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El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes , ha inaugurado esta mañana el curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) “Ahorro energético en el sector oleícola”, una acción formativa que se celebrará hasta el próximo viernes en Albanchez de Mágina, y en cuya apertura también han participado el alcalde de esta localidad, Diego Fernández; la vicerrectora del Campus Antonio Machado, sede de la UNIA en Baeza, Ángeles Peinado; y Blas Ogáyar, profesor de la Universidad de Jaén y coordinador del curso. 

En este acto, Reyes ha abogado por el aprovechamiento de los subproductos del olivar como una de las fórmulas que tiene el sector para mejorar su competitividad “cuando vive tiempos complejos y difíciles, motivados por la crisis de precios, los aranceles americanos o las dudas que genera la futura Política Agraria Común, y que han puesto sobre la mesa un serio debate en torno a la rentabilidad”, ha destacado el presidente de la Administración provincial, quien ha calificado este curso como “oportuno, además de muy interesante”, ya que diferentes expertos analizarán los elementos claves que afectan al consumo energético, como facturación eléctrica, instalaciones térmicas, valorización de subproductos, riego fotovoltaico, autoconsumo eléctrico y se aportarán soluciones para reducir dicho consumo así como las actuaciones necesarias que incrementan la eficiencia del sector. La escalada de precios que ha experimentado en los últimos años el importe de la facturación ha provocado que las empresas oleícolas hayan sufrido un fuerte impacto en el coste del producto final, agravado con la volatilidad de los precios. Además, este curso también planteará a los responsables de almazaras y cooperativas la necesidad de buscar una reducción del impacto medioambiental en el proceso mediante un consumo reducido de energía así como con el incremento en el uso de energías renovables,

El presidente de la Diputación ha puesto el acento en el aprovechamiento de subproductos del olivar como los restos de poda, el orujo o el hueso, “a los que se les puede sacar rentabilidad desde el punto de vista energético”. Precisamente para prestar asesoramiento técnico y económico a almazaras y cooperativas, la Administración provincial ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado SERALMA-Verde, mediante el cual se pretende fomentar el desarrollo de proyectos orientados al tratamiento del hueso para su empleo como biomasa para fines térmicos; a la producción de astillas de calidad a partir de los restos de poda, también para fines térmicos u otros demandados por el mercado como los culinarios; al compostaje del orujo; y a la obtención de biogás para autoabastecimiento energético.

En pleno debate sobre la rentabilidad del sector, Reyes ha señalado que “una parte importante del olivar de nuestro entorno es de montaña, y por tanto, menos productivo, donde los costes de producción están por encima del olivar de campiña o de explotaciones intensivas. Pero no podemos olvidar que este olivar es difícil de sustituir y que gracias a él, se mantiene la población en el territorio en una provincia como la nuestra”. En este sentido, el presidente de la Diputación ha relatado algunas de las medidas llevadas a cabo para revertir la crisis de precios, como la reforma de la ley de la cadena alimentaria o el almacenamiento, pero ha insistido en la importancia de “hacer un esfuerzo en la conquista de nuevos paladares y cocinas”. 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado en su página web (www.fega.es) el informe sobre el pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente (Pago Verde o “greening”), de la campaña 2019. Según se desprende de este documento, la aplicación en España del pago verde ha propiciado, desde su implantación hace cinco años, una destacada evolución hacia una mayor diversificación de los cultivos, lo que ha favorecido importantes avances en términos de biodiversidad y mejora del suelo, según asegura el Ministerio de Agricultura.

De esta forma, las explotaciones que en 2014 tenían uno, dos o tres tipos de cultivo representaban el 63% del total, cifra que se ha ido reduciendo progresivamente hasta 2019, en la que representan solo el 38%. Por su parte, el número de explotaciones que tenían cuatro o más tipos de cultivo se ha ido incrementando desde el 37% que había en 2014 al 62% en 2019.

Asimismo se observa que, en términos absolutos, la superficie de interés ecológico (SIE) en España se mantiene con pequeñas variaciones a lo largo de las últimas cinco campañas. En este sentido, destaca especialmente la utilización del barbecho y de los cultivos fijadores de nitrógeno para cumplir con el porcentaje de SIE exigido en las explotaciones que tienen más de 15 hectáreas de tierra arable.

