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Un año más Sierra Mágina se prepara para los tratamientos contra la mosca del olivo, principal plaga endémica en la comarca que causa un importante perjuicio a la calidad de los aceites de oliva elaborados. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina y sus entidades inscritas vienen realizando estas actuaciones de control y tratamiento contra dicha plaga de forma colectiva e integrada desde su reconocimiento hace 25 años, con el objetivo de reducir los efectos de su daño, y valorizar así el aceite de calidad de la comarca.

El equipo técnico del Consejo Regulador, siguiendo los protocolos de trabajo para control de plagas de la Consejería de Agricultura y Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. ya tiene situadas estaciones de control en la comarca que son visitadas semanalmente, observando la población y picada, para de esta manera, determinar el momento óptimo para la realización de los tratamientos colectivos contra este plaga, a fin de lograr la mayor eficacia con el  aprovechamiento máximo de los insecticidas.

Por segundo año consecutivo, el tratamiento se realizará de forma terrestre tras los buenos resultados conseguidos el año pasado, y dadas las dificultades para conseguir un producto y resultado efectivo con tratamientos aéreos, por las importantes restricciones a las que se vienen sometiendo en los últimos años que han mermado notablemente su eficacia.

El tratamiento está protocolizado con equipos de localización incorporados a los diferentes tractores que permiten hacer un seguimiento de su trabajo y de las zonas por las que van aplicando en tiempo real. Además, el tratamiento se realiza con cebo, por bandas, utilizando un atrayente para no tener que recorrer todas las hileras de olivar, y poder ser más eficientes en la realización del mismo. Este trabajo lo realizan empresas locales de diferentes municipios de la comarca, por lo que también se genera empleo.

La exigencia en la calidad de los aceites de Sierra Mágina hacen que la lucha contra esta plaga sea una de las prioridades. Esta exigencia se traduce en los excelentes resultados obtenidos en los premios a los AOVEs en la campaña 2020/21, donde marcas como Oro de Cánava, Dominus, o La Quinta Esencia han obtenido prestigiosos reconocimientos nacionales e internacionales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado hoy la labor que realiza la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que es “fundamental para el establecimiento de unas relaciones comerciales justas dentro del sector agroalimentario”. Planas ha anunciado que este organismo verá reforzado su papel en la reforma de la Ley de la Cadena, actualmente en tramitación, y se dotará de nuevas competencias, entre las que se incluirán facultades resolutivas. 

Desde su creación en 2014, la AICA se ha consolidado como referente en las labores de inspección y control de la cadena alimentaria, “actuando siempre con rigor y eficacia”, según ha destacado el ministro, que ha inaugurado hoy la reunión del Consejo Asesor  del organismo. Durante el primer semestre del año, la AICA ha llevado a cabo 866 inspecciones. El informe presentado también recoge que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha impuesto en ese periodo 269 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena, por un montante total de 467.424 euros.

Cabe destacar que el 13,7 % de estas sanciones están motivadas por la falta de indicación expresa en los contratos de que el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción. Se trata de un tipo de infracción nueva que se introdujo en el Real Decreto 5/2020 de medidas de reforma de la Ley de la Cadena.

De las 866 inspecciones realizadas por la AICA en ese periodo, 600 se produjeron en el sector de cereales, seguido del cárnico (166), vino (36), lácteo (31), frutas y hortalizas (14), aceite de oliva (12) y sectores industriales (7). En total se controlaron 1.288 relaciones comerciales. Además, entre enero y junio se recibieron 38 denuncias.

El motivo más frecuente de las sanciones es el incumplimiento de los plazos de pago (67 % del total), infracción que se concentra en el sector mayorista. El 56% de las sanciones impuestas recae sobre el sector de frutas y hortalizas, seguida del aceite de oliva (19 %) y el lácteo (17 %).

En global, desde su entrada en funcionamiento en 2014, la AICA ha realizado 5.450 inspecciones y ha recibido 396 denuncias, que han devenido en la imposición de 2.743 sanciones por un montante total de 12.325.609 euros. Algo más de la mitad de las infracciones (53 %) corresponden a incumplimientos de los plazos de pago.

