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El Ministerio de Agricultura ha emitido hoy un comunicado en el que precisa siete puntos sobre la negociación de la Política Agrícola Común (PAC) ante lo que considera «determinadas informaciones inexactas, difundidas sobre la negociación en curso de la Política Agraria Común (PAC) y su aplicación en España», por lo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) quiere hacer las siguientes precisiones:

Primera.- La discusión de los tres reglamentos europeos de la PAC entre el Consejo y el Parlamento Europeo, y bajo la presidencia portuguesa de la Unión Europea, no ha concluido aún, y previsiblemente no lo hará hasta finales del mes de abril. Será en ese momento cuando se decidan los parámetros finales europeos de la futura PAC.

Segunda.- Consecuentemente, la previsión es que el Ministerio y las comunidades autónomas puedan reunirse en la segunda quincena del mes de mayo, para tomar las decisiones sobre su definición y aplicación en España, para el periodo 2023-2027.

Tercera.- Por tanto, cuestiones tales como la ayuda básica a la renta, la definición de quién deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la convergencia para cumplir con los compromisos europeos; así como los ecoesquemas y todos los restantes conceptos, permanecen en estos momentos en debate, y pendientes de decisión.

Cuarta.- Un intenso trabajo de análisis y concertación con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector ha tenido lugar desde principios del año 2019 en más de doscientas reuniones, lo que ha permitido avanzar con espíritu constructivo en los aspectos técnicos de la misma. Igualmente, sendas discusiones políticas han tenido lugar con idéntico propósito, para aproximar posiciones entre las comunidades autónomas.

Quinta.- Es rotundamente falsa y carente de cualquier fundamento, la afirmación de que el Ministerio pretenda excluir a un número elevado de perceptores actuales de la PAC en esta nueva reforma. Igualmente, la de que estén ya decididos importes y mecanismos de reparto de las futuras ayudas. Lamentamos profundamente estas afirmaciones que crean inquietud y zozobra en el sector agrario, y confunden a agricultores y ganaderos.

Sexta.- La voluntad del Gobierno es lograr el acuerdo más amplio posible, en forma de acuerdo nacional, para hacer del contenido de esta PAC, y de los 47.724 millones de euros obtenidos por España en el Consejo Europeo de julio de 2020, el mejor instrumento de apoyo a agricultores, ganaderos y medio rural, en función de las necesidades concretas y previamente identificadas, de cada uno de los sectores y subsectores.

Séptima.- La posición del Gobierno de España sobre la reforma en curso sobre la PAC es la contenida en el documento examinado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2018, que aparece ampliamente recogida en el acuerdo de los Ministros de Agricultura de la UE alcanzado en Luxemburgo en octubre del pasado año. Las decisiones de aplicación que procedan serán adoptadas en Conferencia sectorial por el Gobierno de España y las comunidades autónomas.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, mantuvo ayer una reunión en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga con representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), encabezada por su presidente Javier González de Lara, en la que han abordado «con preocupación el impacto que la convergencia acelerada en la Política Agraria Común (PAC) puede causar en el empleo y el tejido empresarial andaluz».

Crespo ha advertido de que el 60% de los agricultores y ganaderos andaluces verán recortadas sus ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) en 2021 como consecuencia de la aplicación del Real Decreto aprobado por el Gobierno de España.

La titular del ramo ha explicado que estas importantes pérdidas afectarán tanto a pequeños como a medianos y grandes productores y ha concretado que, en el caso de Málaga, sufrirán los recortes más de 10.600 productores. De ellos, unos 4.300 verán reducidas sus subvenciones por encima del 10% y para algo más de 300 los incentivos bajarán más de un 25%. Crespo ha explicado que las cuatro principales comarcas de Málaga (Vélez-Málaga, Valle del Guadalhorce, Antequera y Serranía de Ronda) se verán afectadas directamente por la convergencia con recortes que van del 2% al 34%.

La consejera ha vuelto a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Pesca celebrada ayer por la mañana que “los cambios que se produzcan en el futuro tienen que ser asumibles por el agricultor y que el Real Decreto apueste por una convergencia más suave y no haya trasvase de fondos”.

