque no alcanzan los valores de 2019, es un incremento indicativo de una vuelta a la normalidad en los mercados de maquinaria tras un 2020 marcado por la pandemia de la Covid-19. En el informe también se puede consultar la evolución en las inscripciones de máquinas por comunidades autónomas. Cataluña fue la comunidad que experimentó el mayor aumento, un 33,47% con respecto a 2020.

Los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola contabilizan tanto la maquinaria nueva como las transferencias entre agricultores, así como la incorporación de otras máquinas a la agricultura. Estos registros están ubicados en todos los servicios provinciales y dependen de las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas. Su actuación está regulada por el Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola (BOE de 27 de abril de 2020).

El comité de cooperación de las autoridades de ejecución para la Ley de la cadena alimentaria, órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha celebrado hoy su sesión constitutiva, en una reunión presidida por la directora de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), Gema Hernández.

Con la entrada en vigor de la modificación de la Ley de la cadena, el pasado 16 de diciembre, se refuerza la cooperación entre las autoridades de ejecución a través de un comité de cooperación. En este ámbito, la AICA se constituye como la autoridad de ejecución nacional y punto de contacto con la Comisión Europea y con las autoridades de ejecución designadas por las comunidades autónomas.

El comité de cooperación tiene entre sus funciones examinar la aplicación de la ley de la cadena, debatir las mejores prácticas, los nuevos casos y los avances en el ámbito de las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Intercambiará información sobre la aplicación de las medidas adoptadas y podrán adoptar recomendaciones para promover una aplicación coherente de la ley y mejorar su ejecución.

Con esta primera reunión del comité de cooperación, el Gobierno avanza en la implementación de la reforma de la Ley de la cadena para propiciar unas relaciones comerciales más justas y equilibradas, una de las principales demandas del sector agroalimentario.

El vicesecretario general de Desarrollo Rural, Agua y Acción Sindical de UPA Andalucía, Roque García, afirma que las restricciones al riego, en todos los sistemas, ratificadas hoy por la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tendrán una consecuencia directa en las producciones de la próxima cosecha y en la ganadería y pide reflexionar para contar con un nuevo Plan Hidrológico que contemple un reparto distinto de este recurso público y escaso.

«Un reparto distinto del agua y nuevas infraestructuras para gestionar los periodos de sequía extrema». Es la principal conclusión que saca UPA Andalucía de la Comisión de Desembalse celebrada hoy, en la que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha ratificado restricciones severas al regadío, en todos los sistemas, para este año debido a la crítica situación de sequía que atravesamos. El vicesecretario general de Desarrollo Rural, Agua y Acción Sindical, Roque García, considera que es el momento ideal para hacer una reflexión profunda sobre el futuro de un recurso público tan escaso. «No son buenas noticias, pero son las esperadas ante los niveles tan bajos que tienen nuestros pantanos. Las restricciones tendrán consecuencias directas para las próximas cosechas y para la ganadería. Pero más allá entendemos que es momento de reflexionar sobre el futuro y de aprobar el decreto de sequía que vaya acompañado de acciones de apoyo a la ganadería, con obras de  urgencia y alimentación de emergencia, además de medidas para las explotaciones agrícolas que palíen, en parte, los graves daños de la falta de lluvia», concreta Roque García.

Por ello, UPA Andalucía aboga por la puesta en marcha de medidas que garanticen un reparto distinto del agua. «Está en debate público el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir. Nosotros entendemos que es la ocasión perfecta para implementar medidas que prioricen aquellos territorios donde se obtenga un mayor retorno social y económico del uso del agua, un bien público que para la agricultura es fundamental. Es importante, a nuestro juicio, que se haga un reparto más justo para mantener el mayor número de actividad posible en comarcas con escasas alternativas económicas. Y es imprescindible un nuevo reparto con medidas suficientes para garantiza la viabilidad de nuestras explotaciones», explica Roque García. En este sentido, UPA Andalucía cree «fundamental y prioritario equilibrar el desarrollo regional y sectorial para no perpetuar las desigualdades entre regantes, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizándolo y racionalizando su uso».