En lo que se refiere al respeto de la práctica de mantenimiento de pastos permanentes, se ha comprobado que el ratio anual, al igual que en campañas anteriores, de los pastos permanentes declarados con respecto de la superficie total agrícola declarada continúa sin disminuir más de un 5% a nivel nacional, que es lo que establece la legislación comunitaria. De hecho, se mantiene una ligera tendencia al alza en este ratio constatada en campañas anteriores.

Los pastos permanentes son de gran importancia como sumideros de carbono, con el consiguiente beneficio en la lucha contra el cambio climático. En este sentido, destacan las 6.825.416 ha de pastos permanentes ubicados en zona de la Red Natura 2000, de los que 2.609.530 ha están catalogados como “pastos medioambientalmente sensibles”.

La vigilancia y control eficaz de las exigencias de no conversión de estos pastos medioambientalmente sensibles a otros usos ni su labranza resulta esencial para el mantenimiento de estas superficies. Esta labor constituye una práctica más a respetar para que los titulares de estos pastos puedan beneficiarse del pago del “greening”.

PAGO VERDE

En la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de 2015 se estableció el objetivo de mejorar el comportamiento medioambiental de la agricultura comunitaria, a través de hacer obligatorias determinadas prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Así, se avanzó más allá de la “Condicionalidad” (conjunto de obligaciones que agricultores y ganaderos Deben cumplir para poder cobrar las ayudas de la PAC), a través del denominado “pago verde”, obligatorio para los pagos directos a partir de la campaña 2015.

El pago verde tiene carácter anual y se concede por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico, siempre que se respeten las siguientes prácticas medioambientales, en función de la estructura de la explotación:

·        Diversificación de cultivos

·        Contar con un 5% de superficie de interés ecológico (SIE) en la explotación

·        Mantenimiento de los pastos permanentes existentes

Andalucía cuenta en la actualidad con 502.646 hectáreas de Producción Integrada con 49.597 productores. La provincia de Sevilla acapara más de un tercio de la superficie con el 35% del total, seguida de Jaén con el 19%, Granada, el 14%, y Córdoba, el 13%. La producción integrada se define como un sistema agrícola de producción de alimentos que optimiza el uso de los recursos y los mecanismos de regulación naturales asegurando a largo plazo una agricultura viable y sostenible. En ella los métodos biológicos, las técnicas de cultivo y los procesos químicos son escogidos con esmero, buscando un equilibrio entre el medio ambiente, la rentabilidad y las exigencias sociales. En esencia, se trata de un modelo de producción voluntario, basado en la aplicación práctica y continua (mediante la transferencia de conocimiento y experimentación entre los servicios técnicos, el agricultor y la propia explotación) de las herramientas de innovación y tecnología que, utilizadas eficientemente, permiten conseguir los estándares de calidad, seguridad y respeto medioambiental que desea la sociedad actual.

En la actualidad existen 24 reglamentos específicos de Producción Integrada aprobados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Se trata de reglamentos para los cultivos de ajo, alfalfa, algodón, almendro, arándano, arroz, cereales de invierno, cítricos, espárrago verde, flor cortada, frambuesa y mora, fresa, frutos de hueso, frutales de pepita, hortí- colas, lechuga, leguminosas, olivar, oleaginosas, patata, remolacha, tomate industrial, vid y zanahoria.

De todas estas producciones es el olivar el que predomina tanto por superficie (374.872 hectáreas, el 74,6% del total) como en número de productores (con 36.049). Le sigue a distancia el algodón que representa el 9,9% de la superficie (49.534 hectáreas) y que cuenta con 4.385 productores. Igualmente, loc cultivos hortícolas protegidos en producción integrada cuentan con 5.024 productores en Andalucía. Finalmente, respecto de los operadores, en la comunidad hay 402 de los que 118 pertenecen al sector del olivar, 64 al algodón y 57 a la fresa. Por su parte, alguna de las operaciones agroambientales definidas en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) exigen como compromiso que la superficie objeto de ayuda esté certificada bajo Producción Integrada y, adicionalmente, como criterio de admisibilidad el formar para de una Agrupación de Producción Integrada.