La consejera ha resaltado que la convergencia acelerada que propone el Gobierno central no reconoce los esfuerzos de los agricultores que ha invertido y apostado por un campo andaluz competitivo. Crespo ha apuntado que el Ejecutivo nacional está conduciendo a una tarifa plana en 2023 que, con la eliminación de regiones productivas, conllevaría a una reducción de las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos de Andalucía y a una bajada del potencial de esta Comunidad Autónoma.

“Andalucía, sus organizaciones agrarias y el Gobierno andaluz, apuesta por el diálogo. Nuestras enmiendas al Real Decreto no se han tenido en cuenta y se ha optado por una convergencia abrupta. Queremos que se apoye a un sector que están siendo ejemplo para todos a lo largo de esta pandemia. Ofrecerle certidumbre y liquidez es algo absolutamente necesario. Una convergencia abrupta significa incertidumbre y falta de recursos para nuestros agricultores y ganaderos”, ha concluido.

El experto en aceites de oliva, catedrático de la Universidad de Jaén y director de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola, Manuel Parras, alude a “la paradoja de las administraciones públicas en el mercado oleícola al invertir en promoción y no consumir aceites de oliva”, según ha subrayado a Oleum Xauen.

Parras recuerda que en un reciente artículo (Diario Jaén, de 5 de febrero), Manuel Parras Rosa, Juan Carlos Rodríguez Cohard y Juan Ramón Lanzas Molina, profesores de la Universidad de Jaén y miembros de la Cátedra Caja Rural de Jaén José Luis García-Lomas Hernández de Economía, Comercialización y Cooperativismo Oleícola, señalaban que “no es razonable que mientras las administraciones públicas invierten importantes cantidades de recursos en promocionar el consumo de aceites de oliva, a la vez, estas mismas administraciones no obliguen, en sus contratos de concesión a terceros, a que en la elaboración de sus menús y en sus cocinas se utilicen los aceites de oliva, en general, y el AOVE, en particular, sobre todo, en aquellas regiones eminentemente productoras, como son Andalucía y, por supuesto, Jaén”.

Continuaban poniendo de manifiesto que la mayor y mejor promoción de los aceites de oliva que las administraciones públicas pueden hacer es “obligar -si es posible por la Ley de Contratos y parece que lo es- a que las empresas concesionarias utilicen aceites de oliva y, si no es posible por la Ley de Contratos, impulsar un cambio normativo. En todo caso, mientras tanto, podría incluirse una cláusula donde se indique que el compromiso de usarlo se tendrá en cuenta como un factor para la adjudicación”.

En su opinión, el comportamiento de las administraciones públicas constituye “una paradoja difícil de entender por dos motivos: por el poco coste que supondría para el usuario final que en los establecimientos de la denominada “restauración colectiva, social e institucional” se utilizasen aceites de oliva, como ha puesto de manifiesto un reciente estudio de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español y, en segundo lugar, porque lo que está en juego es mucho: la salud y la promoción de una dieta saludable”.

Y añade. “Esperemos que en nuestros hospitales, en nuestras escuelas infantiles, en nuestras universidades, en nuestras residencias de mayores, en el ejército y en los comedores escolares, solo se utilicen aceites de oliva. La Administración pública, si así lo hiciera, además de ofrecer unos productos saludables a la población podría de paso educar a los niños en una ingesta más equilibrada y saludable, gracias a la contribución que los aceites de oliva tienen en la dieta mediterránea. No olvidemos que una de las causas de la tendencia al descenso del consumo interno ha sido el alejamiento de los más jóvenes del consumo de aceites de oliva, con la preocupante tendencia que eso supone como indicador adelantado de reducciones futuras cuando el recambio generacional se consolide”.

Por todo ello, los autores proponen impulsar un estudio semejante al realizado por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que permita diseñar estrategias para su impulso.

Sostiene que durante la pandemia, durante el confinamiento, “el comer en casa ha supuesto pasajeramente aumentar el consumo de aceites de oliva, pero no olvidemos que, una vez superada la Covid-19, volveremos a la normalidad; esto es, a comer más fuera del hogar que en el hogar y, en consecuencia, a consumir menos aceites de oliva y más otros aceites de semillas”.