En la segunda fase de la modificación de la Ley de la Cadena, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, se va a ampliar la relación de prácticas comerciales prohibidas y se va a reforzar la capacidad negociadora de todos los eslabones de la cadena, especialmente de aquellos más débiles, para que se produzca una verdadera igualdad de condiciones.

Planas ha explicado que la AICA se va a ver reforzada con más funciones y más competencias en su labor de control en la nueva Ley de la Cadena. Así, se convertirá en la autoridad de ejecución encargada de establecer y desarrollar el régimen de control de cumplimiento de la ley, en coordinación con las comunidades autónomas, y tendrá además facultades resolutivas para imponer sanciones por infracciones en materia de contratación alimentaria –hasta ahora se limita a proponer-.

Pero por encima de la eficacia en el control y sanción del cumplimiento de la ley, el ministro ha recalcado que todos los agentes que forman la cadena alimentaria deben concienciarse de la necesidad de cambiar la cultura en las relaciones comerciales, para que haya un verdadero equilibrio de fuerzas y que todos los eslabones obtengan una remuneración justa por su actividad.

Una tesis defendida en la Universidad de Jaén ha analizado el autoconsumo fotovoltaico en el sector industrial. La tesis, cuyo autor es Antonio Javier Martínez Calahorro, es la primera que obtiene la mención Doctorado Industrial por parte de la UJA y ha sido desarrollada dentro del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén, a través de un convenio de colaboración Universidad-Empresa, bajo la dirección de Francisco José Muñoz Rodríguez y Catalina Rus Casas.

Esta tesis se enmarca en la aplicación de la energía solar fotovoltaica en el sector industrial, primer consumidor de energía mundial y en el que se apoya la economía mundial. Además, hay que tener en cuenta que el coste energético de la industria representa uno de los mayores costes a los que tiene que hacer frente este tipo de actividad empresarial.

Así, el desarrollo de la tesis ha permitido obtener perfiles de consumo eléctrico durante un año de diferentes industrias, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y en el modelo distribuido en el sector industrial. En este sentido, se ha desarrollado un modelo de análisis de la idoneidad del autoconsumo fotovoltaico que se adapte a las características del perfil de consumo eléctrico de las industrias, que es muy diferente al característico del sector residencial. Además, se ha estudiado el nivel de acoplamiento de los perfiles de consumo eléctrico de dos tipos de industrias, almazaras e industrias del sector del frío, con los perfiles de generación proporcionados por sistemas fotovoltaicos de diferentes potencias.

En el caso de las almazaras se ha analizado el nivel de acoplamiento de las curvas de consumo y generación en dos épocas bien diferenciadas, época de cosecha y fuera de ella, ya que ambas presentan un perfil de consumo distinto. Se ha demostrado que, desde un punto de vista energético, los sistemas de autoconsumo fotovoltaico sin almacenamiento pueden ser adecuados para las almazaras, con un alto índice de autoconsumo (> 80%), lo que proporciona una alta capacidad de emparejamiento entre los perfiles de carga y consumo, junto con un índice de autosuficiencia que va del 20 al 30% para el período de recolección de la aceituna. Además, se ha estudiado como los ángulos de inclinación y la orientación del generador fotovoltaico influyen en los índices de autosuficiencia y autoconsumo.

Tal como se ha estudiado para las almazaras, también se ha analizado el potencial que presentan las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo para el sector del frío industrial. En este tipo de industrias hay que tener en cuenta su perfil diario de consumo eléctrico, ya que este, particularmente, presenta poca variabilidad, además de poseer un un consumo basal muy destacado durante todo el año. Se ha demostrado que en este tipo de industria los índices de autoconsumo pueden ser superiores al 90%, al mismo tiempo que se alcanzan niveles de autosuficiencia del 40 al 50%. Además, se presenta un nuevo índice de autosuficiencia en horas solares. Este índice evalúa el porcentaje del consumo eléctrico existente durante las horas de sol al que puede hacer frente el sistema de autoconsumo fotovoltaico, por lo que puede complementar el índice de autosuficiencia global y mejorar el análisis de este tipo de sistemas en el sector industrial. También hay que destacar que el método desarrollado, y que se ha aplicado a los dos tipos de industrias anteriormente mencionados, es fácilmente extrapolable a cualquier tipo de industria. Por último, es fundamental disponer de datos reales de perfiles de consumo, ya que esto último permite garantizar unos resultados útiles y ajustados a la realidad de un sector industrial que no solo presenta un gran gasto energético, sino que se caracteriza por perfiles de consumo muy característicos y variados.