La Junta de Andalucía, bajo la coordinación de la Consejería de Salud y Familias y la colaboración de las consejerías de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha mantenido una reunión con representantes del sector agroalimentario para consensuar una normativa específica ante el inminente inicio de las campañas de recolección en el campo andaluz, previa a su aprobación por el Consejo de Gobierno.

El Gobierno andaluz tiene muy avanzada una orden específica dirigida a los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que contratan temporeros para las distintas campañas de recolección con el objetivo de extremar las precauciones y lograr un campo seguro y libre de COVID-19.

Esta orden se sumará a la Guía de recomendaciones editada a finales de julio por la Consejería de Salud y que ha sido muy bien acogida por Asaja, COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, UPA y Coexphal. Estas organizaciones han tenido la ocasión de conocer los detalles, realizar sus aportaciones y analizar la fórmula más efectiva con la que articular esta batería de medidas, que luego se han de llevar a la práctica, entre las que se está sopesando incluir una declaración responsable a los titulares de las explotaciones para el seguimiento y control del personal contratado.

Por parte de la Consejería de Salud y Familias ha estado presente el director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, José María de Torres.

Carmen Crespo ha explicado que el Gobierno andaluz pretende dar “un paso más” para garantizar la seguridad de los trabajadores temporales que llegan a la comunidad. “El campo no ha parado en ningún momento y ha ayudado a abastecer a medio mundo siguiendo estrictamente los protocolos sanitarios. Ahora, además, durante la recuperación va a ser colchón de la crisis y desde las administraciones debemos seguir ayudándolo”, ha agregado.

«Las campañas agrícolas están muy cercanas en el tiempo y tenemos que conseguir que los niveles de seguridad sean los máximos y que en el caso de que se detecten contagios de COVID-19 todos los protocolos estén activados para facilitar la mejor reacción y rastreo. Queremos garantizar que la recolección se realiza con la máxima normalidad», ha continuado afirmando la consejera de Agricultura.

En la Guía de recomendaciones ya publicada se especifican la pautas a seguir por los temporeros para garantizar que el COVID-19 no se propague. Entre ellas están los principios básicos de prevención, es decir, la prevención personal, la limitación de contactos, la limpieza y ventilación y, por último, la gestión de los casos.

Al tiempo, se recomienda que cada explotación elabore un Plan de Contingencia frente al Covid-19. Este plan contemplará todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles y deberá prever la existencia continua de los materiales necesarios para su ejecución. Además, establecerá la coordinación con los responsables de los alojamientos comunes, de albergues o de residencias temporales y con las administraciones locales o empresas de contratación de trabajo temporal.

Creación de cuadrillas estables

Como medida primordial establecida en la Guía, se incluye un seguimiento de los temporeros para garantizar un movimiento seguro, estableciendo, si es preciso, periodos de cuarentena. También se fija la utilización de guantes y mascarillas en la recolección y, en caso de que no sea factible, el distanciamiento interpersonal y tratar en la medida de las posibilidades de fijar cuadrillas encargadas de seguir en todo momento las pautas marcadas por la Consejería de Salud.

A la hora de elaborar las medidas preventivas, entre otros puntos, el titular de la explotación debe limitar las cadenas de transmisión. Por ello, es necesario partir de las cuadrillas como un grupo de trabajo estable sobre las que pivotarían las medidas preventivas. Sus integrantes deben estar físicamente separados tanto como sea posible y los grupos no deben mezclarse entre sí. Sobre estas cuadrillas pivotarán las medidas preventivas. Las plantillas no deben mezclarse entre sí y además serán coincidentes con grupos estables de alojamiento durante la campaña.

Además de todo ello, la Guía pone especial atención en los desplazamientos, en las entradas y salidas de la explotación, en el desarrollo del trabajo y en los alojamientos. Fijación de turnos, restricción de visitas, limpieza y desinfección o cartelería informativa son también importantes medidas a tener en cuenta.

Gestión de sospechas y casos de COVID-19

Cuando se sospeche o se detecten casos de COVID-19, la Guía recomienda que el titular de la explotación incluya en el plan un registro con la relación de trabajadores contratados y la cuadrilla a la que pertenece así como su unidad de alojamiento. También que se facilite la solicitud de atención sanitaria como desplazados.

