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El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, valoró la actitud “ejemplar” del Gobierno de España tras aprobar un decreto-ley que va a movilizar más de 7.000 millones de euros para paliar los efectos de los temporales en Andalucía y Extremadura. “El Gobierno de España ha dado ejemplo. Lo demostró durante las borrascas, aportando efectivos como la UME y coordinando con el resto de administraciones; aprobando la semana pasada la declaración de zona de emergencia; y hoy con este decreto”, resumió antes de participar en el Comité Provincial que se celebró en Mancha Real

Latorre destacó que estos 7.000 millones de euros contemplan ayudas directas para las personas afectadas y 2.000 millones para que los ayuntamientos puedan reparar y rehabilitar infraestructuras. También hay ayudas para agricultores, ganaderos y explotaciones, reducción de las peonadas a 5 para acceder al subsidio agrario, subvenciones al comercio o un plan de empleo con 50 millones de euros, “medidas en definitiva que vienen a paliar una situación extraordinaria” como la que se ha vivido.

El responsable socialista alabó nuevamente la “gran labor” de alcaldes y alcaldesas, de cuerpos de seguridad y de emergencias, de Protección Civil y voluntarios, para “proteger primero a las personas y para intentar que los daños fueron los menos posibles” durante las tormentas. “Ahora toca el turno de la reconstrucción y ahí el Gobierno de España, de nuevo, vuelve a dar la cara”, abundó.

En esta línea, señaló que el PSOE “también está dando la cara” y recordó que fue el PSOE de Jaén “el primero que solicitó a la Junta de Andalucía la activación de las ayudas para los ayuntamientos”. Además, el PSOE andaluz presentó una batería de iniciativas, más de un centenar en el caso de la provincia de Jaén, para que la Junta atendiera las necesidades en los municipios.

Y ahora ha solicitado la creación de un grupo de trabajo para evaluar la situación y hacer un seguimiento de las actuaciones que debe afrontar la Junta de Andalucía, todo esto desde “la unión” institucional. “Unión sí, pero también coordinación y lealtad institucional con los alcaldes y alcaldesas por parte de la Junta de Andalucía”, recalcó.

«En los olivares de Castillo de Canena ya no solo trabajarán técnicos y tractores. A partir de esta campaña también lo harán insectos. Pequeños, discretos y casi invisibles se convertirán en los guardines silenciosos de la biodiversidad y en nuevos aliados del cultivo, llamados a mantener a raya las plagas», asegura Citoliva en un comunicado.

Con este paso, la firma olivarera jiennense vuelve a situarse a la vanguardia del sector oleícola español al convertirse en el primer olivar del país en implantar un sistema de control biológico basado en insectos beneficiosos. Un avance estratégico impulsado por Citoliva junto a Castillo de Canena, que se materializa a través de su servicio pionero AGRO·LIVE Aliados Naturales, concebido para trasladar el conocimiento científico al manejo real del cultivo.

Con esta apuesta, estos insectos beneficiosos desempeñarán un papel protagonista en el olivar. Pasarán a actuar como aliados del propio cultivo, con un objetivo tan sencillo como ambicioso: controlar las principales plagas, reducir el uso de pesticidas y favorecer un olivar más vivo y equilibrado, reforzando su funcionamiento natural.

Durante décadas, la respuesta habitual frente a plagas como el algodoncillo o la mosca del olivo ha sido el uso intensivo de fitosanitarios. Una solución eficaz a corto plazo, pero con efectos colaterales bien conocidos: aumento de costes, aparición de resistencias, pérdida de biodiversidad y una creciente presión normativa y social para reducir su uso. En este contexto, que sea precisamente Castillo de Canena quien dé este paso apostando por AGRO·LIVE Aliados Naturales supone una declaración de liderazgo y una apuesta decidida por un nuevo modelo productivo.

Para hacerlo posible, Citoliva desarrollará un trabajo de análisis y seguimiento en campo que permitirá comprender cómo evolucionan las comunidades de insectos beneficiosos y qué papel desempeñan en el equilibrio del olivar. A través de estudios entomológicos y observación continuada, el centro tecnológico creará las condiciones necesarias para que la fauna auxiliar sea capaz de actuar de forma eficaz y sostenida frente a las plagas, manteniéndolas por debajo del umbral de daño económico y reforzando, con conocimiento y planificación, un sistema de control que nace del propio funcionamiento natural del cultivo.

