Garantizar la seguridad alimentaria al conjunto de los ciudadanos; transitar hacia un sistema de producción agroalimentaria más sostenible, modernizado y digitalizado; y favorecer la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, ganaderas y de la flota pesquera son los objetivos principales de las líneas de actuación del Gobierno para la nueva legislatura que ha presentado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el Congreso de los Diputados.
En su comparecencia ante la Comisión de Agricultura y Pesca de la Cámara Baja, el ministro se ha comprometido con los grupos parlamentarios a mantener la senda de diálogo, transparencia y cooperación de la anterior legislatura, por lo que se ha mostrado convencido de que se prolongará la buena sintonía que la caracterizó. “Buscamos lo mejor para el sector, y por eso no somos partidarios de polémicas, sino de aportar soluciones”, ha señalado.
El ministro ha anunciado iniciativas novedosas como la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Alimentación, un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, y que tiene como objetivo asegurar el acceso a una alimentación sana, producida de forma sostenible, y asequible al conjunto de la población. Para elaborar esta estrategia, el ministerio contará con la participación de las comunidades autónomas, las organizaciones sectoriales y de todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria.
Episodios vividos en los últimos años como la pandemia del Covid-19, la guerra en Ucrania, los actuales conflictos en Oriente Medio, junto al desafío del cambio climático, han convertido la seguridad alimentaria en una prioridad para los poderes públicos. El ministro ha recordado que el sector agroalimentario juega un papel estratégico en la economía española y en el comercio exterior, con un volumen de exportaciones que en el último año superó los 70.000 millones de euros, y afianzar este liderazgo es también uno de los motivos de la puesta e marcha de esta Estrategia.
El Gobierno se propone aprobar una Ley de Agricultura Familiar para establecer un marco normativo modernizado que siente las bases para el futuro de la agricultura familiar y profesional.
Será una ley transversal, que abordará cuestiones como definiciones relativas a las explotaciones y sus titulares, acceso a la tierra y jóvenes agricultores, y que también buscará el consenso. Para ello, el ministro ha anunciado que a lo largo de este año se abrirá un foro de diálogo en todas las comunidades autónomas con las entidades implicadas en el sector para tener un anteproyecto de ley a final de 2024 que pueda tramitarse a lo largo del año próximo.
Entre las iniciativas legislativas, el ministro ha mencionado también la Ley de Prevención de Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, que el Consejo de Ministros ya aprobó el pasado día 9 y que ha sido remitida a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Esta ley, de carácter pionero, responde al “imperativo categórico”, según el ministro, de frenar el desperdicio de alimentos -los hogares españoles tiraron a la basura sin consumir 1.300 millones de kilos de alimentos en 2022- y tiene componentes de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico.
RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD
Para poder contar con un sistema alimentario seguro y sostenible es imprescindible, ha explicado el ministro, que las explotaciones y empresas del sector tengan rentabilidad y resulten competitivas. En esta línea se inscriben iniciativas como la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en la anterior legislatura, que garantiza a los agricultores y ganaderos un precio justo por sus productos que iguale o supere los costes de producción. En la nueva legislatura, el Ministerio proseguirá la implementación de la ley, con un refuerzo de la información y de las inspecciones que realiza la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), para el que Luis Planas ha pedido la colaboración de las autoridades de gestión de las comunidades autónomas.
El ministro ha reiterado el firme compromiso del Gobierno con el sector agrario, al que solo en los últimos dos años ha inyectado un volumen de ayudas extraordinarias sin precedentes para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y de la sequía por un valor que sobrepasa los 4.000 millones de euros. Solo en ayudas directas se superan los 1.300 millones de euros, de los que 1.074 ya están en manos de sus beneficiarios y el resto (tierras de cultivo de secano, arroz y tomate) se abonará en las próximas semanas. Ha recordado que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) suponen más de 4.800 millones de euros anuales.
Además, entre las medidas de apoyo al sector, el ministro ha anunciado que en esta legislatura se va a prolongar el derecho a la devolución del impuesto especial de hidrocarburos de uso agrícola.
También se va a mantener una de las líneas que forman parte de la columna vertebral de las políticas del Ministerio, el apoyo a la contratación de seguros agrarios, una herramienta imprescindible en un escenario de cambio climático en el que en los dos últimos años se ha batido el récord de pago de indemnizaciones por fenómenos adversos que han dañado cosechas y explotaciones. Este año el ministerio destinará 284,5 millones de euros a esta línea, un 34 % más que hace cinco años.