En el plan de contingencia de la explotación se definirán los protocolos para iniciar el proceso de detección, aislamiento y control sin demora en el caso de que un trabajador presente síntomas. El propietario tendrá un registro con la relación de trabajadores y es importante que se recomiende y facilite la solicitud de atención sanitaria como desplazados, tanto si se proviene de otra provincia de Andalucía, de otra comunidad o de otro país, para tener un centro de salud asignado y un acceso a atención primaria.

Si una persona presenta síntomas de COVID-19 en los alojamientos no acudirá a la explotación hasta no contar con una valoración médica que lo permita, permaneciendo en todo momento aislada. Tampoco acudirán los trabajadores en cuarentena o que sean casos confirmados, que también se aislarán. Finalmente, se recomienda que una vez valorado como caso sospechoso se inicie la identificación de las personas con las que han convivido.

El diputado socialista, Juan Francisco Serrano, ha manifestado la preocupación existente en la provincia de Jaén por la incertidumbre que genera la Junta de Andalucía ante el inicio de la campaña de aceituna. “Desde el Partido Socialista pedimos a la Junta que mire a nuestra provincia para la próxima campaña de aceituna. Que se ponga a trabajar en la elaboración de un protocolo excepcional para la próxima recolección de aceituna”, asegura en un comunicado.

Lo ha apuntado en la reunión mantenida en la sede provincial del PSOE de Jaén con representantes de las organizaciones agrarias a nivel territorial COAG, UPA, ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias. “No valen las improvisaciones, que es a lo que nos tiene acostumbrado el PP y Ciudadanos en la gestión de la administración regional. Exigimos una campaña segura y eficaz”.

Serrano pide “sensibilidad y responsabilidad para respaldar a los 90.000 trabajadores que se van a incorporar a las labores del campo. Necesitan una seguridad sanitaria extraordinaria, porque se está jugando el sustento de muchas familias y no puede haber ni un ápice de duda a la hora de desarrollar este protocolo”.

Asimismo, Serrano ha indicado que el Gobierno de la Junta debe “garantizar los más de cuatro millones de jornales que se van a generar en la próxima campaña dentro de la provincia jiennense, con los recursos pertinentes que otorguen esa seguridad a los trabajadores y trabajadoras del campo”.

Con todo, pide la realización de test para los trabajadores y temporeros, la ayuda para los empresarios agrícolas, y un plan sanitario específico para las cooperativas. De la misma forma, apunta al fortalecimiento de la red de albergues de temporeros y a la atención primaria sanitaria para los olivareros y olivareras.

El PP de Jaén lamenta que el PSOE “nuevamente busque la confrontación”

Por otra parte, el diputado autonómico del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha pedido hoy que “no venga el burro a hablar de orejas porque oír al PSOE decir que otros se pongan a trabajar cuando ellos están tan tranquilos de vacaciones con la que nos está cayendo es de tener muy poca vergüenza política”, asegura en un comunicado. Dicho esto, ha manifestado Domínguez, “el PSOE para variar llega tarde y mal porque el PP sí está trabajando, no ha dejado de hacerlo desde que gobierna en la Junta y mucho menos desde que comenzó la pandemia y tiene sus deberes hechos”. El Gobierno de Juanma Moreno ya ha consensuado con el sector oleícola un protocolo frente a la COVID-19 para la próxima campaña de la aceituna y, por tanto “quien se tendría que poner a trabajar o por lo menos a informarse de lo que habla es el señor Serrano que parece que anda un poco perdido”.

El dirigente popular ha señalado que la Junta de Andalucía ya publicó una guía de recomendaciones que “fue muy bien acogida por el sector y ahora siguen las reuniones para hacer de esa guía un documento normativo mucho más específico”. Este reglamento abordará el protocolo que se debe seguir en el ámbito agrícola para intentar garantizar la mayor seguridad posible. Por su puesto, ha continuado, “las normas que se consensuen con el sector siempre seguirán las pautas marcadas por Salud y por los expertos sanitarios”.

Domínguez ha lamentado que los socialistas, dos días después de que la Junta mantuviese una reunión con representantes del sector agroalimentario para consensuar una normativa específica ante el inminente inicio de las campañas de recolección en el campo andaluz, previa a su aprobación por el Consejo de Gobierno, “salgan hoy para pedir precisamente eso porque demuestra una falta total de interés por cómo está realmente la situación, por conocer el trabajo que se está haciendo, por saber cuáles son los pasos que se están dando, y solo buscan confrontación aunque lo único que consiguen es quedar en ridículo”.

