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El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Jaén, Ildefonso Ruiz, ha anunciado la presentación en la institución provincial de una declaración institucional con el objetivo de “dignificar desde las Administraciones la profesión de agricultor y realizar un merecido reconocimiento social del sector primario”.

Coincidiendo con la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores, Ruiz ha defendido que “desde las instituciones se promuevan campañas para favorecer este motor de la economía,auténtico sostén contra el despoblamiento en el mundo rural”. “Es fundamental impulsar políticas educativas y de conocimiento que persigan la puesta en valor en la sociedad de las profesiones agrícolas y ganaderas, y las señalen como un trabajo digno y atractivo para cualquier menor”, ha señalado.

Asimismo, el portavoz de Cs en Diputación ha propuesto que esta declaración institucional recoja avances en los mecanismos que permitan garantizar un relevo generacional y combatir el envejecimiento de nuestros municipios, así como medidas estructurales que garanticen un precio digno al sector primario.

“Es una obligación moral de los poderes públicos dignificar y fomentar estas profesiones ancestrales que son los pilares sobre los que ha ido creciendo nuestra civilización, al mismo tiempo que se siga avanzando en la protección de los cultivos tradicionales, ganaderías extensivas y minifundios familiares, como herramienta de vertebración del mundo rural y como elemento primordial de un modelo de desarrollo sostenible”, ha añadido.

En este sentido, Ruiz ha concluido que “aunque no hayan recibido aplausos a las ocho, nuestros agricultores son los otros héroes de esta crisis al asegurar el abastecimiento a la población, mediante un trabajo sin descanso”. “Desde Cs seguiremos apostando y defiendo esta  actividad esencial en nuestra vida”, ha sentenciado.

El diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén, Pedro Bruno, ha expresado en una reunión telemática con los presidentes de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la provincia, el apoyo de la institución supramunicipal a las demandas presentadas ante la Junta de Andalucía con motivo de la situación excepcional generada por la pandemia del Covid-19. “Los Grupos de Desarrollo Rural piden que se les tengan en cuenta a la hora de la reprogramación de las ayudas europeas, concretamente de los fondos Leader”, explica Bruno, quien también anuncia un proyecto de cooperación con los GDR para fomentar el oleoturismo, dinamizando así la economía de los municipios y ayudando de este modo al empleo rural.

“Se le pide a la Junta de Andalucía que flexibilice los criterios a la hora de seleccionar a los beneficiarios y que no solo se tenga en cuenta la inversión y la generación de empleo, sino también el mantenimiento del mismo”, declara el diputado. De esta forma, a su juicio, se facilitaría la continuidad de la actividad económica en los municipios rurales y se reduciría el impacto negativo que esta pandemia y la crisis social y económica asociada a ella está ya teniendo sobre ellos. En este contexto, los GDR también demandan que se flexibilice la necesidad de los avales bancarios y que al igual que la Junta da garantías a otras empresas, sea la propia administración autonómica quien avale a los grupos de desarrollo para que puedan solicitar anticipos de los fondos europeos.

Por su parte, la Diputación Provincial apoyará a estos Grupos de Desarrollo Rural con un importante proyecto de cooperación que tiene como objetivo favorecer la cultura del oleoturismo, ayudando así a la dinamización de la economía en los municipios de la provincia y promoviendo la generación de empleo. De esta manera, la Diputación colabora una vez más con la economía de los municipios rurales, ya que, como subraya Pedro Bruno, “en una región como Andalucía, en la que más del 40% de la población vive en el medio rural, es importante que se apueste por estos grupos de desarrollo, que son los que pueden llegar mejor a todo el territorio, algo que han estado demostrando durante los 25 años que llevan funcionando”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), ha convocado el Curso Superior de Especialización en Olivicultura, que se celebra bianual y que tiene carácter internacional. El curso está dirigido a postgrados y profesionales relacionados con el cultivo del olivar, abordando la formación en olivicultura enfocada principalmente a contribuir a la mejora de la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental de este sector.

Recogido en el Plan Director del Olivar como medida de fomento de la formación, transferencia y cooperación internacional, el curso goza de un gran prestigio a nivel mundial gracias a la alta cualificación que adquieren los alumnos, que reciben la información más actual, innovadora y relevante sobre diferentes técnicas de cultivo del olivar, de la mano de más de 40 profesores.