“La generación distribuida, cercana, con sus muchas ventajas, haciendo uso de la energía solar fotovoltaica, gracias a su fácil integración en los diferentes puntos, versatilidad y distribución, debe ser ampliamente desarrollada para obtener soluciones fiables y adaptadas a la idiosincrasia del sector industrial, tan particular y tan importante para el desarrollo económico local y mundial, y todo ello enmarcado dentro de las disciplinas del emprendimiento, como forma generadora de riqueza y desarrollo innovador para toda la sociedad. En este nuevo escenario se debe impulsar que las industrias utilicen energías renovables, de manera local, contribuyendo además a una planificación de energía distribuida”, indica Antonio Javier Martínez, autor de la tesis.

Esta tesis doctoral ha sido realizada con la financiación parcial de la Universidad de Jaén, a través de la OTRI (Acción 2: Cofinanciación en la contratación de doctorandos” del Plan de Apoyo a la Transferencia del Conocimiento, el Emprendimiento y la Empleabilidad (2017) del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento, Empleabilidad y Emprendimiento) y la empresa Marwen Ingeniería.

Grupo Marwen Calsan es una empresa que cuenta con más de 12 años de experiencia, ofreciendo servicios avanzados de consultoría e ingeniería, cuya misión es ofrecer soluciones integrales para el desarrollo de proyectos energéticos, ambientales y empresariales. Involucrada en plantear soluciones de eficiencia energética e incorporación de energías renovables en la industria, dicha empresa, junto con la Universidad de Jaén, pretenden desarrollar soluciones técnicas para el autoconsumo fotovoltaico en el sector industrial que incorporen investigación avanzada e innovación en el marco de un doctorado industrial en este campo, según señala un comunicado de la Universidad de Jaén.

Ya está en marcha una nueva edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén, paraíso interior”, que mantendrá abierto hasta el próximo 7 de septiembre el plazo para recibir recetas elaboradas con los aceites Jaén Selección 2021, tal y como avanzó ayer Oleum Xauen. La Diputación de Jaén convoca por décimo octavo año consecutivo este certamen culinario que repartirá 12.000 euros en premios entre los tres restauradores que se clasifiquen para la prueba final, que como el año pasado se disputará en la provincia jiennense en un lugar y una fecha aún por determinar, aunque se prevé que sea a finales de septiembre o primeros de octubre.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha sido el encargado de presentar las bases de este concurso gastronómico, que ya se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia y también en la web de la Diputación. En su intervención, ha mostrado la “satisfacción de la organización por volver a convocar un certamen que el año pasado, pese a las dificultades que provocó la pandemia, registró la participación de 51 chefs y nos permitió mejorar el posicionamiento del aceite de oliva dentro de la Dieta Mediterránea y la gastronomía, además de apoyar a un sector como el de la restauración, que lo está pasando mal, y difundir los valores saludables y culinarios de este producto”.

En esta nueva edición del Premio de Cocina con AOVE, al igual que ya ocurriera el año pasado, jugarán un papel importante las redes sociales, ya que el proceso de selección se realizará de manera online y solo los 3 finalistas cocinarán en directo la receta que hayan presentado a concurso, en la que se tendrá que utilizar obligatoriamente uno de los 8 AOVEs Jaén Selección 2021: Picualia Premium, Oro Bailén, Hacienda La Laguna, Noviembre, Bañón, Olibaeza, Oro de Cánava y el ecológico Mergaoliva. Entre los encargados de realizar esta preselección están ya confirmados los restauradores Pedro Sánchez, de Bagá; Juan Aceituno, del restaurante Dama Juana; Ingrid Serra, ganadora de la edición 2020; y Fátima Gismero, premio Pastelera Revelación Madrid Fusión 2021.