En esta línea, el diputado autonómico ha defendido que “si hay un Gobierno que se ha preocupado desde primera hora por crear entornos seguros tras la llegada a nuestras vidas del coronavirus, ese ha sido el Gobierno de Juanma Moreno, no como su jefe Sánchez que se lava las manos y carga a las comunidades con toda la responsabilidad”.

En definitiva, ha concluido Domínguez, “ni Serrano ni nadie podrá poner en duda que desde el Gobierno de Juanma Moreno y la Consejería de Carmen Crespo se están dando todos los pasos, siempre de la mano del sector, para que la próxima campaña de la aceituna sea totalmente segura por lo que ha exigido al PSOE que dejen de una vez de buscar polémicas y se dediquen a colaborar y a aportar ideas porque todas son bien recibidas”. 

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha mantenido un encuentro por videoconferencia con los vicepresidentes de la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (Asemesa), Francisco Javier Escalante y Juan Manuel Camacho, y el adjunto a la dirección, José Manuel Escrig, en la que ambas partes han coincidido en la necesidad de insistir en la solicitud de una reunión bilateral con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para definir una estrategia conjunta contra los aranceles de EEUU. La Administración americana optó el pasado 12 de agosto por continuar aplicando unas tasas que están lastrando de forma muy especial las exportaciones de aceituna de mesa y aceite de oliva andaluzas, lo que genera una gran preocupación entre los productores.

En este sentido, y antes de que EEUU se pronunciase, la consejera remitió este mismo mes un escrito solicitando este encuentro bilateral sin obtener una respuesta satisfactoria. El Ejecutivo andaluz viene reclamando de forma insistente una diplomacia proactiva por parte del Gobierno de España. “Andalucía no puede esperar más y es necesario abandonar una actitud pasiva que no ha dado resultados. Se antoja clave para un sector que ha dado la cara durante el periodo de confinamiento como consecuencia del COVID, y sigue siendo ejemplo de profesionalidad en tiempos muy difíciles. Es necesario acabar con la incertidumbre y utilizar todos los resortes del Estado para ayudar a resolver la situación”, ha finalizado

Crespo ha vuelto a pedir al Gobierno de España que “no pierda ni un minuto más” y trabaje con Bruselas en resolver un conflicto que supone una “injusta condena a los agricultores andaluces” por su especial incidencia en la aceituna de mesa y el aceite de oliva.

Crespo considera que a tenor de los resultados «se ha perdido el tiempo y la oportunidad de revertir esta situación, y todo como consecuencia de una falta de diplomacia proactiva que le hemos venido reclamando durante los últimos meses al Gobierno de España así como a la Unión Europea». En este sentido ha recordado que el propio ejecutivo norteamericano ha advertido en su resolución «que no se han tomado las acciones necesarias para cumplir con las decisiones de la OMC», lo que evidencia que lo realizado ha sido «insuficiente».

Para la consejera, «es urgente que ese frente común que venimos reclamando se haga realidad de una vez por todas, y trabajemos sin fisuras por la resolución de esta guerra comercial en la que los agricultores no tienen nada que ver». Al tiempo ha insistido en que «hay que redoblar esfuerzos por acabar con los vetos comerciales, apostar por los productos de comunitarios y revisar y hacer cumplir los contingentes de los terceros países».

Por otro lado, Crespo ha trasladado a los miembros de Asemesa los aspectos fundamentales de la normativa que ha elaborado la Junta de Andalucía, bajo la coordinación de la Consejería de Salud y la colaboración de Empleo y Agricultura, para lograr un campo seguro y libre de COVID ante el inminente inicio de las campañas de recolección, que se aprobará próximamente en Consejo de Gobierno. Tras recabar las aportaciones del sector, la consejera ha destacado la importancia de contar con el pleno compromiso del campo andaluz para la puesta en marcha de una serie de medidas, “que nos permiten dar un paso más en el objetivo común de garantizar la seguridad de los trabajadores, el mantenimiento de la actividad y el abastecimiento de los mercados de alimentos de calidad”.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), sigue avanzando en la obtención de nuevas variedades de olivo, gracias a la colaboración con la Universidad de Córdoba. En este sentido, investigadores de ambas instituciones han analizado los trabajos encaminados a la comercialización de la variedad Sikitita. Hasta la fecha se han plantado más de 1.000 hectáreas de Sikitita, no solo en España, sino en otros países como Portugal o Estados Unidos. Esta variedad es la primera obtenida en un programa de mejora de olivo con un porte llorón especialmente adaptado al sistema de formación en seto y se enmarca en los trabajos contemplados en la colaboración entre estas entidades.

