Mes: julio 2022

Cerca de 400 tractores, según el balance de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y un millar, según los convocantes, han participado hoy en alguna de las seis tractoradas organizadas por el sector productor de la provincia de Jaén (las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) para protestar por el incremento de  los costes de producción.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, recogiendo datos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, aseguran que el balance en la protesta de Jaén capital han participado 86 tractores y unas 200 personas; en Andújar cifran la cantidad en 25 tractores, tres vehículos y unas 35 personas, y elevan hasta 98 los tractores que han salido a la calle en Úbeda, con quince vehículos y 115 personas. En Alcalá la Real, entre tanto, la cantidad ha sido de 94 tractores y siete turismos; en Villanueva del Arzobispo han sido cincuenta los tractores y diez todoterreno, y finalmente en Puente de Génave la tractorada ha sumado 30 y siete turismos, todas ellas desarrolladas sin incidentes.

Las organizaciones convocantes, ante la situación de lo que entienden inasumible aumento de los costes de producción, exigen una tabla reivindicativa de diez puntos, que pasa, entre otras demandas, por la intervención de los mercados eléctricos y de los carburantes para impedir prácticas abusivas. Instan, además, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que inicie una investigación para determinar si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia, además de pedir ayudas directas para mitigar el incremento del precio de los hidrocarburos.

El sector productor agrario asegura en un comunicado que ha vuelto a demostrar su fuerza con la celebración de seis tractoradas, de forma simultánea, en Jaén capital, Andújar, Alcalá la Real, Úbeda, Villanueva del Arzobispo y Puente de Génave. Una movilización en la que, según afirman, han participado un millar de tractores que han recorrido las principales calles de estos municipios con el principal objetivo el de protestar ante el desorbitado incremento de los costes de producción, especialmente inasumible en el gasóleo agrícola.

Al finalizar la tractorada en Jaén capital, los representantes de ASAJA (Luis Carlos Valero), COAG (Juan Luis Ávila), UPA (Cristóbal Cano) y Cooperativas Agro-alimentarias (Higinio Castellano), han entrado en la Subdelegación del Gobierno para registrar la tabla reivindicativa que ha marcado las peticiones del sector agrario jiennense. Medidas para paliar este aumento de costes que está haciendo inviable la vida diaria de numerosas explotaciones agrarias y ganaderas en la provincia.

La tabla consensuada por ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas exige la intervención de los mercados eléctricos y los carburantes para impedir prácticas abusivas de las grandes corporaciones que están detrás del inasumible incremento en los costes de producción. Igualmente, se insta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a que inicie una investigación para determinar si se están llevando a cabo prácticas contrarias a la libre competencia. “También reclamamos ayudas directas a agricultores y ganaderos para mitigar el incremento del precio de los hidrocarburos; así como una subida del IVA compensatorio para la agricultura y la ganadería del 12 al 18%”, añaden.

Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA Jaén ha afirmado: “Lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es una auténtica declaración de guerra a la provincia de Jaén. Parece mentira que en esta provincia, tradicionalmente votante del PSOE, la hayan tomado y embistan, como están embistiendo, con un montón de ministerios en contra de los intereses de Jaén, en especial, y de Andalucía en general. Es inadmisible lo que ha hecho con la nueva PAC porque Andalucía perderá 500 millones de euros y en Jaén se marcharán unos 100 millones. Además exigimos que bajen los impuestos a los carburantes ya que es el Estado el principal beneficiario”.

Cristóbal Cano, secretario general de UPA Jaén, ha dicho: “No nos gusta dejar nuestras explotaciones y tener que venir a manifestarnos para denunciar el inasumible aumento de los costes de producción tan importantes como el gasóleo agrícola, que se ha multiplicado el doble. Es incomprensible que las grandes corporaciones energéticas puedan mandar más que un Gobierno. Por eso se tiene que intervenir el mercado, para poner sensatez, e instamos a que se abra una investigación de oficio para comprobar si hay un presunto cártel de los carburantes. Y también reclamamos ayudas directas que lleguen a los agricultores y ganaderos para paliar, en parte, esta grave crisis de costes de producción”.

Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Jaén, ha expuesto: “En un escenario de inflación y de carestía mundial de alimentos, la PAC que promueve el ministro Luis Planas, con reducción de la producción de alimentos en España y en Europa, va en contra de lo que se está haciendo en el resto del mundo. Tenemos que paralizar la aplicación de la reforma en 2023. No podemos seguir permitiendo que los lobbies de poder en Bruselas sigan con su modelo de importación masiva de alimentos de dudosa calidad haciéndonos dependientes de países terceros. En un escenario de guerra y de pandemia ellos seguirán comiendo pero el resto se puede enfrentar a una falta de alimentos de excesiva dureza.