Los finalistas tendrán que desplazarse hasta la provincia jiennense, donde se desarrollará esta prueba decisiva que tendrá lugar a finales de septiembre o principios de octubre. De esta forma, como enfatiza Lozano, “daremos también visibilidad, como ya hicimos el año pasado, a nuestro destino turístico”.

Por último, el diputado de Promoción y Turismo ha hecho “un llamamiento a la participación en este certamen, uno de los mejor dotados de España y también de los más importantes por la trayectoria de los chefs que lo han ganado”, una lista en la que figuran Jordi Cruz, Massimo Bottura o Xanty Elías, entre otros. En esta dirección, ha remarcado que este premio “es una oportunidad para muchos cocineros de promocionar su carrera y abrirse nuevas puertas, como por ejemplo ha reconocido la ganadora del pasado año Ingrid Serra”.

El secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, ha señalado que trabaja con las comunidades autónomas en la definición de ecoesquemas que “sean accesibles a todos los agricultores y ganaderos, y que cada explotación tenga alguno a su disposición”.

Miranda ha presidido hoy el grupo de trabajo sobre ecoesquemas, que ha reunido de nuevo a representantes de las comunidades autónomas para avanzar en los ecoesquemas del Plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC) y que se enmarca “en un ciclo intenso de trabajo” para alcanzar un nivel técnico que gane en detalle y precisión.

Por videoconferencia, Ministerio y comunidades autónomas han seguido trabajando sobre la propuesta de ecoesquemas para desarrollar una serie de prácticas voluntarias que contribuyan a preservar el medio ambiente, la biodiversidad y a luchar contra el cambio climático, en línea con el enfoque propuesto por el MAPA, fruto de las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en los últimos meses.

Según Fernando Miranda, “queremos consensuar un diseño que se adapte a las características de nuestras explotaciones, que sea beneficioso para el medio ambiente y que pueda tener una alta acogida, tanto por el impacto que ello supondrá en el mantenimiento de las rentas de las explotaciones, como por su benefició ambiental”.

Las comunidades autónomas tendrán la posibilidad de complementar la ayuda de los ecoesquemas con las medidas agroambientales del segundo pilar (desarrollo rural).

En el encuentro, también se ha analizado cómo el conjunto formado principalmente por la condicionalidad, los ecoesquemas y las medidas agroambientales, así como otras intervenciones, deben dar una respuesta coordinada y coherente a las necesidades ambientales identificadas en la elaboración del Plan Estratégico, así como contribuir a los objetivos del Pacto Verde.

El Ministerio y las comunidades autónomas continuarán celebrando reuniones con el objetivo de cerrar, en septiembre, la definición de los ecoesquemas y sus prácticas.

Manuel Caravaca sigue al frente de la Asociación Española de Maestros y Operarios de Almazara (Aemoda), organización que ha aprobado en su última asamblea el cambio de razón social desde el Parque Tecnológico Geolit al Centro de Interpretación Olivar y Aceite.

El pasado día 3 de julio Aemoda celebró una asamblea ordinaria para la aprobación de las cuentas de los ejercicios 2019/20 y 2020/21 ya que la pandemia impidió hacer la asamblea el año pasado. En la misma se aprobaron las cuentas por unanimidad y luego se celebró asamblea extraordinaria con dos puntos principales. El primero fue la aprobación del cambio de razón social de esta asociación, que se ha trasladado desde Geolit hasta el Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Ubeda, asunto que también se aprobó por unanimidad.

El otro punto del orden día estaba centrado en las elecciones para renovar los cargos de la junta directiva, pero no hubo candidaturas, por lo que sigue la misma, que ha incorporado como novedad a dos mujeres, según ha confirmado a Oleum Xauen Manuel Caravaca, que también informa que se notificó a los socios que la asociación ha entrado como socio del Centro de Interpretación Olivar y Aceite.