Ante esta situación de sequía persistente, el vicesecretario general de Desarrollo Rural de UPA Andalucía afirma que es el momento de revertir la falta de infraestructuras nuevas. «Construcciones que hoy más que nunca son imprescindibles debido, entre otros aspectos, a los efectos del cambio climático que han traído un cambio en el régimen de precipitaciones, puesto que no llueve como antes y cuando lo hace es, muy a menudo, de forma más torrencial y puntuales en el tiempo», señala. Y añade: «Necesitamos de esas nuevas infraestructuras que doten de recursos a la cuenca para tenerlos disponibles y además sirvan para evitar daños ambientales de envergadura. Siendo conscientes de la dificultad de encontrar en la cuenca nuevas cerradas para construir embalses, consideramos que en algunos sitios puntuales sí podrían plantearse soluciones alternativas. Así, planteamos la construcción de la Presa de San Calixto, en el cauce del río Genil; la construcción del embalse de la Cerrada de la Puerta en Jaén; el recrecimiento del embalse del Agrio, en la provincia de Sevilla; la culminación del bombeo y llenado de la Breña II desde el Guadalquivir, aprovechando las aguas invernales; la explotación del embalse de la presa de Víboras; y la puesta en marcha de la Balsa del Cadimo con la ejecución de una segunda fase para construir las infraestructuras necesarias para la distribución del agua en el regadío», hace hincapié Roque García.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha afirmado hoy en el Parlamento de Andalucía que el Gobierno de España “aún tiene en sus manos que los agricultores andaluces no salgan perdiendo” con el nuevo modelo de la Política Agraria Común (PAC), que se aplicará durante el marco 2023-2027. Crespo ha señalado que en la actualidad, conforme al Plan Estratégico Nacional presentado por el Ministerio de Agricultura en Bruselas, serán muchos los agricultores que saldrán perdiendo en la percepción de estos fondos europeos.

En concreto, Crespo ha detallado que según las estimaciones de su consejería, el 61% de los productores de la provincia de Jaén sufriría pérdidas y que, en el caso de la provincia de Sevilla, sería el 60% de los agricultores y ganaderos. Asimismo, Cádiz será otra de las provincias más perjudicadas, ya que el 43% de los productores sufrirá recortes en las ayudas que percibe de la PAC. A este respecto, la consejera también ha advertido que otras comarcas andaluzas, como el Condado de Huelva o la Vega de Antequera, también registrarán pérdidas. “Al final, Andalucía pierde con el Plan Estratégico del Ministerio”, ha subrayado.

La titular de Agricultura ha recordado que las alegaciones presentadas por Andalucía no son solo de la Junta, ya que “todo se ha hecho desde la unidad de acción con el sector y en defensa de los intereses de nuestra agricultura”. “Esto nos ha dado una fortaleza especial”, ha enfatizado. En este sentido, Crespo ha indicando que esa unidad permitió ya modificar en un 75% la propuesta inicial del Ministerio, pero que aún queda por resolver cuestiones, como el número de ecoesquemas, “que son la causa de que el sector se movilice el próximo día 25 de febrero”, ya que estas prácticas medioambientales supondrán una carga más para agricultores y ganaderos andaluces en un contexto de escalada de costes de producción.

Carmen Crespo ha asegurado que para resolver esta situación, Andalucía “se lo ha puesto fácil al Ministerio con nuestras alegaciones”, agrupando las regiones productivas “de otra manera que no perjudique a estos agricultores” y aumentando en cuatro los ecoesquemas, “dos más de regadíos y otros dos de secano”.

“¿No tienen ya bastante los agricultores y ganaderos con la sequía o con la subida de los costes de producción para tener ahora mismo otro lastre con la PAC?”, se ha preguntado la consejera, quien ha vuelto a pedir sensibilidad al Ministerio para atender las alegaciones de un agro andaluz que asumió un “papel esencial” durante la pandemia y que encadena, mes a mes, datos históricos de exportaciones agroalimentarias.

Por último, y en respuesta a una pregunta realizada en comisión parlamentaria, Carmen Crespo ha puesto de manifiesto que Andalucía es la Comunidad Autónoma española con mayor número de perceptores de ayudas de la Política Agraria Común. En concreto, más de 232.000 agricultores y ganaderos andaluces reciben estos fondos europeos cada año.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acogido hoy la primera Comisión de Desembalse de 2022. En el transcurso de la convocatoria, el presidente del organismo, Joaquín Páez, ha advertido de la necesidad de “ser conservadores y realistas en nuestras previsiones para la campaña de riego del 2002, año que ya es el quinto más seco de la serie histórica que maneja la CHG”. En este sentido, se ha recordado que, a día de hoy, la cuenca padece un 75% menos de aportaciones con respecto a la media histórica. En este mismo periodo, las precipitaciones han sido un 46% inferior y los recursos embalsados han supuesto un 49,2% menos que los almacenados de media en los últimos 25 años.

A la situación hidrológica se han sumado las previsiones meteorológicas arrojadas durante la Comisión, que prevé en un 95% una campaña sin precipitaciones y solo una posibilidad del 40% de que se desarrolle un año similar al de 2021, ya considerado un año seco. En este contexto, la Comisión de Desembalse ha anunciado que, en el peor de los escenarios, en el que se contemple una ausencia total de precipitaciones, se maneja un desembalse de 450 hm³ para el Sistema de Regulación General. En el mismo contexto, la previsión de dotación se encontraría en torno a 1.000 m³/ha, un 83% menos de la dotación máxima cifrada en 6.000 m³/ha.