Por último, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén, Higinio Castellano, ha advertido de la  problemática situación del sector por el incremento del precio de los carburantes y de la energía eléctrica. Castellano ha exigido al Gobierno de España medidas fiscales para paliar la crisis y ha calificado de dramática la situación del productores y consumidores.

El Palacio Provincial ha acogido esta mañana una nueva reunión del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de Jaén, en la que se han tratado varios asuntos de interés de entre los cuales destaca la aprobación de un Plan de Empleo Extraordinario dotado con 10 millones de euros para paliar la reducción de jornales que se prevé en la próxima campaña aceitunera. Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que preside este órgano asesor de la Administración provincial en el que están representados los 97 municipios jiennenses, “de los que queremos conocer su opinión en asuntos que afectan a nuestra tierra”. Por eso, y entre otros temas, también se ha hablado hoy de la elaboración del presupuesto de la Diputación para 2023 y analizado los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ya han llegado a la provincia jiennense.

Respecto a la primera de las cuestiones abordadas, Reyes ha asegurado que al equipo de Gobierno de la Diputación le “preocupa la situación que puede vivir el olivar vistas las precipitaciones, la floración y cómo se encuentra el árbol en la provincia de Jaén”. En esta línea, ha apuntado que “estamos todos pendientes de que la Junta de Andalucía, cuando llegue finales de septiembre, nos pueda dar el aforo, pero lo que nos dicen las organizaciones agrarias, los agricultores en general y los alcaldes es que la producción va a ser muy reducida”.

Por este motivo, ha apuntado que “hoy les planteamos a los alcaldes que la Diputación va a poner en marcha un Plan de Empleo Extraordinario pensando en la reducción importante de jornales que se va a producir con motivo de la corta cosecha de aceituna que se prevé”. Este plan “va a estar dotado con 10 millones de euros, 5 de los cuales estarán disponibles de manera inmediata con cargo a los remanentes de este año y otros 5 millones a partir de enero para todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Jaén”, ha precisado Francisco Reyes.

Sobre esta iniciativa, el presidente de la Diputación ha enfatizado que “creemos que en un momento de especial dificultad como este hay que hacer un mayor esfuerzo por parte de todas las administraciones, de ahí que también vayamos a exigir al Gobierno de España y la Junta de Andalucía que sean cómplices en esta situación difícil que estamos viviendo y que también pongan recursos extraordinarios, igual que estamos haciendo desde la Diputación”.

En esta dirección, se han aprobado por unanimidad dos asuntos de urgencia a propuesta de los alcaldes: pedir al Gobierno de España la reducción de peonadas ante las previsiones de la reducción de la campaña de aceituna y también se ha acordado por unanimidad pedir a la Junta de Andalucía que dedique recursos a un plan de empleo para la provincia de Jaén.

Otro de los temas importantes incluido en el orden del día de este consejo ha sido el de “pedirle a los distintos alcaldes y alcaldesas propuestas de cara a la elaboración de los presupuestos de la Diputación para 2023”, según ha explicado Francisco Reyes. Esta es una cuestión que “hacemos todos los años en la sesión del consejo que solemos hacer tradicionalmente antes de las vacaciones, y lo que hemos planteado es que hagan propuestas desde ahora hasta los primeros días de septiembre que nos permitan mejorar y enriquecer los presupuestos para el próximo ejercicio”, ha agregado.

Por último, y como viene sucediendo en las últimas reuniones del consejo, se ha analizado cómo está funcionando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y la situación en que se encuentran los fondos que vienen a la provincia de Jaén. Al respecto, Reyes ha subrayado que “a día de hoy son más de 40 millones de euros los que desde el plan se han asignado a nuestra provincia”.

Sobre estos recursos, ha incidido en que “la Diputación está jugando un papel protagonista en temas tan importantes como el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas o el II Plan de Desarrollo Sostenible para municipios de Sierra Morena del que se beneficiarán los parques de la Sierra de Andújar y Despeñaperros”. Además, ha citado los “programas específicos para los mercados como los aprobados para Baeza, Cazorla y los municipios de El Condado, o también aquellos programas del Gobierno de España para la digitalización, de la que no se puede quedar fuera ningún municipio de la provincia”.

En resumen, según ha reiterado el presidente de la Administración provincial, “hasta el día de hoy son más de 40 los millones de euros de este plan que ya han sido asignados a la provincia, y tenemos el reto de seguir presentando proyectos a las distintas convocatorias y la responsabilidad de poder ejecutarlos para que puedan llegar desde el primero al último municipio de nuestra provincia”.

La demarcación del Guadalquivir de la Comunidad de Regantes de Andalucía (CREA ) se ha constituido hoy aglutinando más de 30.000 hectáreas de riego de la provincia de Jaén, de forma inicial. La asamblea constituyente de la organización, que aglutina ya a más de un tercio de las tierras de riego de la provincia de Jaén, ha tenido lugar hoy en la Sociedad Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios de Jimena (Jaén).

