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ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias han convocado para el próximo 7 de agosto una caravana de vehículos en la Sierra de Segura. Una movilización que quedó pendiente a consecuencia del coronavirus, y que tiene como principal objetivo el de continuar con la exigencia de unos precios justos para el aceite y, en concreto, la defensa del olivar en pendiente y con altos costes de la comarca, más vulnerable y, por ende, necesitado de apoyos, según señalan en un comunicado.

La caravana, cuya solicitud se registró el pasado viernes en la Subdelegación del Gobierno de Jaén,partirá a las 8:30 horas del 7 de agosto de las distintas localidades de la Sierra de Segura y se dirigirá a uno de los tres puntos de concentración previstos: N-322 hasta el límite de la provincia de Albacete (km. 245); N-322 hasta el límite con el término municipal de Villanueva del Arzobispo (km.197); carreteras autonómicas A-310 (km. 18) y A-317 (km. 18)

Desde estos tres puntos de encuentro y confluencia, que no representarán bloqueo de carretera alguno, se dirigirán las caravanas hasta el punto de confluencia en el Polígono La Vicaría, de Puente de Génave, donde a las 11:30 se leerá un manifiesto conjunto. En todo momento se mantendrán y garantizarán las medidas de seguridad y prevención frente a la COVID-19, aseguran los organizadores de la protesta.

De esta forma, y tras la manifestación representativa realizada la semana pasada en Algeciras, el sector continúa con las movilizaciones que se suceden desde mayo de 2019 con motivo del hundimiento de precios en origen del aceite, acrecentado en zonas como la comarca de Segura. Y es que los problemas que llevaron a sacar los tractores a las carreteras persisten, y en muchos casos se han visto agravados por los efectos del COVID-19 en la economía. “Una nueva llamada de atención que mueva a la actuación a las autoridades andaluzas, españolas y europeas”, concluyen.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy la reunión del Comité Asesor Agrario, con la participación de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, con quienes ha analizado aspectos relacionados con la futura Política Agrícola Común (PAC) y su modelo de aplicación en España.

Planas ha informado sobre las últimas reuniones del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE). Ha hecho hincapié en el buen resultado de las mismas para la agricultura española, ya que el Gobierno ha cumplido con el compromiso adquirido con este mismo Comité en 2018 de lograr, al menos, 47.500 millones de euros para la PAC de 2021-2027.

El ministro ha recordado que esta era la petición que se le hizo desde las organizaciones agrarias y también desde las comunidades autónomas. Con ese objetivo acudió el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al Consejo Europeo, que se prolongó durante 4 días en Bruselas, y que ha dado como resultado un “acuerdo de importancia histórica” para Europa y también para España.

Una vez conseguida esa cifra, que se concreta en 47.682 millones de euros (39.156 millones de euros del primer pilar, 7.776 millones del segundo –desarrollo rural-, al que se suman 750 millones de euros del fondo de recuperación), para el ministro lo importante ahora es que la UE envíe las recomendaciones de qué debe hacer cada Estado y, al mismo tiempo, trabajar en España para llegar a un acuerdo sobre el plan estratégico nacional.

El objetivo es presentar el primer proyecto del Plan Estratégico Nacional a la Comisión en el primer semestre de 2021.

Precisamente para ello, el pasado día 23 Planas convocó a todos los consejeros y consejeras autonómico en sesión extraordinaria de la Conferencia Sectorial, en la que ya avanzó las propuestas del Ministerio en cinco ámbitos concretos y muy relevantes de la PAC: agricultor genuino, régimen de pequeños agricultores, ayuda básica a la renta, limitación de los pagos y ecoesquemas-agricultura ecológica.

Según el ministro, se trata de un debate de gran calado el que se abre en estos próximos meses en España, ya que definirá el modelo agrario de la próxima década.

El ministro ha pedido al sector, al igual ya que lo hizo la pasada semana a las administraciones autonómicas, trabajar desde la unidad y de forma constructiva por una PAC, con reglas distintas para atender las nuevas demandas de la sociedad, pero que contará con el apoyo decidido de este Ministerio para asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las explotaciones agrarias.