El artículo finaliza señalando que sería deseable y oportuno que Andalucía liderase este movimiento en pro del consumo de aceites de oliva, en general, y del AOVE, en particular, en la restauración colectiva, mediante el apoyo de las distintas administraciones andaluzas y, además, debería persuadir a las del resto del país del referido y necesario cambio de comportamiento. “Sería el mejor apoyo de promoción a la salud y al propio sector productor”, concluye.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el presidente del consejo de administración de la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía (Garántia), Javier González de Lara, han firmado en Málaga un protocolo de colaboración que, como ha apuntado Crespo, supone un “paso histórico en las posibilidades de liquidez de los agricultores y ganaderos de Andalucía”. La responsable del ramo ha apuntado que, gracias a este acuerdo, el aval necesario para percibir anticipos de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) “es accesible” para los productores agrarios mientras que, anteriormente, podía ser una dificultad.

En su discurso, Carmen Crespo ha recalcado que el objetivo del Gobierno andaluz es “afianzar y dar certidumbre a nuestros agricultores, que están siendo fundamentales en estos momentos para abastecer los mercados de medio mundo, y que tengan liquidez para seguir adelante”. “Este protocolo beneficia a los que tienen más dificultades, a los que quieren invertir en innovación y modernización”, ha apuntado la consejera, quien ha hecho especial hincapié en las ventajas que ofrece especialmente a “los jóvenes y las mujeres que se están incorporando a la agricultura y ganadería de la comunidad autónoma”.

El convenio suscrito entre la Junta y Garántia persigue facilitar la constitución de las garantías previas que exige la Unión Europea para que los beneficiarios de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) puedan tener acceso a anticipos de hasta el 50% las subvenciones que tienen concedidas. Dada la actual coyuntura económica, marcada por los efectos del Covid-19, esta inyección de liquidez anticipada puede ser especialmente importante para la ejecución de proyectos que conllevan una importante inversión. 

Al respecto de la pandemia, Javier González de Lara ha resaltado que “Garántia, desde el inicio de la crisis sanitaria, colabora con la Junta de Andalucía para ayudar al tejido empresarial andaluz a atravesar esta difícil situación, mediante la línea especial de liquidez Covid-19 puesta en marcha para Pymes y autónomos andaluces que han sufrido el impacto del coronavirus en sus actividades económicas”. 

El presidente de la sociedad de garantía recíproca se ha referido también en su discurso al “peso específico del sector agro en Garántia, que supone casi un 25% de nuestra cartera de riesgos” y que ha posicionado a la entidad desde hace dos años como “líderes en financiación agraria en el sistema nacional de garantías”. “El sector agro es preferencial para Garántia, especialmente los más dinámicos como pueden ser los cultivos de invernadero, cultivos de primor, tropicales, olivar intensivo y superintensivo, frutos secos, etcétera,” ha resaltado González de Lara, quien ha destacado también la forma preferente de financiación a cooperativas y sus socios.

En cuanto al futuro, el máximo representante de la sociedad de avales ha valorado que la “relación público-privada de Garántia se ha estrechado” y ha afirmado que espera “seguir trabajando en esta dirección, ante el crecimiento de la demanda de financiación durante este escenario de emergencia empresarial derivada de la larga duración de la crisis sanitaria”.

Protocolo Junta-Garántia

En base al protocolo, los agricultores y ganaderos andaluces podrán formalizar avales con Garántia en unas condiciones más favorables, ya que la comisión de estudio se fija en un 0,5%, la comisión anual en un 1,75% y el capital reembolsable al término de la operación podría alcanzar el 3%.

Para la consejera, “con esta firma, los agricultores y ganaderos en Andalucía,  tienen hoy más certidumbre y más liquidez para el presente y el futuro”, condiciones “vitales” en un momento como el actual, marcado por la crisis derivada de la pandemia por Covid-19. Carmen Crespo ha valorado que los adelantos de ayudas que podrán solicitar los agricultores y ganaderos les permitirán “seguir invirtiendo en su negocio” y ha comentado, a modo de ejemplo, la situación de un joven agricultor al que se le anticipe hasta el 50% de la subvención que tenga aprobada. En concreto, ha valorado que este incentivo podrían permitirle iniciar la actividad sin tener que afrontar una merma de los recursos financieros de su explotación familiar, contribuyendo así a “afianzar los negocios, la inversión y la innovación” en el sector agrario andaluz.