Para conseguir un sector agroalimentario más competitivo, eficiente y sostenible, el ministro ha recalcado la política de modernización de regadíos, materia en la que el Gobierno está inmerso en la inversión más ambiciosa de la historia, más de 2.400 millones de euros hasta el año 2027. A lo largo del año 2024 se iniciará la ejecución de nuevas obras y se licitarán otras incluidas en el nuevo convenio suscrito entre el ministerio y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) el pasado noviembre.
El plan permitirá la modernización de la red de riego sobre 700.000 hectáreas y beneficiará a unos 20.000 agricultores. En 2024 se conocerán los primeros resultados del Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío y está prevista la convocatoria en el primer semestre de la mesa nacional del regadío.
Entre los retos planteados por el ministro para esta nueva etapa ha hecho hincapié en la simplificación burocrática y las exigencias normativas, una demanda recurrente del sector. Para ello, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para la simplificación administrativa con las comunidades autónomas para identificar las principales trabas burocráticas existentes, tanto en la PAC como en otros procedimientos, y buscar fórmulas más sencillas para tramitarlos.
GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS
Una de las prioridades del trabajo del Ministerio que ha señalado Luis Planas, en colaboración con el sector y las comunidades autónomas, es seguir avanzando en el uso sostenible de productos fitosanitarios, algo que redunda también en la eficiencia productiva y rentabilidad de las explotaciones.
Para ello, ha explicado que se incidirá en la gestión integrada de plagas, estrategia basada en la utilización de todas las alternativas disponibles de forma coordinada y ordenada a los productos químicos. Ha destacado el esfuerzo que desde hace años realiza el sector, que en muchos casos implica cambiar modelos de trabajo y la utilización de nuevas tecnologías y los buenos resultados obtenidos. El ministro ha anunciado la próxima aprobación, en este mismo año, de un nuevo plan de acción de uso sostenible de fitosanitarios.
También continuarán los esfuerzos para reducir aun más el uso de antibióticos en ganadería, después de que en los últimos seis años se haya logrado una disminución del 44,6 %.
En materia se sanidad animal, Luis Planas, que comparte la preocupación de los ganadero con respecto a la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica ha informado de que se va a realizar un estudio sobre la inmunidad generada en la cabaña por esta epidemia, que apareció en noviembre de 2022 y ha afectado a todas las provincias, para centrar los esfuerzos de las administraciones una vez que haya una vacuna disponible.
El ministro ha anunciado la creación de un foro de diálogo sobre la ganadería extensiva, que ha reconocido atraviesa dificultades tanto estructurales, en el que estén representados todos los agentes implicados en el sector para analizar la situación y trazar una hoja de ruta a seguir para superarlas.
DIGITALIZACIÓN Y RELEVO GENERACIONAL
La estrategia de apoyo a una actividad agroalimentaria competitiva, moderna y cualificada, pasa ineludiblemente por reforzar el proceso de transformación digital del sector a lo largo de toda la cadena, producción, transformación y comercialización. Para ello, el Ministerio pondrá en marcha el III plan de acción de la estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural 2024-2026.
En esta línea de modernización, dentro del Plan Estratégico de la PAC hay consignados 168 millones de euros para financiar la ejecución de proyectos innovadores. El ministro ha recordado que España es el país de la Unión Europea con mayor número de proyectos innovadores financiados en el periodo 2014-2022.
En esta estrategia jugará un papel esencial el recién creado Centro de Innovación Digital para el sector agroalimentario La VegaInnova, cuya misión es crear un ecosistema de empresas emergentes de base tecnológica.
El ministro ha anunciado también la puesta en marcha de una estrategia integrada para la formación agroalimentaria, con el objetivo de consolidar la profesionalización del sector y la captación de talento.
La digitalización y la modernización del sector debe tener, ha explicado el ministro, debe favorecer el relevo generacional, uno de los principales retos que tiene planteado el sector. En este paquete de medidas de apoyo de ámbito formativo, ayudas a la innovación y facilidades de acceso al crédito, habrá una consideración especial para la mujer. El ministro ha anunciado que en esta legislatura se aprobará el desarrollo normativo de la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias.