La organización está presidida por Eduardo Díaz, presidente de la Comunidad de Regantes, Maria Magdalena de la zona de Mengíbar, y que tiene unas 6.000 hectáreas de riego. El acto de constitución ha estado presidido por el responsable regional de la organización, Eduardo López, y ha comenzado con la presentación del proyecto y la designación de una junta de gobierno.

Entre los miembros de la nueva organización hay comunidades de regantes tan importantes como las de Pajarejos, Torre del Alamo-Brujuelo, o la de Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo.

Durante el acto se han denunciado hechos como “la discriminación que sufre la provincia de Jaén en los riegos, al tener que pagar los regantes el 50 % del canon mientras en otras provincias no pagan nada a pesar de regar más. O el hecho de que en Jaén no se pueda regar mientras el agua de la provincia se está llevando a los arroceros de la parte baja de Sevilla”, asegura un comunicado.

Asimismo, se ha expuesto la hoja de ruta de la asociación para la defensa del regadío jiennense. Entre los objetivos se encuentra la defensa de los derechos e intereses comunes de los asociados, formulando alegaciones, reclamaciones y recursos administrativos o jurisdiccionales procedentes.

Otro de los objetivos es la interlocución con la Administración pública a nivel estatal, autonómico y local, en especial con la Confederación Hidrografía del Guadalquivir. La representación y participación activa en las asambleas y órganos competentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Luchar por un derecho que es de justicia como es el canon volumétrico; la defensa del modelo de regadío de Jaén, exigir una dotación para el olivar, en la que se fomente el uso sostenible del agua, y que no se discrimine el olivar tradicional frente al olivar superintensivo, según señalan.

Poner en valor el impacto económico y la generación de empleo que produce cada metro cúbico de agua, en modelos y cultivos como el del olivar de Jaén; manifestar el desacuerdo con la superficie cultivada de arroz en la cuenca, la cual provoca un desequilibro hídrico que afecta a todos los regantes. Y abordar y buscar soluciones a la problemática que tiene el regadío con los costes energéticos actuales.

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, ha realizado 435 acciones formativas en los primeros siete meses de 2022. En total, más de 9.000 alumnos han participado en estas iniciativas entre las que se incluyen jornadas, cursos, talleres, visitas o actividades demostrativas. Estos alumnos han podido mejorar sus conocimientos y cualificación en diversos ámbitos relacionados con el sector primario andaluz como la olivicultura, la ganadería ligada a la tierra, la agricultura ecológica, la citricultura, el bienestar animal, la agroindustria o la pesca, entre otros.

El plan formativo que está desarrollando el Ifapa en 2022 incluye actividades formativas innovadoras que hasta ahora no se habían puesto nunca a disposición de los productores andaluces desde la Junta.

Además de estas incorporaciones, que responden a la demanda de sectores ganaderos de gran relevancia en la Comunidad Autónoma como el apícola, el porcino, el avícola o el equino; este año también se han introducido novedades como, por ejemplo, cursos centrados en el manejo sostenible de maquinaria agrícola, en bienestar en acuicultura, en podología equina y herraje o en agricultura de precisión. Además, la posibilidad de participar en actividades formativas online del sector pesquero permite impulsar en mayor grado la cualificación de estos trabajadores, ya que facilita el acceso a los interesados que, por diversos motivos, no pueden asistir a las clases pero están dispuestos a mejorar su formación.

Proyectos europeos y convenios

Además de su oferta formativa, el Ifapa está llevando a cabo también una importante labor en 2022 en el ámbito de la investigación y la innovación impulsando su presencia en diversas convocatorias científicas e iniciativas de cooperación internacional como, por ejemplo, ‘Poctep’ e ‘Interreg Med’. De hecho, este año se ha creado la ‘Oficina de Proyectos Europeos 2022-2027’, a la que se destina un presupuesto de casi 850.000 euros y cuyo objetivo final es aprovechar al máximo los fondos europeos disponibles para aumentar la competitividad, rentabilidad y sostenibilidad del sector agroalimentario andaluz.

Por otro lado, el instituto ha continuado avanzando también en la firma de convenios que articulan la colaboración público-privada y entre organismos públicos para mejorar la I+D+i de la agricultura, la ganadería y la pesca de Andalucía. En total, desde 2021 se han suscrito 15 acuerdos, entre otras entidades, con Syngenta, Hortyfruta, Intermalta, Asaja-Sevilla, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, Cupimar, WWF-Adena, el Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Consejería de Educación y Deporte.

Nuevas tecnologías

A estos dos pilares de actuación se suma un tercer ámbito que también es básico para el Ifapa. Se trata del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas al mundo agroalimentario y encaminadas a situar a Andalucía a la vanguardia de un sector en constante evolución.