Por otro lado, la titular de Agricultura ha recordado la labor que está llevando a cabo la actual Junta de Andalucía “agilizando todos los procesos para que los recursos económicos lleguen lo antes posible a los agricultores y ganaderos, ya que antes, desgraciadamente, “llegaban demasiado tarde a manos de los beneficiarios».

El rendimiento medio graso de la aceituna (el porcentaje de aceite de oliva incluido en la aceituna) ha alcanzado el 18,39 por ciento hasta finales del pasado mes de enero en Jaén, provincia en la que se habían producido hasta el 31 del pasado mes 386.000 toneladas de aceite de oliva, según ha podido conocer Oleum Xauen.

Se trata de una cifra que supone más de tres puntos por debajo de lo pronosticado en octubre en la estimación (aforo) de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, que lo elevaba al 21,6 por ciento en consonancia con el promedio de las últimas campañas. En el pasado mes de enero el rendimiento medio se situó en el 19,92 por ciento en Jaén, que contrasta con el 19,71 obtenido en Andalucía, comunidad en la que la media para toda la campaña ha sido hasta el 31 de enero del 17,7 por ciento.   

De acuerdo con estos datos, desde la Consejería Agricultura se ha ajustado a la baja sus previsiones de aceite de oliva para la actual campaña oleícola 2020/2021, rebajando la estimación de 1.348.000 toneladas de aceite de oliva que preveía en Andalucía a 1.050.000/1.100.000, mientras que en la provincia de Jaén se podría situar en el entorno de las 500.000 frente a las 670.000 toneladas aforadas inicialmente.

Histórico del rendimiento medio

El histórico de los datos del rendimiento medio graso de la aceituna en la provincia de Jaén sólo ha bajado por debajo del 20% en tres de las últimas 34 campañas, según ha podido conocer Oleum Xauen, aunque se quedaron en unas cifras cercanas al veinte por ciento; es decir, que para obtener un kilo de aceite de aceite de oliva se precisaron cinco de aceituna. De hecho, las cifras revelan que en la campaña 1987/88 el rendimiento medio fue del 19,93 por ciento en la provincia de Jaén, igual promedio que el conseguido en la 1997/98, mientras que en la campaña oleícola 1992/93 se alcanzó el 19,98 por ciento. En todas las demás campañas de este histórico se situó por encima del veinte por ciento. 

La asociación profesional española de la producción ecológica (Ecoliva) lanza una campaña divulgativa en la que recuerda que el olivar ecológico reduce en un 100% la huella de carbono. La entidad realizará cinco encuentros online gratuitos sobre el valor económico del sector, la producción, los mercados, el valor ambiental del producción del olivar ecológico y el cooperativismo.

El olivar ecológico es uno de los sectores con mayor crecimiento. Según datos oficiales, actualmente hay 209.288 hectáreas en España dedicadas al olivar ecológico. Andalucía es la comunidad donde se concentra la mayor parte, con 79.760 hectáreas.

Por ello, y con el objetivo de poner en valor este sector, Ecovalia ha lanzado la campaña «El olivar ecológico frena el cambio climático». Según ha destacado el secretario general de la entidad, Diego Granado, “está demostrado que el olivar ecológico reduce la huella de carbono en un 100%, una cifra avalada por el informe Producción Ecológica Mediterránea y Cambio Climático. Por lo que podemos afirmar que estamos ante el cultivo que más y mejor contribuye a la lucha contra el cambio climático. Y Andalucía, con casi 80.000 hectáreas de este cultivo, tiene mucho que aportar a este gran reto”.

“Queremos poner en valor la gran aportación del sector, pero también queremos que la sociedad en general sea consciente de los beneficios del olivar ecológico, no solo los que genera su consumo, sino también su cultivo”, añade Granado.

