El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado hoy al Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir del año 2023 que el Gobierno va a remitir mañana, día 29, a la Comisión Europea para su aprobación, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos. Planas ha destacado que el plan está “suficientemente dotado para afrontar los grandes retos del sector”, con 47.724 millones de euros, que superarán los 50.000 si se suman las aportaciones estatal y autonómica para cofinanciar medidas de desarrollo rural.
El Consejo de Ministros ha aprobado además un anteproyecto de ley con el objetivo de diseñar un sistema eficaz de gestión de esta política.
El ministro ha destacado que España contará con política agraria más justa, más social y más sostenible para potenciar un sector agroalimentario que es estratégico en la economía nacional y que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia también con las nuevas demanda de los consumidores.
Así ha resaltado que habrá una mejor distribución de los fondos entre los agricultores y ganaderos, “más equilibrada y más justa”, porque al haber realizado un análisis desde cero para el diagnóstico previo a la elaboración del plan se han podido identificar mejor las necesidades reales de cada sector. Esta es, ha destacado el ministro, una importante diferencia con respecto a otras reformas, en las que simplemente se aplicaban los reglamentos europeos.
El objetivo es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad al tiempo que se impulsan cambios, profundos, pero graduales, que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos, al tiempo que permitan aumentar su eficacia y garanticen unos pagos más justos y eficientes.
El pasado día 6, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el texto definitivo de los tres reglamentos que regirán la PAC en el periodo 2023-2027. Estos nuevos reglamentos permitirán la aplicación del presupuesto de la PAC acordado por el Consejo Europeo en julio de 2020 y que en el caso de España suponen 47.724 millones de euros para todo el periodo 2021-2027.
La entrega a la Comisión Europea del Plan Estratégico, que debe realizarse antes del 1 de enero de 2022, supone la culminación de un trabajo iniciado hace más de tres años, durante los que el Ministerio ha trabajado conjuntamente con las comunidades autónomas para definir el contenido de la propuesta, y ha mantenido contacto y diálogo constante con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas agroalimentarias, y las organizaciones civiles de carácter ambiental, así como con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con los servicios de la Comisión Europea.
El ministro ha destacado que se ha conseguido articular “un plan estratégico nacional del conjunto de España”, que es fruto del consenso entre las comunidades autónomas y que refleja la diversidad agronómica de un país que ofrece una variedad de modelos desde los cultivos continentales del norte hasta las producciones subtropicales del sur.
Aseguran desde el Ministerio que todos los documentos de trabajo han sido públicos, abiertos a la participación de cualquier interesado a través de la página web habilitada al afecto. En total, en la preparación de esta propuesta se han celebrado cerca de 300 reuniones y se han analizado aproximadamente 1.000 aportaciones escritas.
Una versión inicial del Plan Estratégico está disponible desde el día 30 de noviembre en la web del Ministerio para consulta de todos los interesados, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de información pública y de evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico. Se prevé que la Comisión lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
El nuevo reglamento europeo supone un cambio sustancial en la PAC, que pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a una política basada en la planificación estratégica. Ahora se orienta a la consecución de resultados concretos vinculados a unos objetivos comunes para toda la Unión Europea pero traducidos en las necesidades específicas de cada estado identificadas en la fase de diagnóstico.
Estos objetivos son el fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria; la intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE, y el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales. En este aspecto, se incluye por primera vez en la PAC, a propuesta de España, el objetivo específico de “promover la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres en la agricultura”.
Añade que el Plan Estratégico es un instrumento determinante para garantizar la viabilidad de nuestros sectores agrícolas y ganaderos, que son la base del sistema agroalimentario y el principal motor económico de la España rural. Para ello contempla apoyos enfocados a la mejora de la competitividad de sus explotaciones mediante las ayudas a rentas, el servicio de asesoramiento y las medidas de desarrollo rural en favor de la innovación, la mejora del conocimiento, las inversiones, el uso de tecnología y la digitalización, entre otros aspectos.
La PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance. Entre ellas, la limitación (“capping”) y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.
Además, el plan incluye otros aspectos especialmente relevantes en España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional, ya que como ha señalado el ministro está previsto que en la próxima década se jubilen las dos terceras partes de los agricultores en activo. Por ello ha destacado que habrá primas de hasta un 15% de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultoras y ganaderas. El ministro ha enfatizado que España ha sido pionera en proponer que la igualdad de género se recogiera como uno de los objetivos de la PAC.
Además, por primera vez se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en nuestro sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento.
El ministro ha resaltado también que la nueva PAC fomenta la innovación y la digitalización del sector agrario, lo que redundará en una mejora de la rentabilidad de las explotaciones. El ministro ha recordado que aunque España es uno de los principales perceptores de ayudas de la PAC, el apoyo representa el 20% de la renta de los agricultores y ganaderos, cuando en otros países llega al 30%.
Se trata de la PAC más ambiciosa en materia climática y ambiental de la historia de la UE, acorde con los compromisos adquiridos en el marco de los convenios de Naciones Unidas (Biodiversidad y Cambio Climático) y de la propia hoja de ruta establecida en el “Pacto Verde Europeo”. De esta manera, el Plan Estratégico de España dará respuesta a las necesidades ambientales identificadas para nuestro país, contribuyendo a la consecución de los objetivos de las estrategias de la “Granja a la Mesa” y de “Biodiversidad para el horizonte 2030”.
Algunos de estos objetivos son la reducción de emisiones, el incremento del papel de sumidero de carbono, el incremento de la superficie dedicada a la agricultura ecológica y las reducciones del empleo de productos fitosanitarios, de la pérdida de nutrientes del suelo y del uso de fertilizantes y de antimicrobianos en la cría del ganado. En el caso concreto de España, la lucha contra la desertificación y la erosión, la mejora de la estructura de los suelos y su contenido en materia orgánica o el mantenimiento de la elevada biodiversidad ligada a hábitats agrarios, son necesidades que cobran una importancia relevante. La propuesta que se va a presentar a la Comisión Europea destina cerca del 43% del presupuesto total a alcanzar los objetivos climáticos y ambientales.
Ley de gestión de la PAC
El Consejo de Ministros ha aprobado también hoy un anteproyecto de ley que establece las normas para la aplicación y gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.
La nueva orientación de la PAC con el diseño de los planes estratégicos nacionales hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas incluidas en el mismo. Este anteproyecto de ley tiene como objetivo poner en marcha un sistema eficaz de gestión y control y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, garantizando el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.
La ley incluye además algunos aspectos que hasta ahora estaban recogidos en la reglamentación comunitaria y que, por la mayor subsidiariedad otorgada a los estados miembros en este periodo, deben desarrollarse en normas nacionales, como la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a las ayudas.
Otro punto reseñable es la necesidad de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que se establece un marco nacional de actuación para aquellos casos en los que pudiera producirse algún pago indebido a los beneficiarios al objeto de alcanzar una aplicación homogénea en el territorio nacional, facilitándose a la vez la actuación de las administraciones competentes en la lucha contra el fraude.
En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar cumplimiento a los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o los objetivos establecidos en la Estrategia Europea “De la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias conexas con la PAC.
En particular, en lo relativo a la comercialización de aceite de oliva y sistema de información de los mercados oleícolas, en materia de declaraciones obligatorias y contratación, y de organizaciones de productores y asociaciones organizaciones de productores del sector de la leche y los productos lácteos, y en el ámbito de la conservación de recursos genéticos, la legislación en materia de bienestar animal, sanidad animal y vegetal o la nutrición sostenible de los suelos agrícolas.