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén mantiene abierto hasta el 29 de julio el plazo de presentación de trabajos a los Premios “Cronista Alfredo Cazabán” e “Investigación Agraria y Medioambiental”, unos galardones que, como en ediciones anteriores, tienen como principal objetivo el fomento del estudio y la investigación de temas relacionados con la provincia jiennense. Los trabajos que resulten ganadores en cada uno de estos certámenes recibirán 3.500 euros y también serán publicados.

El premio “Cronista Alfredo Cazabán” busca fomentar la investigación histórica, artística y literaria de la cultura tradicional de Jaén, y este año premiará estudios que supongan una importante aportación a la investigación sobre la historia de la provincia. Por su parte, el premio de Investigación Agraria y Medioambiental está destinado a estudios que ofrezcan una contribución relevante a la investigación sobre los recursos de la provincia o de interés para la misma en el campo de la agricultura y el medio ambiente.

 Los trabajos para ambas convocatorias deberán ser originales e inéditos y, además de los ganadores, el jurado podrá otorgar alguna mención especial entre las propuestas presentadas a concurso, un reconocimiento que conllevará la publicación del estudio destacado. Para el fallo de estos premios el tribunal tendrá en cuenta de forma especial el nivel científico de los trabajos presentados, así como la contribución al intercambio de información en el ámbito de la investigación jiennense y la oportunidad o conveniencia de la investigación.

Debido a las restricciones provocadas por el Covid-19, y para preservar la salud de las personas, las inscripciones se recibirán preferentemente de manera telemática a través del portal de la sede electrónica habilitado en la página web de la Diputación: www.dipujaen.es. Las bases completas de ambas convocatorias se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia del 29 de junio de 2020.

IdeA Corporate Credit Recovery II (IDeA CCR II), fondo de inversión Debtor- in- Position gestionado por DeA Capital Alternaive Funds SGR, una compañía del grupo DeA Capital Group, ha finalizado el día 22 de julio en Milán, Italia la firma de un acuerdo de inversión en el Grupo Pieralisi.

El director general de Pieralisi España, Rodrigo Jaen, confirma que este es “un gran momento para el Grupo Pieralisi, ya que la entrada de DEA Group como socio del Grupo Pieralisi, consolidara la situación financiera del grupo, e impulsara su objetivo de mejora continua en servicios y en la experiencia de los clientes con la prestigiosa marca, además de permitirnos el desarrollo e innovación en nuevas tecnologías en el corto plazo, afianzando nuestra posición de líderes del mercado en maquinaria de producción de aceite de oliva de calidad”.

Rodrigo Jaen confirma que el año 2019 ha sido “muy positivo para Pieralisi España, con cambios estructurales importantes para dar un enfoque de servicio a nuestros clientes.Las cuentas de resultados 2019 de Pieralisi España presentaron resultados netos positivos, siendo lo mejores resultados obtenidos de los últimos 10 años.  En 2020, debemos mantener esta tendencia, aun con los efectos económicos que está dejando el COVID-19”.

El Grupo Pieralisi, ubicado en Jesi, es líder mundial en la fabricación de maquinaria para la industria del aceite y la tecnología de separación. Durante más de 130 años de historia bajo el liderazgo de la familia Pieralisi, la compañía ha podido desarrollar una cartera de productos basada en tecnología innovadoras estableciéndose como líder en la industria del aceite y extendiendo la aplicación de sus técnicas y experiencia a varios segmentos de la industria agroalimentaria, incluyendo sectores como el tratamiento de aguas. En 2019 el Grupo ha registrado más de 104 millones de euro de ingresos y aproximadamente 12 millones de euros de EBITDA.

La transacción incluye un incremento de capital del 51% en Pieralisi Maip por IDEA CCR II y Frapi (holding de propiedad de la familia Pieralisi), la inyección de recursos financieros para continuar el proyecto de desarrollo hecha por IDeA CCR II y algunos coinversores por un total de 15 millones de euros y la remodelación de la estructura financiera del Grupo.