Entre otros dispositivos desarrollados en los centros Ifapa, destacan los sensores próximos y remotos que permiten realizar estimaciones de producción en dehesa; así como las cubiertas de invernadero intercambiables diseñadas por los investigadores de este instituto para ampliar los ciclos de cultivo.

En el caso concreto del proyecto ‘Indalo’, en el que participa el Ifapa, los técnicos andaluces están contribuyendo a hacer posible que los productores dispongan de elementos innovadores como cámaras térmicas, sensores de humedad o drones con cámaras ‘LiDAR’, que permiten realizar una caracterización en tres dimensiones de los cultivos. Esta iniciativa persigue la implantación de laboratorios de investigación y transferencia que integren los últimas tecnologías con el fin de realizar un seguimiento de los sistemas agrícolas andaluces y evaluar su comportamiento ante eventos meteorológicos extremos como sequías u olas de calor, cada vez más frecuentes como resultado del cambio climático.

La Denominación de Origen Sierra Mágina ya ha puesto en marcha este año la campaña de control y tratamiento contra la plaga de la mosca del olivo en la comarca. Ya se ha iniciado la etapa de monitorización en la que el equipo técnico de la DO visita semanalmente las estaciones de control en todos los términos municipales. Allí realizan un seguimiento sobre la población, fertilidad y picada de fruto de acuerdo al protocolo aprobado por la Red de alerta e información fitosanitaria de Andalucía (RAIF), entidad dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. De acuerdo a esta información se determina el mejor momento para realizar los tratamientos colectivos contra esta plaga, a fin de lograr la mayor eficacia con el  aprovechamiento máximo de los insecticidas.

Una dificultad añadida que tendrá este año la campaña de tratamiento contra la mosca será la falta de cosecha provocada, entre otros factores, por las olas de calor de los meses de mayo y junio y las altas temperaturas que se están soportando en las últimas semanas. La escasez de cosecha complica el tratamiento de forma homogénea y supondrá un coste mayor por el importante descenso en la producción, algo que genera mucha incertidumbre en el sector olivarero de Mágina.

En cuanto a la forma de aplicación, se trabajará de la misma manera que en campañas anteriores, manteniendo la apuesta por los tratamientos terrestres debido a la eficacia mostrada en los dos años precedentes. Éste se realiza con equipos de localización incorporados a los diferentes tractores que permiten hacer un seguimiento de su trabajo y de las zonas por las que van aplicando en tiempo real. Además, se realiza con cebo, por bandas, utilizando un atrayente para no tener que recorrer todas las hileras de olivar, y poder ser más eficientes en la realización del mismo. Este trabajo lo realizan empresas locales de diferentes municipios de la comarca, por lo que también se genera empleo.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina y sus entidades inscritas vienen realizando estas actuaciones de control y tratamiento contra dicha plaga de forma colectiva e integrada desde 1995, con el objetivo de reducir los efectos de su daño, y valorizar así el aceite de calidad de la comarca.

Grupo Interóleo refuerza su línea ascendente consolidándose entre las 100 empresas andaluzas con mayor facturación, con 204 millones de euros a lo largo del año 2021. “Pero, además, nos situamos como la quinta empresa de Jaén en facturación y el tercer grupo más grande de Andalucía en concentración de la oferta de aceite de oliva, demostrando una considerable eficacia en la gestión y el sistema de comercialización de aceite de oliva”, aseguran desde el grupo cooperativo. Así se desprende del ránking elaborado por la revista Andalucía Económica, que incluye a las 1.200 empresas andaluzas de mayor facturación de todos los sectores económicos y en el que Interóleo mejora su posicionamiento como empresa gracias a nuestros 17.000 agricultores, 32 cooperativas y almazaras industriales y un equipo humano de 10 profesionales comprometidos con el objetivo de mejorar la rentabilidad de todos los socios.

“Estos datos nos permiten mantener la línea de crecimiento sostenido que llevamos desde nuestra fundación, en 2009, y refuerza nuestra estrategia de potenciar la estructura de empresa en base a un modelo de concentración de la oferta en empresas con dimensión como el único camino viable para mejorar la renta de nuestros agricultores. Igualmente, queda claro que el modelo de central de compras y de ventas funciona y así se aumenta la rentabilidad de nuestros socios, no solo con unos mejores precios de venta, sino también con una notable disminución de los costes de producción a los que tendrían que hacer frente de forma individualizada”, asegura.

El gerente de Grupo Interóleo, Esteban Momblán, destaca el objetivo con el que trabajamos diariamente: “Queremos generar riqueza y aportar valor a nuestros socios y al entorno social en el que nos movemos. Con esa apuesta hemos conseguido comercializar un mayor volumen de aceite de oliva a unos mayores precios en 2021, lo que nos ha permitido alcanzar los 204 millones de euros de facturación”. El desarrollo de departamentos como la central de compras y servicios, sobre todo en materia de combustibles, ha sido una apuesta clara por mejorar la rentabilidad de los socios, algo que ha ayudado a alcanzar estos datos.