El equipo docente está formado por profesionales de diferentes centros del Ifapa, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, las universidades de Córdoba, y Jaén, el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y la Asociación de Técnicos de Producción Integrada en Olivar, entre otros. En el curso, de 150 horas lectivas, se combina una parte teórica con prácticas en campo y visitas a centros de investigación, viveros y fincas privadas.

La alta cualificación obtenida puede servir para el acceso o mejora de empleo en el mercado laboral relacionado con este sector productivo. En las ediciones previas ha facilitado el acceso a puestos de trabajo ligados a la investigación, la formación y a actividades profesionales privadas relacionadas con el sector, no solo en España, sino en otros países olivareros tales como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Francia, Perú, Portugal o Uruguay.

El curso tiene ya una consolidación en el sector, por lo que existe una gran demanda de participación, que requiere un exhaustivo proceso de selección de los candidatos. La fecha de celebración es del 9 de septiembre al 9 de octubre de 2020 en el Centro Ifapa Alameda del Obispo de Córdoba, que alberga el banco de germoplasma de olivar más grande del mundo y que contribuye con sus actuaciones e investigaciones a que Andalucía sea la capital internacional de la olivicultura. La asistencia es gratuita y el número máximo de plazas es de 25. El periodo de inscripción finaliza el próximo 6 de julio y las solicitudes se pueden realizar a través del Portal de Actividades de Formación y Transferencia del Ifapa. ߖ

El aceite de oliva virgen extra Pompeian ha consolidado su liderazgo en el mercado estadounidense, alcanzando en el último mes el 20,4% de cuota de mercado según datos de la consultora Nielsen a 18 de abril.

Este hecho supone un hito en el camino iniciado y desarrollado en los últimos años tras la alianza entre Pompeian y Dcoop para convertirse en un operador líder del mercado oleícola mundial.  A través de este acuerdo, Dcoop ya envasa más de 100.000 toneladas anuales de aceite de sus asociados, según señala en un comunicado el grupo cooperativo.

Precisamente hace unos días se constató que las plantas de envasado de Mercaóleo en España y Pompeian en Estados Unidos (filiales participadas por la familia Devico y Dcoop) consiguieron batir en marzo el volumen de aceites de oliva envasados en un mes con 16,5 millones de litros.

En los momentos de incertidumbre actual y dada la situación de grandes producciones de aceite de oliva, Dcoop va a seguir potenciando la comercialización de sus zumos de aceituna para darle salida a sus cosechas en todo el mundo.  Estados Unidos es uno de los mercados prioritarios, porque tiene un gran potencial de crecimiento; si el consumo se doblara a medio plazo, conseguiría absorber 300.000 toneladas de aceite más al año. Y todo ello, pese a los aranceles impuestos al aceite de oliva español por el Gobierno estadounidense, que Dcoop viene denunciando y reclamando que se eliminen.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía exige la aplicación de la nueva Ley de Cadena Alimentaria en las relaciones del sector con los operadores. En un comunicado recuerda que desde la aprobación del Real Decreto Ley el 26 de febrero de 2020 se modifican las condiciones contractuales y se incluye dentro de los elementos que deben tener los contratos alimentarios que se deberá utilizar para el cálculo del precio de venta el coste efectivo de producción. Y será calculado teniendo en cuenta los costes de producción del operador efectivamente incurridos, asumidos o similares. En el caso de las explotaciones agrarias, éstos serán tales como los datos relativos a los costes efectivos de las explotaciones publicados por el MAPA, el COI o la Consejería de Agricultura.

Se incluye un nuevo requisito que se tiene que incluir en los contratos, que es la obligación de indicar expresamente que el precio pactado entre el productor primario o una agrupación de éstos y su primer comprador cubren el coste efectivo de producción.

También se declara como una nueva práctica comercial abusiva la destrucción de valor en la cadena. Así, cada operador de la misma deberá pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción de tal producto en que efectivamente haya incurrido o asumido dicho operador. Si el operador realiza la venta final del producto al consumidor, en ningún caso podrá repercutir a ninguno de los operadores anteriores el riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados. Estos elementos afectan de forma significativa a las relaciones contractuales de todos los sectores, según subraya la organización agraria.