España está recuperando el ritmo de exportaciones de aceite de oliva en el mercado de Estados Unidos tras el acuerdo que suspendió durante un periodo de cinco años la aplicación de los aranceles derivados del conflicto por las ayudas entre Airbus y Boing. Así lo explica a Oleum Xauen Rafael Pico, el director de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), quien asegura que el potente mercado de EE UU, el tercero en consumo tras Italia y España, ya se encuentra de nuevo activado para los aceites de oliva envasados tras la consecución de dicho acuerdo que tuvo sus prolegómenos con una tregua de cuatro meses. “Hemos notado un incremento de las exportaciones, pese a que no disponemos aún de datos de las últimas semanas en este mercado en el que se había perdido en torno al ochenta por ciento de las exportaciones de aceites de oliva de procedencia y origen español por los aranceles”, asegura Pico.

El acuerdo de suspensión fue celebrado de forma unánime por todas las administraciones y por el conjunto del sector oleícola que nunca entendió las razones por las cuales los aranceles al aceite de oliva español y otros productos agroalimentarios sufrieran durante más de un año un gravamen injusto de un 25 por ciento en EE UU tras decretar esta medida  la Administración Trump, lo que motivó un grave perjuicio de las exportaciones de aceites de oliva español en el país norteamericano.

Una disposición que fue suprimida en el pasado mes de junio por la nueva administración Biden en el marco de la Cumbre de la Unión Europea-Estados Unidos y que puso fin a una disputa con graves repercusiones para las industrias afectadas, entre ellas, el sector español de alimentación y bebidas, que aplaudió la suspensión de esta barrera comercial y la apuesta por el intercambio mercantil. Y todo ello sin olvidar, por otra parte, que sigue abierta la disputa por los aranceles del 35 por ciento que se aplican a la aceituna negra de mesa.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha informado al Consejo de Gobierno sobre las negociaciones relativas al diseño del Plan Estratégico Nacional de la nueva Política Agrícola Común (PAC), documento que guiará su aplicación a nivel nacional a partir de 2023. El Gobierno andaluz asegura que ha logrado reconducir este debate nacional para garantizar certidumbre al sector agrario de la Comunidad Autónoma ante la propuesta presentada inicialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que incluía cambios bruscos en un modelo de aplicación que ha demostrado su éxito para avanzar en rentabilidad, estabilidad y fijación de la población en el territorio andaluz.

La Junta afirma que ha forjado una fuerte alianza para luchar por la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos de la región en la reforma de la PAC y, con este objetivo, la Consejería de Agricultura ha trasladado una postura consensuada con sus representantes a las diversas reuniones nacionales que abordaban esta cuestión. La unidad y el diálogo constante con los productores de la región, que son, en definitiva, los principales afectados por el cambio de la política europea, ha sido la máxima que ha guiado al Gobierno andaluz en este proceso, según añade.

Esta unión se verá también reflejada en la propuesta que presenta el 21 de julio el Gobierno andaluz en la reunión técnica que tendrá lugar en la sede del Ministerio de Agricultura. Esta posición regional se consensuará el 20 de julio en el marco de la Mesa de Interlocución Agraria convocada a tal efecto y con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y de los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y de cooperativas agroalimentarias.

El Ejecutivo andaluz ha mantenido durante las negociaciones una postura clara y sin cambios, si bien ha presentado cierta flexibilidad, dentro de unos límites coherentes, para poder alcanzar el necesario acuerdo nacional. Esta voluntad de diálogo por parte de las comunidades autónomas ha permitido que el 14 de julio se sentaran las bases políticas del Plan Estratégico Nacional, a excepción de los aspectos relativos a los ecoesquemas, cuyo debate se ha aplazado al mes de septiembre a petición de la consejera andaluza.

Atendiendo a las bases políticas acordadas en Madrid, la Junta valora que se recupere el término de “agricultor activo” en detrimento del “agricultor genuino”, ya que, de esta forma, se incluye a aquellos profesionales que desarrollan otras actividades, pero que tienen en la agricultura y la ganadería un importante complemento de su renta. En cuanto a las regiones productivas de España, éstas podrían quedar reducidas a 20, una cantidad que se adaptaría, en gran medida, a la diversidad productiva de Andalucía. Destaca en este ámbito que la veintena de regiones es el límite máximo de la horquilla planteada por el Ministerio, que proponía reducirlas incluso hasta cuatro.