“No se trata de eliminar tratamientos de golpe, sino de reducir su dependencia y hacer el sistema más inteligente”, explica Maróa Dolores Jiménez, gerente de Citoliva. A lo largo del proceso, los técnicos de Citoliva analizarán la presencia y actividad de estos aliados naturales, realizan seguimientos periódicos y traducirán los datos en decisiones prácticas de manejo, integradas en la gestión habitual de la finca.

Gracias a este enfoque, el servicio AGRO·LIVE Aliados Naturales, desarrollado por Citoliva, permitirá reducir de forma progresiva el uso de insecticidas, con el consiguiente ahorro económico y menor dedicación a tratamientos. También favorecerá la obtención de aceitunas y aceites sin residuos químicos, cada vez más valorados por los consumidores, al tiempo que refuerza el equilibrio ecológico del olivar y su capacidad de autorregulación frente a las plagas.

Con esta apuesta pionera, Castillo de Canena convierte sus fincas en un laboratorio vivo de innovación aplicada al olivar, demostrando que la biodiversidad, cuando se gestiona con conocimiento y visión estratégica, puede convertirse en una herramienta real de competitividad y sostenibilidad.

«Desde ASAJA-Jaén solicitamos la urgente bajada de módulos al sector agrario a consecuencia de las adversidades climatológicas, al igual que se ha aprobado este martes la reducción a cinco de las peonadas para acceder al subsidio por parte del Consejo de Ministros, cuestión que apoyamos. Y es que el campo jienense ha registrado importantes pérdidas esta campaña de la aceituna por el paso de diferentes y continuados temporales, tanto en la calidad como en el volumen de la producción», asegura la organización agraria.

En el mismo sentido, «y tras la aprobación de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros, que nos obliga a hacer un importante esfuerzo económico para mantener la rentabilidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, planteamos una bajada significativa y del máximo nivel de todos los impuestos al sector, entre ellos el IRPF y el Impuesto de Sociedades, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores, a efectos de, a través de esa reducción de impuestos, poder hacer frente al pago del SMI».

También plantea que se mantengan estas reducciones impositivas y de la Seguridad Social, que los incrementos salariales futuros sean proporcionales a estas reducciones impositivas.

La Junta de Andalucía va a movilizar más de 1.780 millones de euros de recursos propios para afrontar la fase de recuperación una vez pasada la emergencia meteorológica, que se van a destinar de forma prioritaria a facilitar ayudas directas a autónomos y pymes para que puedan restablecer su actividad económica cuanto antes, en especial los agricultores y demás trabajadores vinculados al sector primario, así como a la reparación de infraestructuras básicas que hayan resultado dañadas a consecuencia de las borrascas, tales como carreteras, centros de salud o colegios.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha presentado en el Palacio de San Telmo en «Plan Andalucía Actúa», diseñado por el Gobierno andaluz con el objetivo de reorientar el máximo de recursos económicos posible a mitigar los efectos del temporal que ha castigado a la comunidad y reactivar el tejido productivo. En total, estará dotado con una primera partida de algo más de 1.780 millones que nace gracias a reprogramar fondos del propio presupuesto autonómico, y que queda abierta a incrementarse progresivamente en función de las múltiples valoraciones de daños que todavía están en curso.

«Los destrozos han sido muchos y muy diversos. De hecho, aún quedan personas por volver a sus casas y daños por evaluar. Pero en Andalucía no perdemos tiempo. Queremos que los afectados rehagan sus vidas cuanto antes. Por eso, la semana pasada, con el viento y la lluvia todavía haciendo estragos, el Gobierno andaluz ya estaba trabajando en la recuperación celebrando el primer comité de evaluación de daños», ha recordado el presidente.

Al desglosar el Plan «Andalucía Actúa», Moreno ha destacado las ayudas directas previstas para el tejido productivo. Así, en el caso de agricultores y explotaciones agrarias de las zonas más afectadas, se destinan 700 millones para brindarles apoyo económico. También están previstas para el sector de la pesca (31 millones), así como para autónomos y pymes (35 millones).