De otro lado, se ha puesto en marcha la comercialización de dos nuevas variedades Sikitita-2 y Sikitita-3. Estas variedades también están adaptadas al cultivo en seto, aunque en el caso de Sikitita-3 su vigor medio también la hace adaptada al cultivo en vaso. Las dos nuevas variedades destacan además por la composición de sus aceites y sus interesantes perfiles sensoriales. Su elevado porcentaje de ácido oleico, similar al picual, unido a un alto contenido en fenoles les confiere una gran estabilidad. Por tanto, estas dos variedades vienen a cubrir una necesidad del olivar en seto de nuevas variedades con aceites estables y diferenciados de arbequina. Se espera que en pocos meses se puedan empezar a comercializar las primeras plantas. El programa de mejora genética entre el Ifapa y la UCO comenzó a desarrollarse hace más de 25 años con el objetivo de obtener variedades adaptadas a las tendencias actuales de la olivicultura. Desde entonces, y hasta la fecha, se han evaluado más de 10.000 genotipos procedentes de más de 100 cruzamientos.

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes , ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, donde le pide “la puesta en marcha en los próximos días de un protocolo específico para la campaña de recogida de la aceituna con el que se pueda maximizar la seguridad sanitaria en todos los ámbitos”. Reyes considera que aunque el Gobierno andaluz ha aprobado recientemente una Guía de Prevención y Control del Covid-19 en las explotaciones agrarias con temporeros, “este documento elaborado por la Junta de Andalucía es para 26 cultivos y no se pueden poner al mismo nivel la judía verde, el calabacín o el melón con la recolección de la aceituna por el número de trabajadores y por la cantidad de municipios a los que afecta”.

Cuando “faltan menos de 40 días para que la recogida de la cosecha aceitunera empiece en la provincia de Jaén, agricultores, sindicatos, alcaldes y la sociedad en general estamos preocupados por una campaña que tanta importancia tiene desde el punto de vista del empleo y el económico”, apunta Francisco Reyes , quien incide en que “esta campaña tiene sus propias peculiaridades y necesitamos un protocolo que atienda las necesidades y los problemas que se pueden plantear a los trabajadores del campo y a sus empleadores, así como a los vecinos de las distintas localidades andaluzas y jiennenses que recibirán a los trabajadores temporeros”.

Al respecto, el máximo responsable de la Diputación recuerda que “si las previsiones se cumplen, la próxima campaña oleícola será buena o muy buena, lo que supondrá que lleguen hasta la provincia de Jaén un número importante de jornaleros de otras provincias y regiones españolas, y para ese momento debemos estar preparados”, toda vez que, como ya ha ocurrido en otros territorios, la presencia de trabajadores agrarios se ha convertido en uno de los orígenes de los nuevos focos de contagio de Covid-19.

Por todo ello, Reyes ha solicitado en su misiva al presidente andaluz que “dé un paso más y establezca un protocolo urgente, que se ponga en marcha de manera inmediata, y en el que, entre otras medidas, se contemple una coordinación e intercambio de información con otros gobiernos autonómicos donde se están finalizando las campañas agrícolas, como puede ser el caso de la vendimia en Castilla La Mancha y La Rioja o la fruta de temporada en Cataluña”. Además, el presidente de la Diputación jiennense considera igualmente necesario que “se incremente el apoyo económico a los ayuntamientos que cuentan con albergues temporeros, y no como ha hecho hasta ahora la Junta, que ha eliminado estas ayudas que existían en años anteriores”. Por último, en esta carta también ha solicitado que se “refuerce la atención primaria en los centros de salud durante la campaña de aceituna y se flexibilicen sus horarios para poder atender por las tardes a los jornaleros; y que se realicen de forma gratuita pruebas PCR a los trabajadores temporales agrarios que lleguen hasta los municipios jiennenses y andaluces”.