En cuanto a la exportación, Esteban Momblán afirma que las ventas en terceros países a lo largo de 2021 han sido “muy relevantes”, lo que aporta facturación y valor no solo a la empresa, sino también y sobre todo a los socios. “La preocupación por la satisfacción de nuestros clientes, con relaciones de largo plazo y de valor bidireccional, también ha sido crucial para estar entre las 100 empresas de mayor facturación de Andalucía. Las política de buen gobierno e implantación de una Responsabilidad Social Empresarial nos ha permitido, igualmente, alcanzar este logro de manera sostenible y bajo criterios ESG. Estos datos de facturación y nuestra forma de trabajar nos permite afrontar los retos de futuro con una base sólida con la que adaptarnos a los cambios que se avecinan. De ahí que en la hoja de ruta de la empresa queramos ampliar los mercados internacionales, tanto de aceite a granel como envasado; aumentar las relaciones con nuevos clientes y producir lo que los consumidores demandan”, concluye Esteban Momblán.

El Instituto Universitario de Investigación en Olivar y Aceites de Oliva (INUO) de la Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado la primera reunión de su Consejo de Instituto, el órgano colegiado de gobierno y gestión del mismo, y al que ha asistido un elevado número de los investigadores e investigadoras que inicialmente lo componen.

El acto ha contado con la asistencia del rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, que ha indicado que el objetivo de este Instituto es convertirse en “referente internacional para el sector como generador de conocimiento de calidad”. Por su parte, el director del Instituto, el catedrático Juan Bautista Barroso, acompañado por el subdirector, Francisco José Torres Ruíz y el secretario, Pablo Cano Marchal, ha sido el encargado de exponer las funciones del mismo, así como su estructura, composición, competencias, producción científica, instalaciones y objetivos, entre otros aspectos. “Nos encontramos en una fase de elaboración del Plan Estratégico del Instituto que va a definir las prioridades de investigación a desarrollar durante los cuatro próximos años y que tendrá como objetivo asentarlo como referencia internacional en el sector del olivar y de los aceites de oliva”, indicó Juan Bautista Barroso.

Hay que recordar que el INUO se contempla como una evolución natural del Centro de Estudios Avanzados en Olivar y Aceites de Oliva, que fue creado en 2012 por la Universidad de Jaén, y aprobado como Instituto Universitario de Investigación por la Junta de Andalucía en julio de 2021.

Entre sus funciones se encuentra: fomentar la colaboración e integración de personal investigador de diferentes ámbitos del conocimiento en proyectos comunes, potenciando la interdisciplinariedad; servir de polo de captación y retención de talento; incrementar la captación de recursos externos; fomentar la transferencia del conocimiento, el emprendimiento y la creación de empresas de base tecnológica en su ámbito de conocimiento; impulsar y colaborar en el desarrollo de actividades formativas especializadas, relacionadas con sus líneas de investigación, mediante la coordinación de programas de doctorado, estudios de postgrado, y cursos y diplomas de especialización en el campo del olivar y los aceites de oliva; realizar divulgación científica a la sociedad y a todos los agentes sociales y económicos relacionados con el sector oleícola, y en definitiva, la consolidación de una referencia de excelencia en la actividad investigadora en olivar y aceite de oliva con proyección internacional.

En la actualidad, está compuesto por 91 investigadores de la Universidad de Jaén de 17 grupos de investigación, estructurados en un total de 8 Unidades de Investigación. Su sede se encuentra en el Campus Las Lagunillas, donde sus ubican la mayoría de sus laboratorios, aunque también cuenta con instalaciones en el Parque Científico Tecnológico de Geolit en Mengíbar (Jaén).

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el procedimiento de consulta pública del proyecto de real decreto sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.

Esta norma se incluye dentro del paquete legislativo que el Ministerio ha puesto en marcha para la correcta ejecución de esta nueva política a partir del próximo año, en base a la propuesta revisada de Plan Estratégico de la PAC 2023-2027. Hace unos días, la Comisión Europea dio el visto bueno a España para la remisión formal de esta propuesta, cuya aprobación definitiva se espera en las próximas semanas.

En el real decreto se establecen las definiciones de actividad agraria, superficie agrícola, hectárea subvencionable, agricultor activo, joven agricultor y nuevo agricultor, para adaptar los conceptos incluidos en el reglamento europeo a las especificidades de nuestro territorio nacional. Se incluyen además definiciones como joven agricultora, responsable de la explotación o incorporación a la actividad agraria, entre otras.