En este último caso, las ayudas serán de hasta 2.000 euros por cada autónomo, a razón de 200 euros al mes de febrero a noviembre. En el caso de las pymes, podrán acogerse a una ayuda directa de hasta 3.500 euros por trabajador, 350 al mes por cada uno que tengan, también durante 10 meses. De esta forma, un autónomo con dos o tres trabajadores (la media en Andalucía) podría recibir en total entre 9.000 y 12.500 euros. «Entre las partidas más importantes del Plan destacan la vinculada a la agricultura, el sector más afectado, al que destinamos cerca de 1.000 millones (988) por daños ya estimados.

A todo este esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía, Moreno espera unir el del resto de administraciones implicadas. «Lo que ahora presentamos es un primer paquete de recursos que esperamos que se complemente con las medidas del Gobierno de España y la Unión Europea siguiendo la tónica de colaboración que ha marcado desde el principio la acción institucional. Como ya saben, hemos solicitado al Estado que destine dinero del fondo de contingencia, que nos permita utilizar el superávit y remanentes y que no computen a efectos de reglas fiscales, así como que solicite a la UE movilizar el Fondo de Solidaridad y la activación del fondo de Gestión de Crisis de la PAC, además de adaptar del Plan de Recuperación (MRR) a la situación actual», ha reclamado.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un plan de ayudas extraordinarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con un presupuesto total de 2.874,1 millones de euros para los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura, las comunidades autónomas más afectadas y con mayor siniestralidad por el tren de borrascas de gran intensidad producido en el último mes.

El real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos en diferentes municipios, recoge medidas para paliar los daños ocasionados en la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura por los fenómenos climáticos adversos ocurridos desde el 1 de enero de 2026 y que han afectado a la viabilidad de sus actividades. Las ayudas que se conceden al sector están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades, según se destaca en un comunicado.

Además de ayudas directas y subvenciones para reparar caminos e infraestructuras agrarias, así como para recuperar regadíos, contempla líneas de carácter fiscal -exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico, reducción de los módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)- y laboral -reducción de peonadas de 35 a 5-.

El tren de borrascas ha generado cuantiosas pérdidas en cultivos y sistemas agrarios de gran impacto económico. Ha afectado al litoral, al ocasionar importantes perjuicios en el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola. En el sector ganadero, los distintos temporales han ocasionado diversos problemas como el incremento en los costes de los piensos.

PLAN DE MEDIDAS AGRÍCOLAS, GANADERAS Y PESQUERAS

El plan de medidas dispone de 2.174 millones de euros en ayudas directas, en 619 municipios de Andalucía y Extremadura, que se concederán de oficio, sin que el beneficiario tenga que hacer ningún trámite. Así, figuran subvenciones para compensar la pérdida de renta (2.121 millones de euros) para las personas titulares de explotación (agricultores, ganaderos y acuicultores) inscritas en el registro autonómico de explotaciones agrarias. La ayuda, con un mínimo de 5.000 y un máximo de 25.000 euros, supondrá el 30 % de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.

Las personas titulares de pólizas de seguro agrario percibirán, además, sin tener que solicitar esta línea, una ayuda directa adicional por 43,1 millones de euros. Las explotaciones aseguradas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados percibirán una subvención complementaria de hasta el 70 % del coste de la prima -el máximo que permite la normativa europea-. A los que tengan seguro agrario con parte de daños se le pagará la franquicia; es decir, el porcentaje de daños no indemnizado.

Los armadores optarán a unas ayudas directas de 10 millones de euros. Los beneficiaros serán los armadores de buques pesqueros con puerto base en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva. Se les compensará en caso de pérdidas superiores al 40 %.

Por otro lado, el Ministerio habilita otras medidas extraordinarias como la restauración de caminos e infraestructuras de riego, con un presupuesto de 600 millones de euros, que ejecutarán las empresas de titularidad pública Tragsa y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa)y que abarca la totalidad del territorio andaluz y extremeño.

Los afectados del sector agrario y pesquero de toda Andalucía y Extremadura también podrán optar a una línea de financiación especial del Instituto de Crédito Oficial-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (ICO-MAPA-SAECA) como consecuencia de las borrascas por un total de 100 millones de euros. La ayuda bonificará el 15 % del principal de las operaciones de financiación, así como el 100 % del coste del aval.