Por otro lado, las líneas básicas aprobadas por las comunidades autónomas españolas mantienen el sistema de gestión de ayudas basado en derechos, como defendía Andalucía frente a otros territorios, y que permite continuar con la ventaja competitiva que hasta ahora tenían los jóvenes para acceder a la actividad agraria. Asimismo, abren la posibilidad de incorporar las frutas y hortalizas entre los perceptores de las ayudas directas, como se venía demandando desde la Junta, y, por otro lado, incluyen la creación de un programa sectorial para el olivar tradicional.

Los representantes de Agricultura de las diferentes comunidades autónomas vienen trabajando desde 2019 con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para acordar las líneas de esta planificación, que debe aprobarse en España antes del 31 de diciembre de 2021 para evitar retrasos en las ayudas que percibirán los agricultores y ganaderos durante el nuevo marco (2023-2027). Por tanto, los trabajos técnicos encaminados a concluir la redacción del plan español que se presentará a Bruselas, continuarán durante el último cuatrimestre del presente año.

En respuesta a la solicitud de la consejera de Agricultura de Andalucía, los responsables de la política agrícola en España han acordado posponer el debate sobre los ecoesquemas, para así poder celebrar reuniones técnicas en las que se analice el diseño de este nuevo instrumento medioambiental que se incorpora en el próximo marco 2023-2027. Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del 14 de julio, Andalucía expuso la necesidad de llevar a cabo un estudio detallado de esta herramienta teniendo en cuenta, por un lado, la diversidad agronómica y de territorios de España; y, por otro lado, la importancia que tienen los ecoesquemas en la asignación de las ayudas directas. En concreto, el 23% de la dotación total de la PAC 2023-2027 depende de la aplicación de estos instrumentos.

El Gobierno andaluz apuesta por articular ecoesquemas atractivos con el fin de que se acojan a ellos el mayor número posible de agricultores y ganaderos, y que, de esta forma, España contribuya al cumplimiento de los objetivos medioambientales marcados por Europa.

La negociación del Plan Estratégico Nacional se enmarca en la reforma de la PAC propuesta por la Comisión Europea en 2018 y que, tras tres años de debate, ha concluido el pasado mes de junio con un acuerdo provisional en el que el Gobierno andaluz encuentra aspectos más positivos que otros. La principal ventaja que supone para los agricultores y ganaderos es que les aporta certidumbre, si bien la Consejería de Agricultura de Andalucía echa en falta algunas medidas necesarias para el sector andaluz. Éste es el caso, por ejemplo, de mecanismos de gestión de mercados que permitan asegurar a los productores unos precios justos y evitar situaciones de competencia desleal por parte de terceros países.

Asimismo, la reducción del presupuesto y el aumento de las exigencias ambientales a los agricultores y ganaderos se conciben también como aspectos que aportan complejidad para el acceso a unos fondos comunitarios que son de gran importancia para los andaluces. La PAC ha contribuido decisivamente a configurar el actual sistema agroalimentario de Andalucía, que es la comunidad autónoma española que más ayudas comunitarias recibe y uno de los perceptores más importantes a nivel europeo.

Asimismo, el sector agroalimentario andaluz es, gracias a su capacidad de adaptación a las nuevas prioridades que se han ido marcando en esta política, por su competitividad y por su sostenibilidad, el responsable de haber conseguido gran parte del presupuesto que actualmente les corresponde a los productores de España para el próximo marco de la Política Agrícola Común.