Así, se mantiene la orientación recogida en el reglamento comunitario, que persigue destinar los pagos directos de la PAC a aquellos agricultores activos que realizan una actividad real en el ámbito agrario. De manera general, se considerará agricultor activo a quienes estén dados de alta en la Seguridad Social en la rama agraria o a quienes obtengan al menos un 25 % de sus ingresos de la actividad agraria. Además, en esta norma se refuerza también la importancia de ejercer una actividad agraria real y asumir el riesgo empresarial derivado de ésta. 

En este real decreto también se establecen las características, plazos y disposiciones aplicables a la solicitud única anual de ayudas, que se mantiene como elemento indispensable para la gestión de determinadas intervenciones del Plan Estratégico de la PAC, concretamente de los pagos directos y de las intervenciones para el desarrollo rural que se conceden por superficie o por animales.

De cara a asegurar el aprovechamiento de los fondos comunitarios y dentro de la flexibilidad financiera que ofrece la nueva normativa comunitaria, se establecen las normas que regularán durante el periodo 2023-2027 las decisiones para el traspaso de remanentes, si proceden, entre las intervenciones de pagos directos.

INTERVENCIONES DE PAGOS DIRECTOS DE LA PAC A PARTIR DE 2023

El proyecto de real decreto regula los requisitos necesarios para poder acceder  a los más de 2.934 millones de euros que se concederán, de manera anual, como pagos desacoplados de apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos. Así, se regula la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que sustituye al actual régimen de pago básico y se establece el nuevo pago redistributivo, complementario a la anterior, y que se concede a las primeras hectáreas de todas las explotaciones. Su objetivo es lograr una redistribución de las ayudas de las explotaciones más grandes a las pequeñas y medianas.

Por otro lado, para lograr un impulso efectivo al relevo generacional del medio rural, el real decreto regula el nuevo pago complementario a la renta para los jóvenes agricultores, con un importe anual de 96 millones de euros. Este presupuesto supone un aumento del apoyo respecto al periodo actual, tanto en la ayuda concedida por hectárea, que se incrementa al doble de la actual, como en la superficie máxima que puede beneficiarse de la ayuda para cada joven agricultor, y que será de hasta 100 hectáreas. Además este régimen de ayuda presenta como gran novedad la incorporación del enfoque de género, de tal modo que la ayuda concedida se incrementará en un 15 % para las jóvenes agricultoras.

El real decreto incluye también las ayudas asociadas a la producción, por un montante total de 625,97 millones de euros, el 13 % del total de los pagos, para aquellos sectores cuya viabilidad y competitividad se encuentra más comprometida. Son los casos del vacuno de leche (122 millones), vacuno de carne (224,9 millones), ovino y caprino (196,3 millones), arroz (14,2 millones),  remolacha azucarera (17 millones), tomate para transformación (9,3 millones), frutos secos (14 millones), olivar tradicional (27,59 millones) y uva pasa (0,68 millones de euros). 

Asimismo, se mantiene el pago específico para el sector del algodón (59,69 millones adicionales) y se establece un importante apoyo para la producción de proteínas vegetales (legumbres y otras leguminosas), dentro de las posibilidades que otorga la legislación comunitaria para ir más allá de ese 13% de ayudas asociadas en el caso de estos cultivos, y que totaliza 51,25 millones de euros. El total de pagos a los sectores específicos alcanza así un montante total de 736,92 millones de euros.

Finalmente, se regulan en esta norma los nuevos ecorregímenes, que constituyen un importante elemento de apoyo en línea con la mayor ambición ambiental de esta nueva PAC. Los ecorregímenes remuneran prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente que de forma voluntaria realicen los agricultores y que vayan más allá de la línea de base de los compromisos establecidos por la condicionalidad de las ayudas. Los ecorregímenes totalizan 1.107,49 millones  de euros anuales, y se agrupan en 2 bloques: agricultura de carbono y agroecología.

En el primero de estos bloques se incluyen prácticas de pastoreo extensivo en superficies de pastos, rotaciones de cultivos y siembra directa (en las tierras de cultivo) y cubiertas vegetales o inertes en los cultivos leñosos. En el segundo bloque, se incluyen la siega sostenible de los pastos y los espacios de biodiversidad también en los pastos y en el resto de los tipos de superficies. En todos los casos se han tenido en consideración, tanto en el diseño de las prácticas como en sus importes, las diferencias de la agricultura y la ganadería de nuestro país, derivadas de las distintas condiciones climáticas y orográficas. El plazo para el envío de observaciones a este texto finaliza el próximo 11 de agosto, inclusive.

Las ventas de aceites envasados por las empresas de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) ascendieron a 59,42 millones de litros en el pasado mes de junio, de los que 27 millones de litros fueron de aceites de oliva, el aceite de orujo de oliva alcanzó los 1,59 millones de litros, mientras que 30,52 millones de litros pertenecen a los aceites refinados de semillas.