“En el caso de cooperativas se entiende que son productores primarios y, por tanto, cubrir el coste efectivo de producción se deberá incluir en los contratos que firmen las propias cooperativas con las industrias que les compren su producción. Los socios de las cooperativas están exentos de la aplicación de la contractualización obligatoria respecto a su cooperativa, y también del pago del producto a los 30 días. Sin embargo, la cooperativa, en su relación con sus compradores, deberá cumplir tanto con el punto de destrucción de valor en la cadena, como el de indicar en el precio de venta que se cubren los costes efectivos de producción (en este caso el sumatorio de los costes efectivos de sus socios más aquellos derivados de la transformación o manipulación del producto). Por tanto, aunque la cooperativa no tenga la obligación de hacer contrato con sus socios, ni especificar un precio, ni cumplir unos plazos de pago, cualquier socio podrá pedir explicaciones a su consejo rector respecto a los precios de venta del producto y el cumplimiento de la Ley”, asegura.

El RDL establece una nueva forma de relación entre los agentes de la cadena. “Debemos ser capaces de entender el nuevo funcionamiento, no con las claves actuales, sino con las nuevas que proporciona el propio decreto. Según declara Miguel Cobos, secretario general de la UPA en Andalucía, “la nueva configuración de precios se deberá realizar en origen; es decir, “de abajo hacia arriba, de tal forma que por partida triple la nueva normativa establece que no podemos vender los productos agrarios por debajo de los costes de producción. Esto nos debería llevar a plantear unas nuevas relaciones entre los operadores. A partir del establecimiento de unos precios justos, los diferentes operadores aportarán su valor añadido a los productos agrarios hasta llegar a conformar el precio final al consumidor”.

Cobos también afirma que “se trata de cambiar las formas de entender las relaciones de la cadena y trasladar a todos los operadores que esto ha venido para quedarse. Lo peor que podría hacer el sector productor, o parte de él, es cuestionar el RDL o sembrar dudas sobre su aplicación. Es un gran avance y un instrumento fundamental para mejorar la posición de los agricultores y ganaderos a lo largo de la cadena”. Desde UPA Andalucía afirman con rotundidad que el RDL cuenta con su apoyo y, en todo caso, “si hay algún elemento interpretativo que pueda mejorar la ley, hemos propuesto su modificación en la tramitación parlamentaria”.

Y añade: “Para el cumplimiento de estas condiciones es necesario tener una referencia de costes de producción que, en el caso del aceite de oliva, están disponibles en sendos informes publicados y conocidos por todo el sector como son el del Comité Oleícola Internacional (COI) y el de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía”.

El secretario general de UPA Andalucía también señala que “poner cláusulas abusivas o falsas en los contratos que afirmen que vendiendo el aceite a 1,90 €/kg se están cubriendo nuestros costes de producción, no nos exime del cumplimiento de la Ley, que es taxativa en varios artículos sobre la obligatoriedad de cubrir con dichos costes de producción. Además, el Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que se considere la posible nulidad de cláusulas suscritas entre empresarios, cuando éstas causan un desequilibrio entre las partes, y una de las partes ha actuado con mala fe y con abuso de posición dominante. Un claro ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2017”. 

Hoy se ha celebrado el primero de los encuentros que desde la Institución Ferial de Jaén (IFEJA) se han organizado dentro del calendario de acciones previas a la celebración de Expoliva, XX Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines, cuya celebración está prevista para el mes de mayo de 2021.

Este primer encuentro se ha centrado en “La olivicultura internacional. Antecedentes, implicaciones, retos y estrategias para el actual punto de inflexión”. El acto ha sido inaugurado por la presidenta del Consejo de Administración de Ferias Jaén, África Colomo.  Durante su intervención ha comentado el objetivo de este programa de eventos. Así, “con estos foros de debate y análisis fundamentales para el sector oleícola, pretendemos que se conviertan en referente internacional y en los que vamos a contar con profesionales de prestigio del sector en el ámbito nacional e internacional”, indicaba Colomo.

“Este nuevo formato online ha permitido que contemos con más de 450 inscripciones de 13 países distintos. Así, han participado profesionales procedentes de España, Argelia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Perú, Portugal, Túnez y Uruguay.  De esta forma, hemos podido constatar que la crisis sanitaria del COVID-19, lejos de ser una limitación, ha propiciado una nueva forma de trabajar, que nos está permitiendo llegar a un número ilimitado de profesionales interesados en todo el planeta”, finaliza Colomo.