Este documento debería ser, a juicio de Francisco Reyes , “fruto de la colaboración interdepartamental de diferentes consejerías y consensuado con las organizaciones agrarias, los sindicatos y, por supuesto, con los ayuntamientos de toda Andalucía”. Para su elaboración, “y aunque no es una competencia directa de las diputaciones”, Reyes ha mostrado la “entera disposición de la Diputación de Jaén para colaborar tanto en su redacción como en su posterior desarrollo”. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha hecho públicas sus estimaciones sobre la próxima campaña olivarera, para la que habrá que esperar hasta octubre.

UPA ha explicado que estamos ante una nueva reducción de la cosecha mundial, que podría situarse por debajo de los 3 millones de toneladas y supondría la tercera campaña consecutiva con reducción de cosecha. Mientras que en España aumentarán de cosecha con respecto a la campaña pasada, tanto en el resto de países europeos, especialmente en Italia y Grecia (los siguientes países europeos en volumen de producción después de España), como en los países del arco Mediterráneo se estiman importantes reducciones de la cosecha.

“En nuestro país, tras un otoño e invierno muy secos, las lluvias de la primavera dieron un respiro al sector productor. Sin embargo, el desarrollo del verano está siendo muy negativo, con olas de calor que están reduciendo día a día las estimaciones de producción de aceituna”, ha señalado el responsable nacional de Olivar de UPA, Cristóbal Cano.

Por ello, desde la UPA han indicado que “habrá que ver cómo termina el verano y comienza el otoño para saber exactamente cómo será la campaña”. En la organización creen que es posible asegurar que, incluso si las condiciones climatológicas venideras fueran excepcionales buenas, “nos encontramos frente a una campaña que difícilmente superará los 1,5 millones de toneladas”.

Otro escenario posible es el de la prolongación de las altas temperaturas a lo largo del mes de agosto y de septiembre combinado con un inicio del otoño seco. “En este caso, los árboles comenzarán a notar un gran estrés, y la cosecha total se podría reducir hasta 1,4 millones de toneladas”, ha estimado Cristóbal Cano.

En cuanto a la situación en el resto de países productores, la organización ha analizado los datos proporcionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) del que ha podido extraer que los países del Mediterráneo, principalmente Túnez, reducirán extremadamente sus exportaciones la próxima campaña. Por tanto, el aceite de oliva español será, de nuevo, el que copará los mercados internacionales, con previsibles reducciones de stocks gracias a unas estimaciones de aumento del consumo mundial.

“Solo falta saber si esta situación de dominio de nuestros aceites tendrá lugar con un reparto justo del valor del producto a lo largo de la cadena, o si de nuevo, el sector productor sufre precios de ruina”, han concluido desde UPA.

Sobre la campaña 2019/2020, a la que todavía falta los últimos dos meses para terminar, UPA ha afirmado que la comercialización total será de nuevo récord, por encima de 1,6 millones de toneladas, dejando que el stock final “difícilmente” llegue a las 400.000 toneladas. “Los precios en origen hundidos y la apuesta de las grandes envasadoras españolas por el aceite de terceros países serán las características negativas del balance final de la campaña oleícola”, ha sentenciado Cano.

La Junta de Andalucía, a través de las Consejerías de Salud y Familias, Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en coordinación con los departamentos competentes en materia de sanidad y agricultura del Gobierno de España, siguen implementando actuaciones y recursos para conseguir un campo más seguro ante la situación de pandemia por el Covid-19 y el inicio de las campañas agrícolas de recolección.

Ante la situación que se viene registrando, con un incremento de casos en toda Europa y ante el riesgo constatado, entre otras, en las zonas agrícolas, las administraciones central y autonómica se han coordinado para dotar de mayores recursos a esta actividad y aumentar la seguridad. A ello responde la guía elaborada para los trabajadores del campo, que se va a ver complementada con otra batería de medidas que se van a ir concretando en esta próxima semana, así como consensuando con el sector. La titular de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo entiende que «es fundamental que todos vayamos en el mismo barco con actuaciones que permitan evitar los riesgos».