Para ello, Ecovalia ha editado un vídeo sobre el sector y ha organizado cinco encuentros online, cuya inscripción es gratuita. Las sesiones se celebrarán:  el miércoles, 17 de febrero, y en ella intervendrá José María Penco para hablar de «El valor del olivar ecológico andaluz»; el lunes, 22 de febrero, Vicente Rodríguez Niño lo hará sobre»La producción del olivar ecológico andaluz»; el miércoles, 24 de febrero, Juanma Luque con «Los mercados del aceite de oliva ecológico»; el martes, 2 de marzo, Juan Antonio Caballero hablará sobre «El valor ambiental del olivar ecológico»; y el lunes, 8 de marzo, cerrará el ciclo Álvaro Olavarría para exponer su visión sobre «El sector cooperativo del olivar ecológico andaluz». Las sesiones se llevarán a cabo de 19:00 a 19:30 horas, a través de Zoom. Para participar en las mismas es necesario inscripción (https://forms.gle/PMHTt4yXNEKS9HXe8).

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ofrece desde este lunes más de 14.000 servicios de asesoramiento técnico gratuito a agricultores y ganaderos andaluces para la gestión de sus explotaciones. Un total de nueve entidades han sido seleccionadas para desarrollar esta labor, una vez resuelta la convocatoria publicada el pasado septiembre, que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros, de los cuales 1,7 millones van destinados específicamente a atender explotaciones del olivar.

Carmen Crespo, titular del ramo, ha resaltado la importancia de “estar al lado de los trabajadores del campo de Andalucía en un tiempo de incertidumbre como el actual” y ha lamentado que los cambios en la Política Agrícola Común (PAC) se hayan iniciado en el período transitorio (2021-2022) “de forma brusca, en lugar de una manera más paulatina como solicitamos desde Andalucía”. “Que nuestros agricultores y ganaderos estén bien informados es clave en estos momentos”, ha apuntado la consejera, haciendo hincapié en el beneficio que supondrá la activación de este servicio de asesoramiento.

A través de 9 entidades en toda la región

De este modo, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Agama, Federación de Arroceros de Sevilla, Surveco Veterinarios, Asociación de Agricultura Sostenible de la Comarca de Baena, Galpagro y Basallen serán las entidades encargadas de asesorar a productores andaluces sobre asuntos como buenas prácticas agrarias y medioambientales, así como las obligaciones derivadas de la directiva marco de aguas, la gestión integrada de plagas, medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 o cuestiones relacionadas con la seguridad laboral, entre otros aspectos.

Carmen Crespo ha hecho hincapié en que, si bien los destinatarios de las ayudas son las empresas que prestan el servicio, “los beneficiarios finales de estas subvenciones son los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad Autónoma, ya que serán ellos quienes obtendrán los beneficios de este asesoramiento técnico sin tener que realizar ningún desembolso”.

Por vez primera en el marco 2014-2020

Se trata de la primera vez que se convoca esta línea de ayudas en el marco del PDR 2014-2020 y los interesados podrán desde este lunes, 15 de febrero, presentar una petición de participación a través del servicio de “Solicitud de servicios de asesoramiento”, disponible en la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía, contando con un mes, o hasta que se alcance el máximo de asesoramientos ofertados (14.150), para hacerlo. Si lo prefieren, también podrán gestionarlo en las Oficinas Comarcales Agrarias o acudiendo directamente a cualquiera de las entidad seleccionadas para ofrecer el servicio. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de presentación, se asegura en un comunicado.

En total, las nueve empresas ofertan 14.150 servicios de asesoramiento en todas las provincias andaluzas y que comprenden cuestiones tanto relativas a la actividad agraria en general como al sector del olivar en particular. En concreto, los agricultores y ganaderos de Almería tendrán a su disposición un total de 1.336 servicios; los de Cádiz, 905; los de Córdoba, 2.844; y los de Granada, 732. Por su parte, los productores de Huelva podrán solicitar hasta 1.005 de estos servicios; los de Jaén, hasta 2.387; los de Málaga, hasta 1.514; y los de Sevilla, hasta 3.427.