Andalucía aporta el 36% de la renta agraria nacional, recibe el 27% de los fondos de las ayudas de la Política Agrícola Común, ya que aglutina al 33% de los perceptores de estas subvenciones. Actualmente, el sector agroalimentario andaluz emplea a alrededor del 10% del total de trabajadores de Andalucía. En cuanto al Valor Añadido Bruto (VAB), esta actividad aporta en torno al 9% del total de la comunidad autónoma, si bien este porcentaje se eleva hasta el 16% si se incluyen en el cálculo las industrias relacionadas con esta actividad al encargarse de proveer insumos o transportar y distribuir los productos. Si se analiza la contribución de Andalucía al VAB nacional del ámbito agroalimentario, la región aporta el 32% del total de España.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado hoy al Consejo de Ministros el informe sobre el estado de situación de la Política Agraria Común (PAC), cuyas nuevas reglas se aplicarán en España a partir del 1 de enero de 2023, tras el acuerdo alcanzado a nivel comunitario en Luxemburgo el pasado 28 de junio y tras la decisión adoptada, a nivel nacional, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del pasado 14 de julio. El ministro ha detallado algunos de sus aspectos más significativos de esta PAC que distribuirá las ayudas directas de manera más equitativa y eficiente, según se asegura desde el Ministerio de Agricultura.

“Esta PAC será más justa, más social y más sostenible”, ha asegurado el ministro. Una política agraria con un fuerte componente medioambiental, puesto que más del 40 % de su presupuesto se destinarán a medidas encaminadas a la lucha contra el cambio climático y a la protección del medio ambiente. El ministro ha precisado, no obstante, que tiene en cuenta la necesaria rentabilidad de las explotaciones, cuya actividad es esencial para preservar el tejido económico del medio rural y lograr mantener la población y el talento joven en los pueblos. Incorpora medidas para afianzar la incorporación de la mujer a la actividad agraria. España ha logrado incorporar, por primera vez, la perspectiva de género como uno de los objetivos específicos en la PAC.

La próxima PAC supondrá un marco regulatorio estable para un sector estratégico del Gobierno, como lo es el agroalimentario, que en 20 años ha triplicado sus exportaciones y que ya supone algo más de una quinta parte del total, con 54.000 millones de euros en 2020. Además, es un sector clave para asegurar el mantenimiento de la población en el medio rural, contribuyendo positivamente al reto demográfico, con una actividad en la que la innovación y el uso de nuevas tecnologías marcarán su futuro más inmediato.

Contará con medidas para apoyar la mejora de la rentabilidad del sector y potenciar su competitividad, con medidas encaminadas para impulsar el relevo generacional, la igualdad de género, la innovación, la digitalización para asegurar la adaptación de la agricultura y ganadería españolas a las nuevas demandas sociales.

Plan estratégico, ecoesquemas y dimensión social

Antes de la entrada en vigor el 1 de enero de 2023, los Estados miembros tienen que presentar a la Comisión Europea (CE) para su aprobación, un plan estratégico, que constituye una de las principales novedades de esta PAC, ya que los países definirán cómo aplicarla en sus territorios para adaptarla a su diversidad agronómica, que en España es muy amplia, desde producciones continentales de la cornisa cantábrica hasta los cultivos subtropicales de Andalucía o Canarias.

Para ello, el Ministerio presentó el 14 de julio a las comunidades autónomas un documento que servirá de base para la elaboración del plan estratégico, que se completará con la definición de los ecoesquemas o prácticas voluntarias que contribuyen favorablemente al clima y al medio ambiente, por cuya realización, agricultores y ganaderos recibirán un pago en remuneración por llevarlas a cabo.

España presentará, antes del 30 de diciembre de 2021, su plan estratégico a la CE, en el que la dimensión social será una de las principales novedades. Para el pago de las ayudas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas y condiciones laborales. Además habrá un techo máximo de ayudas (capping), fijado en 100.000 euros por beneficiario, una reducción progresiva (degresividad) a partir de los 60.000 euros, con la posibilidad de tener en cuenta los costes salariales a la hora de aplicar estas reducciones y un pago redistributivo que beneficiará a las primeras hectáreas.

Antecedentes

La nueva PAC empezó a negociarse en junio de 2018, cuando la Comisión Europea presentó sus propuestas legislativas. Desde entonces hasta ahora, ha habido múltiples reuniones entre Ministerio, comunidades autónomas, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, así como organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil para perfilar el modelo de aplicación, a través del Plan Estratégico, de la política agraria en España

En el Consejo Europeo de julio de 2020, en el acuerdo alcanzado por los Jefes de Estado y de Gobierno en la negociación del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, España logró un presupuesto de 47.724 millones de euros para los años 2021-2027, cifra similar al periodo de programación anterior 2014-2021, en un contexto complicado, ya que la salida del Reino Unido suponía reducir un 15 % el presupuesto del conjunto de la Unión Europea (UE).