La familia Pieralisi mantendrá un 49% de participación en el capital, asegurando el soporte y la dedicación que hizo posible que el Grupo se estableciera en sus sectores de referencia durante los últimos años.

La inversión de IDeA CCR II pretende ayudar a la familia Pieralisi a fortalecer el capital y la posición financiera del Grupo, acelerando el plan de desarrollo de la empresa en su sector de referencia y consolidando su posición de liderazgo en el entorno competitivo global.

Alessandro Leopardi, nombrado CEO del Grupo Pieralisi en 2018, ha sido ratificado como CEO del Grupo, confiándole la consecución de los objetivos presentados en el plan de negocios, incluyendo el desarrollo de los procesos de negocio requeridos para llevar a cabo este desafío.

Gennaro Pieralisi, comenta: “la historia de Pieralisi se remonta a 1888 pero es solo después de la posguerra cuando las actividades de la compañía se han focalizado en el sector del aceite de oliva, aportando muchas innovaciones que han revolucionado el mercado y hecho que Pieralisi fuera el líder indiscutido. Hoy el 75% del aceite de oliva en el mundo se produce con máquinas Pieralisi. El conocimiento adquirido en el mercado del aceite de oliva se ha transferido a otros segmentos donde se usan las mismas tecnologías de separación, como en el tratamiento de aguas. La transacción llevada a cabo hoy representa un paso importante para la compañía, para sus socios y especialmente para sus trabajadores. Tenemos muchos trabajadores de tercera generación que trabajan para nosotros y recuerdo aún el primero”.

Vincenzo Manganelli, director gerente, y Luca Maran, director de inversión del Fondo IDeA CCR II, añade: “Estamos orgullosos de haber firmado con la familia Pieralisi un acuerdo que nos permitirá trabajar juntos para reforzar el camino de desarrollo ya emprendido por el Grupo, aprovechando las capacidades y la histórica marca italiana, reconocida a nivel mundial por su innovación y producto de calidad. Los recursos financieros harán posible acelerar este camino, reforzando el plan industrial”.

Alessandro Leopardi, director ejecutivo del Grupo Pieralisi, comenta: “Gracias a este acuerdo continuaremos la implementación del plan de crecimiento que ya ha mostrado sus primeros resultados en 2019, centrándonos no solo en la naturaleza italiana del proyecto y de la base de productiva, sino también en el desarrollo del negocio en áreas geográficas y segmentos de mercado donde queremos emerger entre los líderes reconocidos, aprovechando la historia y los conocimientos de la compañía que se han centrado siempre en la calidad y excelencia de la tecnología y del servicio, identificando y anticipándose a las necesidades de los clientes como también a los cambios del mercado” 

El despacho de abogados de Giovanardi-Pototschnig & Associati y el de NASaW han apoyado la operación como consejeros legales, mientras PricewaterhuseCoopers Advisory y Driver Re & Consulting han actuado como consejeros financieros de la compañía. Spada Partners ha tratado con los temas fiscales mientras ERM, Accuracy and Considi han asistido IDeA CCR II en la debida diligencia ESG (Environmental Social and Governamental)/ambiental, financiera e industrial respectivamente, según señala en un comunicado la compañía.

Ante la revisión de aranceles prevista a mediados de agosto, y la posibilidad de que aumenten para la aceituna hasta el 100% del valor del producto, Cooperativas Agro-alimentarias y Asemesa han elaborado un manifiesto en forma de moción con el que esperan recabar el apoyo de todos los ayuntamientos y diputaciones relacionadas con este sector y lograr una defensa contundente.

El sector de la aceituna es líder mundial en producción y comercialización, supone un comercio de más de 1.700 millones de euros y, sobre todo, es un cultivo muy importante a nivel social, por el empleo que genera en las zonas productoras, cerca de 1,75 millones de jornales en Andalucía y en torno a 300.000 en Extremadura, a lo que habría que sumar los trabajadores de las 425 plantas entamadoras y 160 envasadoras.

El futuro de este sector, del mantenimiento de las explotaciones y del empleo depende en gran medida del mercado de EEUU, al que se destinan al año más de 100.000 toneladas.