Ante estos datos, la Confederación ha recordado que estas previsiones siempre se revisarán al alza, en caso de nuevos episodios de precipitaciones, y nunca a la baja. No obstante, también se ha remarcado que, una vez se aprueben definitivamente las dotaciones en la Comisión previa al inicio de la campaña -meses de abril o mayo- no se modificarán bajo ningún concepto los acuerdos aprobados en pro del principio de unidad para evitar agravios comparativos.

Antes de finalizar, el presidente de la Confederación, Joaquín Páez, ha apelado “a la colaboración, la implicación y la comprensión de todos los usuarios en esta situación tan complicada, especialmente de los regantes”, a los que ha recordado la necesidad de respetar el condicionado de sus concesiones, lo que implica la imposibilidad de tomar agua procedente de los desembalses mientras no se cumplan los caudales ecológicos.

En la actualidad, el volumen embalsado en los 48 embalses de regulación de la cuenca asciende a 2.320 hm³ (28,6% de la capacidad total de embalse), 960 hm³ menos que hace un año. A pesar de ello, continúa garantizado el suministro de agua a corto-medio plazo para el abastecimiento de la población.

Real Decreto Ley de sequía

Durante la Comisión de Desembalse, el presidente de la Confederación ha informado que ya se ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el borrador del Real Decreto Ley de Sequía, documento elaborado en el seno de la Comisión Permanente de Sequía del Guadalquivir con el fin de responder al máximo a las necesidades de la cuenca. En este sentido, se ha trasladado a los regantes que, de forma paralela, se está trabajando con la Dirección General del Agua para ajustar el borrador a sus requerimientos jurídicos con el fin de agilizar al máximo la versión final para su próxima aprobación.

Precisamente este documento, que incluirá previsiblemente las obras de emergencia para garantizar el abastecimiento, así como las exenciones fiscales de cánones y tarifas de los regantes del Guadalquivir, fue uno de los principales temas que el presidente del organismo de cuenca trató con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la reunión de coordinación de confederaciones, que tuvo lugar ayer en Madrid.

En las próximas semanas, se celebrará una nueva sesión de la Comisión Permanente de Sequía para continuar con la hoja de ruta trazada para implementar las medidas que las distintas administraciones implicadas en la cuenca vienen desarrollando para paliar los efectos de la sequía extraordinaria declarada el pasado 2 de noviembre.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha presentado al Consejo de Gobierno un informe relativo a su petición de una reducción generalizada de los índices de rendimiento neto (módulos) en el régimen de estimación objetiva del IRPF aplicables a las actividades agrarias que sufrieron fuertes descensos en sus rendimientos en 2021 por causas extraordinarias.

La Junta de Andalucía ha realizado esta solicitud al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por ser el encargado de elaborar un documento que recogen estas peticiones a nivel nacional para trasladarlas al Ministerio de Hacienda, departamento competente en la materia. Tras consensuarlo con los representantes de las organizaciones agrarias, el Gobierno andaluz ha establecido tres bloques de reducción acumulable.

Inicialmente se propone una reducción de aplicación general para todos los sectores en toda Andalucía que supondría rebajar los módulos en un 50%. El segundo bloque suma a este porcentaje otras rebajas concretas atendiendo a cada sector y cada causa específica del recorte de rentabilidad. Y, por último, se apunta que determinados municipios y provincias que han registrado en 2021 episodios concretos, plagas o adversidades climáticas que han incidido en su productividad cuenten con unos módulos aún menores.

La petición de la Junta de una reducción generalizada del 50% de los índices de rendimiento netos para todo el sector agrario andaluz se basa, principalmente, en el impacto que ha tenido sobre los agricultores y ganaderos el inusual incremento de los insumos empleados en la actividad agraria, tanto en relación con las materias primas como en el ámbito energético. La subida de estos costes ha repercutido en las cuentas de las explotaciones andaluzas acentuando la situación de pérdida de poder adquisitivo que ya venían padeciendo los profesionales del campo. Por ejemplo, en el último año se han encarecido los piensos para el ganado (cerca de un 30% más), las semillas (+20%), los abonos (+48%) el agua (+33%), los plásticos para invernadero (+46%), el gasóleo (+73%) y la energía eléctrica (+270%).

Asimismo, el precio de las materias primas para la elaboración de pienso (maíz, trigo y cebada) se ha incrementado en una media del 28% respecto a 2020 en un año en que, debido a las escasas precipitaciones, ha aumentado la necesidad de este tipo de alimentación para el ganado. A esta subida de los costes de producción se suman, además, los efectos de la sequía y la baja remuneración que reciben los agricultores y ganaderos. El precio de los productos agrarios se ha incrementado tan solo en 1,11 puntos respecto a 2015, que es la referencia fijada para estos cálculos, por lo que estos profesionales no han podido compensar el incremento de los medios de producción a través de esta vía.