Los datos de las declaraciones de los operadores del sector oleícola a la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, correspondientes al pasado mes de enero, confirman que la producción de aceite de oliva a nivel nacional podría rondar el 1.400.000/1.450.000 toneladas, cifra barajada por Cooperativas Agro-alimentarias de España desde que diera comienzo la actual campaña, y que según destaca ha venido siendo trasladada en los distintos foros tanto nacionales como internacionales. 

En enero se han producido unas 348.000 toneladas, lo que hace que el acumulado se sitúe en 1.103.000 toneladas, volumen que confirma la reducción que se producirá con respecto a las estimaciones oficiales realizadas en el mes de octubre. De hecho, la propia Junta de Andalucía ha emitido hoy un comunicado reduciendo las previsiones iniciales de producción para esta Comunidad Autónoma, que pasaría de producir 1.348.000 toneladas, a un máximo de 1.100.000 toneladas, un descenso de al menos unas 250.000 toneladas, debido en gran medida a los bajos rendimientos obtenidos, los menores de los últimos 25 años, y al impacto que ha tenido en el cultivo el paso de la borrasca Filomena.

Con respecto a las ventas en el mercado en los primeros cuatro meses de campaña, éstas se aproximan a las 560.000 toneladas, lo que sitúa la media mensual en 140.000 toneladas, una excelente cifra, de hecho la más alta del histórico.  

El comportamiento de las exportaciones sigue siendo positivo, a pesar del hundimiento de los envíos de aceite de oliva envasado origen España a EE.UU. con motivo de la imposición de aranceles. De mantenerse este ritmo en los próximos meses alcanzaríamos un volumen similar al récord de la campaña pasada.

En cuanto a las importaciones se aprecia ya una clara tendencia a la baja, debido fundamentalmente a la menor disponibilidad de aceite en el resto de los países.

En este sentido, la Comisión Europea ha publicado recientemente los datos de producción del resto de estados miembros, donde se constata una reducción generalizada en las producciones comunitarias con respecto a las del año pasado. Destacan especialmente los datos de Grecia, país que en los tres primeros meses de campaña habría producido tan solo 142.000 toneladas, lejos de las 265.000 toneladas que vaticinaba. 

Fuera de la Unión Europea, los descensos en la producción de Túnez, que podrían ser de incluso un -70%, propiciarán más si cabe que España sea a lo largo de esta campaña la principal despensa de aceite de oliva del mundo. Se espera en consecuencia que el mercado continúe mostrando su firmeza durante los próximos meses, según se resalta desde Cooperativas. 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha ajustado a la baja su aforo inicial de aceite de oliva, como consecuencia de un otoño marcado por la escasez de lluvias y las altas temperaturas, a lo que se ha sumado los daños provocados por las borrascas atlánticas de este invierno. Si en octubre del año pasado la Junta de Andalucía estimaba una producción de 1.348.000 toneladas, los datos mensuales y una bajada récord del rendimiento graso en esta campaña apuntan a una horquilla que sitúa la producción final entre 1.050.000 y 1.100.000 toneladas de aceite de oliva.

Con este ajuste del aforo inicial, la consejería adecúa sus estimaciones a la incidencia de los distintos factores que condicionan la producción del aceite de oliva, en este caso climatológicos como la falta de lluvias, las altas temperaturas del otoño y los daños provocados en el campo por borrascas atlánticas como ‘Filomena’.

El aforo de la producción de aceite de oliva presentado por la consejería en el mes de octubre de 2020 estimaba una producción de 6.565.200 toneladas de aceituna de almazara y una producción de aceite de oliva de 1.348.000 toneladas. Esta estimación se obtiene tras aplicar a la producción de aceituna estimada, los rendimientos grasos medios de las últimas campañas.

Con los datos de producción de aceite de oliva a fecha 31 de enero publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que indican una producción de 858.000 toneladas de aceite de oliva en Andalucía, se hace necesario ajustar la cantidad estimada a finales de la campaña.

Los datos presentados en octubre eran estimaciones de producción, y, por tanto, condicionados a la evolución de la climatología en los meses siguientes. Así, durante la primera quincena de septiembre, y sobre todo las tres primeras semanas del mes de noviembre, las temperaturas medias fueron inusualmente altas, ya que en este último periodo se alcanzó una temperatura media de 14,95 grados, más de dos grados de diferencia con respecto a la media histórica. En cuanto a las precipitaciones, el déficit de lluvia acumulada desde el 1 de septiembre hasta el 24 de noviembre de 2020, fue de 55 litros menos por metro cuadrado respecto a la media histórica.