Durante ese mes se han puesto en el mercado 27,30 millones de litros de categoría de aceites de oliva, 4,5 millones de litros más que en junio del 2021. La mayor cifra de ventas la presenta el virgen extra, con 10,73 millones de litros, seguido muy de cerca por el “suave”, con 10,41 millones de litros. Las categorías “intenso” y “virgen” alcanzan cifras mucho menores, con 3,96 y 2,18 millones de litros, respectivamente.

En su conjunto, las ventas de aceite de oliva en estos seis primeros meses del 2022 ascienden a 157,70 millones de litros, cifra inferior en un 1,68% al acumulado del 2021. Entrando en el análisis de las diferentes categorías, el “virgen extra”, con 63,75 millones de litros, presenta prácticamente la misma cifra que en ese mismo periodo del 2021 (63,42 millones de litros). El “suave” alcanza los 58,55 millones de litros (-1,59% frente a 2021); el “intenso” los 21,68 (-13,66% 2021) y el aceite “virgen” los 13,73 millones de litros (+ 10,86% vs. 2021).

Durante estos nueve primeros meses se han puesto en el mercado 234,75 millones de litros, cifra inferior en un 5,44% a la del mismo periodo de la campaña anterior. El mayor volumen corresponde al aceite de oliva “virgen extra”, que con 96,16 millones de litros acumulados presenta un descenso del 3%. Las categorías “suave” e “intenso” también han tenido un comportamiento negativo con un -5,30% y -6,41%, respectivamente. Del “suave” salieron 85,31 millones de litros y del “intenso” 85,31. Por su parte, el aceite de oliva “virgen”, con 20,31 millones de litros, presenta un aumento de un 6,32% respecto a los nueve primeros meses de la campaña anterior.

En el mes de junio se pusieron en el mercado 1,59 millones de litros de aceite de orujo, lo que supone un acumulado anual durante estos seis primeros meses del 2022 de 9,39 millones de litros. En lo que llevamos de la campaña 21/22 se han puesto en el mercado 13,85 millones de litros de aceite de orujo, cifra superior en un 36,38% a la del mismo periodo de la campaña anterior.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado hoy que España avanza inexorablemente, con su Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), hacia una agricultura que afrontará las demandas medioambientales y sociales de la ciudadanía. Esta PAC impulsará cambios profundos, pero graduales de la agricultura española que asegurará al futuro del medio rural y de su población, según el ministro, porque impulsará una agricultura más rentable, más justa y más social, según subraya.

Luis Planas ha presentado hoy al Consejo de Ministros el informe sobre el Plan Estratégico de la Política Agraria Común en España 2023-2027, una vez que la Comisión Europea ha autorizado que se le envíe, paso previo a su aprobación formal en las próximas 6 semanas. España es uno de los cinco países que ha conseguido estar en este primer paquete de planes nacionales autorizados, junto a Francia, Polonia, Portugal y Dinamarca.

Para el ministro “se trata de una excelente noticia porque da certidumbre y seguridad a nuestros agricultores y ganaderos”, ya que la PAC supone entre un 20 y un 30 por ciento de las rentas que perciben. También ha mostrado su satisfacción por “el excelente trabajo de cooperación” entre el Gobierno de España y las 17 comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo sobre el plan estratégico, lo que demuestra que “cuando queremos, podemos”.

El sector agrario podrá afrontar la próxima campaña con seguridad jurídica y certidumbre. España ya trabaja en los cambios legales que acompañan al Plan, nada menos que 18 reales decretos y una ley, que ya se encuentra, por el trámite de urgencia, en el Congreso de los Diputados para que la nueva Política Agraria Común entre en vigor el 1 de enero de 2023.

La PAC es una red de seguridad para agricultores y ganaderos, pero también para toda la población. Hasta 2027, más de 680.000 agricultores y ganaderos recibirán el apoyo de la PAC, que se traduce en unos 7.200 millones de euros anuales, con la cofinanciación estatal y autonómica. También beneficia al conjunto de la ciudadanía que disfruta de alimentos de calidad, en cantidad suficientes. “La provisión de alimentos es hoy más necesaria que nunca”, ha dicho el ministro, en referencia a las distorsiones ocasionadas por la guerra en Ucrania.

“La gran clase media de agricultores y ganaderos será la más beneficiada de una PAC más justa y más equitativa”, ha afirmado Planas, que ha destacado además que habrá nuevos criterios redistributivos y se propiciará el relevo generacional y la igualdad entre mujeres y hombres. La modernización y digitalización de la actividad agrícola y ganadera será otro de los ejes fundamentales. Se trata de medidas encaminadas a la competitividad y rentabilidad de una actividad agrícola y ganadera cada vez más social y medioambiental.