Por su parte, Juan Vilar, moderador del Diálogo, ha realizado un diagnóstico sobre la olivicultura en la actualidad. Así, ha indicado que “se encuentra en plena expansión,  ya que son 11,5 millones de hectáreas del planeta, un volumen de negocio anual que oscilaría entre los 9.500 y 13.500 millones de euros, y que genera un empleo por encima de 35 millones de personas, un 1,2% de la población activa mundial. Ya producen 64 países en el mundo  de aceite de oliva y aceituna de mesa, mientras que se consumen en 180″.

“La expansión, alentada por la rentabilidad de las nuevas explotaciones, así como por la valoración positiva del consumidor respecto al aceite de oliva virgen, ha promovido que, durante los últimos 15 años, dónde se ha pasado de 46 a 64 países productores, se hayan plantado en el planeta 1,65 millones de hectáreas de olivar”, comentó Vilar.

Este primer Diálogo online ha contado con la  participación de  Juan Luis Ávila, secretario provincial de COAG Jaén, que ha manifestado que “en las últimas dos campañas hemos aumentado en 10.000 toneladas anuales el consumo de aceite al año”. Por otro lado, incidió en que “en que deberíamos estar en torno a 2,30 a 2,40 euros por litro del aceite, según la serie histórica y es indudable que España condiciona el precio a nivel mundial”.

Cristóbal Cano, secretario general de UPA-Jaén, ha puesto el acento en que “la  ley de oferta y demanda no funciona en nuestro sector y es que quién compra el aceite se aprovecha de su situación de poder en el mercado. Cada año –añade-, somos capaces de comercializar algo más de lo que producimos. Un país que este año va a comercializar en torno a 1.500.000 toneladas, no creo que se corresponda con los precios en origen que están teniendo nuestros agricultores”.  Finalizaba indicando que “ser más fuertes en los mercados, puede ser nuestra tabla de salvación”.

Cristóbal Gallego, vicepresidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía, ha afirmado que “la renta que reciben los agricultores debe permitirles vivir dignamente”. En otro orden de cosas, añadió que “existen sectores regulados, y desde Cooperativas entendemos que debe tener su regulación ya que es esencial aumentar el consumo para el equilibrio en los precios”.

“Además –afirmó-, si algo nos ha enseñado esta pandemia es lo fundamental que es el consumo de alimentos saludables y sus beneficios. Y tenemos que poner de relieve todo lo bueno que aporta el aceite de oliva en nuestra dieta y promocionarlo”.

Por su parte,  Manuel Alfonso Torres, presidente de Infaoliva, comentó en su intervención  que “el exceso de regulación está perjudicando al sector privado de elaboración de aceite de oliva con respecto al sector público cooperativista”.  También incidió, por un lado, en la promoción como activo fundamental; y por otro lado, en el benéfico medioambiental del olivar tradicional. “La vía medioambiental puede ser un complemento fundamental a los propietarios del olivar tradicional por su contribución a la lucha contra los gases de efecto invernadero, su lucha contra el cambio climático y su aportación de CO2 a la atmósfera”.

Luis Carlos Valero, gerente de ASAJA-Jaén, incidió en la problemática de la competitividad del sector tradicional con respecto a las nuevas plantaciones. “Hemos aumentado el consumo, no con el nivel que hubiese sido deseable y el olivar tradicional tendrá que realizar inversiones, poco a poco para poder competir con el olivar mecanizado”, comentó Valero.

El entorno en el cual se desempeña la olivicultura internacional es un contexto cambiante, cuya complejidad es cada vez mayor, diversos modos de cultivo en distintas latitudes y con diferentes rangos de competitividad, y mercados con distintos modos de limitaciones arancelarias, todo ello, ha generado un ecosistema cambiante, agresivo y en constante cambio.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha celebrado hoy el webinar ‘Impacto del Covid-19 en el cooperativismo agroalimentario’, que ha reunido a profesionales de diferentes sectores como han sido el presidente de la cooperativa granadina La Palma, Pedro Ruiz García; el director de Oleoestepa, Álvaro Olavarría Govantes; y el presidente de Ovipor, Agustín González Sánchez. Además, el director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar, Roberto García Torrente, ha aportado su visión general de la crisis, en un encuentro que ha sido inaugurado por el presidente de la federación, Juan Rafael Leal Rubio, y la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria, Cristina de ToroNavero.