El menor rendimiento de los últimos 25 años

La lipogénesis -producción de aceite dentro de la aceituna- se inicia en el verano, alcanzando su máximo durante los meses de octubre y noviembre, dependiendo de la variedad y la climatología, entre otros factores. La climatología tan anormal de este otoño ha provocado que la cantidad de aceite producida por kilogramo de aceituna -el rendimiento graso- haya sido la menor en los últimos 25 años. En Andalucía hasta el mes de enero incluido, el rendimiento ha sido de un 17,7%, cuando la media de la serie histórica disponible es de un 21%.

A todo esto, hay sumar que, desde principios de año, se han sucedido una serie de borrascas atlánticas, como la dañina ‘Filomena’, que ha hecho que parte de la aceituna cayera al suelo. Pero, además, en algunas zonas y debido al frío intenso, se ha helado la aceituna, con la consiguiente pérdida en cantidad y calidad.

A la vista del análisis de la distribución mensual de la producción de aceite de oliva en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de las últimas campañas, y de la bajada del rendimiento graso de esta campaña, se estima que la producción de aceite de oliva en Andalucía puede situarse en la horquilla de 1.050.000-1.100.000 toneladas de aceite de oliva.

El PSOE ha registrado una Proposición no de Ley para pedir a la Junta de Andalucía que impulse la utilización del aceite de oliva virgen extra en los menús de los centros de titularidad pública con servicio de comedor propio o externalizado a través de empresas de restauración colectiva.

Para ello, propone la inclusión de cláusulas que prescriban el uso del aceite de oliva virgen extra en los pliegos de licitación para adjudicar el servicio de restauración en hospitales, colegios o residencias. En la misma línea, se pide que la Junta incorpore el AOVE en los eventos institucionales y promocionales que organicen sus diferentes departamentos.

El parlamentario socialista Felipe López afirma que esta iniciativa pretende lograr “un consenso generalizado” para “relanzar exponencialmente el consumo de aceite de oliva” dentro de la restauración colectiva asociada a centros públicos, consumo que ha sufrido un retroceso en los últimos años “y que no casa con la condición de España y Andalucía de líderes mundiales de producción de aceite”.

Por eso, la PNL no sólo busca comprometer a la Junta de Andalucía, sino también al Gobierno de España, al que igualmente se pide que “actúe de igual manera en el ámbito de sus responsabilidades”, y a la Federación Andaluza de Municipios de Provincias, a la que se solicita que traslade estas mismas recomendaciones a los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad autónoma.

“Queremos la complicidad y la implicación de todas las administraciones para defender la potencia de un producto como el aceite de oliva virgen extra, tanto en su vertiente gastronómica como en sus cualidades saludables”, subraya.

López considera que es necesaria la toma de estas decisiones para “retroalimentar el círculo virtuoso de consumo y salud con el mantenimiento de los sistemas productivos sobre los que se asienta el olivar en amplios territorios”, máxime cuando “una parte importante de esta restauración colectiva está siendo financiada con fondos públicos”.

“Por tanto, debemos poner todo nuestro empeño en reactivar el consumo allí donde tenemos posibilidades directas de influir, como son nuestros colegios, nuestros hospitales o nuestras residencias”, apunta. El parlamentario ve importante que se articule una estrategia que permita “frenar esta tendencia a la baja del consumo de AOVE” y que la Interprofesional ha cifrado en una caída del 31% al 25% en los últimos 3 años, lo que ha supuesto una reducción de 1 millón de litros “a pesar de que el mercado de la restauración colectiva ha crecido”. “Las administraciones públicas tienen que reforzar el discurso avalado por la ciencia y la medicina, apostando con claridad por el aceite de oliva en la restauración colectiva como elemento gastronómico imprescindible por sus contrastados beneficios sobre la salud. Lo contrario tiene poco o ningún sentido”, argumenta.