Otras medidas fiscales y laborales recogidas en el real decreto-ley son la reducción de jornadas de 35 a 5 tanto para el subsidio como para la renta agraria; la consideración de fuerza mayor a efectos obligaciones para optar a algunas ayudas en el marco de la Política Agraria Común (PAC), por ejemplo; la reducción de módulos del IRPF en el sector agrario; así como la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

El Consejo de Ministros y Ministras ha abrobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Plan de Empleo que permitirá la protección de las personas trabajadoras y del tejido productivo frente a los efectos de la reciente ola de borrascas que han afectado a la península en las últimas semanas.

Se trata de Medidas urgentes en materia de prestación por desempleo y fomento de empleo para paliar los daños causados por la borrasca ‘Leonardo’ y “Marta” que ha afectado a diversos municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Estas borrascas han provocado daños significativos en explotaciones agrícolas, infraestructuras agrarias y terrenos de cultivo, afectando de manera directa al normal desarrollo de la actividad agraria.

En este contexto, las empresas se podrán acoger a los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor al amparo del artículo 47.5 y 47.7 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

Cuando estas medidas temporales se adopten por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) relacionados con las borrascas Leonardo o Marta, las personas trabajadoras se beneficiarán del régimen especial de la prestación por desempleo previsto para los casos de fuerza mayor. Así, no se requerirá periodo de carencia para el reconocimiento de la prestación, su disfrute no implicará el consumo de cotización y la cuantía se obtendrá de aplicar a la base reguladora un porcentaje del 70 por ciento.

Agilidad en la tramitación

En el procedimiento para acceder a suspensiones de contrato y reducciones de jornada por fuerza mayor, los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social serán potestativos.

No obstante, para salvaguardar la seguridad, esta circunstancia no afectará a la comprobación posterior de los requisitos legalmente establecidos, como la justificación suficiente de las medidas solicitadas.

Empleadas de hogar

En los casos de imposibilidad total o parcial de prestar servicios en el ámbito del servicio del hogar familiar, tampoco será necesario periodo de carencia, no se consumirán periodos cotizados y la cuantía será el 70 por ciento de la base reguladora.

Con esta medida se extiende la protección a un colectivo vulnerable y se permite que las personas trabajadoras del hogar accedan a prestaciones de desempleo en unas condiciones que respondan de manera justa a la situación que atraviesan.

Trabajadores y trabajadoras agrarios

Ante la imposibilidad o la limitación de que se puedan realizar de trabajos agrícolas, se ha determinado una reducción a cinco el número total de jornadas reales efectivamente trabajadas por las personas trabajadoras eventuales incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social. Hay que recordar que con carácter general el acceso requiere de treinta y cinco jornadas acreditadas.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha situado hoy las cuestiones geopolíticas entre las principales claves de futuro para el sector agroalimentario español y ha señalado que los acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) con países terceros “son un instrumento para dar estabilidad y permiten diversificar las exportaciones”.

El ministro ha recordado que España tiene una fuerte vocación exportadora de productos agroalimentarios, es el cuarto país de la Unión Europea y el séptimo del mundo que más vende al exterior, por un valor de 77.600 millones de euros entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 -último dato disponible- y un saldo positivo de 18.100 millones de euros. “No exportamos lo que no consumimos, la exportación es una parte fundamental de nuestra producción”, ha afirmado el ministro. En apenas 10 años, el valor de las exportaciones españolas de alimentos y bebidas ha crecido un 80 %.

Por ello, en un desayuno informativo organizado por el diario Córdoba, el ministro ha subrayado la importancia estratégica de diversificar y ampliar mercados y los nuevos acuerdos alcanzados por la UE que van a entrar con Mercosur, India e Indonesia, en la actual coyuntura geopolítica mundial marcada por la política proteccionista arancelaria de Estados Unidos.

En su intervención, el ministro ha aportado algunos datos que sustentan el enunciado de la misma, “España, potencia agroalimentaria”, como que la renta agraria, 41.200 millones de euros en 2025 -según la primera estimación- es la más alta de Europa, en un año en el que se alcanzó un máximo histórico de producción, con un valor de 75.600 millones de euros. La actividad del sector primario y la industria agroalimentaria suman más de 1,3 millones de ocupados y hay más de 28.000 industrias de las que casi 3.200 son cooperativas. En cuanto a la pesca, ha destacado que España dispone de una flota de 8.430 buques y es la primera productora europea en acuicultura.