Juan Rafael Leal Rubio ha dado la bienvenida y ha introducido la jornada digital, cuyo objetivo ha sido aportar las claves sobre cómo el coronavirus está afectando al sector y sobre cómo influirá en el corto y medio plazo, “tanto en modos de producción y distribución, como en exportación o rentabilidad para el agricultor y ganadero”. Por su parte, Cristina de Toro Navero ha iniciado su intervención felicitando al sector por el trabajo de los últimos meses y subrayando que la actividad agroalimentaria ha sido “el colchón ante la crisis”. Igualmente, ha puesto de relieve la interlocución constante con Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones del sector, en un contexto de total incertidumbre, a fin de consensuar medidas y elevar propuestas, tanto al Ministerio de Agricultura como a la Comisión Europea, muchas de las cuales han tenido su materialización.

Posteriormente, se ha dado inicio a una mesa redonda moderada por el director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Jaime Martínez-Conradi Álamo, en la que se ha analizado el impacto del coronavirus de la mano de una cooperativa hortofrutícola, una oleícola y otra ganadera.

El presidente de La Palma ha dado cuenta de las numerosas inversiones realizadas en medidas para garantizar la seguridad de sus 1.300 trabajadores y sus cerca de 700 socios (toma de temperatura, distancias de seguridad, mamparas de protección, fabricación de 15.000 mascarillas con medios propios, etc.). Igualmente, ha hablado de la implementación de nuevos protocolos de trabajo y el control de su cumplimiento por parte de todos. A nivel de comercialización, Pedro Ruiz García ha destacado que, en el caso de La Palma, no han notado los efectos del Covid-19, puesto que sus ventas se centran principalmente en grandes superficies y en mercados exteriores, por lo que los problemas “han sido los habituales en esta época del año”.

Por su parte, Álvaro Olavarría Govantes, de Oleoestepa, asegura que las medidas de seguridad se han adoptado con normalidad y sin grandes dificultades, especialmente porque la campaña de recolección de aceituna ya estaba concluida. Sin embargo, en el apartado de comercialización, su cooperativa sí ha notado el impacto del coronavirus en el incremento de la demanda de aceite de oliva, lo que les ha llevado a duplicar ventas en el mes de marzo, “tanto por los canales habituales como en comercio online”, obligándoles a trabajar por turnos durante 24 horas los 7 días de la semana. Recuperada la normalidad de las salidas en el mes de abril, afrontan ahora en mayo el impulso de la demanda de aceite de oliva en monodosis para el canal Horeca.

En cuanto a los sectores ganaderos extensivos, de los más damnificados junto a las flores y plantas en esta crisis, Agustín González Sánchez ha explicado que en Ovipor están “aguantando el tirón” gracias a su modelo cooperativo, que les une a grandes grupos de comercialización en sus diferentes producciones. En este sentido, se ha referido a Bovies para la canalización del bovino; a EA group, para el ovino-caprino de carne; a Dcoop para la leche de cabra; y a Covap para la venta de ibéricos. Este sistema de dimensión es el que les ha asegurado “resistir, organizarse y seguir sacando producto de las explotaciones”. No obstante, lamenta la situación especialmente grave que vive el ibérico, un producto de alto valor añadido, “que va a ser el más damnificado en esta crisis, con una difícil y lenta recuperación por delante”.

Tras la mesa redonda, Roberto García Torrente, de Cajamar, ha señalado que esta crisis “no ha sido tanto de sectores como de sistemas de comercialización” y que ha puesto de manifiesto el buen funcionamiento de todos los eslabones de la cadena alimentaria para asegurar el abastecimiento diario en los puntos de venta. Por otro lado, ha comentado que el Covid-19 ha reafirmado ciertas tendencias que ya se venían vislumbrando en el sector, como que no existe un mercado único; la preocupación por la salud y la sostenibilidad de los consumidores; el despegue del comercio online, y el papel de atracción que el sector agroalimentario está generando en los fondos de inversión por su bajo riesgo y crecimiento asegurado.