Oportunidad para jóvenes y mujeres

La nueva PAC supone una “oportunidad inédita para los jóvenes agricultores que deseen iniciar una actividad agraria por primera vez”. Para este fin, el plan reserva aproximadamente 230 millones de euros anuales -96 millones de euros al año del al pago complementario de las ayudas directas para jóvenes y 135 millones de euros de los fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación-, cuyos importes podrán alcanzar hasta 100.000 euros por beneficiario.

Luis Planas ha recordado que España ha logrado un hito histórico en la PAC, la inclusión del enfoque de género. Ha remarcado que este objetivo específico en la política agraria se debe al impulso y liderazgo de España, que cree firmemente que hay que afianzar el papel de la mujer para asegurar el futuro de la actividad agraria y el del medio rural.

De esta forma, las mujeres que se instalen al frente de una explotación agraria percibirán un 15 % adicional en el complemento de la ayuda a la renta que reciben los jóvenes.

Esta PAC tiene un marcado componente medioambiental. España destinará un 43 % del presupuesto de la PAC -47.724 millones de euros entre 2021-2027- a medidas climáticas y medioambientales, en línea con el Pacto Verde Europeo. Según Planas, “es un compromiso ineludible para España”. “Acompañaremos y asesoraremos a agricultores y ganaderos en el cambio, estaremos a su lado”, ha remarcado.

Por ello, en esta PAC jugarán un papel determinante los conocidos ecoesquemas, finalmente denominados ecorregímenes, que se aplican por primera vez, y que son ayudas por llevar a cabo de manera voluntaria prácticas agrícolas o ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente. Están diseñadas para que tengan una amplia acogida y para que su efecto ambiental sea mayor. Así se incluyen prácticas como el pastoreo extensivo, el mantenimiento de pastos, las rotaciones de cultivo, la agricultura de conservación, las cubiertas vegetales o las superficies destinadas a la biodiversidad.

“Medidas, en definitiva, enfocadas a mejorar la calidad de nuestros suelos, al reducir la erosión, mejorar la captura de carbono y contribuir a preservar la biodiversidad”, ha subrayado Planas.

En la concesión de las ayudas de directas (unos 4.828 millones de euros al año) se aplicarán criterios redistributivos, que beneficiarán a explotaciones medianas y pequeñas, que afectarán hasta el 10 % del importe de la ayuda a la renta. Se  reducirán los pagos de manera progresiva para los que reciban más de 60.000 euros al año y se limitando la ayuda máxima a un tope de 200.000 euros al año por explotación.

Además de las ayudas directas y los programas sectoriales (hortofrutícolas o vitivinícolas), dotados con 582 millones de euros, el Plan Estratégico recoge las intervenciones de desarrollo rural. Se reúne por tanto en un único Plan lo que antes se recogía en 17 Programas de Desarrollo Rural (PDR) autonómicos y PDR estatal.

El gasto público total anual de las medidas de desarrollo rural suma 1.762 millones de euros (presupuesto comunitario más cofinanciación estatal y autonómica). Las principales medidas que se financian anualmente con cargo a los programas de desarrollo rural autonómicos son:

•      740 millones de euros para inversiones en modernización de explotaciones, industrias, regadíos sostenibles, forestales, etc. Cabe destacar que el 44% de este presupuesto será para inversiones con fines ambientales.

•      370 millones de euros para los agricultores que asuman compromisos ambientales de carácter plurianual, de los que 170 millones de euros se destinarán al apoyo a la agricultura ecológica.

•      160 millones de euros para el fomento de iniciativas de carácter local (denominados programas LEADER), a los que se destina el 10 % del presupuesto del desarrollo rural, el doble del porcentaje mínimo requerido por el reglamento. Con estas ayudas se incentivarán el desarrollo de proyectos impulsados por agentes locales para consolidar el tejido económico y social en el medio rural.

•      140 millones de euros para las explotaciones que desarrollan su actividad en zonas con limitaciones naturales, como las zonas de montaña, y cuyo valor paisajístico y medioambiental es fundamental.

•      135 millones de euros anuales para el establecimiento de jóvenes agricultores, que ya apunté antes.

•      70 millones de euros anuales para medidas de innovación, asesoramiento y formación para acompañar al sector en la respuesta a los retos que debe afrontar, especialmente en materia de transición ambiental.

Además, con el plan se aprueban también las medidas supraautonómicas de apoyo al desarrollo rural, cuya competencia corresponde al Estado, impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las que se refuerzan las líneas de innovación, asesoramiento y formación con casi 20 millones de euros anuales.

Planas ha asegurado que el Plan Estratégico español garantiza el futuro, la rentabilidad, la competitividad y la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería españolas, así como la viabilidad del medio rural donde se asienta la actividad agraria y de cuyo desarrollo socioeconómico depende el medio rural.