Por ello han elaborado una moción con la que solicitan al Pleno de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales que debata y apruebe, en su caso, dicha propuesta de apoyo al sector olivarero de la aceituna de mesa en España.

Por tal motivo se propone al Pleno que se adopten los siguientes acuerdos: Se reclama al Gobierno de España una regularización de sus ayudas a la compañía Airbus en cumplimiento de las normas de comercio internacional establecidas por la Organización Mundial del Comercio; una actuación política contundente y eficaz ante la UE con el fin de que se encuentre una solución negociada al caso del conflicto UE-EEUU del sector de la aviación civil, liberando por actuaciones políticas ajenas al olivar a un sector estratégico para la economía, el empleo y la fijación de la población al territorio.

Junto a ello pide que se intensifiquen las relaciones bilaterales entre España y EE.UU, tal y como han estado haciendo las administraciones de otros países de la UE; solicite a la UE que se ejecute un plan de represalias contra EE.UU. en caso de que no prospere la solución negociada, imponiendo aranceles a productos estadounidenses con el fin de facilitar la vuelta a la normalidad de las relaciones comerciales UE-EE.UU; solicite y reivindique de forma clara y activa con indicadores de cumplimiento ante la UE el establecimiento de medidas compensatorias al sector de la aceituna de mesa española en el seno de la UE.

La familia de la UPA lamenta el fallecimiento de Juan Conde, fundador y primer secretario general de la organización agraria en Jaén. Juan Conde González nació el 8 de julio de 1936 en Loja (Granada), aunque desde 1960 estuvo ligado a Andújar, ciudad eminentemente agrícola, de la que llegó a ser alcalde en la primera legislatura democrática, entre 1979 y 1983. En 1983, Juan Conde participó en la fundación de UPA, en una reunión celebrada en Madrid donde 80 agricultores se plantearon la necesidad de contar con una organización propia, más específica, que defendiera sus intereses, hasta ese momento enmarcados en la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) de la UGT.

Juan Conde fue el fundador y primer secretario general de la UPA en Jaén, organización en la que también ha pertenecido a su Ejecutiva durante varias etapas, y de la que llegó a ser Presidente de Honor. También ha ejercido cargos de responsabilidad en la UPA en Andalucía, durante cuatro años, y ha pertenecido a la Comisión de Control de la UPA Federal. Entre sus muchas actividades como agricultor, Juan Conde fue, durante ocho años, presidente de la Comunidad de Regantes Sector IV del Bajo Guadalquivir; ha formado parte de la Junta Directiva de la Federación de Regantes del Alto Guadalquivir; y ha presidido la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Río Guadalquivir a su paso por Andújar.

También ha sido socio constituyente de Sydeca, una Asociación de Productores que presidió durante seis años, así como fundador y miembro de otras muchas cooperativas agrícolas, como Frutícola Valle del Guadalquivir. Entre los reconocimientos en vida, recibió la Cruz al Mérito Agrario del Ministerio de Agricultura en 2004, así como el Premio de la Fundación de Estudios Rurales de UPA por su defensa de la Agricultura Familiar. Juan Conde estuvo ligado a la actividad agraria desde los 18 años.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidieron el pasado viernes un encuentro con las comunidades autónomas para coordinar y anticiparse al movimiento de temporeros y prevenir posibles brotes de Covid-10 en las campañas agrícolas.

En el encuentro se ha hecho hincapié en apoyar a las comunidades autónomas para trabajar junto con los Ayuntamientos en la planificación, en las próximas semanas, de los movimientos de temporeros que acudirán a las distintas campañas agrícolas que se sucederán por todo el territorio español.

En la reunión, celebrada por videoconferencia, han participado los titulares de las Consejerías de Sanidad y de Agricultura de 11 comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Andalucía, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Castilla y León. En todas ellas, la actividad agraria y hortofrutícola supone un importante movimiento de trabajadores temporeros en distintos periodos del año.