Reducción adicional para sectores específicos

El vacuno de leche y la apicultura se encuentran entre los subsectores a los que el Gobierno andaluz considera necesario aplicar un descenso adicional a la reducción general del 50% que se propone para todas las actividades agrarias de 2021. Para ellos, la Consejería de Agricultura reclama un descenso del 100% del índice de rendimiento neto (hasta quedar en cero), al entender que han sufrido consecuencias especialmente graves derivadas de la sequía, del aumento de los costes de producción y del incremento del precio de las materias primas para alimentación animal.

Para el resto de la actividad ganadera, la Junta solicita al Ministerio un módulo de IRPF que, en función de la actividad concreta que se desempeñe, varía entre los 0,03 y los 0,07. Por otro lado, la Junta pide al Ejecutivo central que se establezca un módulo de 0,10 para los cereales, las leguminosas, las oleaginosas, los frutos secos y el olivo, cultivos a los que ha afectado en gran medida la escasez de recursos hídricos de 2021 y que, en el caso del olivar, también ha sufrido estragos por episodios de granizo.

Asimismo, desde Andalucía se reclama esta misma cantidad como índice de rendimiento neto para los productos hortícolas de invernadero, una producción afectada por la borrasca Filomena, problemas fitosanitarios y crisis de precios; así como para los cítricos, que han registrado bajos precios durante el año pasado debido, en buena parte, por la coincidencia en el mercado de los frutos andaluces con la producción de terceros países.

Cultivos especialmente afectados en lugares concretos

El informe de la Consejería de Agricultura recoge también situaciones particulares en determinados cultivos y municipios de Andalucía que, por su especial situación, cuentan con un tratamiento específico y una solicitud de rebaja de módulos aún mayor. En concreto, se trata de localidades donde al menos el 30% del rendimiento a nivel municipal se ha visto afectado por diversas razones que han repercutido en la rentabilidad de sus explotaciones en 2021.

El arroz de la provincia de Sevilla es uno de los cultivos más afectados por la disminución de la disponibilidad de agua para riego durante el año pasado, que supuso una reducción de la superficie cultivada hasta el 50% de la extensión de campañas anteriores. Esta circunstancia se ha sumado al mantenimiento de los costes fijos de producción de las explotaciones arroceras, por lo que estos agricultores han registrado una pérdida de rentabilidad que, a juicio del Gobierno andaluz, justifica el establecimiento de un módulo de IRPF de 0,08 para el ejercicio de 2021.

Por otro lado, la Junta pide también al Gobierno central la disminución de los índices de rendimiento neto de la almendra de las provincias de Almería, Granada y Jaén entre los 0,09 a 0,03 según la situación de cada municipio. Las explotaciones de varias zonas almerienses (Los Vélez y Alto Almanzora), granadinas (Baza, Huéscar y Guadix) y jiennenses (Cazorla, Úbeda y Alcalá la Real) ha perdido parte de su producción debido a las bajas temperaturas registradas en 2021 y que llegaron incluso a producir heladas en las flores y frutos. En el caso del castaño de Málaga y Huelva, los problemas derivan de la sequía y de plagas o enfermedades vegetales, y se solicita un módulo de 0,07 y 0,09, respectivamente. Para los cereales y oleaginosas de las localidades cordobesas de Baena, Villafranca de Córdoba y El Carpio, afectadas por granizo, se solicita un índice de 0,09; y a nivel general para toda la provincia cordobesa, el Gobierno andaluz ha propuesto también una reducción hasta el 0,09 para el trigo, la cebada, la avena, la colza y el garbanzo, cultivos donde la sequía ha causado en 2021 una bajada de la producción.

La flor cortada de Sevilla y Cádiz es uno de los sectores más afectados por la crisis de la Covid-19 cuyas consecuencias se han sumado en 2021 a los daños por plagas y los incrementos de costes de producción. Por esta razón, la Consejería de Agricultura propone para 2021 un módulo de IRPF de 0,11 para las explotaciones gaditanas de Chipiona, Rota y Sanlúcar de Barrameda y las fincas sevillanas ubicadas en Lebrija, Las Cabezas de San Juan y El Cuervo. Además, Andalucía defiende la oportunidad de revisar este módulo para próximas anualidades.

Por último, la escasez de recursos hídricos ha afectado en gran medida al rendimiento de las explotaciones algodoneras de Tarifa (Cádiz) y Los Palacios y Villafranca (Sevilla), para los que se propone un índice de 0,13, y Salteras, localidad sevillana para la que se solicita que el módulo quede establecido en 0,10 para 2021. Al igual que en el caso de la flor cortada, el Gobierno andaluz considera también conveniente una revisión de este índice a la baja para próximas anualidades.