A modo de conclusión, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias ha hecho énfasis en que una vez más “la dimensión se reafirma como garantía de competitividad y futuro, incluso en las peores coyunturas”. Además, Jaime Martínez-Conradi Álamo ha hecho un llamamiento a las administraciones para que se reflexione sobre la futura PAC, que debe garantizar la soberanía productiva, así como defender las explotaciones y la economía de sus agricultores y ganaderos. Finalmente, todos han coincidido en la necesidad de aprovechar el momento de buena imagen que vive el sector para impulsar una estrategia de comunicación donde todos los agentes transmitan más y mejor la importancia de este sector esencial, como el Covid-19 ha demostrado a la sociedad.

Cajasur pone a disposición de sus clientes agrarios la línea de financiación que el Ministerio de Agricultura y Saeca ofrecen para dotar de liquidez al sector agroganadero, mediante la subvención del coste del aval en préstamos recogidos en el Real Decreto del pasado 7 de mayo de 2020. Se podrán beneficiar de la medida los titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales acaecidas durante 2019.

Durante el año 2019 se han sucedido una serie de hechos climáticos adversos, que han provocado  siniestros, ocasionando situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, produciendo daños materiales que han afectado, entre otros ámbitos, al de las explotaciones agrarias.

Por este motivo, el Ministerio de Agricultura a través de la Sociedad Anónima de Caución Agraria (SAECA), subvencionará el coste de gestión del aval para préstamos de hasta 40.000 euros y cuyo plazo de amortización no supere los cinco años, pudiéndose incluir en éste un año de carencia. De igual manera subvencionara la comisión de estudio del aval, si el titular cumple alguna de las tres condiciones indicadas en el citado Real Decreto.

El plazo para acogerse a esta nueva línea de financiación expira a mediados de agosto. Los agricultores y ganaderos podrán recabar más información de esta beneficiosa iniciativa en las oficinas de Cajasur, donde le atenderán un equipo de profesionales de manera personalizada.

Esta acción se complementa en la actual situación producida por Covid-19, con otras medidas que la Entidad ha puesto en marcha para el sector ante esta coyuntura especial.

Cabe destacar que Saeca es una sociedad constituida al cien por cien por capital público y participado directamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y tutelada por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Su finalidad es la prestación de avales para Inversiones en los sectores: Agrícolas, ganadero, Forestal, Pesquero, Industrial Agroalimentaria y Mejora del mundo Rural en general.)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Gobierno andaluz va a poner 90 millones de euros a disposición del sector agroalimentario y pesquero afectado por el Covid-19 a través de un nuevo Plan de Refinanciación de Deuda que será compatible con otras medidas de apoyo que ya están en marcha o que están previstas para los próximos meses.

Este Plan va a permitir a sus beneficiarios obtener préstamos para refinanciar su pasivo en condiciones ventajosas y a coste cero en el primero o en los dos primeros años de carencia que es cuando más lo necesitan. Se trata de préstamos que ya avala la Junta a través de una sociedad de garantía recíproca, por lo que los agricultores, ganaderos y pescadores no van a tener que aportar garantía adicional alguna y en cuanto al número de beneficiarios de éstos dependerá del por el que se formalicen, que oscilará entre los 25.000 y los 200.000 euros.

A esto se une que el Gobierno andaluz va a ampliar las ayudas de bonificación de los seguros agrarios a los sectores afectados por lo que sus beneficiarios podrán recibir un mayor importe de las subvenciones que se conceden.

En este punto, ha incidido en la importancia de que la UE modifique el Programa de Desarrollo Rural para facilitar el mantenimiento del empleo y mitigar los efectos de la crisis, ya que, según ha puntualizado, esta iniciativa contará con un fondo inicial de 19 millones de euros para los sectores más afectados, entre ellos el de la flor cortada y la planta ornamental, muy importante en zonas almerienses como la de El Ejido.

Moreno, que ha visitado las nuevas instalaciones de Vicasol en el municipio almeriense de El Ejido junto con la consejera de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha destacado el papel y la labor de esta cooperativa y de sus trabajadores que han sido un ejemplo haciendo más fácil la vida de los ciudadanos durante el confinamiento.