Las campañas en las que existe necesidad de mayor mano de obra son las de la recogida de la cosecha de fruta de hueso, que está próxima a finalizar; le seguirá la de fruta de pepita (manzana y pera). Continuará, la segunda quincena de agosto, la generalización de la vendimia y posteriormente, la recolección de la aceituna.

Estas cosechas se repiten todos los años, por lo que las comunidades autónomas pueden anticiparse y colaborar con las entidades locales para que, en contacto con los empresarios agrícolas y las organizaciones sectoriales, puedan disponer de los alojamientos necesarios para acoger a las personas trabajadoras y de transporte con garantías sanitarias.

La semana pasada, ambos ministros ya abordaron con las comunidades autónomas la situación del personal dedicado a las tareas de recolección hortofrutícola de temporada ante la epidemia causada por la COVID-19.

El aceite de oliva comercializado hasta junio superaba ya la producción de aceite de oliva obtenida en España en esta campaña oleícola 2019/2020. A 30 de junio la comercialización de aceite de oliva (mercado interior más las exportaciones) ascendía a 1.204.700 toneladas, mientras que la producción en esta campaña ha sido de 1.120.600, según los datos consultados por Oleum Xauen en la Agencia de Información y Control Alimentarios. 

Desde octubre de 2019 a 30 de junio de 2020 se han comercializado en el mercado interior 393.800 toneladas, mientras que al mercado exterior se han destinado 810.900, lo que hace un total de 1.204.700 toneladas de aceite de oliva comercializadas en estos nueve meses cuando el total de la pasada campaña 2018/2019 fue de 1.554.400.

Además, el balance de campaña en estos nueve meses indica que las importaciones superaban ya las 195.000 toneladas de aceite de oliva y las existencias totalizaban a 30 de junio 867.000 toneladas frente a las 755.700 con las que acabó la pasada campaña 2018/2019. 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha lamentado el conformismo mostrado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación a los “40.000 millones de euros menos para la Política Agraria Común (PAC)” que consigna Europa para todos los Estados Miembro en el marco 2021-2027 y que, como ha apuntado, hace sentir a las organizaciones agrarias que “la PAC ha sido moneda de cambio”. “Un ministro de agricultura que se precie no puede conformarse con eso”, ha recalcado.

De hecho, Crespo ha recalcado que “Andalucía no se conforma” y, en cuanto a otras comunidades autónomas que se han posicionado en el mismo sentido que el Gobierno central, apunta que esta actitud responde a que el ministro “está cambiando los conceptos para redistribuir el dinero actual de la PAC” de forma que beneficie a estos territorio “en contra de Andalucía”.

Ante esta situación, la consejera ha hecho un llamamiento a las organizaciones agrarias “y a todos los sectores y formaciones políticas” porque “Andalucía tiene que luchar”. La representante de la Junta ha hecho hincapié en que es preciso reclamar “una PAC igual o mayor a la que tenemos actualmente porque Andalucía se lo merece y lo contrario sería un recorte que no podemos admitir”.

Al hilo de esta reducción de la dotación presupuestaria para la futura política europea, Carmen Crespo ha mostrado su preocupación por el hecho de que el ministro “no sepa reconocer la realidad” y ha resaltado que, si Luis Planas “quiere defender los intereses de los agricultores y ganaderos, no los intereses de una formación política o de un Gobierno, tiene que reconocer que esto ha sido un recorte de la PAC y luchar en Bruselas para que no se haga realidad finalmente”, ha apostillado.

En declaraciones previas a la finalización de la reunión extraordinaria sobre el futuro de esta política europea y su modelo de aplicación en España, la consejera andaluza ha apuntado que el representante del Gobierno central “ha intentado dar una lección de cómo se cambian los números” con el fin de “poder encubrir” un recorte de los fondos destinados a esta política europea para el próximo marco plurianual que va en contra de los agricultores y ganaderos. “Está haciendo ingeniería matemática para explicar las cosas”, ha comentado. 

La responsable de Agricultura y Ganadería ha recalcado que su deseo, al igual que el de las organizaciones agrarias y los productores de Andalucía, es “ justicia con la PAC” y que se defienda a un sector que ha sido “el colchón de la crisis durante toda esta pandemia, que lo está siendo ahora mismo desde el punto de vista del empleo y que es fundamental para la reconstrucción de toda Europa”. 