El ministro ha destacado la importancia determinante que ha tenido la pertenencia a la Unión Europea -este año se cumplen 40 años desde la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea- y en particular la Política Agraria Común (PAC) en posibilitar esta gran transformación del sector agroalimentario español. Ahora, ha señalado “la prioridad número uno por encima de cualquier otra índole” es la negociación de la PAC para el periodo 2027-2034, y ha significado lo positivo que es que España mantenga una posición común acordada entre el Gobierno, las 17 comunidades autónomas, las cuatro organizaciones profesionales representativas que forman el Consejo Agrario y Cooperativas Agro-alimentarias.

Planas ha destacado tres aspectos esenciales de esta posición española: que la PAC mantenga su carácter de política europea diferenciada, con personalidad propia; que disponga al menos de los mismos fondos que en el actual periodo; y que no se abra la puerta a la cofinanciación nacional de las ayudas.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, junto al concejal Vicente Oya, ha visitado distintas explotaciones agrarias de la capital para comprobar in situ los efectos del reciente temporal en el campo jiennense. Lo han hecho acompañados por Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, y por agricultores de la capital que han mostrado el estado actual de sus olivares tras las tormentas de las últimas semanas.

El Grupo Popular ha querido trasladar así su respaldo a uno de los sectores estratégicos para la ciudad, especialmente tras conocerse que el temporal ha impedido recoger en la provincia cerca del 40% de la aceituna prevista en el aforo, con el consiguiente impacto económico para miles de familias, según señalan.

Agustín González ha señalado, en declaraciones realizadas durante la visita, que “una vez pasadas estas tormentas de la última semana toca hacer evaluación de daños y hacerlo a pie de campo, escuchando sobre todo a los agricultores vecinos de Jaén, que son los principales afectados”. El portavoz popular ha subrayado que «hoy tocaba estar junto a uno de los sectores fundamentales para nuestra capital como es la agricultura y, especialmente, el olivar”.

En este sentido, ha explicado que los agricultores han trasladado su preocupación por la pérdida de aceituna en plena campaña, así como por los daños en infraestructuras básicas como los sistemas de regadío, los cauces y, especialmente, los carriles de acceso a las fincas. Según ha manifestado, “ni siquiera pueden acceder a sus olivos porque los carriles están totalmente anegados y embarrados”.

El portavoz del Grupo Popular ha defendido que es momento de actuar “de manera coordinada todas las administraciones, cada una desde sus competencias”, y ha instado al equipo de Gobierno de Julio Millán a que «se ponga a trabajar de forma inmediata para dar respuesta a las necesidades más urgentes».

En esta línea, González ha insistido en que “al final son los ciudadanos los que se ven perjudicados”, por lo que ha anunciado que el Grupo Popular está trabajando ya en incluir todas las demandas trasladadas por los agricultores de la capital en la moción para debatirlas en el próximo pleno municipal.

Asimismo, González ha trasladado a los agricultores jiennenses la importancia de notificar todos los daños sufridos tanto en explotaciones agrícolas como ganaderas para poder acceder a las ayudas previstas en la fase 2 de reconstrucción anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

La Fundación del Olivar, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, así como Andalucía Exterior impulsan los primeros premios de oleoturismo a nivel andaluz con el objetivo de reconocer, visibilizar y premiar las mejores iniciativas, proyectos y experiencias del sector. La primera edición de los Andalucía OleoTourism Awards nace con la finalidad de poner en valor la excelencia y singularidad de la oferta oleoturística andaluza, promocionando experiencias, los servicios y gastronomía vinculada al olivar y al aceite de oliva virgen extra, así como a los operadores turísticos que contribuyen a la innovación y sostenibilidad del oleoturismo en Andalucía. Esta iniciativa refuerza la cultura del olivar y fomenta la diferenciación competitiva en la oferta turística. Los premios cuentan con el apoyo y financiación de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, demostrando su compromiso con la integración del sector agroalimentario oleícola y la industria turística como motores estratégicos para el desarrollo territorial, social y económico de las zonas olivareras. Esta sinergia contribuye a generar oportunidades y fortalecer la identidad de Andalucía como destino único y de excelencia.