«Las campañas agrícolas están muy cercanas en el tiempo y tenemos que conseguir que los niveles de seguridad sean los máximos y que en el caso de que se detecten contagios de Covid-19 todos los protocolos estén activados para facilitar la mejor reacción y rastreo», ha continuado afirmando la consejera de Agricultura, para quien el caso de Almería es especialmente singular porque la agricultura «juega un papel de primer orden en lo social y en lo económico».

La guía de los trabajadores del campo ha sido consensuada primero con el Gobierno de España y luego con las organizaciones agrarias, y ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). En ella se especifican la pautas a seguir por los temporeros para garantizar que el COVID-19 no se propague.

Las explotaciones contarán con un Plan de Acción

Esta Guía está dirigida a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas andaluzas que contratan personas trabajadoras temporales para la realización de las distintas campañas agrícolas y ganaderas. Son recomendaciones que también pueden ser utilizadas en muchos casos por el resto de trabajadores de la explotación. Entre ellas están los principios básicos de prevención frente al Covid-19, es decir, la prevención personal, la limitación de contactos, la limpieza y ventilación y, por último, la gestión de los casos.

Al tiempo, se recomienda que cada explotación elabore un Plan de Actuación Especifico frente al Covid-19. Este Plan contemplará todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles y deberá prever la existencia continua de los materiales necesarios para su ejecución.

Además, establecerá la coordinación con los responsables de los alojamientos comunes, de albergues o de residencias temporales y con las administraciones locales o empresas de contratación de trabajo temporal.

Hay que tener en cuenta que una parte importante de la mano de obra que se emplea en las campañas tiene un carácter multicultural y migrante y que son personas que necesitan alojamientos en los territorios donde se desarrolla la campaña agraria. Son cuestiones que se han tenido muy en cuenta, además de la propia actividad laboral y de los contactos interpersonales.

Creación de cuadrillas estables

Como medida primordial establecida en la guía, se incluye un seguimiento de los temporeros entre provincias y comunidades autónomas para garantizar un movimiento seguro, estableciendo, si es preciso, periodos de cuarentena. También se fija la utilización de guantes y mascarillas en la recolección o en caso de que no sea factible el distanciamiento interpersional y tratar en la medida de las posibilidades de fijar cuadrillas encargadas de seguir en todo momento las pautas marcadas por la Consejería de Salud.

A la hora de elaborar las medidas preventivas, entre otros puntos, el titular de la explotación debe limitar las cadenas de transmisión. Por ello, es necesario partir de las ‘cuadrillas’ como un grupo de trabajo estable sobre las que pivotarían las medidas preventivas. Sus integrantes deben estar físicamente separados tanto como sea posible y los grupos no deben mezclarse entre sí. Sobre estas cuadrillas pivotarán las medidas preventivas. Las plantillas no deben mezclarse entre sí y además serán coincidentes con grupos estables de alojamiento durante la campaña.

Además de todo ello, la guía pone especial atención en los desplazamientos, en las entradas y salidas de la explotación, en el desarrollo del trabajo y en los alojamientos. Fijación de turnos, restricción de visitas, limpieza y desinfección, cartelería informativa etc. son también importantes medidas a tener en cuenta.

Gestión de sospechas y casos de Covid-19

Cuando se sospeche o se detecten casos de Covid-19, la guía recomienda que el titular de la explotación incluya en el Plan un registro con la relación de trabajadores contratados y la cuadrilla a la que pertenece así como su unidad de alojamiento. También que se facilite la solicitud de atención sanitaria como desplazados.

En el plan de actuación de la explotación se definirán los protocolos para iniciar el proceso de detección, aislamiento y control sin demora en el caso de que un trabajador presente síntomas. El propietario tendrá un registro con la relación de trabajadores y es importante que se recomiende y facilite la solicitud de atención sanitaria como desplazados, tanto si se proviene de otra provincia de Andalucía, de otra comunidad o de otro país, para tener un centro de salud asignado y un acceso a atención primaria.

Si una persona presenta síntomas de Covid-19 en los alojamientos no acudirá a la explotación hasta no contar con una valoración médica que lo permita, permaneciendo en todo momento aislada. Tampoco acudirán los trabajadores en cuarentena o que sean casos confirmados, que también se aislarán. Finalmente, se recomienda que una vez valorado como caso sospechoso se inicie la identificación de las personas con las que han convivido.