El informe presentado, coincidiendo con la reciente publicación España 2050, muestra como el sector agroalimentario español presenta un diferencial de competitividad muy positivo respecto a los países de nuestro entorno en la UE, razón que explica nuestro balance neto exportador. Sin embargo, el apoyo de la PAC sigue siendo necesario en un sector para acercar la renta de las explotaciones a los ingresos del resto de la sociedad española, dado que actualmente son un 30 % inferiores al resto de sectores, con ayudas enfocadas a quien más necesite de estas ayudas, que ayuda a preservar el entorno y a dinamizar la economía rural.

Importancia económica del sector agroalimentario

El sector agroalimentario tiene un papel estratégico en la economía española, aporta más de un 10 % del Producto Interior Bruto (PIB) y ocupa a más de 2,6 millones de personas. Es un sector clave no solo por su importancia económica, sino también porque proporciona seguridad alimentaria a la población, que se ha visibilizado durante los meses más duros de la pandemia, y su relevancia para el equilibrio territorial, al tratarse de actividades que se desarrollan generalmente en zonas rurales.

El plazo para la presentación de recetas para optar al XVIII Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra “Jaén, Paraíso Interior” ya se encuentra abierto desde hoy y hasta el próximo día 7 de septiembre. Un certamen que concederá 12.000 euros en premios y que volverá celebrarse por segunda vez en la capital jiennense.  Así se desprende de las bases del prestigioso premio publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, extracto de las bases consultado por Oleum Xauen.

A dicho premio podrán concurrir participantes cocineros, personas físicas, que desarrollen su trabajo en un establecimiento de hostelería, en el momento de presentar la solicitud de participación. El objetivo principal de este premio es la promoción del aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén en el ámbito de la gastronomía, estimulando la creatividad de los cocineros nacionales e internacionales. La forma de participación en el mismo es mediante la presentación de una receta de cocina elaborada, obligatoriamente, con alguno o algunos de los aceites Jaén Selección 2021. Será una receta de cocina de elaboración propia, sólo se admitirá una receta por cocinero y la inscripción será gratuita.

Se contempla la concesión de tres premios. Un primer premio dotado con 8.000 euros y trofeo. Un segundo con una cuantía de 3.000 euros y placa finalista. Y un tercer premio de 1.000 euros y placa finalista. El plazo para la presentación de las recetas de cocina comenzará a contar a partir de la publicación del presente extracto en el BOP y finalizará el día 7 de septiembre de 2021, según señalan las bases.

Los criterios de valoración en la primera fase serán que las recetas estén elaboradas con los aceites seleccionados en la última Cata Concurso Jaén Selección 2021. Se valorará el maridaje del aceite de oliva con los ingredientes utilizados en la receta. Las recetas serán realizables y comprensibles, a criterio de los miembros del jurado. Se valorará la presentación y la innovación del plato, así como la correcta utilización de cada uno de los ingredientes, en las distintas fases de preparación del mismo. Los platos deberán haber sido creados por los propios cocineros participantes en el concurso.

En esta fase se seleccionarán las 10 recetas que pasarán a la segunda fase. En la segunda, los 10 cocineros seleccionados deberán grabar su receta y enviarla a la Diputación a través de los medios que ésta determine. En dichos vídeos deberán aparecer de forma destacada los aceites Jaén Selección con los que se elaboren los platos concursantes. Los vídeos permitirán al jurado valorar técnicas, destrezas, emplatado, etc., clasificándose para la final las 3 mejores recetas.

La fase final se desarrollará en directo ante público y tendrá lugar en un enclave de Jaén determinado por la Diputación. En ella, participarán los tres cocineros seleccionados en la fase anterior. En esta final, el jurado valorará el sabor, el aspecto del plato elaborado y la destreza del cocinero en su trabajo.