El plazo de presentación de las candidaturas será desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria hasta el próximo 5 de marzo.

Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén muestra su respaldo a la decisión de la Sectorial del Aceite de la entidad a nivel nacional de sumarse a la personación en el procedimiento judicial iniciado por las asociaciones de los operadores industriales y comercializadores de aceite de oliva, ANIERAC y ASOLIVA, y por las asociaciones representativas de las almazaras no cooperativas, INFAOLIVA y Almazaras Federadas de España, AFE, contra la norma de comercialización del aceite de oliva aprobada para la campaña 2025/2026, cuya principal finalidad es prevenir posibles distorsiones en el mercado y garantizar su estabilidad, mediante la eventual retirada de producto en caso de sobreproducción.

La Orden APA/1192/2025, publicada el 28 de octubre de 2025, establece los criterios objetivos para activar, en caso necesario, un mecanismo de regulación de la oferta mediante almacenamiento, con el fin de prevenir posibles distorsiones en el mercado derivadas de situaciones de sobreproducción como la prevista en la campaña 2025/26.

Este instrumento persigue adecuar la oferta a la demanda cuando exista una disponibilidad de aceite significativamente superior a la media de comercialización, evitando así desequilibrios que puedan desembocar en crisis de mercado que recaen, de forma directa sobre los olivicultores.

Conviene subrayar que la demanda ha sido interpuesta con posterioridad a la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios por la que se comunicaba que el mecanismo no sería aplicado en la campaña 2025/2026, al no concurrir actualmente las circunstancias de mercado que lo justifican.

Por tanto, el recurso no responde a una aplicación efectiva de la medida en esta campaña, sino que persigue su eliminación estructural como herramienta de regulación futura y como red de seguridad para el sector productor, según señalan desde Cooperativas.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias se trabajó de forma intensa ante las instituciones comunitarias —autoridades legislativas, ejecutivas y órganos de competencia— para lograr la aprobación de un instrumento plenamente compatible con la normativa europea, orientado a dotar al sector de un mecanismo transparente, objetivo y proporcionado de gestión de crisis.

«Esta medida no solo protege la rentabilidad de los olivicultores en campañas excedentarias, sino que contribuye a la estabilidad del mercado y, en última instancia, beneficia también al consumidor, al permitir que el producto retirado en años de alta producción pueda compensar eventuales déficits en campañas cortas. La decisión de impugnar esta norma evidencia con claridad el posicionamiento de cada organización dentro de la cadena de valor», afirman.

Y añaden: «Quienes centran su estrategia exclusivamente en la maximización de márgenes comerciales, a los que el aceite regalado les sigue pareciendo caro y buscan exclusivamente hacer rentable su actividad de extracción de aceite sin importar cuánto pagan a los agricultores por su aceituna, y quienes como Cooperativas Agro-alimentarias defiende un modelo que prioriza la sostenibilidad económica del productor, verdadero eslabón vulnerable del sistema».

Por todo ello, desde Cooperativas Agro-alimentarias «pedimos a los productores de aceituna que reflexionen sobre quienes realmente atienden a sus intereses económicos. Los agricultores son los dueños de las cooperativas y por tanto, su actividad empresarial, industrial y comercial persigue siempre obtener el mayor beneficio para sus producciones y proporcionar economías de escala que permitan garantizar la viabilidad y la rentabilidad en sus explotaciones. La norma de comercialización ahora recurrida por parte de ANIERAC, ASOLIVA, INFAOLIVA Y AFE se establece con el único propósito de evitar campañas desastre para la producción, como ya se han padecido en campañas pasadas, siendo el agricultor el único y gran perjudicado. Además viene a buscar la estabilidad en el mercado en beneficio de toda la cadena de valor, que de no producirse, perjudica tanto al consumidor y como al productor.

«Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén continuará defendiendo este mecanismo de regulación de la oferta con la misma determinación con la que trabajó para su aprobación, convencida de que la estabilidad del sector y la rentabilidad de los olivicultores deben situarse en el centro de cualquier política de mercado», concluyen.