Por otro lado, la representante del Gobierno de Andalucía se ha referido a la reunión que, según le han informado desde otras regiones, mantuvieron ayer el ministro y algunas comunidades autónomas. La consejera andaluza considera que se trata de una “deslealtad” porque el Ministerio representa a todo el conjunto del país y, por tanto, debe ser el ministro “de todas las sensibilidades políticas, de todos los Gobiernos de las comunidades autónomas”.

PAC contundente y sin tasa plana

La consejera ha afirmado que ha asistido hoy en Madrid a la reunión “con la mayor ilusión posible” para intentar cambiar esta situación pero que, “desgraciadamente, no depende de nosotros”. “Depende del ministro y por tanto le pediremos una explicación”, ha añadido Crespo, que reitera la reclamación de la Junta de “una PAC contundente, justa para los agricultores de toda España y, evidentemente, de nuestra comunidad autónoma, que es eminentemente agraria”. 

En este sentido, la titular de Agricultura y Ganadería se ha mostrado contraria a la posibilidad de que se establezca en la futura Política Agraria Común “una especie de tasa plana” cuya aplicación significaría reducir los fondos que perciben actualmente las producciones agroalimentarias, como por ejemplo, el olivar andaluz. Crespo ha recalcado que no admitirá este supuesto porque conllevaría “perder muchos recursos económicos para los agricultores” y ha afirmado que espera que “el ministro, que es andaluz, no lo permita”.

Asimismo, Carmen Crespo se ha referido también a la posibilidad de una nueva definición de agricultor genuino resaltando que el Gobierno andaluz rechaza que “se quede fuera el agricultor pluriactivo”, al que define como un pequeño productor “que está en las zonas rurales de Andalucía y que está fijando la población al territorio”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural extraordinaria en la que los consejeros de las comunidades autónomas debaten sobre la futura Política Agraria Común (PAC) y su aplicación en España.

En sesiones de mañana y tarde, el ministro y los representantes autonómicos analizan los cinco aspectos fundamentales de una PAC que, en palabras del ministro en rueda de prensa previa a la reunión, “no es un fondo de compensación interterritorial, sino de ayuda para los agricultores y ganaderos. Que nadie piense que se trata de un reparto de sobres”.

En la jornada de hoy se abordarán los aspectos relativos a la definición de agricultor genuino, régimen de pequeños agricultores, la ayuda básica a la renta, la limitación de los pagos (“capping”), el pago redistributivo y los ecoesquemas y la agricultura ecológica.

En abril, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió un cuestionario a las comunidades autónomas con esos temas de interés para que fijaran su posición.

AGRICULTOR GENUINO

La definición de “agricultor genuino” será uno de los elementos claves de la reforma, ya que “la agricultura familiar y profesional es el modelo de referencia de este gobierno”, ha señalado el ministro.

Existe un amplio grado de consenso, ha destacado, sobre el hecho de que se debe de tener en cuenta a aquellos agricultores para los que la actividad agraria es una fuente significativa de ingresos. No obstante, España es un país de agricultura profesional, pero no a tiempo completo, pues solo el 29% de los ingresos de los perceptores de la PAC proceden de su renta agraria.

El parámetro más adecuado para definir esta figura es el que se basa en el porcentaje de los ingresos agrarios sobre los totales del beneficiario, para lo que hay que ajustar la horquilla en la que deben situarse los primeros. En un tramo medio (20-30%) podría situarse la base del consenso.

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

Por su naturaleza, los pequeños agricultores, unos 300.000 agricultores y ganaderos, podrían quedar fuera de la definición de agricultor genuino. Sin embargo, su papel social y medioambiental es muy importante en zonas muy amplias del país. De ahí que el Ministerio considere necesario mantener un régimen específico para ellos.

Para Planas, en ocasiones es más importante la aportación medioambiental y social de estos agricultores que el valor económico de su actividad, razón por la cual hay que encontrar un modelo de gestión de esta, tan importante para el medio rural.