El presidente andaluz ha asegurado que el Ejecutivo andaluz trabajando sin descanso para conseguir que un sector como éste que es clave, punta de lanza de las exportaciones, generador de empleo y cohesionador social pueda recuperar su dinamismo lo antes posible. En este sentido, ha hecho un llamamiento a los andaluces para que consuman productos de nuestra tierra a los que ha definido como saludables, excelentes, frescos y seguros. También se ha dirigido al Gobierno central al que le ha pedido un mayor compromiso con el sector agroalimentario, así como una mayor promoción y Palacio de San Telmo.

En otro orden de cosas, ha hecho alusión a las últimas declaraciones del Ministerio de Trabajo en las que dicen que los empresarios quieren esclavizar a los trabajadores y ha lamentado que el Gobierno de la Nación se dedique a ello y no a apoyar y reconocer el tremendo esfuerzo que este sector está haciendo en nuestra tierra. “No hay criminalizar a un sector tan importante que éste que está reglado y que funciona de manera esencial y es un espejo donde se tienen que mirar otros sectores”, ha concluido.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible aplaude el último paso dado por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite de Jaén hacia su inclusión definitiva en el registro europeo de Denominaciones de Origen (DO) e IGP, un reconocimiento que otorgará protección comunitaria a los productos amparados por esta marca de calidad andaluza.

A finales de abril ha concluido sin incidencias el período de tres meses desde su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) establecido para que las autoridades de un estado miembro o de un tercer país, así como cualquier persona física o jurídica que tenga legítimo interés y se haya establecido en un tercer país, pudieran presentar una notificación de oposición a la incorporación de esta mención de calidad en el registro. 

Dado que Bruselas ha informado de que no se ha registrado ninguna alegación a la introducción de esta mención de calidad en el listado europeo, el único trámite que queda pendiente para su reconocimiento oficial como IGP es su publicación en el DOUE, que podría tener lugar este mismo mes de mayo.

El reconocimiento comunitario de la IGP Aceite de Jaén contribuirá a mejorar el posicionamiento de los productos que ampara y, por tanto, podrá servir de herramienta para mejorar la rentabilidad de los agricultores, almazaras y empresas comercializadoras implicadas en la cadena de producción y venta a nivel internacional de este alimento. Además, como ya transmitió la consejera Carmen Crespo a los representantes de la Fundación de Productores de Aceite de Oliva de Jaén a principios de año, el Gobierno de Andalucía colaborará también con la cesión de una sede para el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida y en la promoción de los aceites de oliva virgen extra protegidos por esta denominación como ya se viene haciendo desde la Consejería para poner en valor las ventajas de apostar por alimentos de calidad diferenciada como garantía de sabor y excelencia en la mesa.

Crespo ha mostrado ya su respaldo a los productores que han apostado por impulsar esta marca de calidad jiennense que se encuentra ya muy cerca de ser la primera Indicación Geográfica Protegida de aceite de oliva virgen extra de España. Este apoyo del Gobierno autonómico se viene plasmando, entre otras acciones, en los trámites realizados por el Departamento de Agricultura de la Junta de Andalucía para la publicación de la Orden por la que se aprueba el funcionamiento del Consejo Regular de esta IGP. Además, también ha gestionado la solicitud de la protección nacional transitoria de estos productos con el fin de poder utilizar ya el distintivo de Aceite de Jaén en la campaña 2020-2021.

Pasos para el reconocimiento de una DO o IGP

El procedimiento para lograr el reconocimiento de una mención de calidad a nivel comunitario, ya sea una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica Protegida, comienza con el acuse de recibo del expediente por parte de la Comisión Europea, encargada de evaluar la solicitud de registro.

Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos por Bruselas, se publica en el DOUE el Documento Único y la referencia web al Pliego de Condiciones, iniciándose así el plazo de tres meses para presentar oposiciones por parte de entidades europeas e internacionales. En caso de registrarse alguna postura en contra, vuelve a comenzar otro plazo de tres meses para que el país que presenta la solicitud y el país que se opone a su inclusión en el registro de denominaciones de calidad puedan alcanzar un acuerdo.

Finalmente, la Comisión Europea toma la decisión de registrar la DO o IGP o de denegar su petición en base a las circunstancias que hayan ido acaeciendo en los últimos trámites y se publica la conclusión en Diario Oficial de la Unión Europea.