La propuesta ministerial es un pago anual de entre 200 y 250 euros por hectárea para explotaciones entre 6 y 10 hectáreas. Esto permitiría alcanzar a casi la mitad de los solicitantes de ayudas de la PAC y primaría sus externalidades positivas.

AYUDA BÁSICA A LA RENTA

Sustituirá al denominado pago básico y a la condicionalidad verde y es el principal instrumento de apoyo para agricultores y ganaderos. El Ministerio propone que esta nueva ayuda alcance el 60% frente al 56% del actual.

Luis Planas ha advertido que la regionalización “no va ser un tema sencillo”. La CE exige reducir el número de regiones y avanzar en la convergencia interna.

Menos escollos se prevén para la eliminación de los derechos individuales, puesto que la mayoría de las comunidades aboga por su desaparición, que permitirá la incorporación de más jóvenes a la actividad agraria.

LIMITACIÓN DE COBROS

España está de acuerdo con el techo de 100.000 euros que establece el Marco Financiero Plurianual de la UE, pero modulando esta cantidad en función de los costes de mano de obra. El Ministerio propone un descuento en esa cifra de unos 18.000 euros por trabajador y año para incentivar el empleo.

ECOESQUEMAS Y AGRICULTURA ECOLÓGICA

Luis Planas considera fundamental aplicar unos buenos ecoesquemas teniendo en cuenta las ventajas que la amplitud geográfica y variedad territorial que España presenta.

Serán voluntarios para agricultores y ganaderos, pero representan una buena oportunidad para alcanzar el objetivo de convertir en ecológica el 25% de la superficie agraria en 2030, uno de los objetivos de la estrategia “De la granja a la mesa”.

España parte de una buena posición, ya que lidera la superficie de agricultura bio de la Unión Europea y representa ya un 9 % de la superficie agraria útil (SAU).

47.682 MILLONES DE EUROS PARA LA PAC EN ESPAÑA

Respecto al reciente acuerdo presupuestario del Consejo Europeo y sus implicaciones para la PAC, el ministro ha recalcado que es “un acuerdo histórico del que todos tenemos que estar orgullosos”.

Con un total de 47.682 millones de euros para aplicar la PAC en España en el periodo 2021-2027, son muy satisfactorios para nuestro país. “Las organizaciones profesionales agrarias y las comunidades autónomas nos hicieron una petición: no bajar de 47.500 millones. Ese fue nuestro objetivo y lo hemos cumplido”, ha sentenciado.

PRÓXIMO CALENDARIO

El ministro propondrá a las comunidades un calendario de trabajo que contempla presentar un borrador informal del plan estratégico a la Comisión en el abril de 2021, de manera que el definitivo estará a mitad del próximo año y la aprobación final llegar a comienzos de 2022. Esto facilitaría al MAPA y a las comunidades iniciar los desarrollos legislativos y técnicos para aplicar la nueva PAC en 2023.

Ya en la Conferencia Sectorial de febrero se aprobó un calendario ambicioso sobre la elaboración del Plan Estratégico de la PAC y desde entonces se ha llevado a cabo el análisis de las necesidades del sector agroalimentario para cada uno de los 9 objetivos específicos de la PAC y el objetivo transversal.

En virtud de este trabajo, según el ministro, se ha alcanzado un nivel de información que nunca antes se había tenido en España y que la Comisión Europea (CE) ha elogiado en varias ocasiones. Todo, con la colaboración de las comunidades autónomas, de las organizaciones agrarias, las entidades medioambientalistas y otros agentes que han pedido participar.

En total, se han mantenido cerca de 70 reuniones con estas entidades y más de 50 con diferentes unidades del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y, por supuesto, un contacto permanente con los servicios de la Comisión.

Por otro lado, en sesión ordinaria previa a estos debates sobre la PAC, también se ha sometido a decisión de los consejeros la distribución territorial de 78,2 millones de euros para tres líneas de actuación: Prevención y lucha contra plagas, Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales y Reestructuración y reconversión de viñedos (ejercicio 2021).